La actividad inmobiliaria y de la construcción cayó 9,4% interanual en el segundo trimestre de 2026 en 66 municipios bonaerenses, en un retroceso impulsado principalmente por la reducción de las operaciones inmobiliarias. En ese panorama, La Plata sufrió la mayor caída en las operaciones inmobiliarias entre las cinco ciudades con más movimiento del sector.

Según un informe del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 51 distritos registraron resultados negativos, mientras que las escrituraciones y las hipotecas disminuyeron 20,1% en comparación con el mismo período del año pasado.

Entre los distritos del interior con caída figuran Olavarría, Salliqueló, Las Flores, Junín, Carlos Casares, Bahía Blanca, Villarino, Chascomús, Mercedes, General Pueyrredón, Azul, Trenque Lauquen, Pergamino, Bragado, Necochea y Balcarce. En el conurbano, en tanto, hay marcadas caídas en La Plata, Ensenada, Avellaneda, General San Martín, Merlo, Tigre y Florencio Varela.

En cambio, los quince que arrojaron datos positivos fueron Roque Pérez, Lobería, Baradero, Presidente Perón, Esteban Echeverría, General Villegas, Ramallo, Malvinas Argentinas, General Belgrano, General Rodríguez, Moreno, Escobar, San Isidro, Pellegrini y La Matanza.

El relevamiento indicó que el indicador” LAB REAL Municipios” (actividad inmobiliaria + construcción) registró su segundo trimestre consecutivo en baja. La contracción se produjo después de ocho trimestres seguidos de crecimiento de la actividad inmobiliaria, que volvió a mostrar una variación negativa.

En concreto, 59 de los 66 municipios relevados registraron menos operaciones inmobiliarias que en el segundo trimestre de 2025. Pese a la caída reciente, el nivel de esa actividad todavía se ubica 44,3% por encima del registrado en el segundo trimestre de 2023.

La construcción, en niveles bajos
A diferencia de lo ocurrido con las operaciones inmobiliarias, la actividad de la construcción se mantuvo prácticamente sin cambios, con una variación interanual positiva de apenas 0,2%. El dato representó una mejora frente a la caída de 4% registrada en el trimestre anterior, aunque el sector continúa en niveles bajos.

De acuerdo con el informe, la actividad de la construcción permanece 16,3% por debajo del segundo trimestre de 2023. Además, 32 de los 66 municipios relevados registraron un crecimiento de la superficie autorizada para construir.

El indicador de la UNLP combina la evolución de las operaciones inmobiliarias con la superficie autorizada para construir y el empleo en el sector. Para su cálculo, el componente inmobiliario representa el 30% del resultado general, mientras que la construcción concentra el 70%.

En la comparación con el segundo trimestre de 2023, el indicador general se mantiene 1,6% por encima de aquel nivel, aunque el resultado del último período muestra una nueva retracción de la actividad.

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, impulsó un amparo colectivo ante la Justicia Federal. Y la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon presentó una acción similar en Mar del Plata.

El Gobierno nacional promulgó la ley que modifica el régimen de Zona Fría y, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, dos distritos bonaerenses recurrieron a la Justicia para intentar frenar la quita de los descuentos en las facturas de gas. Por un lado, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, impulsó un amparo colectivo ante la Justicia Federal; por otro, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon presentó una acción similar en Mar del Plata.

Tal como informó la agencia DIB, la Ley 27.828 quedó formalizada mediante el decreto 1161/2026, publicado este martes. La reforma establece nuevas condiciones para acceder a la bonificación por Zona Fría y limita el beneficio automático que se había extendido en 2021 a distintas localidades del país. La normativa tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

Los cambios alcanzan a unos 3,35 millones de hogares en el país, de los cuales 1,24 millones se encuentran en 94 municipios bonaerenses. La modificación implica que residir en una localidad incorporada al régimen ampliado ya no será suficiente para conservar el descuento: los usuarios deberán cumplir los requisitos establecidos en el esquema de subsidios focalizados.

En Mar del Plata, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, a cargo de Marcelo Lacedonia, presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal para frenar la aplicación de los nuevos requisitos. El reclamo está dirigido contra el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía de la Nación, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) y Camuzzi Gas Pampeana

La Defensoría solicitó que se mantengan las condiciones tarifarias vigentes para la región y que se suspenda la aplicación de los filtros del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados. También pidió que no se homologuen nuevos cuadros tarifarios sin audiencias públicas y que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.828. Entre sus argumentos, cuestionó que los usuarios de la región deban cumplir requisitos patrimoniales para conservar el descuento mientras que en otras zonas el beneficio se mantiene automáticamente.

En Bahía Blanca, Susbielles presentó el amparo junto con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) y el Club Estrella. La acción busca mantener los descuentos y suspender los cobros y eventuales cortes vinculados con la quita mientras se resuelve el planteo judicial. El escrito cuestiona que la ciudad quede excluida del régimen pese a sostener que sus condiciones climáticas justifican la continuidad del beneficio.

La presentación también plantea una posible vulneración de los principios de igualdad, no discriminación, razonabilidad y proporcionalidad. Según informó La Nueva, el reclamo incorpora estudios climáticos y un relevamiento de 44 facturas de gas de la ciudad. De acuerdo con ese análisis, al retirar el concepto de subsidio por Zona Fría, el monto total de las facturas relevadas pasaría de $ 4,67 millones a $ 6,61 millones, un incremento estimado del 41,5% con el mismo consumo.

Ahora, la Justicia Federal deberá analizar ambas presentaciones y resolver si corresponde adoptar medidas para suspender los efectos de la reforma.

La entidad remitió notas a los distritos en los que el Mapa de Arsénico del ITBA registra concentraciones elevadas y solicitó información sobre controles, resultados y medidas adoptadas para garantizar el acceso a agua segura.

El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires inició una acción institucional ante la presencia de concentraciones elevadas de arsénico registradas en distintos puntos del territorio bonaerense. En concreto, se remitieron notas a los municipios en los que el Mapa de Arsénico desarrollado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) identificó valores elevados, con el objetivo de conocer qué controles se realizan sobre las fuentes destinadas al consumo humano y qué medidas se están implementando frente a esta problemática.

Según se informó en un comunicado, la institución solicitó datos sobre la periodicidad y alcance de los monitoreos, los resultados de los últimos análisis de arsénico, la identificación de las fuentes que presentan concentraciones elevadas y las medidas preventivas, correctivas o de tratamiento adoptadas o previstas. Asimismo, se pidió conocer si existen programas específicos de vigilancia y seguimiento y qué recomendaciones se han brindado a la población.

La preocupación se fundamenta en los resultados difundidos por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), cuyo mapa reúne análisis realizados en distintos puntos del país. En la actualización correspondiente a 2025, entre los registros bonaerenses ubicados en el nivel de mayor concentración, aparecen 9 de Julio, con valores de entre 72 y 165 µg/L; Guaminí, con 295 µg/L; San Vicente, con 163 µg/L; Monte, con 146 µg/L; Partido de la Costa, con 147 µg/L; Mercedes, con 105 µg/L; y Chivilcoy, con registros de hasta 94 µg/L. También se informaron valores elevados en municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires, como Vicente López (117 µg/L), Ezeiza (96 µg/L), Almirante Brown (56 µg/L) y General Rodríguez (67 µg/L). Vale aclarar, estos valores corresponden a puntos o muestras relevadas y no deben extrapolarse automáticamente a la totalidad del territorio municipal o a toda la red de abastecimiento.

Para dimensionar la relevancia de estos registros, se menciona que el Código Alimentario Argentino establece como valor máximo general para el arsénico en el agua potable 0,01 mg/L, equivalente a 10 µg/L. La normativa contempla, bajo determinadas condiciones y para regiones con suelos de alto contenido de arsénico, la posibilidad de admitir excepcionalmente valores de hasta 0,05 mg/L (50 µg/L). Por su parte, la Organización Mundial de la Salud establece 10 µg/L como valor guía provisional para el arsénico en el agua de consumo.

El propio ITBA advirtió sobre la relevancia sanitaria de la presencia de arsénico en el agua y señala que el mapa constituye una herramienta para visualizar su distribución a partir de muestras analizadas. La institución también destacó que la problemática afecta particularmente a distintas regiones de la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, para el Consejo Profesional de Química, estos registros constituyen una señal que requiere seguimiento, verificación y respuesta por parte de las autoridades competentes:  “La presencia natural de arsénico en determinadas fuentes de agua es una problemática conocida y extendida, pero ello no puede traducirse en la ausencia de controles ni en la falta de información para las comunidades potencialmente expuestas. El acceso a agua segura requiere monitoreos sistemáticos, información pública y medidas concretas cuando los análisis detectan concentraciones que pueden representar un riesgo”, señalaron.

Bragado: un antecedente judicial

La problemática adquiere una dimensión particularmente significativa a partir del caso de Bragado, donde durante años se denunciaron niveles elevados de arsénico en el agua de red. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el fallo que obliga a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) a realizar las obras necesarias para garantizar la calidad y potabilidad del agua de red en esa ciudad.

Al respecto, desde el CPQ expresaron que “el antecedente de Bragado demuestra que la calidad del agua destinada al consumo humano no constituye solamente una cuestión ambiental o sanitaria, sino también una obligación concreta de los responsables del servicio y de las autoridades públicas”.

Finalmente, desde el Consejo Profesional de Química se consideró indispensable “que esta problemática sea abordada mediante la articulación entre los municipios, los organismos provinciales, las empresas prestadoras de los servicios de agua, las instituciones científicas y los profesionales especializados”. En este sentido, vale destacar que, a través de las comunicaciones establecidas,  el CPQ puso a disposición de las autoridades municipales su capacidad técnica e institucional para contribuir al análisis de la situación, la prevención de riesgos y la generación de acciones destinadas a garantizar el acceso de la población a agua segura.

ACLARACION NECESARIA

Lucila Arndt, se comunicó vía mail desde el área de Prensa de la Municipalidad de Vicente López, con motivo de la siguiente nota: https://diarioelatlantico.com.ar/2026/10/12/arsenico-en-el-agua-solicitan-informes-a-municipios/ 

En la misma aclara textualmente que "consutada la gente del ITBA y viendo el mapa del arsenico (mapa-de-arsenico.web.app) corroboramos que la información sobre Vicente López es incorrecta y contamos con niveles dentro de lo recomendado .Necesitamos que modifiquen la nota de forma acorde. Gracias y aguardamos respuesta.Saludos cordiales, Lucila