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Tras la disolución de IOSFA, crean nueva obra social para las Fuerzas Federales
18 de julio de 2026
El Gobierno nacional aprobó la estructura organizativa de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), la entidad creada este año para brindar cobertura sanitaria al personal de las fuerzas federales de seguridad tras la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).
La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto 587/2026, publicado en el Boletín Oficial, que aprueba la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo, el organigrama y las responsabilidades primarias de las distintas áreas que integrarán la obra social.

De esta manera, el Poder Ejecutivo avanza en la puesta en funcionamiento de la OSFFESEG, uno de los organismos creados durante la reorganización del sistema de salud destinado al personal militar y de las fuerzas federales.
El decreto establece la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la obra social y aprueba los organigramas y las acciones que desarrollará cada una de sus dependencias, de acuerdo con los anexos que forman parte de la norma.
Asimismo, determina que el presidente del Directorio tendrá rango y jerarquía de Secretario, mientras que los restantes integrantes del Directorio tendrán rango y jerarquía de Subsecretario.
La normativa también fija el esquema de remuneraciones para la conducción ejecutiva del organismo. En ese sentido, dispone que los titulares de las Gerencias percibirán una remuneración equivalente al 65% de la correspondiente al presidente del Directorio, mientras que los Subgerentes cobrarán el 50%. A su vez, el responsable de la Unidad de Auditoría Interna tendrá una remuneración equiparada a la de las Gerencias.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno señala que la aprobación de la estructura organizativa resulta necesaria para dotar de operatividad al organismo y permitir el cumplimiento de las funciones asignadas desde su creación.
Cómo se creó la OSFFESEG
La Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) fue creada mediante el Decreto 88/2026, que dispuso la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y reorganizó el sistema de cobertura sanitaria destinado al personal militar y de las fuerzas federales de seguridad.

La cobertura de la OSFFESEG alcanza al personal en actividad y retirado, así como a sus beneficiarios, de la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y del Servicio Penitenciario Federal (SPF), organismos que integran las Fuerzas Federales de Seguridad bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
Con esa reforma, el Gobierno dividió la cobertura en dos nuevas entidades. Por un lado, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), destinada al personal militar. Por otro, la OSFFESEG, que quedó a cargo de la cobertura médica del personal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, junto con sus respectivos beneficiarios.
La nueva obra social fue constituida como un ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional, con personalidad jurídica propia, autonomía administrativa y financiera.
La creación de ambos organismos reemplazó el esquema vigente hasta ese momento, en el que el IOSFA concentraba la cobertura sanitaria tanto de las Fuerzas Armadas como de las fuerzas federales de seguridad.
Con la aprobación de la estructura organizativa, el Gobierno completa una nueva etapa en la implementación de la OSFFESEG, al definir las áreas que conformarán el organismo, las responsabilidades de cada dependencia y las jerarquías de sus autoridades.
La medida, además, establece el marco administrativo necesario para el funcionamiento de la nueva obra social, creada como parte de la reforma del sistema de cobertura médica para el personal de las fuerzas federales de seguridad impulsada por el Poder Ejecutivo.
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Desde este sábado, los menores de 14 años podrán ir presos
Desde este sábado 5 de septiembre entra en vigencia en todo el país la Ley 27.801, que crea el nuevo il.La normareemplaza a la Ley 22.278, que regulaba el tratamiento penal de los menores desde 1980, y que había sido modificada en 1983 para fijar en 16 años la edad mínima de punibilidad.
El cambio central de la reforma es, precisamente, esa edad: la imputabilidad se redujo de 16 a 14 años. La norma fue sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo a través del Decreto 138/2026, el pasado 9 de marzo.Ahora, 180 días después, se cumple el plazo establecido para la entrada en vigencia
En efecto, a partir de este sábado, comenzará a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil: la edad mínima de imputabilidad baja de 16 a 14 años. Desde ahora, los adolescentes que tengan 14 años cumplidos al momento de cometer un delito podrán ser sometidos a un proceso penal bajo un régimen especialmente diseñado para personas menores de 18 años.
La medida forma parte de la ley 27.801, sancionada por el Congreso el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. La ley no establece que todos los adolescentes acusados de un delito vayan presos. Por el contrario, prevé distintas medidas y reserva la privación de la libertad para determinadas situaciones.
En algunas provincias, se utilizará un sistema escalonado para los adolescentes que deban cumplir una medida privativa de la libertad. El primer nivel será el arresto o prisión domiciliaria, con controles específicos y la posibilidad de utilizar dispositivos electrónicos de monitoreo. Es la alternativa de menor intensidad dentro de las medidas que implican una restricción de la libertad.
El segundo escalón estará conformado por los Establecimientos de Puertas Abiertas. Allí, los adolescentes podrán permanecer alojados bajo un régimen institucional, pero sin las características propias de una cárcel. El objetivo es que el alojamiento se realice con acompañamiento y bajo el cuidado de personal civil.
El tercer nivel estará destinado a los casos más graves. Se trata de los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (Cerpj), establecimientos de puertas cerradas y con mayores condiciones de seguridad. La estructura busca que un adolescente acusado de un delito de menor gravedad no reciba la misma respuesta que otro involucrado en un hecho violento o de extrema gravedad.
La nueva normativa alcanza a las personas adolescentes desde los 14 años hasta el momento en que cumplen 18, cuando sean imputadas por un delito previsto en el Código Penal o en leyes penales especiales. El régimen contempla medidas alternativas a la privación de la libertad y establece que las sanciones deben aplicarse teniendo en cuenta las características del adolescente, las circunstancias del hecho y la gravedad del delito.
Entre las posibles respuestas aparecen las amonestaciones, la reparación del daño, las tareas comunitarias, las prohibiciones de contacto o acercamiento y otras medidas destinadas a evitar el encierro cuando no resulte necesario. Cuando la Justicia considere que corresponde privar de la libertad al adolescente, deberá determinar cuál de los tres niveles resulta adecuado.
Uno de los puntos centrales del nuevo sistema es que los adolescentes no pueden ser alojados junto con personas adultas. La ley crea un régimen diferenciado y obliga a que las medidas privativas de la libertad se cumplan en establecimientos especializados. También establece un límite máximo de 15 años para las penas de prisión y excluye la posibilidad de aplicar prisión perpetua a personas adolescentes.
El desafío estará en adaptar lo existente al nuevo escenario y, sobre todo, en garantizar que cada adolescente sea alojado de acuerdo con la gravedad del caso y bajo las condiciones que establece la legislación. La propia ley nacional invita a las provincias a adecuar sus normas procesales y administrativas al nuevo régimen.
La ley reemplaza al régimen vigente desde la dictadura y crea un esquema de penas alternativas para adolescentes de 14 y 15 años.
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Vaca Muerta abre un nuevo negocio exportador
El país ya exporta alrededor de 1,6 millones de toneladas anuales de GLP, propano y butano. Según un análisis del Instituto de Energía de la Universidad Austral, con los proyectos de expansión de Mega, TGS y los desarrollos asociados al GNL en Río Negro, la producción podría alcanzar hasta 4,8 millones de toneladas en 2030 y superar los 5 millones hacia 2035. El potencial exportador y los mercados de destino serán analizados el 10 de septiembre en el Seminario Internacional de GLP de la Universidad Austral.
Argentina comienza a abrir un nuevo capítulo exportador a partir del desarrollo de Vaca Muerta. Después del petróleo y el gas natural, los líquidos del gas natural -principalmente propano y butano- aparecen como una oportunidad para ampliar la canasta energética del país y generar nuevas divisas.
Según el informe Mercado de GLP/NGL en Argentina: estado de situación actual, principales proyectos y proyección 2028-2030-2035, elaborado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral sobre la base de estimaciones sectoriales, Argentina produjo alrededor de 3 millones de toneladas anuales de GLP/NGL comercial en 2025 y exportó aproximadamente 1,63 millones de toneladas, sumando GLP, propano licuado y butano licuado.
El cambio de escala podría ser significativo. La producción argentina podría en un escenario base ubicarse entre 4,4 y 4,8 millones de toneladas en 2030. Hacia 2035, se proyecta entre 5,5 y 6,5 millones de toneladas anuales, mientras que un escenario de mayor ejecución y coordinación de los proyectos permitiría acercarse a 8-9 millones de toneladas.
En términos de exportaciones, el informe estima que Argentina podría pasar de las actuales 1,6 millones de toneladas a un potencial de 3,0-3,4 millones de toneladas hacia 2030, sin considerar el proyecto asociado al GNL de Río Negro, y superar los 5 millones de toneladas hacia 2035. Ese salto permitiría alcanzar más de US$2.000 millones anuales a partir de 2030, de acuerdo con la proyección del informe.
Tres proyectos que pueden cambiar la escala
Uno de los primeros motores de crecimiento será Compañía Mega, cuya ampliación prevé llevar la capacidad de procesamiento de 4.800 a 7.200 toneladas diarias, un incremento cercano al 50%. La primera etapa demandaría entre US$250 y US$260 millones, dentro de un programa integral estimado en unos US$650 millones.
El segundo gran proyecto es el desarrollo de líquidos de TGS, vinculado al eje Tratayén-General Cerri-Bahía Blanca. La iniciativa contempla una inversión superior a US$3.000 millones y una capacidad estimada de 2,7-2,8 millones de toneladas anuales de líquidos C3+. Si el propano y el butano representan el 85% de ese volumen, el proyecto podría aportar alrededor de 2,4 millones de toneladas anuales de GLP comercial cuando opere a plena capacidad
A estos proyectos se suma una tercera posibilidad vinculada con los desarrollos de GNL en Río Negro. El tratamiento del gas destinado a la licuefacción podría generar un nuevo polo exportador de propano, butano y gasolina natural en el Golfo San Matías, complementario con el complejo de Bahía Blanca.
De los mercados regionales a Asia
Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú aparecen como los mercados naturales para el GLP argentino. Brasil se presenta como el principal comprador regional por escala, cercanía y déficit estructural, mientras que Chile mantiene una lógica de complementariedad por proximidad geográfica y logística.
Pero el cambio de escala podría llevar a Argentina a competir también en mercados asiáticos. India, China, Japón y Corea del Sur son grandes importadores de GLP y propano. En particular, India comenzó a emerger como destino estratégico para cargas argentinas de GLP entre 2025 y 2026, aunque el desafío será transformar operaciones puntuales en una relación comercial de mayor escala.
El desafío: infraestructura
El informe señala que el principal límite para ampliar las exportaciones no está en la disponibilidad del recurso, sino en la infraestructura. La expansión requerirá capacidad de separación en origen, nuevos poliductos, instalaciones de fraccionamiento, almacenamiento, infraestructura portuaria y coordinación entre los distintos proyectos.
En este escenario, Bahía Blanca, Cerri y Puerto Galván adquieren un papel estratégico para la salida de los líquidos de Vaca Muerta. El desafío será acompañar el crecimiento de la producción con infraestructura suficiente para garantizar competitividad, regularidad del suministro y acceso a los mercados internacionales.
El potencial del GLP argentino, en debate con referentes de la industria y compradores internacionales
Este nuevo escenario será uno de los ejes del Seminario Internacional de GLP: “De Argentina hacia el mundo”, organizado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral, que se realizará el 10 de septiembre, de 8:15 a 18:00, en la Sede Buenos Aires de la Universidad Austral, Cerrito 1250, CABA. El encuentro será presencial para participantes de Argentina y Latinoamérica, con modalidad online exclusivamente para participantes ubicados en Asia.
La jornada reunirá a autoridades, productores, comercializadores, traders y especialistas internacionales para analizar el potencial de Vaca Muerta, la expansión de la oferta argentina de GLP, la infraestructura necesaria y las oportunidades de exportación hacia América Latina y Asia.
Entre los expositores se encuentran Federico Veller, subsecretario de Hidrocarburos de la Nación; Oscar Sardi, CEO de TGS; Tomás Córdoba, CEO de Compañía Mega; Pedro Locreille, director de Midstream Gas & GLP de YPF; Julio Faldin, vicepresidente senior de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de Argus; y Craig Whitley, CEO de World Energy Consultants, de Estados Unidos. También participarán representantes de Brasil, Chile, Colombia, Perú, India y Japón.
El programa incluye un bloque dedicado a los productores y los planes de expansión de los líquidos de Vaca Muerta, otro sobre los mercados de Brasil, Chile, Colombia y Perú, y un bloque específico sobre la oportunidad de India y Japón.
El seminario buscará así poner en contacto la creciente oferta argentina con los principales mercados de demanda y discutir qué infraestructura, logística, condiciones comerciales y coordinación serán necesarias para que el GLP argentino pueda pasar de una escala regional a una estrategia de inserción global.
La oportunidad está abierta: Vaca Muerta puede aportar el recurso, pero la infraestructura y la capacidad de desarrollar mercados internacionales serán determinantes para transformar ese potencial en exportaciones y divisas.
MAS INFORMACIÓN > https://www.austral.edu.ar/international-lpg-seminar/
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Ingleses ya se pintan la cara
El vocero del primer ministro Andy Burham afirmó que el apoyo del Reino Unido a las Islas es “inquebrantable” y desde Downing Street hicieron una fuerte advertencia.
“Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, afirmó un portavoz de Downing Street citado por la agencia BBC este viernes.
Burnham «apoya plenamente los deseos de los isleños de seguir siendo un territorio británico de ultramar», dijo el portavoz.
Desde la BBC mencionaron que hubo una declaración conjunta de las dos empresas apuntadas por Javier Milei en su cadena nacional. Dijeron que tenían las licencias válidas otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas, «y con el pleno apoyo del gobierno del Reino Unido«.
El proyecto debe entregar su primer petróleo en 2028, Rockhopper y Navitas dijeron que el calendario de las asociaciones no se vería afectado.
El campo petrolífero Sea Lion, a unas 130 millas de las islas, contiene un estimado de 1.7 mil millones de barriles de petróleo, descrito por Rockhopper como un campo que contiene «crudo altamente comercializable».
El jueves, el presidente Donald Trump insinuó que Estados Unidos no ayudaría al Reino Unido en ningún conflicto futuro con las Malvinas porque Gran Bretaña «no había estado allí para ayudarme» durante su guerra con Irán

