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Organizaciones sociales marchan y se pone a prueba el protocolo
19 de diciembre de 2023
El bloque de Unidad Piquetera realizará una protesta. Los manifestantes se movilizarán a partir de las 16.30 en dos grandes columnas: una partirá desde el Congreso de la Nación por Avenida de Mayo y otra que lo hará desde el Obelisco por Diagonal Norte, para confluir en Plaza de Mayo.
Movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) realizarán este miércoles la primera movilización «contra el ajuste económico» del gobierno de Javier Milei, en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001, y que se convertirá en la primera prueba de aplicación del protocolo de orden público anunciado por el Ministerio de Seguridad.
La puesta en vigencia del protocolo «antipiquete» anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue ratificada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que el Gobierno nacional quiere que la movilización que, desde las 16.30, se desplazará desde el Congreso a la Plaza de Mayo transcurra «en absoluta paz» y en el marco de un «estricto cumplimiento de la ley».
«Vamos a permitir la libre circulación. Tenemos la absoluta tranquilidad de que vamos a hacer todo para que se cumpla lo que el presidente (Javier) Milei viene pregonando desde la campaña», afirmó Adorni en conferencia desde la Casa Rosada.
El portavoz presidencial ratificó además que quien participe el miércoles de algún corte de calle «dejará de percibir el plan social», tal como advirtió ayer la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y reiteró que la línea telefónica 134 estará abierta para «recibir denuncias de aquellos que se sientan amenazados por un intermediario».
Adorni reafirmó que, para el gobierno nacional, la «decisión está tomada y es hacer cumplir la ley» en relación al protocolo de orden público dispuesto por el Ejecutivo, que será aplicado mañana por primera vez durante la movilización de la UP.
Cómo será la protesta
Para «frenar el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI» y «defender el derecho a la protesta», es la consigna de la marcha que protagonizarán los movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de UP, junto a organismos de derechos humanos, sindicatos y centros de estudiantes, en un nuevo aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre, que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente, Fernando de la Rúa.
Los manifestantes se movilizarán a partir de las 16.30 en dos grandes columnas:
Una partirá desde el Congreso de la Nación por Avenida de Mayo y otra que lo hará desde el Obelisco por Diagonal Norte, para confluir en Plaza de Mayo donde se leerá un documento acordado entre las distintas agrupaciones.
«El Presidente anunció una declaración de guerra contra los derechos laborales, sociales y democráticos de los trabajadores y el pueblo: megadevaluación, una inflación tremenda, pretende congelar el valor del Potenciar Trabajo y se mantienen sin entregas a los comedores populares y se vienen fuertes aumentos de las tarifas de servicios y transportes», sostuvieron las organizaciones de la UP en un comunicado dado a conocer en una conferencia de prensa desarrollada en Plaza Congreso.
Allí también se repudió el protocolo de mantenimiento del orden público para evitar cortes de calles, al que calificaron de «inconstitucional» y bregaron por «la defensa del derecho a la protesta».
En el encuentro con la prensa, varios referentes exhortaron a la Confederación General del Trabajo (CGT), para que «ante cualquier hecho represivo que ocurriese llame a un paro nacional activo».
De la conferencia participaron referentes de las distintas organizaciones convocantes como la Unión Ferroviaria, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Suteba, metrodelegados AGTSyP, y de la Asociación Gremial Docente (ADG), entre otras.
También estuvieron presentes legisladores y referentes del Frente de Izquierda-Unidad como Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Gabriel Solano y Romina Del Plá, quienes recibieron con aplausos a la histórica Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas.
El protocolo
El protocolo dispuesto por Bullrich siguió sumando fuertes rechazos por parte de fuerzas políticas de izquierda y organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que presentaron ante la Justicia distintos recursos legales para que el Gobierno «deje sin efecto de manera inmediata» el protocolo elaborado para controlar y vigilar las manifestaciones de protesta.
La jueza federal María Servini, por su parte, se declaró incompetente para intervenir ante un planteo de inconstitucionalidad del protocolo que había presentado la legisladora porteña María Celeste Fierro, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), y derivó el tratamiento del recurso legal al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.
Por la mañana, Pérez Esquivel y el diputado nacional Néstor Pitrola, en representación del Serpaj y el Partido Obrero, respectivamente, firmaron un recurso de hábeas corpus colectivo para que «se deje sin efecto de manera inmediata» el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional.
Pérez Esquivel y Pitrola consideraron que la medida, contemplada por medio de la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, afecta «la libertad ambulatoria e integridad física» de los que se movilizarán mañana hacia la Plaza de Mayo.
También pidieron el cese de la vigencia del protocolo más de 1.700 organizaciones sindicales y sociales, quienes plantearon ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH que exijan al Estado argentino el fin de las «medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas».
Entre los solicitantes figuran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero, Nuevo Encuentro y el CELS.
La presentación hecha por las organizaciones fue acompañada por más de 15.000 firmas que apoyaron el planteo a título personal.
El sábado, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, se había expresado en contra de la puesta en vigencia del protocolo por parte del gobierno de Milei.
«Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales», expresó el funcionario de la ONU en su cuenta personal de la red social X.
Un día antes de que lleve adelante la manifestación en el centro porteño, el gobierno bonaerense confirmó que no aplicará el protocolo en el territorio provincial porque «criminaliza la protesta» y «sobrepasa un límite establecido durante todos estos años de democracia», consideró el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
En contraposición a la postura de la administración de Axel Kicillof, el Ministerio de Seguridad porteño difundió hoy, en sintonía con el Gobierno nacional, un protocolo con limitaciones y advertencias de sanciones y medidas restrictivas ante la movilización y destacó que la prioridad es «cuidar la libertad de todos los ciudadanos y asegurar el orden en la convivencia social».
La cartera que encabeza Waldo Wolff difundió las «disposiciones para la realización de manifestaciones y marchas» de «acatamiento obligatorio» que prohíben «interrumpir el tránsito vehicular», y «participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria», entre otras restricciones.
En tanto, el dirigente social Juan Grabois anunció la conformación de una comisión que oficiará «como veedora de los derechos humanos» en la movilización convocada para este miércoles, en un texto escrito conjuntamente con Nacho Levy, referente del colectivo Garganta Poderosa.
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CAMBIOS EN EL INDEC
El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una decisión que sacudió al organismo en la previa de un hito técnico clave: la publicación del primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la nueva metodología.
La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un clima de “ruidos internos”, atravesado por el congelamiento salarial dentro del instituto y el consecuente malestar entre los trabajadores.
Desde ATE Indec manifestaron su preocupación por el momento elegido para el recambio. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, advirtió el delegado Raúl Llaneza, quien volvió a reclamar un “Indec independiente del poder político”.
Lavagna había asumido al frente del organismo el 30 de diciembre de 2019, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Con pasado legislativo en el Frente Renovador, su perfil técnico le permitió sostenerse en el cargo incluso tras la llegada de Javier Milei y el giro político del Gobierno. Durante su gestión, el Indec continuó el proceso de normalización y consolidación de estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados luego de los años de intervención.
Su partida coincide con la puesta en marcha del renovado IPC, una actualización largamente postergada que busca reflejar con mayor fidelidad los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. El nuevo índice adopta la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento al incorporar “Seguros y servicios financieros”, y utiliza como base de ponderación la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004.
Entre los cambios más relevantes se destaca el mayor peso de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuya incidencia pasa de 9,4% a 14,5%. Esto implica que los ajustes tarifarios tendrán ahora un impacto más directo en el nivel general de inflación. Transporte también gana protagonismo, al subir de 11% a 14,3%, con mayor influencia de combustibles y boletos. Comunicaciones prácticamente duplica su ponderación, de 2,8% a 5,1%, reflejando la centralidad de internet y telefonía celular, mientras que Educación aumenta de 2,3% a 3,1%.
Otros rubros como Salud se mantienen relativamente estables, al pasar de 8% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas reduce su peso del 26,9% al 22,7%, una modificación relevante si se tiene en cuenta que este capítulo explicó buena parte de la aceleración inflacionaria del último cuatrimestre de 2025. La nueva canasta también captura una mayor participación de alimentos procesados, donde pesan más los componentes industriales, logísticos y comerciales.
Prendas de Vestir y Calzado pierden relevancia (de 9% a 6,8%), mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, en línea con un mayor gasto en esparcimiento.
En términos generales, los analistas señalan que el nuevo esquema puede arrojar registros más altos si los servicios aumentan por encima de los bienes, y una inflación más moderada en el escenario inverso. A modo ilustrativo, una suba del 10% en la carne habría sumado 1,07 puntos al IPC con la canasta anterior, contra 1,03 con la metodología actual. DIB
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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.
“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.
Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.
Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.
Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.
Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.
La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.
Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
