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Reclamo inclusivo
5 de septiembre de 2022
Los profesionales de salud que brindan prestaciones para personas con discapacidad: Acompañantes terapéuticos, estimuladores visuales, maestros de apoyo, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicomotricistas, psicopedagogos, psicólogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales, transportistas y familiares de personas con discapacidad frente a la falta de pagos en el mes de Agosto, se autoconvocaron con el objetivo de abordar en conjunto la problemática vigente ante la Superintendencia de Servicios de Salud.
«Por motivos que desconocemos y nos son ajenos, durante el mes de agosto las obras sociales no realizaron los pagos correspondientes a las prestaciones realizadas en el mes de mayo/junio (esto en aquellos casos más regulares). Las explicaciones que recibimos no hacen más que generar incertidumbre, respecto a qué es lo que hicieron con el dinero que corresponde a la cobertura de las prestaciones que realizamos en tiempo y forma» , señalan en un comunicado los Prestadores Unidos MDP, en el marco de una marcha por las calles de la ciudad
Y agregan: «Las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad, AFIP, el Ministerio de Salud/ Economía de la Nación y las obras sociales no hacen más que desligarse de responsabilidad, culpabilizándose entre sí por lo que nos está sucediendo. Mientras tanto, no solo no cobramos por nuestro trabajo, sino que somos víctimas de hostigamiento sufriendo faltas de respeto por parte de los funcionarios de dichos organismos, quienes además de lo redactado nos llaman mentirosos».
En medio de la protesta, los prestadores subrayan: «Pero reclamar el pago que debimos haber percibido en el mes de agosto no es lo único que nos reúne hoy a prestadores, padres, familiares y personas con discapacidad. Esto es solo la punta del iceberg. Nos reúne el decir BASTA. Basta del maltrato burocrático del que somos víctimas; basta a este sistema perverso que tiene a prestadores, familias y personas con discapacidad a su merced, esperando semanas, meses y años por una respuesta que a veces no llega, y otras veces llega y no es satisfactoria; basta de tener que presentar recursos de amparo para tener que obligar a la obra social a que reconozca los derechos que una persona con discapacidad adquirió por ley y por los cuales no debería rogar a través de una medida judicial ; basta de no tener voz ni voto en la toma de decisiones que determinan nuestra actividad laboral; basta de tomar decisiones sin que este colectivo sea parte».
M´´as adeñante los prestadores denuncian que «trabajamos en condiciones precarizadas, con demoras de 90 días o más en la recepción del pago, por los servicios brindados a nuestros pacientes. Y si, tiene razón el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, esto es histórico, pero histórico no significa que sea correcto, o que no se pueda mejorar. ¿O por el hecho de ser histórica la mora de los pagos, le parece correcto que algunas obras sociales deban honorarios de prestaciones del año 2020? ¿O quizás le parezca correcto que, por ser histórico, las familias y personas con discapacidad deban pasar por el maltrato burocrático año tras año, cuando tienen que renovar una prestación? Recabar cientos de papeles, ir varias veces a la obra social, que se pierdan papeles, entre tantas otras cosas que podríamos mencionar. Nosotros, los prestadores, familias y personas con discapacidad que lidiamos con esto en el día a día, le decimos que por más histórico que sea, no nos parece correcto. Y estamos aquí visibilizándolo para que toda la sociedad lo sepa».
Tambien agregan «Las condiciones precarizadas históricas, la falta de pagos y la falta de comunicación de los organismos oficiales ponen en riesgo los derechos de las personas con discapacidad, atentando con sus tratamientos, su calidad de vida y bienestar emocional.»
«Nos tratan – prosiguen- de prescindibles, ofreciéndole a las familias cuando reclaman por nuestros honorarios, otros profesionales que se puedan hacer cargo de la prestación, sin importarles el vínculo establecido, la formación específica que tenemos como profesionales y el amor y pasión que le ponemos diariamente a nuestra profesión»
Y agregan «Nuestra lucha no se compara en absoluto con la lucha diaria que vienen llevando hace años las familias y personas con discapacidad. Nosotros los prestadores los acompañamos, los validamos y apoyamos en esta causa contra el recorte en prestaciones de discapacidad. Los prestadores somos solo un eslabón, de lo que ellos hacen para mejorar la calidad de vida de su familia, el cual debería estar ocupado en mejorar la calidad de tratamiento y no en bregar por percibir sus honorarios. ¿Conocen acaso algún trabajador que espere 60, 90 0 120 días para cobrar su sueldo?»
A todo lo expuesto, los prestadores de salud de la ciudad de Mar del Plata, familiares y personas con discapacidad dicen «NO AL RECORTE, BASTA DE VIOLENCIA BUROCRATICA y exigen:
Restitución inmediata de la cadena de pagos a los prestadores.
Participación activa de las paritarias que definen nuestros aranceles profesionales.
Incluir en el nomenclador de servicios de salud para personas con discapacidad a: técnicos superior en acompañamiento terapéutico (bajo resolución 1221/15), acompañantes terapéuticos (bajo resolución 1014/14), acompañantes terapéuticos empíricos, cuidadores, equinoterapia e hidroterapia.
Poder tener una voz activa en la toma de decisiones, que nos incluya tanto a prestadores, como a las familias y personas con discapacidad.
Habilitar un espacio de reclamo directo para prestadores, en el que se nos reciba, se nos escuche y se nos brinde solución.
Unificar y reducir las exigencias burocráticas a las que nos vemos expuestos prestadores, familias y personas con discapacidad para cualquier tipo de trámite o prestación.
Pago a mes vencido, directo al prestador, de Enero a Diciembre.
Nomenclador regulativo. NO orientativo.
Cumplimiento de la resolución 1511/12 – que los centros, obras sociales y prepagas paguen las prestaciones educativas y terapéuticas del mes de febrero, julio y diciembre en forma completa Mayor transparencia en el manejo de los fondos destinados a discapacidad.
Mayor compromiso por parte de la SSS, para realizar auditorías a obras sociales e intervención inmediata frente a reclamos por parte de prestadores, familia o persona con discapacidad.
Recibir debidamente información vía mail de los pagos realizados (obra social, numero de factura y periodo abonado).
Por último, rechazamos enfáticamente el proyecto de DNU circulante, ya que atenta sobre los derechos adquiridos por las personas con discapacidad a través de las leyes N° 24.901 y N° 26.378
Solicitamos respuesta y solución inmediata, basta de jugar con los derechos de los trabajadores y de las personas con discapacidad. Ya no somos invisibles.
Sin prestadores, no hay prestaciones, sin prestaciones no hay derechos. Acciones futuras: Asambleas activas, Movilizaciones, Retención de tarea y Reclamos activos en los organismos implicados.
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Paro docente: Aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo
El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.
El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección oculear en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.
La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.
La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.
Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.
El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.
La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.
Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.
Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.
Foto: El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. (Foto: X @JMilei) . Ignacio Salerno (TN)
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Milei recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico Michael Banach
El presidente Javier Milei recibió este 31 de julio las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach, durante una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con lo que quedó formalmente iniciado su servicio diplomático como representante del papa León XIV en la Argentina.
El acto fue encabezado por el jefe de Estado, acompañado por el canciller Pablo Quirno. En la misma ceremonia, el Presidente recibió también las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y del embajador de la República de Corea, Lee Chong Hwa.
Días atrás, monseñor Banach había entregado las copias de estilo de sus cartas credenciales al canciller Quirno, quien destacó entonces en sus redes sociales que la llegada del representante pontificio "abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos".
La presencia del nuevo nuncio apostólico marca el comienzo de una misión que estará acompañada por la expectativa de una futura visita del papa León XIV a la Argentina.
Antes de la presentación oficial de sus credenciales al Presidente, monseñor Banach mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; con el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; y con el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.
La Conferencia Episcopal Argentina informó, además, que el próximo jueves 6 de agosto, a las 11, monseñor Banach presidirá una misa en la catedral metropolitana de Buenos Aires, durante la cual presentará oficialmente sus credenciales como representante del Santo Padre ante la Iglesia en la Argentina a monseñor Colombo.
Con ese motivo, la CEA invitó a los obispos que puedan participar a concelebrar la celebración eucarística, que marcará también el inicio formal del ministerio pastoral del nuevo nuncio ante la Iglesia argentina.
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PARO DOCENTE
La Central de Trabajadores Autónoma (CTA-A) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) formalizaron su adhesión a la jornada nacional de lucha con paro y movilización programada para este lunes 3 de agosto.
La medida de fuerza es impulsada por CTERA, ATE Nacional, CONADU y CONADU Histórica en rechazo a las políticas económicas de la administración del presidente Javier Milei.
La protesta unificada tiene como ejes centrales la defensa de la educación y la universidad pública, la protección del empleo en el sector público, la recomposición salarial y el sostenimiento de los derechos laborales. En ese marco, los gremios denuncian un deterioro sistemático de las condiciones de vida de la sociedad y de la capacidad operativa del Estado.
En un comunicado conjunto, las dirigencias sindicales apuntaron contra la parálisis de la paritaria nacional docente y la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Señalaron que el desfinanciamiento de las casas de altos estudios y la caída sostenida del poder adquisitivo salarial comprometen de forma directa el desarrollo del sistema educativo en todos sus niveles.
Asimismo, las centrales obreras repudiaron la ola de despidos en la administración pública nacional y lo que consideraron un vaciamiento sistemático de organismos estratégicos. Advirtieron que estas decisiones buscan debilitar la estructura estatal y restringir los servicios que se prestan a la ciudadanía.
Ante este panorama, la CTA-A y la CTA-T exigieron la restitución inmediata de los recursos destinados al sistema educativo y el acatamiento de las resoluciones judiciales y leyes sancionadas por el Congreso. Demandaron además la aprobación de un presupuesto que asegure el funcionamiento pleno de escuelas, universidades y dependencias del Estado.
Los referentes sindicales remarcaron que el libre ejercicio de la negociación paritaria y la actualización de los ingresos constituyen condiciones indispensables para resguardar la paz social. Afirmaron que el sostenimiento de los puestos de trabajo estatales es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y los derechos de la población.
La postura de las dos centrales quedó plasmada a través de un documento firmado por sus respectivos secretarios generales, Hugo Yasky por la CTA-T y Hugo Godoy por la CTA-A. Ambas conducciones recalcaron que la universidad, la educación y un Estado presente representan pilares centrales para el desarrollo soberano de Argentina.
