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Reclamo inclusivo
5 de septiembre de 2022
Los profesionales de salud que brindan prestaciones para personas con discapacidad: Acompañantes terapéuticos, estimuladores visuales, maestros de apoyo, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicomotricistas, psicopedagogos, psicólogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales, transportistas y familiares de personas con discapacidad frente a la falta de pagos en el mes de Agosto, se autoconvocaron con el objetivo de abordar en conjunto la problemática vigente ante la Superintendencia de Servicios de Salud.
«Por motivos que desconocemos y nos son ajenos, durante el mes de agosto las obras sociales no realizaron los pagos correspondientes a las prestaciones realizadas en el mes de mayo/junio (esto en aquellos casos más regulares). Las explicaciones que recibimos no hacen más que generar incertidumbre, respecto a qué es lo que hicieron con el dinero que corresponde a la cobertura de las prestaciones que realizamos en tiempo y forma» , señalan en un comunicado los Prestadores Unidos MDP, en el marco de una marcha por las calles de la ciudad
Y agregan: «Las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad, AFIP, el Ministerio de Salud/ Economía de la Nación y las obras sociales no hacen más que desligarse de responsabilidad, culpabilizándose entre sí por lo que nos está sucediendo. Mientras tanto, no solo no cobramos por nuestro trabajo, sino que somos víctimas de hostigamiento sufriendo faltas de respeto por parte de los funcionarios de dichos organismos, quienes además de lo redactado nos llaman mentirosos».
En medio de la protesta, los prestadores subrayan: «Pero reclamar el pago que debimos haber percibido en el mes de agosto no es lo único que nos reúne hoy a prestadores, padres, familiares y personas con discapacidad. Esto es solo la punta del iceberg. Nos reúne el decir BASTA. Basta del maltrato burocrático del que somos víctimas; basta a este sistema perverso que tiene a prestadores, familias y personas con discapacidad a su merced, esperando semanas, meses y años por una respuesta que a veces no llega, y otras veces llega y no es satisfactoria; basta de tener que presentar recursos de amparo para tener que obligar a la obra social a que reconozca los derechos que una persona con discapacidad adquirió por ley y por los cuales no debería rogar a través de una medida judicial ; basta de no tener voz ni voto en la toma de decisiones que determinan nuestra actividad laboral; basta de tomar decisiones sin que este colectivo sea parte».
M´´as adeñante los prestadores denuncian que «trabajamos en condiciones precarizadas, con demoras de 90 días o más en la recepción del pago, por los servicios brindados a nuestros pacientes. Y si, tiene razón el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, esto es histórico, pero histórico no significa que sea correcto, o que no se pueda mejorar. ¿O por el hecho de ser histórica la mora de los pagos, le parece correcto que algunas obras sociales deban honorarios de prestaciones del año 2020? ¿O quizás le parezca correcto que, por ser histórico, las familias y personas con discapacidad deban pasar por el maltrato burocrático año tras año, cuando tienen que renovar una prestación? Recabar cientos de papeles, ir varias veces a la obra social, que se pierdan papeles, entre tantas otras cosas que podríamos mencionar. Nosotros, los prestadores, familias y personas con discapacidad que lidiamos con esto en el día a día, le decimos que por más histórico que sea, no nos parece correcto. Y estamos aquí visibilizándolo para que toda la sociedad lo sepa».
Tambien agregan «Las condiciones precarizadas históricas, la falta de pagos y la falta de comunicación de los organismos oficiales ponen en riesgo los derechos de las personas con discapacidad, atentando con sus tratamientos, su calidad de vida y bienestar emocional.»
«Nos tratan – prosiguen- de prescindibles, ofreciéndole a las familias cuando reclaman por nuestros honorarios, otros profesionales que se puedan hacer cargo de la prestación, sin importarles el vínculo establecido, la formación específica que tenemos como profesionales y el amor y pasión que le ponemos diariamente a nuestra profesión»
Y agregan «Nuestra lucha no se compara en absoluto con la lucha diaria que vienen llevando hace años las familias y personas con discapacidad. Nosotros los prestadores los acompañamos, los validamos y apoyamos en esta causa contra el recorte en prestaciones de discapacidad. Los prestadores somos solo un eslabón, de lo que ellos hacen para mejorar la calidad de vida de su familia, el cual debería estar ocupado en mejorar la calidad de tratamiento y no en bregar por percibir sus honorarios. ¿Conocen acaso algún trabajador que espere 60, 90 0 120 días para cobrar su sueldo?»
A todo lo expuesto, los prestadores de salud de la ciudad de Mar del Plata, familiares y personas con discapacidad dicen «NO AL RECORTE, BASTA DE VIOLENCIA BUROCRATICA y exigen:
Restitución inmediata de la cadena de pagos a los prestadores.
Participación activa de las paritarias que definen nuestros aranceles profesionales.
Incluir en el nomenclador de servicios de salud para personas con discapacidad a: técnicos superior en acompañamiento terapéutico (bajo resolución 1221/15), acompañantes terapéuticos (bajo resolución 1014/14), acompañantes terapéuticos empíricos, cuidadores, equinoterapia e hidroterapia.
Poder tener una voz activa en la toma de decisiones, que nos incluya tanto a prestadores, como a las familias y personas con discapacidad.
Habilitar un espacio de reclamo directo para prestadores, en el que se nos reciba, se nos escuche y se nos brinde solución.
Unificar y reducir las exigencias burocráticas a las que nos vemos expuestos prestadores, familias y personas con discapacidad para cualquier tipo de trámite o prestación.
Pago a mes vencido, directo al prestador, de Enero a Diciembre.
Nomenclador regulativo. NO orientativo.
Cumplimiento de la resolución 1511/12 – que los centros, obras sociales y prepagas paguen las prestaciones educativas y terapéuticas del mes de febrero, julio y diciembre en forma completa Mayor transparencia en el manejo de los fondos destinados a discapacidad.
Mayor compromiso por parte de la SSS, para realizar auditorías a obras sociales e intervención inmediata frente a reclamos por parte de prestadores, familia o persona con discapacidad.
Recibir debidamente información vía mail de los pagos realizados (obra social, numero de factura y periodo abonado).
Por último, rechazamos enfáticamente el proyecto de DNU circulante, ya que atenta sobre los derechos adquiridos por las personas con discapacidad a través de las leyes N° 24.901 y N° 26.378
Solicitamos respuesta y solución inmediata, basta de jugar con los derechos de los trabajadores y de las personas con discapacidad. Ya no somos invisibles.
Sin prestadores, no hay prestaciones, sin prestaciones no hay derechos. Acciones futuras: Asambleas activas, Movilizaciones, Retención de tarea y Reclamos activos en los organismos implicados.
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LA PESCA SE VA A PIQUE
Desde la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (AEPCyF) lanzaron una dura advertencia contra el Gobierno nacional y aseguran que la actividad atraviesa una crisis “terminal”, producto del aumento descontrolado del gasoil y la ausencia de medidas concretas para sostener al sector.
En el marco de una conferencia de prensa, la entidad encabezado por Sebastián Agliano denunció que la situación es límite y que la falta de reacción oficial está empujando a la flota a la paralización: “Están dejando morir a la pesca. Hoy salir a trabajar es fundirse”, afirmó.
El sector, clave para la economía regional y el abastecimiento alimentario del país, remarcó que la combinación de costos portuarios, presión fiscal y combustible en alza vuelve inviable cualquier operación. “El Estado mira para otro lado mientras se pone en riesgo la fuente de trabajo de unas tres mil personas”, expresó Agliano.
Uno de los indicadores más críticos es la pérdida total de rentabilidad: mientras en 2010 un kilo de corvina permitía comprar 1,44 litros de gasoil, hoy apenas alcanza para 0,69 litros, reflejando un deterioro estructural que —según advierten— ya no admite más dilaciones.
«En menos de tres meses sufrimos casi un 36 % de aumento del combustible. Hoy un litro de gasoil está en $2.400. Es el principal insumo que tenemos para poder producir”, aseguró Agliano, acompañado por referentes y trabajadores del sector.
Frente a este escenario, la AEPCyF exigió la declaración inmediata de la emergencia pesquera, junto con la eliminación de retenciones, la implementación de un gasoil productivo con precio diferencial y un esquema urgente de alivio fiscal: “No hay más margen. Si no hay respuestas ya, la flota se para”, advirtió.
A todo esto, Agliano reclamó al Consejo Federal Pesquero la conformación de una Mesa de Desarrollo Pesquero con participación de todos los actores del sector, y apuntó también a la Provincia de Buenos Aires y al Municipio por la falta de participación y la carga impositiva que agrava la crisis.
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Nación lanza plazo fijo UVA
El Banco Nación lanzó una versión renovada del plazo fijo UVA que permite cobrar intereses mensuales por encima de la inflación, marcando un giro en las opciones de ahorro tradicionales. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, ofrece una tasa adicional anual de hasta el 4,75% sobre la indexación por el índice de precios, eliminando la restricción de esperar al vencimiento para percibir la renta.
El anuncio destaca que esta herramienta democratiza el acceso a una renta similar a la de un alquiler inmobiliario, pero sin los costos de mantenimiento ni riesgos de capital. A diferencia del plazo fijo tradicional, que actualmente ofrece una TNA del 26% (aproximadamente un 2,1% mensual), el nuevo plazo fijo UVA garantiza cubrir la inflación más un interés extra que varía según el tiempo de permanencia.
La operatoria permite retirar los intereses cada treinta días, aunque el capital queda inmovilizado durante los primeros tres meses, con un plazo máximo de colocación de hasta dos años y medio.
La inversión mínima es de $1.500 y se puede gestionar a través de la aplicación BNA+, homebanking o de forma presencial en las sucursales del banco. Para el equipo oficial, este instrumento es clave para el sistema financiero, ya que permite al banco captar fondos a largo plazo y ampliar la oferta de créditos hipotecarios o prendarios.
Según los impulsores de la medida, el objetivo es que el ahorrista pueda proteger sus pesos de forma eficiente y exenta de impuestos, convirtiéndose en una alternativa competitiva frente a la compra de moneda extranjera o inmuebles.
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ESPIONAJE RUSO
El presidente Javier Milei sostuvo este viernes que el "espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia", en referencia a una campaña rusa en medios argentinos para desprestigiar a su gestión.
"Los 'periodistas' y 'medios' vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal", escribió en X.
Milei se refirio de esa forma a una investigación que se conoció en las últimas horas basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio que incluye al medio inglés openDemocracy.
La misma sotiene que una red rusa denominada "La Compañía" buscó influir en medios de Argentina para desacreditar al gobierno de La Libertad Avanza.
Según esos registros, entre junio y octubre de 2024 la red habría presupuestado US$283 mil para destinar a al menos 250 artículos críticos en más de 20 medios del país sobre Milei y la posición argentina respecto de Ucrania. Se documentaron firmas inexistentes y contenido fabricado.
El contenido consistía principalmente en malas noticias y comentarios críticos sobre la situación económica de Argentina, el costo social y humano de las medidas de austeridad fiscal que promovió la gestión Milei y el aumento de las tensiones diplomáticas con gobiernos de la región.
El Gobierno informó en 2025 que había detectado una presunta red de agentes rusos y FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) reportó los mecanismos de la desinformación rusa en nuestro país. (NA)
