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Reclamo inclusivo

5 de septiembre de 2022

Los profesionales de salud que brindan prestaciones para personas con discapacidad: Acompañantes terapéuticos, estimuladores visuales, maestros de apoyo, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicomotricistas, psicopedagogos, psicólogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales, transportistas y familiares de personas con discapacidad frente a la falta de pagos en el mes de Agosto, se autoconvocaron con el objetivo de abordar en conjunto la problemática vigente ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

«Por motivos que desconocemos y nos son ajenos, durante el mes de agosto las obras sociales no realizaron los pagos correspondientes a las prestaciones realizadas en el mes de mayo/junio (esto en aquellos casos más regulares). Las explicaciones que recibimos no hacen más que generar incertidumbre, respecto a qué es lo que hicieron con el dinero que corresponde a la cobertura de las prestaciones que realizamos en tiempo y forma» , señalan en un comunicado los Prestadores Unidos MDP, en el marco de una marcha por las calles de la ciudad

Y agregan: «Las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad, AFIP, el Ministerio de Salud/ Economía de la Nación y las obras sociales no hacen más que desligarse de responsabilidad, culpabilizándose entre sí por lo que nos está sucediendo. Mientras tanto, no solo no cobramos por nuestro trabajo, sino que somos víctimas de hostigamiento sufriendo   faltas de respeto  por parte de los funcionarios de dichos organismos, quienes además de lo redactado nos llaman mentirosos».

En medio de la protesta, los prestadores subrayan: «Pero reclamar el pago que debimos haber percibido en el mes de agosto no es lo único que nos reúne hoy a prestadores, padres, familiares y personas con discapacidad. Esto es solo la punta del iceberg. Nos reúne el decir BASTA. Basta del maltrato burocrático del que somos víctimas; basta a este sistema perverso que tiene a prestadores, familias y personas con discapacidad a su merced, esperando semanas, meses y años por una respuesta que a veces no llega, y otras veces llega y no es satisfactoria; basta de tener que presentar recursos de amparo para tener que obligar a la obra social a que reconozca los derechos que una persona con discapacidad adquirió por ley y por los cuales no debería rogar a través de una medida judicial ; basta de no tener voz ni voto en la toma de decisiones que determinan nuestra actividad laboral; basta de tomar decisiones sin que este colectivo sea parte».

M´´as adeñante los prestadores denuncian que «trabajamos en condiciones precarizadas, con demoras de 90 días o más en la recepción del pago, por los servicios brindados a nuestros pacientes. Y si, tiene razón el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, esto es histórico, pero histórico no significa que sea correcto, o que no se pueda mejorar. ¿O por el hecho de ser histórica la mora de los pagos, le parece correcto que algunas obras sociales deban honorarios de prestaciones del año 2020? ¿O quizás le parezca correcto que, por ser histórico, las familias y personas con discapacidad deban pasar por el maltrato burocrático  año tras año, cuando tienen que renovar una prestación? Recabar cientos de papeles, ir varias veces a la obra social, que se  pierdan papeles, entre tantas otras cosas que podríamos mencionar.  Nosotros, los prestadores, familias y personas con discapacidad que lidiamos con esto en el día a día, le decimos que por más histórico que sea, no nos parece correcto. Y estamos aquí visibilizándolo para que toda la sociedad lo sepa».

Tambien agregan «Las condiciones precarizadas históricas,  la falta de pagos y la falta de comunicación de los organismos oficiales  ponen en riesgo los derechos de las personas con discapacidad,  atentando con sus tratamientos, su calidad de vida y bienestar emocional.»

«Nos tratan – prosiguen- de prescindibles, ofreciéndole a las familias cuando reclaman por nuestros honorarios, otros profesionales que se puedan hacer cargo de la prestación, sin importarles el vínculo establecido, la formación específica que tenemos como profesionales y el amor y pasión que le ponemos diariamente a nuestra profesión»

Y agregan «Nuestra lucha no se compara en absoluto con la lucha diaria que vienen llevando hace años las familias y personas con discapacidad. Nosotros los prestadores los acompañamos, los validamos y apoyamos en esta causa contra el recorte en prestaciones de discapacidad. Los prestadores somos solo un eslabón, de lo que ellos hacen para mejorar la calidad de vida de su familia, el cual  debería estar ocupado en mejorar la calidad de tratamiento y no en bregar por  percibir sus honorarios. ¿Conocen acaso algún trabajador que espere 60, 90 0 120 días para cobrar su sueldo?»

A todo lo expuesto, los prestadores de salud de la ciudad de Mar del Plata, familiares y personas con discapacidad dicen «NO AL RECORTE, BASTA DE VIOLENCIA BUROCRATICA y exigen:

Restitución inmediata de la cadena de pagos a los prestadores.

Participación activa de las paritarias que definen nuestros aranceles profesionales.

Incluir en el nomenclador de servicios de salud para personas con discapacidad a: técnicos superior en acompañamiento terapéutico (bajo resolución 1221/15), acompañantes terapéuticos (bajo resolución 1014/14), acompañantes terapéuticos empíricos, cuidadores, equinoterapia e hidroterapia.

Poder tener una voz activa en la toma de decisiones, que nos incluya  tanto a prestadores, como a las  familias y personas con discapacidad.

Habilitar un espacio de reclamo directo para prestadores, en el que se nos reciba, se nos escuche y se nos brinde solución.

Unificar y reducir las exigencias burocráticas a las que nos vemos expuestos prestadores, familias y personas con discapacidad para cualquier tipo de trámite o prestación.

Pago a mes vencido, directo al prestador, de Enero a Diciembre.

Nomenclador regulativo. NO orientativo.

Cumplimiento de la resolución 1511/12 – que los centros, obras sociales y prepagas paguen las prestaciones educativas y terapéuticas del mes de febrero, julio y diciembre en forma completa Mayor transparencia en el manejo de los fondos destinados a discapacidad.

Mayor compromiso por parte de la SSS, para realizar  auditorías a obras sociales e intervención inmediata frente a reclamos por parte de prestadores, familia o persona con discapacidad.

Recibir debidamente información vía mail de los pagos realizados (obra social, numero de factura y periodo abonado).

Por último, rechazamos enfáticamente el proyecto de DNU circulante, ya que atenta sobre los derechos adquiridos por las personas con discapacidad a través de las leyes N° 24.901 y N° 26.378

Solicitamos respuesta  y solución inmediata, basta de jugar con los derechos de los trabajadores y de las personas con discapacidad. Ya no somos invisibles.

Sin prestadores, no hay prestaciones, sin prestaciones no hay derechos.  Acciones futuras: Asambleas activas, Movilizaciones, Retención de tarea y Reclamos activos en los organismos implicados.

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Mensaje de fin de año del Presidente en la Fundación Faro

https://twitter.com/OPRArgentina/status/2000742495672479788
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El dólar irá atado a la inflación

El Banco Central anunció este lunes que las bandas de flotación del dólar comenzarán a actualizarse en función de la inflación a partir de enero próximo. El nuevo esquema entrará en vigencia el 1 de enero de 2026 y establece que “el techo y el piso de la flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual por Indec”.

A través de un comunicado, la entidad que preside Santiago Bausili informó el inicio de una nueva etapa del programa monetario, cuyo objetivo es “alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional”. Además, el Banco Central remarcó la importancia de la acumulación de reservas y se comprometió a avanzar con “un programa de acumulación consistente”.

Más tarde, durante una conferencia de prensa, Bausili aseguró que su gestión fue la que más divisas adquirió. “Compramos más dólares que ninguna otra administración”, afirmó desde la sede del organismo, en Reconquista 266, acompañado por el director del BCRA, Federico Furiase. No obstante, explicó que ese volumen se fue reduciendo como consecuencia del pago de vencimientos realizados durante su mandato, lo que impactó en el nivel de reservas. “Que el BCRA acumule reservas no implica que el sesgo del tipo de cambio sea hacia arriba. Esto se hace en respuesta a un aumento de la demanda de dinero”, precisó.

Consultado sobre el nuevo sistema de bandas de flotación, sostuvo que se trata del “mejor régimen” posible para el actual contexto económico del país. En ese sentido, detalló el mecanismo de actualización: “Que se ajuste con inflación no quiere decir que va a ser mayor o menor porque depende la inflación. Se le está dando un grado de flexibilidad a las bandas”.

En el anuncio oficial, el BCRA precisó que tanto el techo como el piso de la banda cambiaria se actualizarán de manera mensual según el último dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. “Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo”. A su vez, remarcó que el esquema de flotación “seguirá cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio”.

Finalmente, la autoridad monetaria señaló que “a partir del 1 de enero de 2026, el Banco Central iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios”. En ese marco, anticipó que la base monetaria pasaría del 4,2% actual al 4,8% del Producto Bruto Interno hacia diciembre del próximo año, lo que permitiría adquirir alrededor de US$ 10.000 millones, cifra que podría ampliarse hasta US$ 17.000 millones “sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización” si la demanda de dinero aumentara en un punto del PBI. Fuente: Agencia DIB

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El Gobierno decretó asueto para estatales el 24 y 31 de diciembre

El Gobierno nacional decretó el asueto administrativo para trabajadores estatales, los días 24 y 31 de diciembre. La medida quedó formalizada a través del Decreto 883/2025, firmado por el propio presidente Javier Milei, en la antesala de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En ese marco, la disposición oficial alcanza a todo el personal estatal nacional, que no deberá cumplir funciones durante ambas jornadas e instruyó a los distintos organismos a garantizar la continuidad de los servicios esenciales, pese al asueto generalizado.

Desde el Ejecutivo justificaron la decisión en el carácter social y familiar de las celebraciones. Según el decreto, los días 24 y 31, “se encuentran habitualmente destinados a la realización de los preparativos” y a los desplazamientos necesarios para posibilitar el encuentro familiar.

En tanto, la definición presidencial también se apoyó en la Ley 27.399, que establece como feriados nacionales inamovibles al 25 de diciembre y al 1° de enero. En ese marco, el Gobierno consideró oportuno facilitar la organización y el descanso en las vísperas de ambas fechas, sin que la medida implique erogaciones adicionales para el Estado nacional.

Por otro lado, la norma sostuvo que el asueto tendrá un impacto positivo en el turismo interno, al favorecer los desplazamientos dentro del país y el aprovechamiento de los días no laborables. Además, el texto oficial aclaró que la medida no afectará el normal funcionamiento de las instituciones bancarias ni de las entidades financieras, que deberán operar con normalidad.

Vale precisar que la decisión oficial se conoció en un contexto de creciente tensión entre la administración nacional y los gremios estatales. En concreto, el conflicto involucra a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que el 9 de diciembre pasado, llevó adelante un paro nacional contra la reforma laboral que impulsa el oficialismo.

En el gremio que conduce Rodolfo Aguiar advirtieron que el Ejecutivo nacional analiza una nueva ola de despidos en el sector público. Según ATE, el Gobierno proyecta un recorte del 10% de la planta estatal a partir del 31 de diciembre, un escenario que mantiene en alerta a los trabajadores.

Finalmente, el gremio ya anunció un nuevo paro para el miércoles de esta semana, en sintonía con la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Aunque la protesta se centra en el rechazo a la reforma laboral, el trasfondo del reclamo también incluye el ajuste sobre el empleo público, lo que anticipa un cierre de año cargado de tensiones.

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