País
Organizaciones sociales marchan y se pone a prueba el protocolo
19 de diciembre de 2023
El bloque de Unidad Piquetera realizará una protesta. Los manifestantes se movilizarán a partir de las 16.30 en dos grandes columnas: una partirá desde el Congreso de la Nación por Avenida de Mayo y otra que lo hará desde el Obelisco por Diagonal Norte, para confluir en Plaza de Mayo.
Movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) realizarán este miércoles la primera movilización «contra el ajuste económico» del gobierno de Javier Milei, en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001, y que se convertirá en la primera prueba de aplicación del protocolo de orden público anunciado por el Ministerio de Seguridad.
La puesta en vigencia del protocolo «antipiquete» anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue ratificada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que el Gobierno nacional quiere que la movilización que, desde las 16.30, se desplazará desde el Congreso a la Plaza de Mayo transcurra «en absoluta paz» y en el marco de un «estricto cumplimiento de la ley».

«Vamos a permitir la libre circulación. Tenemos la absoluta tranquilidad de que vamos a hacer todo para que se cumpla lo que el presidente (Javier) Milei viene pregonando desde la campaña», afirmó Adorni en conferencia desde la Casa Rosada.
El portavoz presidencial ratificó además que quien participe el miércoles de algún corte de calle «dejará de percibir el plan social», tal como advirtió ayer la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y reiteró que la línea telefónica 134 estará abierta para «recibir denuncias de aquellos que se sientan amenazados por un intermediario».
Adorni reafirmó que, para el gobierno nacional, la «decisión está tomada y es hacer cumplir la ley» en relación al protocolo de orden público dispuesto por el Ejecutivo, que será aplicado mañana por primera vez durante la movilización de la UP.
Cómo será la protesta
Para «frenar el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI» y «defender el derecho a la protesta», es la consigna de la marcha que protagonizarán los movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de UP, junto a organismos de derechos humanos, sindicatos y centros de estudiantes, en un nuevo aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre, que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente, Fernando de la Rúa.

Los manifestantes se movilizarán a partir de las 16.30 en dos grandes columnas:
Una partirá desde el Congreso de la Nación por Avenida de Mayo y otra que lo hará desde el Obelisco por Diagonal Norte, para confluir en Plaza de Mayo donde se leerá un documento acordado entre las distintas agrupaciones.
«El Presidente anunció una declaración de guerra contra los derechos laborales, sociales y democráticos de los trabajadores y el pueblo: megadevaluación, una inflación tremenda, pretende congelar el valor del Potenciar Trabajo y se mantienen sin entregas a los comedores populares y se vienen fuertes aumentos de las tarifas de servicios y transportes», sostuvieron las organizaciones de la UP en un comunicado dado a conocer en una conferencia de prensa desarrollada en Plaza Congreso.
Allí también se repudió el protocolo de mantenimiento del orden público para evitar cortes de calles, al que calificaron de «inconstitucional» y bregaron por «la defensa del derecho a la protesta».
En el encuentro con la prensa, varios referentes exhortaron a la Confederación General del Trabajo (CGT), para que «ante cualquier hecho represivo que ocurriese llame a un paro nacional activo».

De la conferencia participaron referentes de las distintas organizaciones convocantes como la Unión Ferroviaria, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Suteba, metrodelegados AGTSyP, y de la Asociación Gremial Docente (ADG), entre otras.
También estuvieron presentes legisladores y referentes del Frente de Izquierda-Unidad como Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Gabriel Solano y Romina Del Plá, quienes recibieron con aplausos a la histórica Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas.


El protocolo
El protocolo dispuesto por Bullrich siguió sumando fuertes rechazos por parte de fuerzas políticas de izquierda y organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que presentaron ante la Justicia distintos recursos legales para que el Gobierno «deje sin efecto de manera inmediata» el protocolo elaborado para controlar y vigilar las manifestaciones de protesta.
La jueza federal María Servini, por su parte, se declaró incompetente para intervenir ante un planteo de inconstitucionalidad del protocolo que había presentado la legisladora porteña María Celeste Fierro, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), y derivó el tratamiento del recurso legal al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.
Por la mañana, Pérez Esquivel y el diputado nacional Néstor Pitrola, en representación del Serpaj y el Partido Obrero, respectivamente, firmaron un recurso de hábeas corpus colectivo para que «se deje sin efecto de manera inmediata» el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional.
Pérez Esquivel y Pitrola consideraron que la medida, contemplada por medio de la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, afecta «la libertad ambulatoria e integridad física» de los que se movilizarán mañana hacia la Plaza de Mayo.
También pidieron el cese de la vigencia del protocolo más de 1.700 organizaciones sindicales y sociales, quienes plantearon ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH que exijan al Estado argentino el fin de las «medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas».

Entre los solicitantes figuran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero, Nuevo Encuentro y el CELS.
La presentación hecha por las organizaciones fue acompañada por más de 15.000 firmas que apoyaron el planteo a título personal.
El sábado, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, se había expresado en contra de la puesta en vigencia del protocolo por parte del gobierno de Milei.
«Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales», expresó el funcionario de la ONU en su cuenta personal de la red social X.
Un día antes de que lleve adelante la manifestación en el centro porteño, el gobierno bonaerense confirmó que no aplicará el protocolo en el territorio provincial porque «criminaliza la protesta» y «sobrepasa un límite establecido durante todos estos años de democracia», consideró el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
En contraposición a la postura de la administración de Axel Kicillof, el Ministerio de Seguridad porteño difundió hoy, en sintonía con el Gobierno nacional, un protocolo con limitaciones y advertencias de sanciones y medidas restrictivas ante la movilización y destacó que la prioridad es «cuidar la libertad de todos los ciudadanos y asegurar el orden en la convivencia social».
La cartera que encabeza Waldo Wolff difundió las «disposiciones para la realización de manifestaciones y marchas» de «acatamiento obligatorio» que prohíben «interrumpir el tránsito vehicular», y «participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria», entre otras restricciones.
En tanto, el dirigente social Juan Grabois anunció la conformación de una comisión que oficiará «como veedora de los derechos humanos» en la movilización convocada para este miércoles, en un texto escrito conjuntamente con Nacho Levy, referente del colectivo Garganta Poderosa.
País
El petróleo destronó a la soja como el principal producto de exportación
El petróleo crudo se transformó en el producto líder del comercio exterior argentino durante los primeros nueve meses de 2026, destronando a la harina de soja, según reflejó un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
El reporte realizado por especialistas de la entidad sobre la base de datos del INDEC, exhibió que el sector hidrocarburífero desplazó a la tradicional harina de soja de la cima del podio exportador, en lo que va del actual calendario.
Entre enero y septiembre, la exportación de petróleo crudo generó US$7.753 millones, reflejando un crecimiento del 58,6% interanual. En contraste, los despachos de harina de soja acumularon US$6.971 millones (+7,4% respecto al mismo lapso de 2025).
Vaca Muerta (Foto N/A)
Al hacer referencia a la diferencia de escala en la evolución reciente de ambos productos, el trabajo detalló: "Para esta ventana de tiempo, el valor exportado de petróleo es 6,5 veces superior al registrado hace cinco años (2021), mientras que las exportaciones del derivado de soja equivalen a tres cuartas partes del valor alcanzado aquel año"*.
En cuanto a las principales razones de este desacople, la BCR señaló que el dinamismo hidrocarburífero responde a la fuerte aceleración de la producción en Vaca Muerta, donde el desarrollo de las reservas no convencionales permitió superar años de estancamiento.
A este crecimiento en volumen se le sumó un contexto internacional favorable, ya que el barril de crudo Brent llegó a superar los US$100 tras el cierre del Estrecho de Ormuz, con una cotización media en 2026 un 23% superior a la del año anterior.
Por el contrario, el complejo sojero enfrenta mayores limitantes estructurales. La duplicación de la producción mundial de harina de soja en los últimos 20 años, impulsada por los mandatos globales de biocombustibles que demandan aceite, generó una oferta abundante. Como el consumo crece a un ritmo inferior, los precios internacionales de la harina continúan bajo presión bajista.
En este marco, el informe puntualizó que el empuje del sector energético no solo modificó la cima del ranking exportador, sino que tuvo un impacto directo en la balanza comercial total.
Entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones de Combustibles y Energía (CyE) alcanzaron los US$12.452 millones (+53,6% interanual), mientras que las importaciones de Combustibles y Lubricantes (CyL) se ubicaron en US$3.025 millones.
Esto dejó un superávit comercial energético de US$9.427 millones, logrando "un máximo nunca visto". Para tomar dimensión del fenómeno, la BCR subrayó que "el saldo energético equivalió al 44,5% del superávit comercial argentino", el cual totalizó US$21.198 millones en el mismo período.
En el plano monetario, los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirman la tendencia: el balance de cobros y pagos de bienes del sector energético arrojó un saldo neto favorable de US$7.890 millones en nueve meses, muy por encima de los US$4.337 millones registrados en el mismo período de 2025.
Al analizar el actual escenario, la BCR sostuvo que “el desarrollo de Vaca Muerta está modificando estructuralmente la inserción externa del país, con un aporte cada vez más significativo a la generación de divisas y al sostenimiento del superávit comercial argentino".
Para consolidar y sostener esta trayectoria en los próximos años, la entidad remarcó que será clave garantizar la continuidad de las inversiones y la ampliación de la infraestructura de transporte y exportación. (N/A)
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Se vienen los eléctricos
A contramano del mercado automotor argentino tradicional, que atraviesa “un año complicado”, los autos eléctricos crecen más de un 650% en el país durante 2026, impulsados por una mayor oferta disponible y el creciente interés en nuevas tecnologías.
Entre enero y octubre de 2026 se patentaron 6.736 vehículos 100% eléctricos, lo que representa un incremento del 654,3% frente a las 893 unidades registradas en el mismo período de 2025, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y el sistema de información SIOMAA.
Este avance contrasta marcadamente con el mercado general, donde en octubre se patentaron 45.965 vehículos, lo que implica un 12% menos que en el mismo mes de 2025, y en los primeros diez meses del año el total sumó 481.852 unidades, acumulando una caída del 12,8%.
En este marco, el reporte resaltó que “mientras el mercado tradicional pierde volumen, la movilidad eléctrica consigue atraer compradores y sumar nuevos competidores", haciendo referencia al potencial del segmento.
A pesar del fuerte incremento porcentual, la cuota de mercado de los autos eléctricos continúa siendo reducida. Al respecto, puntualizó que "los vehículos eléctricos partieron de una base de ventas muy reducida en 2025 y siguen representando una proporción minoritaria del mercado".
Al comparar los 6.736 eléctricos patentados con el total de 481.852 vehículos registrados en todo el mercado durante el período enero-octubre del actual calendario, su participación equivale aproximadamente al 1,4%.
Sin embargo, el volumen mensual refleja una aceleración constante: el promedio pasó de unas 89 unidades mensuales en 2025 a casi 674 unidades al mes en 2026. En octubre se patentaron 699 vehículos eléctricos; si bien representó una baja del 19,6% respecto a septiembre, superó en un 241% los registros de octubre del año pasado.
Asimismo, el informe remarcó que se evidencia una alta concentración de ventas, dado que 470 de las 699 unidades patentadas en octubre correspondieron a una sola automotriz, concentrando el 67,2% del segmento.
El auge de los híbridos como tecnología de transición
Por su parte, los vehículos híbridos mantienen una ventaja considerable en volumen dentro del parque electrificado. Entre enero y octubre se patentaron 68.005 unidades híbridas, registrando un aumento del 226,6% en comparación con el mismo período de 2025.
De acuerdo a los datos de ACARA, solo en el mes de octubre se registraron 7.777 híbridos frente a los 699 eléctricos puros, lo que significa que por cada auto completamente eléctrico se patentaron aproximadamente once híbridos.
El informe aclara que "la diferencia se explica, en parte, porque muchos compradores encuentran en los híbridos una transición más sencilla: permiten reducir el consumo de combustible sin depender necesariamente de una red pública de cargadores".
De cara al futuro, sostuvo que "la pregunta para los próximos años ya no pasa solamente por cuántos vehículos eléctricos llegarán al país, sino por la capacidad del mercado argentino para sostener ese crecimiento, desarrollar los servicios necesarios y convertir una tendencia que hoy sorprende por sus porcentajes en un negocio de mayor escala”.
La incorporación de nuevos fabricantes y tecnologías agrega otro elemento a este escenario: una oferta más amplia permite que los consumidores encuentren diferentes alternativas y obliga a la industria a revisar sus estrategias comerciales, especialmente en un mercado donde el precio, la financiación y los costos de mantenimiento siguen siendo decisivos.
Este nuevo escenario también tendrá su espacio en Future Mobility Argentina, que se realizará del 28 al 30 de junio de 2027 en La Rural de Buenos Aires, en el marco de la séptima edición de Electronics & Home Argentina.
El encuentro reunirá a empresas y profesionales vinculados con los autos, motos y bicicletas eléctricas, además de proveedores de baterías, infraestructura de carga y nuevas tecnologías de movilidad. N A
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Estatales van al paro
El secretario gremial de ATE Mar del Plata, Diego Lencinas, cuestionó la propuesta de retiros voluntarios del gobierno nacional por no contemplar toda la antigüedad de los trabajadores. La concentración local será este lunes a las 10 en la delegación de la obra social Los trabajadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) realizarán este lunes 16 de noviembre un paro nacional
Esta situación se enmarca en un proceso que alcanza a más de 1.000 trabajadores de IOSFA en todo el país, muchos de ellos con décadas de antigüedad, que hoy quedan sin trabajo y sin reconocimiento por toda una vida de servicio a la institución.
Durante años, estos trabajadores fueron contratados mediante contratos sucesivos y renovaciones consecutivas que no les reconocían estabilidad laboral, pese a que en la práctica sostenían tareas permanentes y esenciales para el funcionamiento de la obra social. Hoy, esa modalidad de contratación se convierte en el argumento para desvincularlos, desconociendo décadas de trabajo y compromiso.
Para ATE, no se trata solamente de una reorganización administrativa. Son miles de familias las que pierden su sustento. Son trabajadores que sostuvieron IOSFA durante años y que ahora enfrentan la incertidumbre y la desprotección.
Por eso el Sindicato exige respuestas, respeto por los derechos laborales y soluciones concretas para todos los trabajadores afectados.

