Provincia
Una jueza suspendió por 60 días la nueva ley de régimen penal juvenil
7 de septiembre de 2026
El Juzgado de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora suspendió la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Se trata de la normativa que establece un sistema específico para adolescentes de entre 14 años y el momento previo a cumplir los 18 que sean imputados por delitos.
En su fallo, la jueza resolvió suspender preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801, que amplía el universo de adolescentes alcanzados por el sistema de responsabilidad penal, al considerar que el actual sistema bonaerense de privación de la libertad no cuenta con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para afrontar el eventual incremento de detenidos.
La medida fue dictada en el marco de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, con el patrocinio de la abogada Patricia Liguori, en favor de los adolescentes privados de su libertad en territorio bonaerense.
En su resolución, la magistrada Marta Elba Pascual advirtió que la entrada en vigencia del nuevo régimen puede generar un aumento considerable de la cantidad de adolescentes privados de la libertad, tanto por mayores ingresos al sistema como por una mayor permanencia de quienes ya se encuentran detenidos.
El fallo señala que la nueva normativa incorpora al sistema penal a los adolescentes de 14 y 15 años, excluye determinados delitos que hasta ahora no resultaban punibles y establece la aplicación plena de la escala penal prevista en el Código Penal. Para la jueza, estos cambios tendrán un impacto progresivo sobre la cantidad de personas privadas de la libertad, aunque también podrían producir efectos inmediatos debido a las modificaciones en los parámetros para las detenciones y prisiones preventivas.
Uno de los principales argumentos utilizados para disponer la suspensión es que no resulta necesario esperar a que se produzca una vulneración efectiva de derechos fundamentales para que intervenga la Justicia. La magistrada sostuvo que, tratándose de niños y adolescentes, rige un principio precautorio que obliga al Estado a prevenir razonablemente situaciones de vulneración grave.
En ese sentido, planteó que el Poder Judicial no puede esperar a que se produzcan violaciones de derechos cuando existen elementos que permiten presumir que podrían ocurrir como consecuencia de la aplicación de la nueva legislación sin que previamente se hayan generado las condiciones necesarias.
La resolución pone especial énfasis en la situación actual de los dispositivos de privación de libertad de la Provincia. La jueza recordó que el expediente quedó radicado en su juzgado por su vinculación con otro habeas corpus colectivo referido al Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora.
En ese marco, explicó que luego de realizar constataciones en el lugar había dispuesto limitar a 60 adolescentes la cantidad de personas que podían ser alojadas allí, debido a que las condiciones de alojamiento no cumplían con los estándares mínimos.
Si bien el fallo reconoce que durante los últimos años se produjeron avances en cuestiones como infraestructura, alimentación y provisión de agua potable, sostiene que todavía no se alcanzó un piso mínimo que permita garantizar que las condiciones de detención no comprometan la responsabilidad internacional del Estado argentino.
“Hacinamiento” y más violencia
Uno de los pasajes más contundentes del fallo aparece cuando la magistrada advierte sobre las consecuencias que puede generar un incremento de la población adolescente privada de la libertad sin una infraestructura adecuada.
“No respetar las condiciones mínimas de los derechos de los adolescentes detenidos tiene consecuencias futuras no deseadas para la propia sociedad”, sostuvo, y agregó: “Hacinar ‘menores’, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia”.
La jueza también cuestionó la idea de que una mayor severidad en las condiciones de encierro necesariamente contribuya a la pacificación social. Por el contrario, sostuvo que las condiciones en las que permanecen detenidos los adolescentes pueden determinar los niveles de violencia con los que regresen a la sociedad una vez cumplida la medida o condena.
En ese sentido, remarcó que su responsabilidad como integrante del sistema penal juvenil no se limita a garantizar los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también a preservar los intereses de la comunidad a la que esos jóvenes deberán regresar.
Además de suspender por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en la Provincia, la jueza convocó a una audiencia multipropósito para el 16 de septiembre a las 10, en la sala de juicios orales del tribunal.
El objetivo será que los responsables de las principales áreas del Poder Ejecutivo bonaerense con injerencia en la materia informen qué medidas fueron adoptadas para implementar la nueva ley, cuáles se encuentran previstas o planificadas y cuáles son los plazos establecidos para llevarlas adelante.
Provincia
Justicia habilitó los aumentos de las tarifas de luz
Las tarifas de luz en laprovincia de Buenos Airesquedaron nuevamente habilitadas para las cuatro distribuidoras luego de que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata aceptara el pedido de la administración de Axel Kicillof. El tribunal concedió efecto suspensivo al recurso provincial contra la cautelar que había frenado los incrementos.
La resolución, firmada el 15 de octubre, permite aplicar los valores previstos en la Resolución 682/2026 para los clientes de EDELAP, EDEN, EDEA y EDES. Así, deja en pausa la orden judicial que había restablecido provisoriamente el esquema tarifario anterior para los componentes provinciales de las facturas.
El fallo no zanja el debate sobre la validez de las subas ni constituye una decisión definitiva sobre el expediente. La Cámara deberá analizar los argumentos de fondo en otra instancia; por ahora, estableció que la apelación de la Provincia avance con efecto suspensivo, mientras sigue el trámite judicial.
La causa se originó a partir de una demanda del Defensor del Pueblo bonaerense contra el gobierno provincial y las cuatro empresas distribuidoras. El 18 de septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca había suspendido los efectos de la Resolución 585/2026 y ordenado volver al cuadro previo.
El reclamo objetó que las actualizaciones se aplicaran sin una audiencia pública anterior ni otra instancia equivalente de consulta a los usuarios. En su análisis, el juzgado tomó en cuenta que la última audiencia asociada a una revisión integral de las tarifas se había realizado en diciembre de 2016.
La Fiscalía de Estado apeló y solicitó que el recurso frenara la aplicación de la cautelar, pero el juzgado rechazó ese planteo inicialmente. La Provincia llevó entonces la discusión ante la Cámara marplatense. Para fundamentar su pedido, advirtió que sostener los valores anteriores podía complicar la cobertura de los costos actuales y la continuidad del servicio.
El gobierno también sostuvo que separar en las boletas los componentes nacionales y provinciales podía resultar complejo. Como respaldo, presentó informes del Ministerio de Infraestructura y del Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense, que señalaron dificultades para facturar y supervisar la combinación de distintos cuadros tarifarios.
Al revisar la presentación, la Cámara entendió que los elementos aportados permitían considerar, de manera preliminar, que podía estar comprometido el interés público. Por eso aceptó la queja y concedió efecto suspensivo a la apelación. La disputa sigue abierta y la Fiscalía indicó que la audiencia por la Revisión Tarifaria Integral estaba prevista para mediados de diciembre de 2026. diD
Provincia
Las pistolas Taser podrían ser utilizadas muy pronto en la Policía
Una propuesta histórica del massismo dio un importante paso adelante: la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios que preside el diputado Carlos Puglelli (Frente Renovador) aprobó el dictamen para el uso de pistolas Taser (o similares) en el ámbito de la Policía Bonaerense.
El proyecto busca actualizar las herramientas de intervención policial mediante la incorporación de armas menos letales, con capacitación profesional, reglas claras de utilización y mecanismos de control. Al respecto, propone modificar la Ley 13.482, y entre sus principales disposiciones, contempla la utilización de dispositivos electrónicos conductores de energía por proyectil, como las pistolas Taser, y prohíbe expresamente los dispositivos eléctricos de contacto directo cuya finalidad o efecto principal sea provocar dolor mediante descargas eléctricas.
La exposición del diputado Carlos Puglelli.
El personal policial deberá contar con capacitación específica, obligatoria, acreditada y continua, que incluirá el manejo técnico de los dispositivos, sus efectos y riesgos, los protocolos de actuación, las técnicas de desescalada, los principios de uso gradual de la fuerza y nociones de primeros auxilios.
Asimismo, fija principios de legalidad, necesidad, razonabilidad, progresividad y proporcionalidad. El uso de estas armas quedará limitado a situaciones en las que los medios no violentos resulten ineficaces o insuficientes y exista un peligro inminente para la integridad física del personal policial, de terceras personas o de la propia persona involucrada.
La iniciativa del Frente Renovador contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad, Nuevos Aires y el diputado Juan José Esper, reflejando el acompañamiento de representantes de distintos sectores a una propuesta vinculada con la actualización del marco normativo de la seguridad bonaerense.
Provincia
Intendentes podrán usar fondos del Inmobiliario Rural para obras hídricas
La Cámara de Diputados provincial convirtió ayer en ley el proyecto del senador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, que habilita por seis meses a los 135 municipios bonaerenses a reasignar los fondos coparticipados del Impuesto Inmobiliario Rural hacia obras hídricas ante la inminente llegada de El Niño, que podría generar crecidas de los ríos y anegamientos en diferentes regiones.
La norma permite que los intendentes puedan disponer de hasta el 100% de los fondos que se utilizan para el mantenimiento de los caminos rurales para obras que permitan mitigar los efectos del fenómeno climático asociado al calentamiento anormal del océano Pacífico ecuatorial, que puede provocar lluvias intensas e inundaciones en nuestro país.
La iniciativa de Vargas, acompañada por su compañera de bancada Silvana Ventura, busca dotar de mayor poder de acción a los intendentes bonaerenses para ejecutar obras críticas de drenaje pluvial, dragado de canales, reparación de alcantarillas y adquisición de equipamiento hídrico.
Durante la sesión en la Legislatura, el diputado peronista y exintendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, destacó la iniciativa y recordó que el gobierno nacional de Javier Milei no giró a los municipios el dinero correspondiente al Fondo Hídrico.
“Habría que exigirle a Nación que se aplique el Fondo Hídrico a la totalidad de proyectos que cada intendente sabe que debe afrontar en este período. No deberíamos tratar este proyecto hoy, pero lo tenemos que votar porque tenemos a El Niño por delante”, remarcó Acerbo.
Vargas advirtió que “condenar a los municipios a la rigidez burocrática de solo poder perfilar caminos de tierra cuando la red de canales se desborda, es gobernar de espaldas a la cruda realidad de nuestros productores. Si no flexibilizamos con urgencia el uso de estos recursos, nuestra red vial rural desaparecerá bajo el agua”, alertó.
No obstante, el legislador aclaró que la reasignación de los recursos constituye una “facultad” y no una obligación para los distritos, por lo que cada representante local podrá decidir si utiliza los fondos para atender la emergencia o mantiene su destino original para los caminos rurales, muchos de los cuales sufrieron severos daños a raíz de las vicisitudes climáticas de los últimos meses.
Vargas afirmó: “Sabemos cuáles son las consecuencias para los vecinos cuando el Estado llega tarde o se olvida con este tipo de fenómenos climatológicos, lo vivimos en Bahía Blanca con la tormenta, por eso, con este proyecto lo que buscamos es desatarle las manos a los intendentes, que conocen las necesidades de sus vecinos”.
