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Dirigentes sindicales y opositores respaldaron el paro de la CGT
24 de enero de 2024
Dirigentes sindicales y políticos de la oposición destacaron hoy la convocatoria al paro y marcha de la CGT, y cuestionaron las políticas económicas aplicadas del Gobierno nacional, al señalar que buscan generar «una gran recesión» en Argentina.
El secretario adjunto de Smata y diputado nacional, Mario «Paco» Manrique, dijo hoy que espera la movilización a Plaza Congreso que se llevará a cabo esta tarde en el marco del paro general convocado por la CGT «sea multitudinaria y transcurra en paz», y criticó al Gobierno nacional por «mandar todos los días un mensaje amenazante» a quienes se oponen al proyecto de ley de «Bases» al DNU 70/2023.
«Esperamos que sea una marcha multitudinaria y transcurra en paz. La gente hace días que viene mostrando su descontento. Eso se vio también en los debates que se dieron en el Congreso», afirmó Manrique en declaraciones a Radio 10.
El dirigente del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) remarcó que «el Gobierno tiene que entender que fue elegido democráticamente, pero no puede vivir amenazando cada vez que a algún tema se le dice que no».
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, evaluó, en declaraciones a Télam, que el presidente Javier Milei «empeora todos los problemas, y por eso tiene un paro general».
«La de hoy será una movilización enorme de trabajadores y de toda la gente porque el Gobierno de Javier Milei empeoró todos los problemas que ya teníamos y sólo benefició a los empresarios más poderosos del país», subrayó el funcionario.
En tanto, el secretario general del gremio de docentes bonaerenses Suteba, Roberto Baradel, consideró hoy que el paro de la CGT a partir de este mediodía tendrá «un impacto importante» en todo el país y buscará dar «una respuesta concreta» a las reformas propuestas por el Gobierno nacional, que en el caso de implementarse, dijo, significaría la «entrega» del país.
«Si lo dejáramos hacer, en dos meses tendríamos a la Argentina entregada. En esta coyuntura se necesita una respuesta concreta para rechazar esto», aseveró Baradel en declaraciones a Radio provincia.
En esa línea, el secretario general de CTA-Autónoma y diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Hugo Yasky, consideró hoy que el paro nacional y la movilización de la CGT es en contra de la «insensibilidad social» del gobierno nacional que busca «una gran recesión económica para que quizás aparezca la paz de los cementerios».
«El plan que está aplicando el Gobierno, lo único que tiene de original es que es un derrame que viola la ley de gravedad, porque es de abajo hacia arriba. Es una gestión que se maneja con absoluta insensibilidad social. Quieren multiplicar por diez la inflación con el objeto de que la gente deje de comprar y consumir para que haya una gran recesión económica. Entonces, quizás aparezca la paz, pero la de los cementerios», sostuvo Yasky en declaraciones para Radio Con Vos.
En esta línea, el sindicalista expresó que la forma de resolver la inflación del gobierno «es multiplicándola por 10 con el objeto de que en algún momento como dijo la canciller Diana Mondino la gente dejará de comprar».
«Hoy tenemos los precios de las garrafas que subieron de $3.000 a $15.000. Tenemos un aumento de colectivos que fue un golpe durísimo. La gente va comprar y no le alcanza ni siquiera para lo mínimo. En diciembre perdimos casi 20 puntos del salario», explicó el sindicalista sobre las razones del paro.
El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, afirmó hoy que el Gobierno busca «aterrorizar a la población» con el llamado protocolo de orden público, pero aseguró que el paro y movilización de esta jornada va a ser una «demostración de que el miedo no triunfa».
«Este Gobierno apunta a aterrorizar a la población, pero hoy vamos a tener una demostración de que el miedo no triunfa. Vamos a defender los derechos populares», aseguró Belliboni en declaraciones a El Destape Radio.
El dirigente consideró que la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, mantiene una «amenaza absurda» contra la protesta social mientras hay «una tremenda inseguridad en los barrios y crece el narcotráfico».
«Cada vez que la escucho hablar me resulta cada vez más intolerable. Ella de lo único que habla es de la movilización. Es la ministra de Seguridad de la movilización y de las libertades democráticas», criticó.
Ministros bonaerenses rechazaron «el ajuste sobre los trabajadores y los jubilados» y afirmaron que «defenderán» al pueblo de la provincia en el paro general con movilización, de la que participarán junto al gobernador Axel Kicillof.
En declaraciones formuladas a Télam, la jefa de Asesores del Gabinete bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, expuso que «el plan de ajuste es el único proyecto que tiene (el presidente Javier) Milei para la Argentina. Un ajuste que no va, como dijo en la campaña electoral, sobre la casta, la política o los sectores más beneficiados sino sobre el pueblo argentino».
«No hay una sola medida que beneficie a algún sector, ya sea el industrial, a las y los trabajadores, a los jubilados», continuó y resaltó que «es un plan de ajuste clásico, que la Argentina vivió muchas veces. Una transferencia infernal de recursos de los que menos tienen a los que más tienen».
En ese sentido, el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, remarcó a esta agencia que desde el Gobierno bonaerense adhieren al paro, porque tienen «diferencias profundas con el gobierno de Javier Milei» y aclaró que si bien aceptan su legitimidad electoral, «ésta confronta con otras, como la que tiene Kicillof, a quien el pueblo mandató para tener más Estado, más trabajo, más educación y más productividad».
Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, ratificó en diálogo con esta agencia el Ejecutivo de la provincia «participará de la movilización con todos los intendentes porque somos un gabinete militante y porque somos parte de la clase trabajadora».
La ministra de Hábitat, Silvina Batakis, dijo a Télam que «el paro va a ser muy contundente» porque el gobierno lleva adelante un «ajuste clásico sobre los trabajadores y eso no es lo que votó la gente».
«En lo que es mi área, Hábitat, el presidente de la Nación atenta de manera muy fuerte contra las posibilidades del acceso a la casa propia, agudizando la crisis habitacional», reflexionó y apuntó que «con la obra pública nacional parada y las desregulaciones, las problemáticas relacionadas con el acceso a la vivienda aumentarán considerablemente y construir un hogar será simplemente para unos pocos, generando más exclusión y desigualdad».
El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, sostuvo a Télam que «hay que retomar la organización y la discusión sobre las acciones de un gobierno (como el de MIlei) que en apenas un mes pateó el tablero y avanzó sobre todas las conquistas y derechos que como sociedad habíamos adquirido».
En igual sintonía, el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, aseveró a esta agencia: «Tenemos la obligación de acompañar a los trabajadores en esta convocatoria que hace las CGT en repudio y rechazo a la Ley Ómnibus y al DNU, que no tiene necesidad, ni urgencia».
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Paro docente: Gobierno ratificó el 75% de la prestación del servicio educativo
El Ministerio de Capital Humano, comandado por la ministra Sandra Pettovello desde el Consejo Federal de Educación, ratificó “el 75% de la prestación habitual del servicio educativo” en vísperas del paro docente que comenzará este lunes 3 en todo el país.
La resolución se llevó a cabo a través de la Secretaría de Educación que conduce Carlos Torrendel, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 27.802 “que consagra la educación como servicio esencial”.
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“Se ratificó el compromiso con la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, conforme lo dispone la normativa vigente y la potestad del Poder Ejecutivo Nacional de supervisar su cumplimiento por tratarse de una medida de fuerza nacional. La medida busca resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro”, manifestaron desde el Ministerio.
Del encuentro participaron los miembros de las carteras educativas de las jurisdicciones y de la Nación, quienes planificaron en conjunto “las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases en todo el país y para articular la inspección nacional” durante la jornada que anunció la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el pasado miércoles.
El gremio aseguró que tomó esta nueva medida de fuerza luego de la “permanente negativa” que presenta el Gobierno para entablar una mesa de diálogo y encarar una nueva negociación salarial.
Esta protesta será, en principio, por 24 horas y coincidirá con la vuelta a clases que tenían previsto la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque impactará en todo el país y en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria.
Según el comunicado de CTERA y otros sindicatos como la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el paro persigue otros reclamos como el retorno "inmediato" del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares. (NA)
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Paro docente: Aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo
El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.
El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección oculear en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.
La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.
La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.
Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.
El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.
La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.
Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.
Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.
Foto: El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. (Foto: X @JMilei) . Ignacio Salerno (TN)
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Milei recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico Michael Banach
El presidente Javier Milei recibió este 31 de julio las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach, durante una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con lo que quedó formalmente iniciado su servicio diplomático como representante del papa León XIV en la Argentina.
El acto fue encabezado por el jefe de Estado, acompañado por el canciller Pablo Quirno. En la misma ceremonia, el Presidente recibió también las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y del embajador de la República de Corea, Lee Chong Hwa.
Días atrás, monseñor Banach había entregado las copias de estilo de sus cartas credenciales al canciller Quirno, quien destacó entonces en sus redes sociales que la llegada del representante pontificio "abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos".
La presencia del nuevo nuncio apostólico marca el comienzo de una misión que estará acompañada por la expectativa de una futura visita del papa León XIV a la Argentina.
Antes de la presentación oficial de sus credenciales al Presidente, monseñor Banach mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; con el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; y con el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.
La Conferencia Episcopal Argentina informó, además, que el próximo jueves 6 de agosto, a las 11, monseñor Banach presidirá una misa en la catedral metropolitana de Buenos Aires, durante la cual presentará oficialmente sus credenciales como representante del Santo Padre ante la Iglesia en la Argentina a monseñor Colombo.
Con ese motivo, la CEA invitó a los obispos que puedan participar a concelebrar la celebración eucarística, que marcará también el inicio formal del ministerio pastoral del nuevo nuncio ante la Iglesia argentina.
