Provincia
Proponen que las multas impagas no impidan renovar el carnet de conducir
5 de agosto de 2026
Diputados de LLA presentaron un proyecto para evitar que las multas de tránsito impidan la renovación de la licencia de conducir, al tiempo que criticaron el sistema actual al que consideraron que los municipios usen el trámite de aptitud vial para efectuar un “cobro coactivo.
La propuesta señala que ninguna autoridad provincial o municipal podrá exigir la acreditación de un certificado de libre deuda como documento para iniciar, tramitar, otorgar, renovar o solicitar un duplicado del registro por considerarlo “un mecanismo de extorsión para agrandar la caja”.
La iniciativa fue redactada por el diputado de LLA PBA Juanes Osaba, propone que las multas continúen cobrándose por las vías legales, pero que dejen de funcionar como una barrera para tramitar o renovar la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires.
“El registro de conducir es para manejar, no para recaudar. Si una multa corresponde, que el Estado la cobre por las vías legales, pero no impidiendo que un vecino pueda renovar su licencia como mecanismo de extorsión para agrandar la caja”, dijo Osaba.
El proyecto de ley modifica el artículo 8.º de la Ley Provincial de Tránsito N.º 13.927 y así evitará que la renovación de la licencia de conducir quede condicionada al pago previo de multas, tributos o tasas administrativas.
“Hoy muchos bonaerenses llegan a renovar el registro y descubren que el trámite quedó condicionado al pago de multas. Eso no mejora la seguridad vial, solo convierte la licencia en una herramienta de recaudación”, explicó Osaba.
La propuesta establece que ninguna autoridad provincial o municipal podrá exigir la acreditación de un certificado de libre deuda como requisito para iniciar, tramitar, otorgar, renovar o solicitar un duplicado del registro.
También dispone que las actas de comprobación, infracciones en trámite y multas impagas que no hayan sido juzgadas o no cuenten con una sentencia firme y ejecutoriada no podrán impedir la realización del trámite. En esos casos, el organismo encargado de emitir la licencia podrá informar al solicitante sobre el estado de sus antecedentes, pero esa comunicación tendrá únicamente carácter informativo.
El Estado, por su parte, conservará sus facultades para reclamar las sumas adeudadas mediante los procedimientos legales correspondientes.
Por último, el proyecto diferencia las deudas económicas de las sanciones que afectan directamente la posibilidad de conducir. Por esa razón, no modifica las inhabilitaciones ni las sanciones firmes dictadas por los organismos competentes que impidan manejar en la provincia de Buenos Aires o en otra jurisdicción del país.
Provincia
En julio hubo 63 víctimas fatales en siniestros viales
La mayor parte de los accidentes fatales de julio tuvo lugar en rutas nacionales y provinciales.
Un relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos (ODE) destacó que durante julio de este año hubo 63 víctimas fatales por siniestros viales en la provincia de Buenos Aires. Estas personas fallecieron como consecuencia de 51 accidentes ocurridos en 35 municipios bonaerenses.
Según informó el organismo privado presidido por Pedro Perrotta, los datos muestran un incremento significativo respecto del mes anterior: durante junio se habían registrado 49 víctimas fatales.
La estadística mostró que durante julio se perdieron 2 vidas por día por la inseguridad vial. Y en dos meses se perdieron 112 vidas en rutas y calles de la provincia.
“En julio hubo un 28% más de víctimas fatales del tránsito que en el mes anterior. Son números que tienen que interpelarnos porque detrás de cada estadística hay personas, familias y comunidades atravesadas por una pérdida que, en muchos casos, podría haberse evitado”, señaló Perrotta.

La Plata, a la cabeza
La capital bonaerense fue el municipio con mayor cantidad de víctimas fatales durante julio, con 10 fallecidos. Luego le sigue Luján, con 7 víctimas fatales, todas ellas registradas en un solo siniestro fatal. Continúan Bahía Blanca, San Andrés de Giles y Tres Arroyos con 3 víctimas fatales cada uno.
Con 2 víctimas aparecen Berisso, Coronel Suárez, General Alvarado, Las Flores, Lobos, Pehuajó y Tigre.
También se registró una víctima fatal en cada uno de los siguientes municipios: Almirante Brown; Ayacucho; Cañuelas; Chacabuco; Coronel Dorrego; Escobar; Ezeiza; General Pueyrredón; General Rodríguez; La Matanza; Lincoln; Lomas de Zamora; Maipú; Necochea; Pilar; Ramallo; Rivadavia; Rojas; San Cayetano; San Isidro; San Nicolás; San Pedro y 25 de Mayo.
De las 63 personas fallecidas, 43 fueron varones, lo que representa el 68,2% del total, y 20 fueron mujeres, equivalentes al 31,8%. En términos generales, aproximadamente dos de cada tres víctimas fatales fueron varones.
La edad promedio de las víctimas fue de 39,8 años. Entre los varones, la edad promedio fue de 44 años, mientras que entre las mujeres se ubicó en 32 años. Las edades registradas abarcaron desde los 10 hasta los 85 años.
El relevamiento del Observatorio contabilizó 43 víctimas vinculadas a autos, 14 a motos, 4 peatones, 2 ciclistas.
El Observatorio también diferenció la cantidad de víctimas de la cantidad de vehículos involucrados, debido a que en determinados hechos varias víctimas viajaban en un mismo vehículo. Por ejemplo, en Luján siete personas que viajaban en un mismo auto perdieron la vida.
De los siniestros participaron 31 autos, 14 motos, 4 peatones y 2 bicicletas.
La distribución según el lugar donde se produjeron los hechos muestra el peso que tuvieron en julio las rutas dentro de la siniestralidad vial bonaerense.
En rutas nacionales se registraron 22 muertos en 18 siniestros, lo que representa el 34,9% del total de víctimas. En rutas provinciales se contabilizaron 17 muertos viales en 9 siniestros, equivalentes al 26,9%.
En conjunto, las rutas nacionales y provinciales concentraron 39 víctimas fatales, es decir, el 61,9% de todas las muertes viales registradas durante julio.
Por otra parte, en calles, avenidas, barrios, pasos a nivel y otros puntos ubicados dentro de localidades se registraron 24 muertos en 24 siniestros, equivalentes al 39% del total.
Para Perrotta, estos datos requieren “una mayor presencia del Estado en las calles y en las rutas. Los controles tienen que ser sostenidos, visibles y planificados sobre la base de dónde, cuándo y cómo se producen los siniestros. La prevención requiere presencia territorial, fiscalización y capacidad de anticipación”, afirmó.
El análisis por día de la semana muestra que 17 muertos, los domingos se registraron 10, los jueves también hubo 10 víctimas, los miércoles 9 víctimas, los sábados 7 víctimas, los martes, 7 y los lunes fueron las jornadas de menor mortalidad, con 3 víctimas.
En cuanto a fechas puntuales, el 31 de julio fue el día con mayor número de víctimas fatales de todo el mes: 8 fallecidos en solamente 2 siniestros. Ese número estuvo fuertemente condicionado por el hecho ocurrido en el partido de Luján, donde murieron siete personas.
Desde ODE también señalaron que la reducción de las víctimas del tránsito no puede depender exclusivamente de controles y sanciones, sino que debe complementarse con políticas permanentes de formación y concientización.
“Las campañas de educación vial no pueden aparecer solamente después de un accidente grave o en determinadas fechas del calendario. Necesitamos campañas permanentes, desde las escuelas y también dirigidas a conductores de autos, motociclistas, ciclistas y peatones. La seguridad vial tiene que convertirse en un aprendizaje cotidiano y sostenido en el tiempo”, sostuvo Perrotta.
El titular del Observatorio consideró además que las campañas deben adaptarse a las características particulares de cada territorio y a los factores de riesgo que muestran los datos.
“Una campaña eficaz tiene que partir de información concreta. No son iguales los problemas de una ruta nacional, una ruta provincial, una avenida urbana, un acceso o la entrada y salida de una escuela. Si conocemos dónde se producen las muertes y quiénes son las víctimas, tenemos mejores herramientas para diseñar políticas específicas y no respuestas generales que terminan teniendo poco impacto”, agregó.
“Cada número que incorporamos a una estadística representa una vida perdida. El desafío es transformar esos datos en decisiones: mejores controles, infraestructura más segura, educación vial, planificación y prevención. Medir sirve si después esa información se utiliza para evitar que la estadística del mes siguiente vuelva a crecer”, concluyó Pedro Perrotta.
Provincia
Alerta amarilla por tormentas
A poco del inicio del último fin de semana de invierno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas y vientos para varias provincias y pidió a la ciudadanía que se mantenga informada ante los eventos de variada intensidad que podrían desarrollarse.
En principio, para la provincia de Buenos Aires, la alerta amarilla por tormentas es para el domingo: toda la provincia excepto el noreste - región que abarca el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) - se verá afectada por copiosas precipitaciones, derivadas de "una perturbación en niveles medios de la atmósfera interactuará con una masa de aire muy inestable y húmeda", indicó el organismo.
A su vez, a partir del domingo, "ingresará un sistema frontal desde la costa centro-sur de Chile asociado a un frente frío", que avanzará "desde el norte de Patagonia hasta el sur del Litoral". Al encontrarse con el aire húmedo e inestable que prevaleció en los últimos días en la región central del país, favorecerá el desarrollo de tormentas y al descenso de las temperaturas.
De acuerdo a un informe del sitio especializado Meteored, el domingo "se perfila como la jornada más movida de todo el fin de semana" y a la que hay prestarle mayor atención.
En esa línea, advirtió que "el frente (frío) va a generar vientos fuertes en el centro-oeste argentino. Neuquén, Mendoza, Río Negro, La Pampa y San Juan tienen alerta amarilla, con vientos del sector oeste de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h".
A su vez, a medida que el sistema avance hacia el este, "va a ir generando tormentas que se intensifican sobre la llanura pampeana", precisó, por lo que "La Pampa, Río Negro, Buenos Aires y el sur de Córdoba tienen alerta amarilla por tormentas fuertes, con granizo, ráfagas y precipitaciones intensas en cortos períodos".
Con este panorama, el invierno se despide con un cierre de alta actividad meteorológica en gran parte del territorio. Antes la inestabilidad y las alertas emitidas por el SMN, es importante que la ciudadanía siga las novedades para evitar daños graves por el efecto de los fenómenos adversos.
Fuente: Agencia DIB/Ana Roche
Provincia
La justicia ordenó suspender el aumento de la tarifa de luz
El juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca ordenó suspender el último aumento de tarifas autorizado por el gobierno bonaerense para La Plata y el interior de la provincia hasta tanto no se hagan las audiencias públicas para discutirlas que indica la ley
La resolución, una cautelar firmada por el juez Agustín López Cóppola, alcanza a los usuarios abastecidos por las distribuidoras EDELAP (La Plata), EDES (sur de la provincia), EDEA (Costa Atlántica) y EDEN (norte del territorio) pero no menciona a las cooperativas que dan el servicio, aunque fuentes al tanto de la decisión explicaron a DIB que es extensible a ellas aunque se trata de un paso que podría requerir de una nueva intervención del juez.
Se trata de incrementos dispuestos por la resolución 585/2026 del ministerio de Infraestructura, firmada por el ministro Gabriel Katodopis y el gobernador Axel Kicillof y que se activó a raíz de una presentación del Defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino.
El cuadro tarifario que ahora se suspender rigió desde el el 1° de agosto, con aumentos respecto del anterior sobre los componentes provinciales de la tarifa, principalmente el Valor Agregado de Distribución (VAD). Ahora, los usuarios deberán abstenerse de aplicarlo y, además, facturar según el esquema anterior.
El fallo también dispone que si las o los usuarios percibieron montos bajo los nuevos valores, las sumas cobradas deberán ser imputadas como un saldo a favor en la próxima factura.
El centro del cuestionamiento de Lorenzino es formal: las distribuidoras, argumentó, no realizaron las audiencias públicas para debatir los aumentos que marca la ley, que no son vinculantes pero sí son obligatorias.
Lorenzino dijo en ese sentido que “las empresas distribuidoras no pueden trasladar aumentos a las familias sin cumplir con la obligación legal de informar y debatir previamente con la sociedad”.
Al citar jurisprudencia provincial y nacional sobre el derecho a los usuarios y consumidores a una información adecuada y veraz, el magistrado recortó que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación destacó la relevancia constitucional de la participación de los usuarios con carácter previo a la determinación de las tarifas".
En ese sentido, recordó que la Corte dijo que en esta cuestión "la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida" y señaló que "es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio".
Y, remarcó que "la participación de los usuarios con carácter previo a la determinación de la tarifa constituye un factor de previsibilidad, integrativo del derecho constitucional a una información adecuada y veraz y un elemento de legitimidad para el poder administrador, responsable en el caso de garantizar el derecho a la información pública, estrechamente vinculado al sistema republicano de gobierno".
En este contexto, apuntó el juez, "si bien las adecuaciones tarifarias no resultan equiparables a una nueva Revisión Tarifaria Integral -donde la propia demandada no duda en la necesidad de realizar la audiencia pública- el prolongado período transcurrido desde la última instancia de participación de los usuarios se opone prima facie a las pautas jurisprudencias mencionadas".
Además, advirtió que ante "el tiempo transcurrido y la jurisprudencia citada", el informe oficial sobre que "los incrementos tarifarios conferidos hasta la fecha se encuentran por debajo de la polinómica de ajuste aprobada por el Anexo 149 de la Resolución MlySP N° 419/2017 que fue puesta a consideración de los usuarios en forma previa a su aprobación", no modifica en nada la falta que apuntó la Defensoría.
De esa forma, el gobierno bonaerense había aludido a unas audiencias públicas de finales de 2016 en las ciudades de Olavarría y La Plata. Pero eso tampoco conformó al juez que señaló que desde entonces habían pasado casi diez años .

