El 47,7 % de los hogares argentinos no llega a fin de mes y debe recurrir a ahorros o deudas para subsistir, de acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG).

Ante la necesidad de mayores fondos para afrontar los gastos diarios, el 36,1 % de los hogares recurrió a los ahorros para llegar a fin de mes. Este registro representa el valor más alto de los últimos 10 años, con la única excepción del 2024.

De esta manera, 3.690.760 hogares, donde habitan unas 11,1 millones de personas, debieron recurrir a sus ahorros de manera forzada en el primer trimestre del año, lo que implica una suba del 18,1 % en comparación con el primer trimestre de 2023 y un 0,84 % frente a principios de 2025.

El reporte expuso que el endeudamiento se consolidó como la estrategia más requerida por los argentinos, afectando ya a 2,5 millones de hogares que toman deudas solo para subsistir el día a día, y lo catalogó en tres modalidades.

El informe habla de deuda informal, que afecta de manera exclusiva a 1.051.890 hogares, mientras que si se contempla el porcentaje total de hogares que recurrieron a conocidos (incluyendo a quienes se endeudaron con bancos) la cifra alcanza al 16,2 % (1.655.833 familias). Este indicador informal creció un 17,3 % frente al primer trimestre de 2023.

Otra es con entidades financieras, que afecta exclusivamente a 901.860 hogares, elevándose al 14,8 % de las familias (1.505.803 hogares) al analizar el total general de endeudamiento bancario. Este endeudamiento tuvo un alza del 55,9 % respecto a 2023 y de un 15,6 % frente al mismo período de 2025.

Por último, el informe habla de doble endeudamiento, correspondiente a un total de 603.943 hogares que debieron endeudarse de ambas maneras simultáneamente para cubrir sus gastos. Esta situación de vulnerabilidad extrema se disparó un 117,9 % frente al primer trimestre de 2023, sumando 326.810 nuevos hogares a esta condición en tres años.

Cómo llegar a fin de mes
También se destaca que el 9,8 % de los hogares, es decir 999.291 familias, tuvo que vender pertenencias para poder llegar a fin de mes. Aunque es la estrategia menos utilizada en términos globales, es la segunda que más creció, registrando un aumento del 35,4 % con respecto a principios de 2023. Esto representa un incremento de 261 mil hogares desprendiéndose de sus bienes en los últimos dos años.

En el caso de los adultos mayores y jubilados, el reporte remarcó que es uno de los grupos donde más avanza el problema debido a la caída del 30 % en las jubilaciones mínimas desde el cambio de gestión y al aumento de prepagas y medicamentos.

Esto provocó que el 41 % de los hogares con jefatura de 66 años o más deba aplicar estrategias de ingresos, lo que implica un aumento de 7,1 p.p. contra 2023, forzando a muchos de ellos a retornar al mercado laboral.

Entre los hogares de ingresos medios, el 51,9 % no logra cubrir sus cuentas mensuales con sus sueldos. Para este sector, la principal salida es quemar ahorros (40,3 %) y endeudarse con bancos (18,8 %, el nivel más alto de todos los deciles). En contraste, en los sectores de bajos ingresos predomina el endeudamiento informal con conocidos (20,4 %).

Al trazar el diagnóstico de este escenario, desde el IAG señalaron que el motivo principal es la pérdida del poder adquisitivo. Precisaron que el salario real del sector privado registrado perdió en el primer trimestre un 5,4 % de su poder de compra frente a 2023, el sector público provincial retrocedió un 14,8 %, y los trabajadores del sector público nacional sufrieron un derrumbe del 38,2 %.

Los gremios docentes nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocaron a un paro nacional de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto, en reclamo por la falta de financiamiento para las casas de estudio y la situación salarial del sector. 

La medida se da en medio de una creciente disputa judicial y política por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial y cuya implementación continúa siendo motivo de controversia.

El conflicto responde a que las casas de estudio no perciben las transferencias presupuestarias previstas por la legislación ratificada por el Poder Legislativo, a pesar de la existencia de fallos judiciales que ordenan el cumplimiento de la norma. 

Esta falta de envío de fondos impacta de manera directa tanto en los gastos de funcionamiento diario de las instituciones públicas como en las partidas destinadas a los sueldos del personal académico y los programas de becas estudiantiles.

En materia de ingresos, la conducción sindical denuncia que las actualizaciones salariales otorgadas durante los últimos meses se fijaron de forma unilateral, sin la reapertura de una paritaria formal, y quedaron marcadamente por debajo de la inflación acumulada. 

Las estimaciones de las entidades gremiales señalan que los trabajadores del sector sufrieron una pérdida cercana a un tercio de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, por lo que requerirían un incremento superior al 50% sobre los haberes actuales para equiparar el nivel de compra de ese período. El retraso afecta especialmente a las dedicaciones simples y semi-exclusivas, al tiempo que complica a los cargos de dedicación exclusiva.

A su vez, las autoridades y representantes del sistema universitario advierten sobre la migración de docentes e investigadores altamente calificados con títulos de posgrado. La brecha de ingresos con el sector privado y con instituciones del exterior genera un drenaje de recursos humanos que afecta la calidad educativa y la producción científica y tecnológica nacional. 

En este escenario, la medida de fuerza coincide con un contexto de dilación en la aplicación efectiva de la ley, por lo que las organizaciones sindicales no descartan profundizar el plan de lucha si no obtienen respuestas concretas por parte del Poder Ejecutivo. (NA)

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa(CAME) sostuvo que el endeudamiento de las familias no responde a gastos de lujo, sino a la "caída del poder adquisitivo que obliga a financiar productos básicos como alimentos y remedio".

En ese sentido, desde la entidad se describió un escenario de recesión generalizada que afecta a todo el territorio nacional, donde el estancamiento del mercado interno y la falta de incentivos estatales impiden que la actividad económica repunte.

Además, se indicó que la supuesta reactivación "no llega a la economía real", advirtiendo que "los altos costos logísticos y la presión tributaria están asfixiando a las pequeñas empresas, provocando el cierre de comercios y la pérdida de puestos de trabajo genuinos".

Por otra parte, desestimó que el comercio electrónico pueda compensar el desplome de las ventas físicas, reafirmando que la crisis del consumo "es un fenómeno estructural que atraviesa a todos los sectores productivos de la Argentina".

Salvador Femenía, vocero de la CAME, señaló que el proceso deviene desde el año pasado: "Tengamos en cuenta que hubo un rebote de la economía entre fines del 2024 y los primeros meses del 2025 y mucha gente utilizó la tarjeta. El crédito es una gran herramienta para impulsar el consumo, pero después de ahí se vino un proceso que tuvo que ver con suba de tasas y con límite a las paritarias".

En esa misma línea, remarcó que el problema se concentró en la pérdida de ingresos, ya que "eso produjo un atraso de los sueldos. Creo que el origen está ahí. Cuesta mucho llegar a fin de mes, el sueldo evidentemente no alcanza. Hay una restricción de ingresos en la clase media trabajadora y esto se nota porque no hay consumo".

Asimismo, rechazó la idea de que los préstamos y las financiaciones se destinen a consumos suntuarios o artefactos para el entretenimiento, al asegurar que "vemos que apenas se mantienen los que tienen que ver con lo básico, pongamos para nombrar dos, alimentos y bebidas y farmacia, y al resto realmente le cuesta mucho mantenerse, con lo cual la causa no va por ahí, va por lo básico".

A su vez, puntualizó sobre la dinámica de compra cotidiana: "Lo habíamos verificado ya en los últimos meses o el último año del gobierno anterior, ya se estaba comprando insumos básicos, alimentos y bebidas en cuotas. O sea, que veníamos de un proceso mucho más largo que este ajuste actual".

En relación al estado del sector productivo y comercial, el vocero pyme advirtió sobre las complicaciones operativas y las deudas impositivas: "Muchas de las industrias pymes trabajan para el mercado interno. El mercado interno no tracciona al minorista y el minorista no tracciona a la demanda. Se estiran los plazos de cobro y eso va originando realmente dificultades en el manejo financiero, no solamente con deudas que pueden ser bancarias o con proveedores, sino también deudas tributarias. Nosotros fuimos uno de los que pedimos que se generara un plan de pagos para aliviar la situación de las pymes, porque aparte de todas estas dificultades, se están sufriendo embargos por parte de ARCA".

Asimismo, el representante de CAME cuestionó el discurso de recuperación oficial y la pérdida de comercios en la vía pública: "En el sector que representamos no lo estamos viendo de esta manera, de ninguna manera por las causas que sean. Cierran empresas, las que se abren no suplantan ni en calidad ni en cantidad. Uno puede recorrer cualquier localidad de la provincia de Buenos Aires o del AMBA, donde hay una mayor concentración económica, y ves locales en centros comerciales que hay locales vacíos".

Del mismo modo, relativizó el peso de las plataformas digitales en la medición global: "El comercio electrónico es de todo el país, de todo el comercio global de Argentina es el 18 %. Entonces, una cosa no puede compensar a otra".

Por último, al referirse al panorama de las economías regionales y a la situación de las provincias, Femenía desestimó que exista un comportamiento dispar según la zona geográfica: "Creo que es una situación que nos abarca en todo el territorio de Argentina. El muestreo que hacemos nosotros es representativo de las 23 provincias más Capital Federal y obviamente no lo vemos. Es más, nosotros también representamos economías regionales, que es el sector primario de pymes, y también están en dificultades. La economía del país la dicta el gobierno central y no hay ninguna provincia que pueda tener una política propia para cambiar esa realidad".

En ese marco, concluyó sobre las prioridades que demanda el sector: "Todos son un problema. El costo de las cargas sociales, los impuestos, el costo logístico que tiene que ver con la estructura del país, todo es un combo. Y en momentos de escasez, todos los factores duelen". (NA)