País
Organizaciones sociales marchan y se pone a prueba el protocolo
19 de diciembre de 2023
El bloque de Unidad Piquetera realizará una protesta. Los manifestantes se movilizarán a partir de las 16.30 en dos grandes columnas: una partirá desde el Congreso de la Nación por Avenida de Mayo y otra que lo hará desde el Obelisco por Diagonal Norte, para confluir en Plaza de Mayo.
Movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) realizarán este miércoles la primera movilización «contra el ajuste económico» del gobierno de Javier Milei, en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001, y que se convertirá en la primera prueba de aplicación del protocolo de orden público anunciado por el Ministerio de Seguridad.
La puesta en vigencia del protocolo «antipiquete» anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue ratificada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que el Gobierno nacional quiere que la movilización que, desde las 16.30, se desplazará desde el Congreso a la Plaza de Mayo transcurra «en absoluta paz» y en el marco de un «estricto cumplimiento de la ley».
«Vamos a permitir la libre circulación. Tenemos la absoluta tranquilidad de que vamos a hacer todo para que se cumpla lo que el presidente (Javier) Milei viene pregonando desde la campaña», afirmó Adorni en conferencia desde la Casa Rosada.
El portavoz presidencial ratificó además que quien participe el miércoles de algún corte de calle «dejará de percibir el plan social», tal como advirtió ayer la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y reiteró que la línea telefónica 134 estará abierta para «recibir denuncias de aquellos que se sientan amenazados por un intermediario».
Adorni reafirmó que, para el gobierno nacional, la «decisión está tomada y es hacer cumplir la ley» en relación al protocolo de orden público dispuesto por el Ejecutivo, que será aplicado mañana por primera vez durante la movilización de la UP.
Cómo será la protesta
Para «frenar el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI» y «defender el derecho a la protesta», es la consigna de la marcha que protagonizarán los movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de UP, junto a organismos de derechos humanos, sindicatos y centros de estudiantes, en un nuevo aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre, que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente, Fernando de la Rúa.
Los manifestantes se movilizarán a partir de las 16.30 en dos grandes columnas:
Una partirá desde el Congreso de la Nación por Avenida de Mayo y otra que lo hará desde el Obelisco por Diagonal Norte, para confluir en Plaza de Mayo donde se leerá un documento acordado entre las distintas agrupaciones.
«El Presidente anunció una declaración de guerra contra los derechos laborales, sociales y democráticos de los trabajadores y el pueblo: megadevaluación, una inflación tremenda, pretende congelar el valor del Potenciar Trabajo y se mantienen sin entregas a los comedores populares y se vienen fuertes aumentos de las tarifas de servicios y transportes», sostuvieron las organizaciones de la UP en un comunicado dado a conocer en una conferencia de prensa desarrollada en Plaza Congreso.
Allí también se repudió el protocolo de mantenimiento del orden público para evitar cortes de calles, al que calificaron de «inconstitucional» y bregaron por «la defensa del derecho a la protesta».
En el encuentro con la prensa, varios referentes exhortaron a la Confederación General del Trabajo (CGT), para que «ante cualquier hecho represivo que ocurriese llame a un paro nacional activo».
De la conferencia participaron referentes de las distintas organizaciones convocantes como la Unión Ferroviaria, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Suteba, metrodelegados AGTSyP, y de la Asociación Gremial Docente (ADG), entre otras.
También estuvieron presentes legisladores y referentes del Frente de Izquierda-Unidad como Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Gabriel Solano y Romina Del Plá, quienes recibieron con aplausos a la histórica Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas.
El protocolo
El protocolo dispuesto por Bullrich siguió sumando fuertes rechazos por parte de fuerzas políticas de izquierda y organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que presentaron ante la Justicia distintos recursos legales para que el Gobierno «deje sin efecto de manera inmediata» el protocolo elaborado para controlar y vigilar las manifestaciones de protesta.
La jueza federal María Servini, por su parte, se declaró incompetente para intervenir ante un planteo de inconstitucionalidad del protocolo que había presentado la legisladora porteña María Celeste Fierro, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), y derivó el tratamiento del recurso legal al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.
Por la mañana, Pérez Esquivel y el diputado nacional Néstor Pitrola, en representación del Serpaj y el Partido Obrero, respectivamente, firmaron un recurso de hábeas corpus colectivo para que «se deje sin efecto de manera inmediata» el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional.
Pérez Esquivel y Pitrola consideraron que la medida, contemplada por medio de la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, afecta «la libertad ambulatoria e integridad física» de los que se movilizarán mañana hacia la Plaza de Mayo.
También pidieron el cese de la vigencia del protocolo más de 1.700 organizaciones sindicales y sociales, quienes plantearon ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH que exijan al Estado argentino el fin de las «medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas».
Entre los solicitantes figuran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero, Nuevo Encuentro y el CELS.
La presentación hecha por las organizaciones fue acompañada por más de 15.000 firmas que apoyaron el planteo a título personal.
El sábado, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, se había expresado en contra de la puesta en vigencia del protocolo por parte del gobierno de Milei.
«Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales», expresó el funcionario de la ONU en su cuenta personal de la red social X.
Un día antes de que lleve adelante la manifestación en el centro porteño, el gobierno bonaerense confirmó que no aplicará el protocolo en el territorio provincial porque «criminaliza la protesta» y «sobrepasa un límite establecido durante todos estos años de democracia», consideró el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
En contraposición a la postura de la administración de Axel Kicillof, el Ministerio de Seguridad porteño difundió hoy, en sintonía con el Gobierno nacional, un protocolo con limitaciones y advertencias de sanciones y medidas restrictivas ante la movilización y destacó que la prioridad es «cuidar la libertad de todos los ciudadanos y asegurar el orden en la convivencia social».
La cartera que encabeza Waldo Wolff difundió las «disposiciones para la realización de manifestaciones y marchas» de «acatamiento obligatorio» que prohíben «interrumpir el tránsito vehicular», y «participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria», entre otras restricciones.
En tanto, el dirigente social Juan Grabois anunció la conformación de una comisión que oficiará «como veedora de los derechos humanos» en la movilización convocada para este miércoles, en un texto escrito conjuntamente con Nacho Levy, referente del colectivo Garganta Poderosa.
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Chau equipaje de mano gratis en Aerolíneas
La empresa Aerolíneas Argentinas anunció un cambio en su política tarifaria. Desde este lunes, los pasajes más económicos para vuelos nacionales dejarán de incluir equipaje de mano gratuito.
A partir de ahora, quienes compren tarifas “base” o “promo” solo podrán llevar un artículo personal, como una mochila o bolso pequeño, de hasta 3 kilos. El equipaje de mano tipo carry on, de hasta 8 kilos, pasará a ser un servicio adicional pago.
La medida rige únicamente para nuevos pasajes adquiridos desde su implementación y no afecta a quienes ya habían comprado sus tickets.
Desde la compañía explicaron que la decisión busca adaptar su esquema comercial a un mercado más competitivo, especialmente frente a las aerolíneas de bajo costo.
“El objetivo es ofrecer una tarifa que compita con las low cost, que separan el precio del pasaje del costo del equipaje”, señalaron fuentes de la empresa.
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Fin de una era: Rematan predios ferroviarios
El Poder Ejecutivo autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender 21 inmuebles del dominio público, entre ellos un terreno en Palermo ubicado sobre Avenida Libertador, entre Cerviño y Bullrich. El Ministerio de Economía desafectó el uso ferroviario de ese lote y consignó que tiene 3.014 m².
Según el decreto 322/2026, publicado en el Boletín Oficial, la venta persigue reducir gastos de mantenimiento y aportar recursos frescos al Estado. El texto sostiene que la operación buscará “impulsar actividades productivas” y remarca que los activos “se encuentran ociosos” para así ahorrar costos que podrían evitarse si se concreta la disposición.
Además del terreno en Palermo, la medida lista inmuebles en varias provincias. En la provincia de Buenos Aires se incluyen dos predios en Salazar (Daireaux), tres en Mariano H. Alfonzo (Pergamino), cinco en Barrow (Tres Arroyos) y uno en Pablo Podestá (Tres de Febrero), todos destinados a subasta pública.
En Chubut se ofrecen dos sectores en Esquel, lindantes al río Los Bandidos, mientras que en Córdoba aparecen tres lotes sobre la costanera del Embalse Río Tercero, en el departamento Calamuchita. En La Pampa se detallan tres predios que integran el cuadro de la estación Lonquimay.
Misiones completa la nómina con un inmueble en la localidad de Candelaria, ubicado sobre la calle Fray Ruiz de Montoya. El decreto explica que las auditorías detectaron falta de uso específico, uso indebido o subutilización, por lo que se impulsó la disposición de estos bienes estatales.
El predio porteño, además de su situación sobre la traza ferroviaria Retiro–Palermo del San Martín, aloja actualmente una sede del Renaper donde se tramitan DNI y pasaportes. La AABE será la encargada de organizar las modalidades y cronogramas de las subastas que permitan la enajenación de los inmuebles.
El Gobierno sostiene que la enajenación de esos bienes permitirá liberar cargas presupuestarias y favorecer el desarrollo de actividades productivas en los terrenos transferidos al sector privado. La operatoria será comunicada oficialmente con fechas y condiciones para quienes quieran participar de las subastas.
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Polémica por hospitales universitarios
La Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió que la atención en sus hospitales universitarios está en riesgo por la falta de financiamiento del Gobierno y advirtieron que en 45 días podrían dejar de funcionar si no se revierte la situación. Desde el Ministerio de Capital Humano rechazaron los planteos y aseguraron que las transferencias fueron realizadas.
Este martes, los directores de los seis hospitales de la UBA brindaron una conferencia donde aseguraron que Nación todavía no les envió los fondos asignados por el Presupuesto 2026
Se trata del Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. En conjunto, atienden a más de 700.000 personas por año.
“Lo único que pedimos es que nos paguen el presupuesto, que nos asignen el presupuesto que nos adeudan. Si esto sigue así, en un mes y medio, no sé si vamos a poder seguir prestando la atención a los pacientes”, relató el doctor y director del Instituto Lanari, Norberto Lafos.
Qué denuncia la UBA
El director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, agregó que la red sanitaria de la UBA está “atravesando una situación económica grave” debido a que en los últimos cuatro meses no recibió “ni siquiera un peso del presupuesto de funcionamiento hospitalario”.
“¿Qué significa esto? Que el hospital no puede comprar insumos, medicamentos ni pagar honorarios. Esto afecta la parte asistencial, porque tenemos que achicar el hospital, y eso significa reducir la cantidad de cirugías, los tratamientos médicos y los gastos”, advirtió.
De acuerdo con los datos que aportaron los directores médicos, los fondos para el funcionamiento deberían haberse enviado en enero, pero no los recibieron y aclararon que “se trata de los mismos montos del año pasado, es decir, no contemplan la inflación del 30% de 2025″.
“Como consecuencia, esto repercute drásticamente en las prestaciones. En este contexto, el Hospital de Clínicas está funcionando entre un 30% y un 50% de su capacidad. Si no se reciben fondos en los próximos días, las plantas hospitalarias se verán muy afectadas; estimamos que esto ocurrirá en los próximos 45 días”, alertó Melo.
El Gobierno, en cambio, afirmó que los fondos cercanos a $80.000 millones ya fueron girados y aseguró que es “inadmisible” que la UBA pretenda “apropiarse” de los recursos asignados a la totalidad de los hospitales universitarios.
“Un comunicado del Ministerio de Capital Humano dado a conocer luego de la conferencia de prensa reconoce que, a la fecha, aún no se ha transferido ni un solo peso de la partida específica destinada a gastos operativos de hospitales universitarios prevista en la Ley de Presupuesto 2026, impulsada por el mismo Poder Ejecutivo.
En ese sentido, el comunicado señala expresamente que, al mes de mayo, ‘el área aún debe contemplar su distribución eficiente’, refiriéndose a la partida de $79.763.113.948, lo que implica admitir que esos fondos todavía no fueron asignados ni transferidos a las universidades correspondientes”, respondió la UBA.
La respuesta del Gobierno
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aseguró en un comunicado que los planteos de los seis hospitales de la UBA “son falsos”.
“El Gobierno transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento”, afirmó Pettovello.
Para el Ejecutivo, el reclamo de la UBA “apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida ‘Hospitales Universitarios’ prevista en la planilla anexa al artículo 12 de la Ley N° 27.798, por un monto de $79.763.113.948″.
Según la cartera que encabeza Pettovello, la UBA pidió que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, lo que representa el 94,5% de un fondo destinado a todo el sistema universitario nacional.
“De aprobarse ese planteo, quedarían apenas $4.391.217.880 para el resto de los hospitales universitarios del país”, indicó.
“El Ministerio de Capital Humano considera inadmisible que, mediante amenazas de medidas de fuerza, una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo y no a una sola institución”, concluyó el comunicado oficial.
