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Arrancó el debate sobre la ley Bases en Diputados
1 de febrero de 2024
La Cámara de Diputados abrió hoy el debate sobre la denominada ley Bases impulsada por el Gobierno nacional, en medio de incidentes entre policías y manifestantes de izquierda a las afueras del Congreso y de acusaciones cruzadas entre el oficialismo y Unión por la Patria, que denuncia que no se conocen los cambios del dictamen puesto a discusión.
Esta noche, pasadas las 21.30, se llamó a un cuarto intermedio y el debate continuará mañana desde las 12, por lo que el oficialismo espera que el dictamen de mayoría que establece la emergencia pública, una reforma del Estado y la privatización de empresas públicas se apruebe mañana en general y el viernes en particular.
A ocho horas de haber comenzado el tratamiento de la iniciativa aún quedaban por disertar unos 140 oradores, luego de las disertaciones de los diputados que defendieron los dictámenes de mayoría y minoría y cada titular de bloque parlamentario.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo que «en base a las conversaciones en Labor Parlamentaria se invita a pasar un cuarto intermedio», pero ante el planteo del presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, quien dijo que esa medida se tenía que votar, el jefe del bloque del Pro, Cristian Ritondo, presentó una moción de orden en ese sentido.
El diputado de UxP Martínez dijo que «el oficialismo pasó de querer aprobar la ley ómnibus en un día, a pedir un cuarto intermedio de 14 horas. El motivo es claro: siguen metiendo mano en el texto a votar porque no tienen la mayoría necesaria para aprobar las facultades delegadas y las privatizaciones» y denunció que no tienen el texto definitivo que se está tratando.
«Todos los que dicen que no hay dictamen, mienten. El dictamen está a disposición desde el viernes 26 y desde hoy está impreso en cada banca. Me parece bien el cuarto intermedio para mañana porque es una ley muy importante y a las 4 de la mañana cuando sesionamos no hay nadie viéndola. Esta votación la tienen que ver todos», replicó el liberal José Luis Espert.
El plenario legislativo reanudará mañana al mediodía el debate para agotar la lista de oradores y proceder a votar en general a la noche, para lo cual el oficialismo tenía garantizado unos 140 votos que serán aportados por la Libertad Avanza, UCR, Hacemos Coalición Federal, Pro, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Buenos Aires, Creo, Avanza la Libertad, y Unidad Mendocina.
La sesión tuvo sus momentos de tensión cuando este mediodía se decidió expulsar de las gradas a Tomas Agote, quien se presenta como emprendedor en sus redes sociales, presente en uno de los palcos del recinto, desde donde propinó insultos a legisladores mientras hacían uso de la palabra, y por la denuncia de UxP de la presencia de militantes de Revolución Federal.
También hubo una concentración en las adyacencias del Congreso donde se produjeron algunos incidentes entre militantes de izquierda y de organizaciones sociales y la policía, con el resultado de al menos un detenido.
El dictamen de mayoría que se discute que se redujo de 524 a 385 artículos tiene como como ejes centrales la declaración de emergencia pública en seis materias, una amplia reforma del Estado y la privatización total de 36 empresas públicas y otras tres en forma parcial.
El secretario parlamentario Tomas Figueroa leyó cada uno de los cambios al texto, vinculados al Régimen de Pesca, impuestos internos, seguridad, zonas frías y el artículo que derogaba la existencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), así como el capítulo electoral, entre otras cuestiones.
Sin embargo aun persistían diferencias diferencias entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, centrados en la propuesta del Gobierno para tener autorización para privatizar empresas públicas, sobre el capitulo de Seguridad, y el régimen de Biocombustibles, entre otros.
En las últimas horas, el oficialismo y bloques oficialistas aun discutían limitar las facultades delegadas ya que la UCR y Hacemos quería eliminar la emergencia en materia energética y tarifaria, y reformar la redacción del capítulo de privatizaciones.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Legislación General, el diputado de LLA por Córdoba, Gabriel Bornoroni, destacó la presencia de 12 funcionarios del Poder Ejecutivo que concurrieron a exponer y respondieron más de 300 preguntas, así como 200 organizaciones no gubernamentales que participaron de los plenarios donde se debatió la iniciativa y señaló que se trata de «un shock de libertad para los argentinos».
El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, dijo que «estamos atravesando una crisis como jamás se vivió en la Argentina. Es por eso que el presidente Javier Milei está reclamando esta herramienta para salir de esta crisis de manera ágil y más ordenada”.
El diputado Carlos Heller, de Unión por la Patria (UxP), adelantó que el kirchnerismo votará en contra en general y en particular la totalidad de la ley «Bases», y declaró que la propuesta «bien podría llamarse 4 M» porque «tiene ese denominador común».
En ese sentido, mencionó al ex ministro de Economía durante la dictadura militar, José Martínez de Hoz; y a los ex presidentes Carlos Menem y a Mauricio Macri y al actual presidente Javier Milei «como un denominador común».
Por su parte, el ex gobernador de Entre Rios y diputado peronista, Gustavo Bordet, dijo que «esta ley tiene un castigo para los que no la acompañan, pero es un castigo a los ciudadanos que habitan en las provincias. No vamos a acompañar porque la ley va en contra de los principios de las provincias».
El presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, defendió la decisión de respaldar el dictamen de mayoría y dijo que ese despacho «es el resultado de un trabajo extremadamente solidario y cooperativo de bloques como el nuestro. Este gobierno tiene las herramientas para llevar adelante el plan de gestión que el pueblo ha votado».
Por su parte, la ex gobernadora y diputada del Pro María Eugenia Vidal dijo que «desde el bloque PRO creemos que es nuestra responsabilidad respetar la decisión de los ciudadanos y darle a este gobierno que empieza las herramientas que pide para salir de esta crisis y que no sea aún peor».
El diputado de Hacemos Coalición Federal, Nicolas Massot, dijo que iban apoyar el dictamen de mayoría pero advirtió que «no podemos financiar la tarea fiscal de la Nación a costa de las provincias y los municipios y del ajuste más repetido en la historia Argentina, el ajuste a los jubilados, a los asalariados y a las economías regionales».
La Presidenta del bloque Innovación, Pamela Calletti, dijo que «en el marco de crisis estamos en el debate contribuyendo de esa manera a la gobernabilidad, de esta acuciante crisis se sale sin egoísmos por eso tenemos que dar el debate», pero señaló que «no estamos haciéndolo sin dejar marcar las disidencias» que tienen sobre algunos puntos del proyecto.
Por su parte, la diputada de Buenos Aires Libre, Carolina Piparo, dijo que «va apoyar la Ley de Bases» luego del trabajo que «se ha hecho para consensuar modificaciones en distintas cuestiones sobre las que muchos de los presentes expresamos nuestros reparos o preocupaciones», como en el caso de la privatización del Banco Nación y la venta de acciones del FGS».
Desde la izquierda, la diputada Romina del Pla dijo que «esta ley agrava todos los fundamentos de los gobiernos de estos últimos 40 años que nos han llevado a este nivel de pobreza, a este nivel de precarización laboral, lo agrava con nuevas privatizaciones».
La primera sesión de la gestión del presidente Javier Milei comenzó a las 10.30 luego que el oficialismo consiguiera la presencia de 137 diputados en el recinto y lograra ampliamente el quórum de 129 diputados necesarios para sesionar con los denominados bloques dialoguistas la UCR, el PRO, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.
Apenas arrancó la sesión, la primera bajo la conducción del presidente de Diputados, Martín Menem, la cámara baja tomó juramento a los diputados nacionales Ernesto Ali (Unión por la Patria-San Luis), intendente de La Toma que pidió licencia para asumir su banca de diputado, y Mónica Ferreyra (La Libertad Avanza-CABA), que reemplazará a Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores.
Además, y debido a que había quedado pendiente tras la elección de autoridades de la cámara el pasado 10 de diciembre, se aprobó por unanimidad la continuidad de Ana Laura Lozano como Prosecretaria parlamentaria, a propuesta del bloque de UXP.
Luego, Menem propuso realizar un minuto de silencio en homenaje al fallecido exdiputado nacional y exgobernador de la Pampa, Rubén Marín.
Posteriormente, el plenario del cuerpo legislativo tuvo su tramo que se extendió casi dos horas de homenajes y cuestiones de privilegio, previo al debate del dictamen de mayoría.
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CAMBIOS EN EL INDEC
El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una decisión que sacudió al organismo en la previa de un hito técnico clave: la publicación del primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la nueva metodología.
La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un clima de “ruidos internos”, atravesado por el congelamiento salarial dentro del instituto y el consecuente malestar entre los trabajadores.
Desde ATE Indec manifestaron su preocupación por el momento elegido para el recambio. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, advirtió el delegado Raúl Llaneza, quien volvió a reclamar un “Indec independiente del poder político”.
Lavagna había asumido al frente del organismo el 30 de diciembre de 2019, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Con pasado legislativo en el Frente Renovador, su perfil técnico le permitió sostenerse en el cargo incluso tras la llegada de Javier Milei y el giro político del Gobierno. Durante su gestión, el Indec continuó el proceso de normalización y consolidación de estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados luego de los años de intervención.
Su partida coincide con la puesta en marcha del renovado IPC, una actualización largamente postergada que busca reflejar con mayor fidelidad los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. El nuevo índice adopta la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento al incorporar “Seguros y servicios financieros”, y utiliza como base de ponderación la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004.
Entre los cambios más relevantes se destaca el mayor peso de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuya incidencia pasa de 9,4% a 14,5%. Esto implica que los ajustes tarifarios tendrán ahora un impacto más directo en el nivel general de inflación. Transporte también gana protagonismo, al subir de 11% a 14,3%, con mayor influencia de combustibles y boletos. Comunicaciones prácticamente duplica su ponderación, de 2,8% a 5,1%, reflejando la centralidad de internet y telefonía celular, mientras que Educación aumenta de 2,3% a 3,1%.
Otros rubros como Salud se mantienen relativamente estables, al pasar de 8% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas reduce su peso del 26,9% al 22,7%, una modificación relevante si se tiene en cuenta que este capítulo explicó buena parte de la aceleración inflacionaria del último cuatrimestre de 2025. La nueva canasta también captura una mayor participación de alimentos procesados, donde pesan más los componentes industriales, logísticos y comerciales.
Prendas de Vestir y Calzado pierden relevancia (de 9% a 6,8%), mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, en línea con un mayor gasto en esparcimiento.
En términos generales, los analistas señalan que el nuevo esquema puede arrojar registros más altos si los servicios aumentan por encima de los bienes, y una inflación más moderada en el escenario inverso. A modo ilustrativo, una suba del 10% en la carne habría sumado 1,07 puntos al IPC con la canasta anterior, contra 1,03 con la metodología actual. DIB
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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.
“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.
Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.
Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.
Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.
Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.
La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.
Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
