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Afirman que el 59% de la renta en el campo se va en impuestos
30 de diciembre de 2023
Cambio de gobierno: ¿cómo afectan las medidas a quienes trabajan la tierra? Finaliza el efecto sequía y mejoran los rindes: el impacto en el Índice. Análisis y proyecciones de los expertos de Fada.
«De las medidas adoptadas por el nuevo gobierno hay tres que pueden tener efecto sobre esta medición: devaluación, desdoblamiento cambiario y apertura de importaciones. A eso se suma el reciente envío al congreso de la ley ómnibus que contiene subas en los derechos de exportación», explica David Miazzo, Economista Jefe de FADA.
«El índice muestra una caída de 17 puntos porcentuales respecto a la medición anterior de septiembre, que se explica principalmente por el aumento en los rindes, no tanto en las medidas anunciadas por el gobierno», aclara Nicolle Pisani Claro, Economista de FADA.
FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina), presentó una vez más su icónico Índice FADA trimestral. «Este índice mide cuánto de la renta, es decir, de los ingresos menos los costos, no queda en el productor. Los impuestos son nacionales, provinciales y municipales y se analizan soja, trigo, maíz y girasol. Con todos esos datos se hace un promedio ponderado y vemos que de cada $100 de renta, $59 quedan en el Estado», explican desde de FADA.
Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 59%, la participación del Estado en soja es del 64,8%, maíz 49,6%, trigo 60,7% y girasol 45,8%.
Cambio de gobierno: un análisis de las medidas al agro
«Hay tres medidas que pueden tener efecto en el Índice FADA: devaluación, desdoblamiento cambiario y apertura de importaciones», afirma Miazzo.
Una suba del tipo de cambio oficial mejora el poder de compra de los granos respecto a costos en pesos como fletes y labores, que se abaratan si los vemos en dólares. Sin embargo, en los próximos meses se irán encareciendo, lo que puede impactar en una suba del índice en próximas mediciones.
Por otro lado, el desdoblamiento cambiario genera un tipo de cambio mayor para los insumos importados respecto al dólar exportador. El dólar importador tendrá su efecto en inflar los precios de los insumos importados ya que el importador deberá pagar un tipo de cambio de $ 947 por cada dólar importado, y en la práctica al productor se lo cotiza a un dólar oficial de $ 807, por lo que esa diferencia está contenida en el precio en dólares de los insumos, es decir los precios de los insumos se «inflan» para compensar la diferencia.
La apertura de las importaciones debería ir reduciendo algunos precios en dólares, pero irá sucediendo gradualmente a lo largo de las próximas semanas a medida que se normalice el flujo de pago de esas importaciones.
«En cuanto a la suba de DEX anunciada y enviada recientemente al Congreso de la Nación, hicimos un ejercicio para estimar el impacto y descubrimos que el Índice FADA no tendría una suba sustancial, pasaría de 59% a 60,4%, ya que el grano que mayor impacto tiene es soja y queda sin modificaciones de DEX. En el caso de maíz y trigo subiría 3 puntos porcentuales y 13 el girasol», explica Natalia Ariño, Economista de FADA.
El tipo de cambio oficial fue el principal cambio en el nuevo esquema económico, marcando un tipo de cambio real mayor y eliminando el profundo atraso cambiario que se generó en los últimos dos años.
Costos por moneda
Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede ver que un 58% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 42% están pesificados. Si se considera el costo de la tierra dentro del esquema de costos, aquellos que son dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 72%.
En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 62% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 38%. Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 69%.
¿Federalismo fiscal?
Los impuestos nacionales no coparticipables representan el 64,9% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Toda esa recaudación sale de las provincias a lo largo y ancho del país y queda en manos de Nación, son recursos que salen de las regiones y no vuelven.
Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales, representan el 32,2% de los impuestos medidos. Aquí tenemos principalmente el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.
Las provincias reciben parte del 32,2% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos. En el Índice FADA se consideran el impuesto inmobiliario rural, el impuesto a los sellos y el impuesto a los ingresos brutos, con una alícuota reducida, ya que ni Córdoba ni Santa Fe, por ejemplo, cobran este último impuesto. Así, los impuestos provinciales representan el 2,7% de los impuestos totales.
Por último, los impuestos municipales representan el 0,2% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional. En provincias que cobran estos impuestos, la participación es mayor. El componente central de los mismos son las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.
«Una particularidad de las tasas municipales y el inmobiliario rural es que son impuestos fijos que se actualizan a comienzo de año. Esto genera que con la devaluación vaya disminuyendo su participación en el total de impuestos y recuperen en la primera medición del año», agrega Ariño.
El Índice mide la participación provincial, y devela que mientras el Índice FADA nacional es de 59%, Córdoba registra un 59,1%, Buenos Aires 57,4%, Santa Fe 58%, La Pampa 56,7%, Entre Ríos 60,4% y San Luis 56,2%.
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CAMBIOS EN EL INDEC
El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una decisión que sacudió al organismo en la previa de un hito técnico clave: la publicación del primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la nueva metodología.
La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un clima de “ruidos internos”, atravesado por el congelamiento salarial dentro del instituto y el consecuente malestar entre los trabajadores.
Desde ATE Indec manifestaron su preocupación por el momento elegido para el recambio. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, advirtió el delegado Raúl Llaneza, quien volvió a reclamar un “Indec independiente del poder político”.
Lavagna había asumido al frente del organismo el 30 de diciembre de 2019, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Con pasado legislativo en el Frente Renovador, su perfil técnico le permitió sostenerse en el cargo incluso tras la llegada de Javier Milei y el giro político del Gobierno. Durante su gestión, el Indec continuó el proceso de normalización y consolidación de estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados luego de los años de intervención.
Su partida coincide con la puesta en marcha del renovado IPC, una actualización largamente postergada que busca reflejar con mayor fidelidad los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. El nuevo índice adopta la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento al incorporar “Seguros y servicios financieros”, y utiliza como base de ponderación la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004.
Entre los cambios más relevantes se destaca el mayor peso de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuya incidencia pasa de 9,4% a 14,5%. Esto implica que los ajustes tarifarios tendrán ahora un impacto más directo en el nivel general de inflación. Transporte también gana protagonismo, al subir de 11% a 14,3%, con mayor influencia de combustibles y boletos. Comunicaciones prácticamente duplica su ponderación, de 2,8% a 5,1%, reflejando la centralidad de internet y telefonía celular, mientras que Educación aumenta de 2,3% a 3,1%.
Otros rubros como Salud se mantienen relativamente estables, al pasar de 8% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas reduce su peso del 26,9% al 22,7%, una modificación relevante si se tiene en cuenta que este capítulo explicó buena parte de la aceleración inflacionaria del último cuatrimestre de 2025. La nueva canasta también captura una mayor participación de alimentos procesados, donde pesan más los componentes industriales, logísticos y comerciales.
Prendas de Vestir y Calzado pierden relevancia (de 9% a 6,8%), mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, en línea con un mayor gasto en esparcimiento.
En términos generales, los analistas señalan que el nuevo esquema puede arrojar registros más altos si los servicios aumentan por encima de los bienes, y una inflación más moderada en el escenario inverso. A modo ilustrativo, una suba del 10% en la carne habría sumado 1,07 puntos al IPC con la canasta anterior, contra 1,03 con la metodología actual. DIB
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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.
“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.
Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.
Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.
Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.
Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.
La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.
Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
