29 de mayo de 2026

El ex intendente y actual concejal de Acción Marplatense, Gustavo Pulti, cuestionó con dureza la decisión del Consejo Federal Pesquero de avanzar con nuevos permisos para la captura de calamar y alertó sobre las posibles consecuencias para la industria pesquera de Mar del Plata.

Las críticas apuntan a la Resolución N.º 6/26, mediante la cual se habilitó la presentación de proyectos para explotar la especie a través de 18 buques poteros de hasta 1.300 metros cúbicos de capacidad de bodega.

Desde el espacio político señalaron que la medida carece de respaldo técnico y científico suficiente. Según remarcaron, la Dirección de Investigación del INIDEP no presentó estudios concluyentes sobre el estado de los distintos stocks de calamar ni sobre el impacto que podría generar un aumento de la presión extractiva sobre el recurso y el ecosistema marino.

En ese marco, Pulti sostuvo que la discusión se apoyó más en argumentos políticos que en evaluaciones científicas rigurosas. Entre ellos, mencionó las referencias a la migración del calamar hacia aguas de Malvinas y alta mar, donde operan flotas extranjeras.

Además, el concejal advirtió que no existen informes sólidos que permitan determinar cuántos barcos adicionales podrían incorporarse sin afectar la sustentabilidad de la actividad. “Todo pronóstico sobre generación de empleo resulta inconsistente si no hay estudios técnicos serios”, cuestionó.

Desde Acción Marplatense también alertaron que la medida podría terminar perjudicando a uno de los principales polos pesqueros del país. Recordaron que en el puerto local se descarga cerca del 50% de la captura anual de calamar y que gran parte de esa producción se procesa en tierra, generando mano de obra en plantas marplatenses.

Por otra parte, denunciaron que la Provincia de Buenos Aires fue perjudicada en la evaluación de los proyectos, ya que —según informa Loquepasa— se restaron puntos a las propuestas que contemplaban descarga y procesamiento en territorio bonaerense.

Para Pulti, esta situación representa “una violación al federalismo” previsto en la Ley Federal Pesquera y podría derivar en un escenario de sobrepesca que afecte directamente al empleo y a la actividad económica de Mar del Plata.