Luis Armando López, padre de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que falleció el pasado 6 de abril en Comodoro Rivadavia, solicitó la inmediata imputación y detención de Maicol González y Mariela Beatriz Altamirano, el padrastro y la madre biológica del pequeño.

La acusación es gravísima: homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte. El documento presentado ante la fiscalía describe un escenario de "producción del resultado a través de una pluralidad de comportamientos convergentes". Según la querella, la muerte de Ángel no fue un accidente, sino el desenlace previsible de meses de maltrato físico y desamparo institucional.

La autopsia preliminar resultó clave al revelar lesiones traumáticas en la región craneal, las cuales son incompatibles con una muerte natural o accidental y consistentes con violencia física de gran intensidad. A esto se suma el testimonio de vecinos que aseguran haber escuchado gritos del menor y presenciado episodios donde la madre, en medio de una crisis, le recriminaba a González: "¡Vos le pegás al mío!".

Uno de los puntos más contundentes de la denuncia es la acusación contra el Juez de Familia, Pablo José Pérez; la Asesora de Familia, Verónica Roldán, y la licenciada del Servicio de Protección de Derechos, Jennifer Leiva. La querella sostiene que estos funcionarios construyeron el escenario de desprotección que permitió el infanticidio.

El relato cronológico es estremecedor:

Advertencias ignoradas: el sistema judicial ya había rechazado tres veces la restitución del niño a su madre biológica por considerarla un entorno no seguro.

El grito de Ángel: en febrero de 2026, el Juez Pérez y la Asesora Roldán escucharon personalmente al niño en audiencia. Ángel expresó con claridad que su centro de vida era con su madre de crianza, Lorena Andrade, y no identificó a Altamirano como su núcleo afectivo. Pese a esto, no se dictó ninguna medida de protección.

Aislamiento fatal: en marzo, una restricción perimetral prohibió a la familia paterna y a la madre de crianza todo contacto con el niño, dejándolo solo con sus presuntos agresores semanas antes de su muerte.
Castillo traza un paralelismo directo con el caso de Lucio Dupuy, señalando que los funcionarios habrían incumplido los deberes de capacitación y detección temprana que impone la Ley 27.709 (Ley Lucio).

Peligro de fuga y quema de evidencia

La solicitud de detención inmediata se fundamenta en riesgos procesales concretos. La querella presentó pruebas de que los imputados habrían quemado prendas de vestir del niño el día del hecho para eliminar rastros biológicos y signos de violencia. Además, existiría un plan concreto de fuga hacia El Dorado, Misiones, gestionado por Altamirano a través de un familiar.

"Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda", sostiene la denuncia. Mientras la ciudad de Comodoro Rivadavia sigue conmocionada, la justicia tiene ahora en sus manos el pedido de detención para evitar que, tras el horror, llegue la impunidad. (con información de NA)

La Federación Argentina de Municipios (FAM), que nuclea a intendentes e intendentas de todo el país, elevó una carta al Ministerio de Economía en la que expuso un diagnóstico crítico sobre la situación económica, fiscal y social que atraviesan los gobiernos locales.

En el documento, los jefes comunales advirtieron que la combinación de caída de recursos, aumento de costos y creciente demanda social configura un escenario “de alta complejidad” que amenaza la sostenibilidad de los distritos.

El planteo, dirigido al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, subraya que los municipios son “el primer mostrador de la democracia”, donde el impacto de las variables macroeconómicas se traduce en problemas concretos: menor consumo, dificultades para sostener la producción, presión sobre los sistemas de salud y asistencia, y complicaciones en el acceso al transporte.

En ese marco, los intendentes señalaron que la situación fiscal se deterioró en los últimos meses. Según precisaron, la coparticipación federal registró una caída del 11% en el primer trimestre del año, profundizando una tendencia negativa que ya se arrastraba desde 2024. A eso se suman, indicaron, la eliminación de subsidios y el aumento de tarifas de servicios públicos, que impactan tanto en las economías familiares como en la estructura de costos de los municipios.

El documento también cuestiona la utilización de recursos nacionales. En particular, menciona que el Gobierno recaudó 3,5 billones de pesos por el impuesto a los combustibles hasta fines de marzo, sin que esos fondos se destinen a obras viales ni a aliviar el precio de los combustibles. Además, advierte sobre la falta de transferencias vinculadas al sistema de transporte, lo que agrava la situación de un servicio clave en muchas ciudades.

En el plano productivo, la FAM alertó por el cierre de más de 22.000 empresas en todo el país y por el impacto negativo en las economías regionales. La suba de tarifas, remarcaron, encarece la producción y retrae el consumo, mientras que la desaparición de herramientas de apoyo a pymes y emprendedores debilita el entramado económico local. A esto se suma una fuerte caída de la actividad turística, que atraviesa una de las peores temporadas de las últimas dos décadas.

El aspecto social es uno de los ejes más sensibles del informe. Los intendentes señalaron que la demanda de alimentos y asistencia social creció un 100%, en un contexto en el que, según denunciaron, no hubo envíos de ayuda alimentaria desde el Gobierno nacional. También advirtieron sobre las dificultades de los jubilados para acceder a medicamentos básicos y sobre el deterioro en la cobertura de personas con discapacidad, que en algunos casos perdieron pensiones o asistencia para tratamientos.

“La presión sobre los municipios como primer nivel de contención es creciente”, remarcaron, al tiempo que describieron un deterioro general en las condiciones de vida de trabajadores y familias. En ese sentido, advirtieron que, de no mediar medidas urgentes, el país podría enfrentar una “verdadera catástrofe social”.

Frente a este panorama, la FAM solicitó una serie de medidas concretas. Entre ellas, la revisión del esquema de coparticipación federal, la normalización en el envío de fondos nacionales y la restitución o compensación de subsidios eliminados. También pidieron garantizar la entrega de alimentos, implementar mecanismos de compensación para el transporte público por el aumento del gasoil, y reactivar políticas de apoyo a la industria, las pymes y las economías regionales.

El documento incluye, además, reclamos vinculados al acceso a medicamentos para jubilados, el fortalecimiento de políticas para personas con discapacidad y una mayor transparencia en la distribución de recursos estratégicos. Como punto central, los intendentes propusieron la creación de una mesa de trabajo permanente con el Ministerio de Economía para abordar de manera conjunta los desafíos actuales.

“Se vuelve imprescindible avanzar en una agenda común que permita sostener el funcionamiento de los gobiernos locales y garantizar condiciones mínimas de bienestar”, concluye el texto.

Las ventas minoristas de las pymes registraron en marzo una baja del 0,6% interanual a precios constantes, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En la comparación mensual desestacionalizada, el descenso fue del 0,4% respecto de febrero, mientras que en el acumulado del primer trimestre del año la retracción alcanzó el 3,6%.

Según CAME, el comportamiento general del sector estuvo marcado por una tendencia contractiva, con caídas en cinco de los siete rubros relevados. Las bajas más pronunciadas se observaron en perfumería (-9,8%) y en bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-8,3%). También se registró un retroceso en alimentos y bebidas (-0,9%), en un contexto en el que el gasto de los hogares se concentró en productos esenciales y se redujo el volumen de compra por ticket. En sentido contrario, ferretería, materiales eléctricos y de la construcción mostró una suba del 2%, mientras que farmacia creció 1,1% interanual.

En alimentos y bebidas, el inicio del ciclo lectivo y el fin del receso estival impulsaron un corrimiento del gasto hacia bienes de primera necesidad. Según el relevamiento, el aumento de precios en frescos y carnes impactó en la cantidad adquirida, al tiempo que se consolidaron estrategias como la elección de segundas marcas y el uso de promociones bancarias. Los comercios señalaron además un incremento en costos fijos, como servicios y combustibles, que afectó la rentabilidad.

El rubro bazar y muebles evidenció una contracción vinculada con la postergación de consumos no esenciales. La menor afluencia de clientes en locales físicos y la competencia de canales informales se combinaron con mayores costos operativos, lo que redujo los márgenes de ganancia. En tanto, calzado y marroquinería se mantuvo prácticamente estable, con una leve caída del 0,1%, sostenido por la demanda estacional vinculada al inicio de clases y el cambio de temporada.

En farmacia, el crecimiento interanual se explicó por la mayor demanda de productos asociados a los primeros fríos y al ciclo escolar, aunque se observó una contracción en categorías no esenciales. El informe también menciona demoras en los reintegros de obras sociales y una mayor participación de medicamentos genéricos. Por su parte, el desempeño de ferreterías estuvo impulsado por trabajos de mantenimiento y refacciones, con una demanda concentrada en insumos básicos.

El segmento de perfumería fue el más afectado, con una caída cercana al 10%, en un escenario en el que el gasto se orientó a artículos de higiene y se postergaron productos de cuidado personal. En tanto, el rubro textil e indumentaria mostró una baja leve del 0,4%, con ventas sostenidas por artículos escolares y de abrigo, aunque limitadas por la priorización del consumo esencial.

En cuanto a la situación de los comercios, el 50,8% de los encuestados indicó que su condición se mantuvo estable frente al año anterior, mientras que el 42,2% reportó un deterioro. A su vez, el 48% de los consultados prevé que las ventas se mantendrán en el próximo año, un 39,7% espera una mejora y un 12,4% anticipa una caída. Respecto de las inversiones, el 59,1% consideró que el contexto actual no es propicio para realizar nuevos desembolsos.

El relevamiento se realizó entre el 1 y el 9 de abril sobre 1.197 comercios minoristas de todo el país y forma parte del Índice de Ventas Minoristas Pyme, un indicador que mide la evolución mensual de la facturación del sector a partir de datos desagregados por rubro y región.