País
Amplio despliegue de seguridad frente a la primera protesta popular
20 de diciembre de 2023
Movimientos populares y organizaciones sociales de Unidad Piquetera (UP) protagonizaron hoy la primera gran movilización a Plaza de Mayo contra el «ajuste del gobierno nacional», en una jornada marcada por un fuerte dispositivo de seguridad, momentos de tensión y dos detenidos y que significó la puesta a prueba del protocolo «antipiquetes» dispuesto por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.
Pasadas las 16 los manifestantes marcharon hacia la plaza, donde leyeron un documento consensuado por las organizaciones en el que avisaron que llenarán «las calles y las plazas de todo el país», en «defensa al derecho a la protesta» y contra el «plan de ajuste y miseria» de gobierno libertario horas antes del mensaje que jefe de Estado dará a las 21 para explicar el contenido del mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación económica.
La protesta, desarrollada en un nuevo aniversario de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001, con una represión que dejó 39 muertos en todo el país y que derivó en la caída del expresidente Fernando de la Rúa, gobierno que también integró Bullrich, se dio en medio de un fuerte operativo de seguridad, por momentos, fue monitoreado por el propio presidente Javier Milei desde el Departamento Central de la Policía Federal.
Desde el escenario montado de espaldas al Cabildo se resaltó la «unidad» demostrada esta tarde por «decenas de organizaciones populares, sindicales, piqueteras, estudiantiles, ambientales, de derechos humanos para enfrentar el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI» y definieron al plan de gobierno libertario como «una declaración de guerra contra los derechos laborales, sociales y democráticos de los trabajadores y el pueblo».
Entre los principales reclamos figuró también el «freno a la represión y criminalización de la protesta», la «reapertura inmediata de paritarias y aumento general de salarios, jubilaciones y planes sociales» y que no se produzca «ningún despido ni suspensiones».
«La mayoría de la gente decidió no concurrir a la marcha o corte de calles previsto» a Plaza de Mayo, dijo la ministra Bullrich, en una conferencia de prensa que ofreció una hora después de concluida la manifestación, para dar cuenta del dispositivo de disuasión puesto en marcha por su cartera desde el inicio de la jornada.
La funcionaria remarcó además que hubo «libre circulación en todo el país» y que no se cortaron lugares emblemáticos como la avenida 9 de Julio o el Metrobús de esta capital y que las fuerzas de seguridad de Gendarmería, Policía Federal y porteña tuvieron «una acción activa para terminar con la violación de la ley».
En rueda de prensa y cuando, poco después de las 18, avanzaba la desconcentración ordenada por avenida de Mayo y Diagonal Norte, los referentes de izquierda, Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Gabriel Solano, Cristian Castillo, y Eduardo Belliboni, entre otros, hicieron un balance de la manifestación que dijeron logró «derrotar» el «ilegal» protocolo con el que -indicaron- el Gobierno buscó «impedir el derecho constitucional a la protesta».
«Fracasó rotundamente el protocolo de Bullrich por eso convocamos a todas las organizaciones y los sindicatos a un gran plan de lucha», horas antes del declaró a la prensa Nicolás del Caño al término del acto en la plaza y agregó: «todo el pueblo trabajador tiene que saber que tiene derecho a manifestarse».
Bregman, por su parte, denunció que la resolución del Ministerio de Seguridad se sustenta en «un decreto-ley de el gobierno de (el dictador Juan Carlos) Onganía» y agregó que los argentinos están «viviendo una estafa electoral de los que dijeron que venían contra la casta y van contra el pueblo».
La diputada nacional y excandidata presidencial pidió además que «liberen a los detenidos» durante la manifestación y afirmó que los que «actúan en la ilegalidad son Patricia Bullrich y los miembros de este Gobierno».
«Patricia Bullrich tiene que renunciar ahora mismo, ha cometido muchos delitos, el último fue invadir con fuerzas federales la ciudad de Buenos Aires para imponer un protocolo que el gobierno de la Ciudad no aprobó», dijo Solano y precisó que el secretario de seguridad porteño, Diego Kravetz» nos dijo que lamentablemente Bullrich había mandado a la Federal y la gendarmería sin acuerdo del gobierno de la Ciudad».
En la manifestación se vieron carteles como «no al ajuste de Milei. Al final ‘la casta’ era el pueblo», «abajo el plan motosierra de ajuste de Milei y el FMI» o «No al protocolo de Bullrich», entre otras consignas.
«No queremos más ajuste, no queremos represión que la crisis no la pague el pueblo trabajador», «Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode» fueron algunos de los principales cánticos que se escucharon en la plaza.
Gendarmería Nacional y la Policía Federal realizaron un cordón sobre Hipólito Yrigoyen, al costado de la Plaza de Mayo, con presencia también de efectivos policiales en moto y una decena de camionetas de Gendarmería.
Las columnas del Polo Obrero, MST, Coordinadora Sindical Clasista, PTS, y otras organizaciones como el Bloque Piquetero Nacional, líneas internas de Unión Ferroviaria, Sutna (Neumático), Sipreba, ATE Capital y Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de PBA (Cicop) ingresaron a la Plaza de Mayo por Diagonal Sur.
Cerca de las 17 se sumó a la manifestación la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien con sus 93 años y en silla de ruedas se desplazó hacia Plaza de Mayo escoltada por manifestantes.
Previamente se registraron incidentes en Diagonal Norte y en avenida Belgrano pero tras algunas escaramuzas y corridas, la situación se calmó y los manifestantes siguieron marchando, aunque hubo dos manifestantes detenidos y un oficial de la policía herido en un brazo, según fuentes policiales.
El operativo de seguridad fue supervisado durante alrededor de una hora por el presidente Javier Milei desde el Departamento Central de Policía, donde también estuvieron la ministra de Seguridad y su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Las dos columnas principales de la marcha se desplegaron desde Diagonal Sur y avenida Belgrano y desde Florida y Diagonal Norte para confluir en Plaza de Mayo, según lo dispuesto hoy por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad e informado por los organizadores de la movilización.
«Lo que se está jugando es el derecho a defender nuestros derechos, eso es el derecho a la protesta. Lo que ya se anunció y lo que va a anunciar el Presidente esta noche son medidas altamente impopulares que atacan directamente el bolsillo de la clase trabajadora», dijo la diputada de izquierda Myriam Bregman a Télam durante la movilización.
Pese a que los cordones de efectivos policiales intentaron que los manifestantes se desplacen por las veredas, tras los incidentes los manifestantes ganaron la calle.
En Diagonal Sur (Julio A. Roca) y Chacabuco la Gendarmería y la Federal intentaron cortar la columna que siguió avanzando hacia Plaza de Mayo.
Desde temprano, el gobierno nacional, bajo el comando de Bullrich, puso en marcha un operativo de disuasión que incluyó un fuerte despliegue de policías y gendarmes, la intervención de efectivos en el transporte púbico para filmar a los pasajeros, y la presencia de carteles en la Estación Constitución y otras terminales de trenes, colectivos y subtes con la leyenda «El que corta no cobra».
La advertencia de que «el que corta no cobra», planes sociales -anunciada por la ministra de Capital Humano, Pettovello- con el dato de la línea telefónica 134 para realizar denuncias por casos de intimidación a beneficiarios de planes sociales también se encontró incluida en la cartelería de las estaciones ferroviarias donde, además, por los altavoces se repetía el mismo mensaje.
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CAMBIOS EN EL INDEC
El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una decisión que sacudió al organismo en la previa de un hito técnico clave: la publicación del primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la nueva metodología.
La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un clima de “ruidos internos”, atravesado por el congelamiento salarial dentro del instituto y el consecuente malestar entre los trabajadores.
Desde ATE Indec manifestaron su preocupación por el momento elegido para el recambio. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, advirtió el delegado Raúl Llaneza, quien volvió a reclamar un “Indec independiente del poder político”.
Lavagna había asumido al frente del organismo el 30 de diciembre de 2019, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Con pasado legislativo en el Frente Renovador, su perfil técnico le permitió sostenerse en el cargo incluso tras la llegada de Javier Milei y el giro político del Gobierno. Durante su gestión, el Indec continuó el proceso de normalización y consolidación de estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados luego de los años de intervención.
Su partida coincide con la puesta en marcha del renovado IPC, una actualización largamente postergada que busca reflejar con mayor fidelidad los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. El nuevo índice adopta la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento al incorporar “Seguros y servicios financieros”, y utiliza como base de ponderación la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004.
Entre los cambios más relevantes se destaca el mayor peso de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuya incidencia pasa de 9,4% a 14,5%. Esto implica que los ajustes tarifarios tendrán ahora un impacto más directo en el nivel general de inflación. Transporte también gana protagonismo, al subir de 11% a 14,3%, con mayor influencia de combustibles y boletos. Comunicaciones prácticamente duplica su ponderación, de 2,8% a 5,1%, reflejando la centralidad de internet y telefonía celular, mientras que Educación aumenta de 2,3% a 3,1%.
Otros rubros como Salud se mantienen relativamente estables, al pasar de 8% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas reduce su peso del 26,9% al 22,7%, una modificación relevante si se tiene en cuenta que este capítulo explicó buena parte de la aceleración inflacionaria del último cuatrimestre de 2025. La nueva canasta también captura una mayor participación de alimentos procesados, donde pesan más los componentes industriales, logísticos y comerciales.
Prendas de Vestir y Calzado pierden relevancia (de 9% a 6,8%), mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, en línea con un mayor gasto en esparcimiento.
En términos generales, los analistas señalan que el nuevo esquema puede arrojar registros más altos si los servicios aumentan por encima de los bienes, y una inflación más moderada en el escenario inverso. A modo ilustrativo, una suba del 10% en la carne habría sumado 1,07 puntos al IPC con la canasta anterior, contra 1,03 con la metodología actual. DIB
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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.
“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.
Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.
Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.
Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.
Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.
La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.
Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
