Provincia
Calendario de aumentos del mes de julio
27 de junio de 2026
El mes de julio llegará con una nueva actualización de precios regulados y servicios esenciales que impactará en los presupuestos familiares, con aumentos en el transporte público, las cuotas de medicina prepaga, los alquileres y los servicios públicos.
Las subas se implementarán luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara una inflación del 2,1% correspondiente a mayo, y sobre esa referencia se activarán distintos mecanismos de actualización tarifaria previstos tanto por organismos públicos como por contratos del sector privado.
Todos los aumentos
Alquileres
Si bien la administración de Javier Milei derogó la Ley de Alquileres con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) n° 70/2023, los contratos en curso deberán ser respetados con la normativa, y sus condiciones de actualización, hasta su fecha de vencimiento. Quienes alquilaron bajo esta legislación deberán afrontar en julio subas cercanas al 31,54% anual en los valores a pagar, a partir del Índice de Contratos de Locación (ICL), que realiza el Banco Central (BCRA) sobre la base de la inflación y los salarios.
Los que ajustan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tomarán como referencia la inflación acumulada ya sea trimestral 8,1%; cuatrimestral 11%; o semestral con el 16,7%.
Transporte
Los usuarios del transporte público en la provincia de Buenos Aires enfrentarán un aumento del 4,1% a partir del 1° de julio, por lo que el boleto de colectivo mínimo pasará a costar $ 1.057,25, mientras que el tramo de 3 a 6 km tendrá un valor de $ 1.189,39, el de 6 a 12 kilómetros $ 1.321,55 y los recorridos de 12 a 27 kilómetros llegarán a $ 1.585,89.
Este aumento se basa en el mecanismo de actualización de tarifas que sigue la inflación más un adicional de 2 puntos porcentuales. Según la administración nacional, «el ajuste tiene como objeto garantizar la continuidad y regularidad de los servicios, mejorar la calidad así como las condiciones en la prestación de los mismos». Se mantiene el descuento del 55% para usuarios de tarifa social, jubilados, pensionados y otros grupos que perciben ayuda de ANSES.
Prepagas
Al menos cinco empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus clientes las subas previstas para las cuotas de julio de este año, que en la mayoría de los casos serán superiores a la inflación, ya que los incrementos estarán en torno al 2,9%, luego de que el sector volviera a estar desregulado tras el acuerdo realizado el 27 de mayo entre las empresas representantes del sector y el Gobierno nacional.
Luz
Las facturas de luz del AMBA registrarán un nuevo ajuste en julio, en línea con el esquema de actualización mensual que aplican Edenor y Edesur en base a los índices de precios, por lo que la actualización del servicio eléctrico de junio a pagarse en julio tendrá una suba promedio del 1,5%.
En el interior de la provincia de Buenos Aires, donde hay otras distribuidoras y cooperativas, la situación es diferente. Como informara la agencia DIB días atrás, los cargos fijos aumentarán entre un 5% y un 8%, mientras que la tasa variable subirá un 2%, cifras que dependen de la compañía distribuidora del usuario.
Gas
Las facturas de gas registrarán un aumento promedio del 2,81% en todo el país, en un mes de mayor consumo por la estacionalidad invernal.
Agua
Las boletas de agua y cloacas de AySA subirán un 3% para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense.
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Legislatura trataría proyectos sobre endeudamiento de las familias
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires trataría este martes cuatro proyectos destinados a abordar el sobreendeudamiento de las familias y la situación de quienes registran deudas. Las iniciativas avanzaron en las comisiones de Legislación General y de Derechos del Usuario y el Consumidor y quedaron habilitadas para llegar al recinto.
Los cuatro proyectos contemplan diferentes herramientas frente a la morosidad. Entre ellas aparecen el respaldo legal a los deudores, la incorporación del concepto de “sobreendeudamiento” a la Ley de los Derechos del Consumidor y Usuarios, la prohibición de prácticas abusivas por parte de los bancos y la creación de un régimen judicial para reestructurar deudas de consumo.
En principio, las iniciativas se aprobarían durante la sesión del martes en la Cámara baja bonaerense. El tratamiento previo también generó diferencias entre sectores del oficialismo provincial alrededor de uno de los proyectos.
Uno de los textos fue presentado por el diputado Facundo Tignanelli junto con el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino. La propuesta busca brindar respaldo legal a los deudores y recibió reparos de legisladores vinculados al sector del gobernador Axel Kicillof, quienes finalmente se abstuvieron en la votación.
“Tenemos algunas diferencias en cuanto a la autoridad de aplicación. Estoy convencida de que la protección tiene que ser a través de las oficinas municipales de información al consumidor y en articulación con la Dirección de Defensa del Consumidor, porque entiendo que la Defensoría del Pueblo tiene otras competencias”, sostuvo la legisladora Ana Luz Balor.
Pese a esas diferencias, el proyecto consiguió avanzar en comisión. El planteo sobre la autoridad de aplicación marcó el principal punto de discusión durante su tratamiento.
El segundo proyecto incorpora el concepto de “sobreendeudamiento” a la Ley de los Derechos del Consumidor y Usuarios. La iniciativa busca que las prestadoras de dinero entreguen “información clara” a las personas interesadas en tomar deuda.
Además, contempla la posibilidad de revisar las condiciones de los créditos ante un deterioro de la situación económica general o de las condiciones económicas particulares del deudor.
La tercera propuesta apunta a prohibir las “prácticas abusivas” de los bancos contra los deudores. También busca “prevenir el hostigamiento en los reclamos extrajudiciales de deuda”.
Por último, otra iniciativa contempla la creación del Régimen Judicial de Reestructuración de Deudas de Consumo. Este mecanismo permitirá a los vecinos presentar denuncias ante los Juzgados de Familia y de Paz para agilizar la vía legal de los reclamos sin iniciar previamente un trámite administrativo.
Los cuatro proyectos quedaron así en condiciones de llegar a la Cámara de Diputados bonaerense. Su tratamiento está previsto, en principio, para la sesión del martes.
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Zona Fría: varios municipios sufrirán el recorte de subsidio
El proyecto oficial establece que los beneficios del régimen Zona Fría quedarán limitados a los usuarios que residan en la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna. De este modo, el mayor impacto se concentraría en la provincia de Buenos Aires, que fue una de las principales beneficiadas por la ampliación del régimen en 2021.
Si la iniciativa oficial se convierte en ley, perderán el descuento por Zona Fría hogares de 55 ciudades bonaerenses, incluyendo a Mar del Plta a y gran prtebde lap rovinica (Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tres Arroyos, Tres Lomas, Tornquist y Villarino).
Además, se quedarán sin el beneficio distritos como General Pueyrredón, Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Tandil, Olavarría, Azul, Pergamino, entre otras.
También perderán el beneficio municipios de Santa Fe incorporados en 2021, por ejemplo, Rosario, General López, San Lorenzo y Constitución.
En Mendoza, el único departamento que conservaría el beneficio sería Malargüe. En cambio, quedarían excluidas Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
Mientras que en San Luis, la capital provincial, Villa Mercedes y Merlo perderán el beneficio de aprobarse la iniciativa oficial junto a las ciudades de Andalgalá, Belén y Tinogasta de San Juan.
Lo mismo ocurrirá en Salta en los departamentos de Cafayate, Cerrillos, Chicoana, La Caldera, La Viña, Rosario de Lerma, San Carlos y Salta Capital. En Catamarca; en Famatina, Chilecito y General Lamadrid, en La Rioja; y en Tafí del Valle, Tucumán. (TN)
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Escapes libres: Habrá multas de hasta $2.281.000
El Senado bonaerense buscará en la próxima sesión avanzar con un proyecto de ley que apunta a terminar con los ruidos molestos generados por motos y autos modificados. La limitación en el uso de los escapes libres, que impactan en la calidad de vida de personas y de animales, podría tener sanción en ese cuerpo el 6 de octubre
La decisión de tratar esta iniciativa se dio tras una reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado, que busca dotar al Estado de herramientas más duras para prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora vehicular en todo el territorio provincial. Las multas, de hecho, podrían llegar a 1000 Unidades Fijas, lo que hoy significaría $2.281.000.
La comisión aprobó por unanimidad el proyecto impulsado por la legisladora de Hechos, María Emilia Subiza, que tiene el objetivo de “prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora vehicular en la provincia de Buenos Aires”, especialmente en las motos y los autos que circulan con escapes no autorizados o adulterados.
Según precisó Subiza, el proyecto que tiene una expericia en San Nicolás apunta a que el Estado bonaerense pueda actuar de manera integral frente a una problemática que “afecta el sueño de miles de familias, principalmente de poblaciones vulnerables, tales como adultos mayores, y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA)”.
El texto que plantea un abordaje integral de la problemática, puesto que establece controles y sanciones más allá de las establecidas para los conductores de los vehículos que posean escapes libres, o carezcan del silenciador reglamentario. Es decir, también incluye en las penas a los comercios que trabajan con este tipo de productos.
De esta manera, en caso de prosperar la ley, aquellos comerciantes que la infrinjan, serán sancionados con una multa de hasta 5.000 Unidades Fijas, equivalente hoy a $11.405.000, el decomiso y disposición final del caño de escape antirreglamentario, la clausura preventiva o temporaria del establecimiento.
En tanto, para los conductores de motos o autos con escapes libres, la norma ingresada por la senadora de la Segunda sección electoral contempla multas de 300 hasta 1.000 Unidades Fijas (de $684.300 hasta $2.281.000), la inhabilitación para conducir de tres meses a un año, y la incautación y compactación final del vehículo, caño antirreglamentario y demás elementos en infracción. DIB
