País
Salud aseguró compras de medicamentos
27 de febrero de 2024
El Ministerio de Salud aseguró hoy que están realizando «compras de medicamentos de alto costo para los sectores con vulnerabilidad sanitaria y social», al tiempo que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se encuentra «regularizando» las «demoras provenientes de la gestión anterior», como respuesta al reclamo de organizaciones de pacientes por la entrega de medicamentos para patologías y enfermedades graves y raras.
La cartera sanitaria indicó, a través de un comunicado emitido esta tarde, que «están realizando las compras de medicamentos de alto costo para los sectores con vulnerabilidad sanitaria y social».
«La oficina de la Dirección Nacional de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) está en funcionamiento y los equipos del Ministerio se encuentran trabajando para identificar las urgencias y resolverlas», detalló.
En este sentido, se refirió a la denuncia presentada en la Justicia «por irregularidades encontradas en los procedimientos de compra durante gestiones anteriores», y señaló que «se están atendiendo los pedidos de medicamentos que se encuentran en trámite y que son prioritarios para avanzar con su entrega».
«En este proceso también se está elaborando un nuevo procedimiento para la compra de medicamentos en el marco de la normativa vigente y con el objetivo de transparentar todas las adquisiciones», aseveró.
En cuanto a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), destacó que «se está regularizando una situación de demoras proveniente de la gestión anterior».
«Se espera para la semana que viene tener gran parte del problema encaminado; ya se entregó toda la medicación referida a hemofilia y se está definiendo la compra de los oncológicos», concluyó.
La respuesta del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Antonio Russo, se da en el marco de un reclamo elevado por más de 100 organizaciones de pacientes con enfermedades poco frecuentes, patologías crónicas, discapacitantes y diferentes tipos de cáncer.
A través de una carta, los pacientes plantearon que existen unos 125 pacientes -entre el programa federal Incluir Salud y la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales- que necesitan su medicación urgente» tras la «repentina» interrupción de su provisión.
«El Gobierno no puede ajustar a las personas con enfermedades graves o a los niños en tratamiento oncológico», plantearon las organizaciones en una carta firmada por la Asociación de Dermatitis Atópica, Esclerosis Múltiple Argentina, Asociación Argentina de Fibrosis Quística, Trasplantados de Argentina, entre otras ONGs.
Allí afirmaron que «hay 88 pacientes, como mínimo, del programa federal Incluir Salud que necesitan su medicación urgente y el Gobierno nacional se las cortó de forma repentina, y 37 de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse)» en la misma situación.
En la misiva, el centenar de asociaciones explicaron que «preocupa profundamente las demoras y la falta de respuesta que estamos sufriendo actualmente en la Dadse, ahora dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, entidad encargada de otorgar subsidios para la adquisición de medicamentos a personas en situación de vulnerabilidad social y sanitaria, sin cobertura médica».
«La misma situación la estamos atravesando con el Programa Federal Incluir Salud, dependiente de la Andis», agregaron.
Estas dilaciones, «implican un grave riesgo para la vida y la salud de adultos, embarazadas, adolescentes, niños y niñas con cáncer, así como a todos los pacientes con patologías crónicas y graves que nuestras asociaciones representan» en tanto «la interrupción en la entrega de medicamentos y la asistencia en salud pone en peligro la estabilidad y el bienestar de quienes dependen de estos tratamientos para sobrevivir», explicaron.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
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Inflación de enero: el índice cerraría por encima del 2%
El arranque del año mostró una dinámica de precios persistente en los rubros más sensibles de la economía doméstica. Distintos relevamientos privados coinciden en que la inflación de enero se ubicará por encima del 2%, traccionada nuevamente por los aumentos en alimentos y bebidas, que no logran perforar el piso pese a la estabilidad macroeconómica y cambiaria.
Según revela la Agencia Noticias Argentinas (NA), los informes de las últimas semanas detectaron una aceleración de precios hacia el cierre del mes, concentrada en productos frescos y bienes de demanda inelástica. Si bien no hubo saltos abruptos, el "goteo" constante en góndolas, especialmente en carnes, verduras y aceites, fue suficiente para mantener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El fenómeno responde a una inflación que "conserva núcleos duros" en la canasta básica. Aunque hubo factores que ayudaron a moderar el índice —como bajas estacionales en algunas verduras, ajustes suaves en lácteos y la estabilidad en precios regulados como combustibles—, el peso de los alimentos frescos fue determinante.
El escenario de febrero traerá una novedad técnica clave: el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios. Esta actualización, ajustada a hábitos de consumo más recientes, le dará mayor ponderación a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, lo que podría modificar la lectura estadística de la inflación en los próximos meses.
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Iglesia cuestiona baja de la edad de imputabilidad y pide más educación
La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate solo en la pena simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, acompañamiento y educación para niños y jóvenes.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a los delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario.
En un pronunciamiento difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Iglesia sostuvo que el debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.
Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, aunque advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad "corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja", que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.
En ese sentido, recordaron un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.
"La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución", señalaron, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".
El comunicado destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria, sin negar los conflictos pero apostando a la inclusión y al desarrollo pleno de los jóvenes.
A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. "La verdadera prevención nace del cuidado compartido", subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.
Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo que la niñez y la juventud representan "una tierra sagrada donde se siembra el futuro" y pidió especialmente por los jóvenes más vulnerables.
