Provincia
Reclamo de intendentes
29 de abril de 2026
Intendentes K junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, se movilizaron este miércoles hacia el Ministerio de Capital Humano para reclamar a Sandra Pettovello el envío de fondos adeudados por el Gobierno nacional destinados al servicio alimentario de millones de chicos.
La movida, que tenía más como objetivo visibilizar la problemática que conseguir una respuesta concreta, incluía la entrega de una nota firmada por jefes comunales y autoridades de la administración de Axel Kicillof. Sin embargo, por decisión de Pettovello la Policía Federal mantuvo cerradas las puertas de la Casa Patria Libertad, dependiente de la cartera, y se derivó a los dirigentes a la sede de la avenida 9 de Julio.
«Venimos a pedir que la ministra Pettovello cumpla con sus deudas. El aumento que planea el presupuesto de Capital Humano para el Servicio Alimentario Escolar (SAE) es del 4% y la inflación es del 40%. Viven en otra realidad y nosotros le pedimos que se hagan cargo”, señaló Larroque, rodeados por alcaldes.
Pero la sede a la que marcharon a llevar la nota de reclamo no sólo estaba cerrada sino que tenía un gran cartel con críticas a la gestión de Axel Kicillof. “Intendentes diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben”, rezaba el texto sobre un cartel de 2 por 3 metros que tapaba una puerta. “Es una provocación”, resumió el ministro.
El documento que elaboró el PJ bonaerense pone el foco en el “desfinanciamiento inédito” que “se conjuga con indicadores sociales alarmantes: familias que ya no llegan a fin de mes, salarios que se pulverizan y una demanda alimentaria desesperada que el Gobierno Nacional se niega a asistir recortando el financiamiento al Sistema Alimentario Escolar y los Comedores Comunitarios”
Esto se da unos días después que el Gobierno de Kicillof avanzara con la decisión de aumentar la asistencia alimentaria propia, pero suspender el programa MESA, que reforzaba la ayuda para alumnos de los colegios a través de la entrega de alimentos secos, en medio de una polémica con el Gobierno nacional por su financiamiento.
“No miran a la gente, miran números. ¿Cuándo viste a Milei en una escuela, un comedor, en algún barrio del país?”, señaló Magario al plantear que la situación social que se vive ahora no se registra desde hace muchos años. “Hoy es cuando más debería estar invirtiendo este Ministerio y no lo hace”, agregó.
Uno de los intendentes que tomó la palabra fue Espinoza, quien aprovechó para cuestionar la política económica libertaria. «Milei el año pasado le dio $90 mil millones a (Marcos) Galperin de Mercado Libre en excepciones fiscales, y a nosotros nos faltan $80 mil millones para darle eso a los chicos. No se juega con la comida de los chicos de las escuelas”, cerró.
Provincia
Reclamo docente
Desde la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires adhieren al paro convocado para este martes 12 en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento 27.795, y llaman a movilizarse ese miércoles 13 ante la falta de prestaciones de la obra social IOMA
Con la firma de los dirigentes Carlos Vigne (secretario general) y Liliana Mariño (secretaria general adjunta), la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer un comunicado gremial que dice:
“Paro Provincial del día martes 12: Paramos porque no llegamos al 15 de cada mes, el salario docente debe contener todas las necesidades establecidas en el art. 14bis de la Constitución Nacional.
Porque la reforma laboral docente avanza en provincia: No hay convocatoria a la Comisión Técnica Salarial de la Paritaria Provincial, El decreto 900, modificación del régimen de licencias de forma arbitraria, Irregularidades en los APD, Demoras de años para acceder al derecho jubilatorio, Quita de prestaciones en el IOMA por vaciamiento de nuestros aportes, Pago de Incentivo Docente en negro, No a la esencialidad en educación, Renacionalización del sistema educativo fragmentado y descentralizado a fines del siglo 20, No a la reforma laboral libertaria, Cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, Distribución de la riqueza arbitraria.
En la Provincia de Buenos Aires hay plata, es la provincia más rica de la Argentina. SMVyM Docente (Salario Mínimo Vital y Móvil Docente) de $ 2.800.000
¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando?
Paremos todos y movilicemos en unidad por la defensa de la escuela pública bonaerense decalidad y con los recursos económicos que corresponden y la universidad pública nacional!
Para que haya Universidad pública de calidad tiene que haber Educación Inicial, Primaria ySecundaria de calidad, con recursos económicos destinados a la valoración de la escuela y el trabajo docente. Basta de docentes pobres en una provincia rica!
Jornada provincial de protesta: Este miércoles 13 de mayo, nos encontraremos en las puertas de IOMA central, calle 46 e/ 12 y 13 de La Plata, a las 10 hs.
El IOMA es la Obra Social del estado de la provincia de Buenos Aires y está abandonando a sus afiliados. Realizaremos la protesta por: La falta de prestaciones en toda la provincia, El pago usurero de copagos, El vaciamiento de nuestros aportes, La quita de medicamentos, El atraso en las autorizaciones de operaciones que provocan muertes, La falta de atención en clínicas y hospitales de toda la provincia, El abandono de nuestra obra social que provoca muertes día a día”.
Provincia
Polémica por pedido de auxilio financiero para las comunas
El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, se diferenció del pedido para incrementar la asistencia financiera a los municipios que vienen realizando jefes comunales del oficialismo y la oposición: “los municipios pueden sostenerse por sí mismos”, planteó.
El jueves, tal como informó DIB, hubo un encuentro entre autoridades legislativas de Diputados y Senadores y representantes de 68 intendentes, en el que acordaron redactar un proyecto de ley para mejorar el manejo de fondos transferidos por Provincia por parte de los alcaldes. Fue el punto saliente de una agenda que viene creciendo: las comunas aducen que por el efecto combinado de la caída de la recaudación, las transferencias nacionales y el aumento de las demandas sobre todo sociales que enfrentan, sus tesoros están exaustos y necesitan un rescate.
Pero Passaglia piensa algo distinto. “En San Nicolás administramos bien los recursos y por eso continuamos haciendo obra pública para mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos. Y no la vamos a frenar, gobierne quien gobierne el país y la provincia”, punzó el intendente nicoleño.
El dirigente fue un paso más allá y cuestionó la postura de muchos jefes comunales frente al escenario económico actual. “Los municipios pueden sostenerse por sí mismos, con gestiones que estén orientadas a los resultados y no a la queja permanente”, agregó.
En el discurso de Passaglia aparecen tres objetivos básicos de gestión “equilibrio fiscal, autonomía municipal y continuidad de la obra pública incluso en un contexto de ajuste”, dice el alcalde.
Pero las declaraciones tienen un contenido político notorio: Passaglia, sin nombrar a nadie, apuntó contra el manejo que hacen sus colegas mientras algunos de ellos hablan de revisión de contratos, postergación de obras menores y dificultades para afrontar futuras negociaciones salariales.
DIB.
Provincia
ARBA impulsa un plan para desendeudar a jubilados
La Agencia detectó alrededor de 17.000 personas con beneficios previsionales que adeudan $798 millones en el Impuesto Inmobiliario y que podrían acceder a exenciones sin saberlo
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un operativo para facilitar el acceso a exenciones impositivas destinadas a jubilados y pensionados que registran deudas en el Impuesto Inmobiliario.
La iniciativa se desarrolla en conjunto con el Instituto de Previsión Social (IPS) y municipios de toda la provincia, mediante cruces de datos y acciones territoriales para identificar y acompañar a quienes cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
A partir del trabajo articulado entre organismos, ARBA detectó inicialmente alrededor de 17.000 personas con beneficios previsionales que acumulan en conjunto $798 millones en deudas del tributo inmobiliario y que, sin embargo, podrían acceder a exenciones. El esquema alcanza a contribuyentes con ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, titulares de una única propiedad cuya valuación fiscal no supere los $6 millones y que no estén inscriptos en Ingresos Brutos.
Trámite simplificado y atención territorial
Con el objetivo de agilizar el proceso, ARBA llevará adelante operativos casa por casa junto a los municipios, además de jornadas especiales de atención para gestionar de forma simple la exención. El beneficio incluye tanto deudas de hasta cinco años como obligaciones futuras, lo que representa un alivio significativo para quienes se encuentran en situación de mora sin haberlo buscado.
En paralelo, ARBA solicitará formalmente a la ANSES una nómina de jubilados y pensionados con domicilio en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de analizar su situación fiscal e identificar a quienes podrían acceder a la exención sin saberlo, facilitándoles el trámite en caso de cumplir con los requisitos.
Las voces del organismo
El director de ARBA, Cristian Girard, destacó que "estamos trabajando para simplificar trámites y garantizar que quienes tienen derecho a una exención puedan acceder sin obstáculos. En un contexto económico complejo, donde las políticas de Milei impactan con fuerza sobre los ingresos, es fundamental acompañar a un sector que históricamente ha demostrado un alto compromiso con el cumplimiento tributario".
Y agregó que “las jubiladas y jubilados pertenecen a una generación que culturalmente tiene incorporado el cumplimiento fiscal como un valor, por lo que adeudar impuestos representa para ellos una carga moral y económica significativa. Por eso, desde el Estado tenemos la responsabilidad de acercarles herramientas concretas que alivien su situación y les permitan regularizarse de manera justa”.
La medida se inscribe en una política más amplia de ARBA orientada a fortalecer la equidad tributaria, promoviendo el acceso a beneficios previstos por ley y evitando que sectores vulnerables acumulen deudas por falta de información o dificultades en la gestión de trámites.
