18 de abril de 2026

El intendente  Agustín Neme, presentó una denuncia penal para que se investigue el funcionamiento de la feria denominada  ‘La Saladita’ en la playaa Bristol, tras la aparición de indicios que apuntan a una presunta estructura organizada que habría operado durante 25 años en un espacio público cobrando sumas millonarias en negro. Mientras tanto, los puesteros que operaban en la feria iniciarán acciones legales contra el municipio: «Necesitamos recuperar el espacio de trabajo».

La presentación realizada por el intendente ante la Fiscalía solicita medidas de investigación urgentes a partir de elementos que surgieron en el marco de una causa federal en trámite y de allanamientos realizados el miércoles 15 de abril en el predio de la feria y en la sede del Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA).

Según se supo por fuentes allegadas al Palacio Municipal, durante aproximadamente 25 años la feria funcionó sobre la Unidad Turística Fiscal Playa Bristol bajo permisos precarios que se encontrarían vencidos al momento de los hechos. Sin embargo, lo que ahora se busca esclarecer es la existencia de un circuito paralelo de recaudación.

Testimonios de feriantes, que tomaron estado público en distintos medios de comunicación, dan cuenta de pagos mensuales en efectivo por cifras elevadas para poder ocupar un puesto. De acuerdo con esas declaraciones, los montos iban desde los $ 800.000 fuera de temporada hasta $ 1.500.000 en los meses de verano, con casos que incluso alcanzaban los $ 3.000.000 mensuales.

Los cobros, siempre según la denuncia, eran realizados por personas que se presentaban periódicamente en los puestos, retiraban el dinero en efectivo y, en algunos casos, anotaban los pagos en libretas informales, sin emitir recibos ni facturación.

Para el Municipio, estos hechos revisten particular gravedad debido a que se habrían producido en un espacio de dominio público, donde ningún particular tenía autorización para percibir cánones, y mucho menos hacerlo en condiciones de total opacidad fiscal.

En paralelo, la investigación judicial en curso habría detectado otras posibles irregularidades. Entre ellas, la comercialización masiva de productos que infringirían la Ley de Marcas, con el secuestro de unos 8.000 artículos apócrifos (el principal motor detrás de los allanamientos del pasado miércoles); el manejo de importantes volúmenes de dinero en efectivo; y la existencia de circuitos de provisión de mercadería de origen presuntamente ilegal.

En tanto, en una asamblea que realizaron este viernes los extrabajadores de la Feria de la Bristol con el SIVARA, decidieron iniciar “acciones legales contra el municipio porque la orden judicial hablaba de allanamiento y de decomiso de la ropa de marca copiada pero nadie autorizó el desalojo y la demolición”, según detalló el secretario general del gremio Walter Rivero.

En la reunión se agruparon “entre 150 y 200 trabajadores” que tenían sus puestos para determinar los pasos a seguir con los representantes sindicales. “Queremos saber quién ordenó la demolición de los puestos, que eran de los puesteros, y el desalojo, porque el juez no dijo eso”, argumentó Rivero. Y Adelantó que “iniciaremos acciones legales contra el municipio, la semana que viene, y el lunes a la mañana protestaremos frente al Palacio Municipal”.

A todo esto, solicitaron “una mesa de diálogo con el municipio” con el objetivo de determinar “qué pasará con esta gente que quedó desocupada”.

“Hasta ahora no nos llamó nadie”, reconoció Rivero y especificó que “nosotros defendemos los puestos de trabajo, porque en esta ciudad cada vez hay más hambre y desocupación, entonces cada vez más gente elige salir a vender a la calle antes de salir a robar”.