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Mar del Plata lidera ranking de transparencia de datos económicos
18 de diciembre de 2022
Unos 35 municipios bonaerenses, entre ellos General Pueyrredon, alcanzaron un nivel de transparencia alto sobre la visibilidad de sus datos económicos, aunque la mayoría de ellos aún presenta inconvenientes en la publicación de los mismos y unos 70 aún se encuentran en los escalones “bajo o regular” o “nulo”
Los datos se desprenden de un informe presentado en noviembre por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) que, desde 2018, lleva adelante monitoreos periódicos para motivar el cumplimiento de la legislación que propone que las comunas publiquen sus presupuestos y la ejecución de los mismos, entre otros datos financieros.
La ASAP realiza relevamientos semestrales de las webs oficiales de los municipios y puntúa la publicación del presupuesto y de su ejecución, de la situación económico-financiera trimestral, de gastos y de la deuda pública. Además, pondera la accesibilidad a la información.
El actual informe concluyó en que “35 municipios alcanzan un nivel alto en el índice de transparencia y visibilidad del presente informe; 30 distritos llegan al nivel medio; 38 a un nivel bajo o regular; y los restantes 32 se ubican en el rango de nivel nulo en cuanto a publicación de la información presupuestaria y de ejecución relevada”.
Más allá de que 70 municipios aún se encuentran con niveles entre bajos y nulos de transparencia, la ASAP destacó el “importante esfuerzo de los distritos en publicar sus datos fiscales” y destacó las mejoras de Adolfo Alsina, Lobos, Monte, Moreno, Necochea, Junín, Ayacucho, Laprida, Pinamar y Coronel Suarez.
Los mejores y los peores
El grupo de los mejores, de “alta visibilidad” de datos económicos, lo conforman unos 35 municipios. De ese total, unos 22 lograron una puntuación de excelencia (100). Se trata de General Pueyrredon, Balcarce, Berisso, Bragado, Carlos Tejedor, Chascomús, Coronel Suarez, Florentino Ameghino, General Belgrano, General Madariaga, General Pinto, General San Martín, General Viamonte, La Matanza, La Plata, Lincoln, Lobería, Mercedes, Rauch, Saavedra, San Cayetano y Tres Arroyos.
En tanto, el grupo lo completan Olavarría (98 puntos), Saladillo (98), Adolfo Alsina (95), Chivilcoy (90), General Villegas (90), Monte (90), Tandil (90), Necochea (88), Rojas (83), Junín (80), Monte Hermoso (80), Lobos (75) y Magdalena (75).
El segundo grupo, de “rango medio” de cumplimiento, lo conforman 30 distritos. En estos, “se aprecia un menor nivel de información publicada y de cumplimiento de plazos requeridos por las normas de referencia del presente informe, aunque en líneas generales presentan el Presupuesto 2022 y la Situación Económico Financiera”.
Entre los distritos de “rango medio” se encuentran Ayacucho (70), Trenque Lauquen (70), Benito Juárez (68), Pinamar (68), 9 de Julio (66), Bahía Blanca (60), Azul (50) y Hipólito Yrigoyen (40).
En un tercer grupo, de “bajo o regular cumplimiento”, se encuentran unas 38 comunas que “publican sólo su situación económico financiera con rezago de más de un trimestre, o bien alguna referencia al Presupuesto 2022”. Entre ellos están Patagones (35), Lezama (30) Bolívar (30), Pehuajó (30), Pergamino (30), Salliqueló (30), Dolores (30), Tornquist (30), 25 de Mayo (30), Villa Gesell (30) y San Nicolás (25).
En tanto, en el último grupo están unos 32 municipios que “se encuentran en situación de incumplimiento, no habiendo publicado vía web la información económica financiera del ejercicio en curso y en ningún caso el presupuesto vigente”.
En el bloque final se ubican distritos con solo cinco puntos como Adolfo Gonzales Chaves, Carmen de Areco, General Alvear, La Madrid, San Antonio de Areco; y otros con cero puntos como Punta Indio, San Fernando, Brandsen, San Miguel, Cañuelas, San Pedro, Castelli y Tapalqué.
Números generales
ASAP detalló en su último relevamiento que “el 81% de los 135 municipios de la provincia (110) han configurado un fácil acceso a la información presupuestaria y/o financiera en sus páginas web oficiales”, mientras que el “19% restante (25 municipios), se compone tanto con aquellos sitios oficiales sin información fiscal o presupuestaria publicada, como con los que, si bien exponen sus cuentas públicas, lo hacen de una manera tal que no contribuye al fácil acceso”.
El informe aclara que “el 33% de los municipios (44)” publican “el presupuesto del ejercicio con la apertura del cálculo de recursos y de los gastos”, que “un 3% (4 distritos) exponen parcialmente números del presupuesto 2022” y que “los 87 municipios restantes (64%) no exhiben en sus sitios web información alguna del presupuesto vigente”.
A la hora de pensar en la situación económica financiera, solo unos “45 gobiernos locales (33%) exhiben la información referente al tercer trimestre de 2022 (un caso lo hace en forma incompleta)”; y en cuanto a la ejecución presupuestaria, solo “el 32% de los distritos (43) divulgan sin rezagos la información trimestral”.
En el caso de la finalidad de los gastos “son 41 municipios (un 30% del total) los que visibilizan ante la ciudadanía la ejecución” con “la clasificación por finalidad y función, al tercer trimestre de 2022”, pero “uno de ellos lo hace en forma incompleta”.
Em tanto, “la información sobre el stock de deuda pública y sus perfiles de vencimientos, devengado el tercer trimestre del ejercicio 2022, está publicada por 34 distritos (un 25%, uno de ellos en forma parcial)”.
Qué deben cumplir por ley
En el año 2005, la provincia de Buenos Aires adhirió al Régimen de Responsabilidad Fiscal nacional a través de la ley N° 13.295. Esa norma, modificada en 2017, sostiene en su artículo 4 que “cada municipio publicará en su página web el presupuesto anual” (aprobado o prorrogado).
Además, determina que las comunas difundan información: “trimestral de la ejecución presupuestaria”, del “gasto clasificado según finalidad y función”, del “stock de la deuda pública, incluida la flotante”, del “pago de servicios de la deuda” y del “nivel de ocupación del sector público al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año con un rezago de un trimestre”.
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Paro docente: Aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo
El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.
El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección oculear en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.
La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.
La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.
Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.
El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.
La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.
Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.
Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.
Foto: El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. (Foto: X @JMilei) . Ignacio Salerno (TN)
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Milei recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico Michael Banach
El presidente Javier Milei recibió este 31 de julio las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach, durante una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con lo que quedó formalmente iniciado su servicio diplomático como representante del papa León XIV en la Argentina.
El acto fue encabezado por el jefe de Estado, acompañado por el canciller Pablo Quirno. En la misma ceremonia, el Presidente recibió también las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y del embajador de la República de Corea, Lee Chong Hwa.
Días atrás, monseñor Banach había entregado las copias de estilo de sus cartas credenciales al canciller Quirno, quien destacó entonces en sus redes sociales que la llegada del representante pontificio "abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos".
La presencia del nuevo nuncio apostólico marca el comienzo de una misión que estará acompañada por la expectativa de una futura visita del papa León XIV a la Argentina.
Antes de la presentación oficial de sus credenciales al Presidente, monseñor Banach mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; con el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; y con el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.
La Conferencia Episcopal Argentina informó, además, que el próximo jueves 6 de agosto, a las 11, monseñor Banach presidirá una misa en la catedral metropolitana de Buenos Aires, durante la cual presentará oficialmente sus credenciales como representante del Santo Padre ante la Iglesia en la Argentina a monseñor Colombo.
Con ese motivo, la CEA invitó a los obispos que puedan participar a concelebrar la celebración eucarística, que marcará también el inicio formal del ministerio pastoral del nuevo nuncio ante la Iglesia argentina.
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PARO DOCENTE
La Central de Trabajadores Autónoma (CTA-A) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) formalizaron su adhesión a la jornada nacional de lucha con paro y movilización programada para este lunes 3 de agosto.
La medida de fuerza es impulsada por CTERA, ATE Nacional, CONADU y CONADU Histórica en rechazo a las políticas económicas de la administración del presidente Javier Milei.
La protesta unificada tiene como ejes centrales la defensa de la educación y la universidad pública, la protección del empleo en el sector público, la recomposición salarial y el sostenimiento de los derechos laborales. En ese marco, los gremios denuncian un deterioro sistemático de las condiciones de vida de la sociedad y de la capacidad operativa del Estado.
En un comunicado conjunto, las dirigencias sindicales apuntaron contra la parálisis de la paritaria nacional docente y la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Señalaron que el desfinanciamiento de las casas de altos estudios y la caída sostenida del poder adquisitivo salarial comprometen de forma directa el desarrollo del sistema educativo en todos sus niveles.
Asimismo, las centrales obreras repudiaron la ola de despidos en la administración pública nacional y lo que consideraron un vaciamiento sistemático de organismos estratégicos. Advirtieron que estas decisiones buscan debilitar la estructura estatal y restringir los servicios que se prestan a la ciudadanía.
Ante este panorama, la CTA-A y la CTA-T exigieron la restitución inmediata de los recursos destinados al sistema educativo y el acatamiento de las resoluciones judiciales y leyes sancionadas por el Congreso. Demandaron además la aprobación de un presupuesto que asegure el funcionamiento pleno de escuelas, universidades y dependencias del Estado.
Los referentes sindicales remarcaron que el libre ejercicio de la negociación paritaria y la actualización de los ingresos constituyen condiciones indispensables para resguardar la paz social. Afirmaron que el sostenimiento de los puestos de trabajo estatales es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y los derechos de la población.
La postura de las dos centrales quedó plasmada a través de un documento firmado por sus respectivos secretarios generales, Hugo Yasky por la CTA-T y Hugo Godoy por la CTA-A. Ambas conducciones recalcaron que la universidad, la educación y un Estado presente representan pilares centrales para el desarrollo soberano de Argentina.
