Las mujeres que le otorgaron la financiación directa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, sostuvieron que al funcionario le resta pagar 70.000 dólares más intereses.

Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, que prestaron declaración como testigos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte de Adorni.

En su testimonio, ambas mujeres ratificaron el otorgamiento del préstamo hipotecario privado, es decir ‘no bancario’, de 100.000 dólares en noviembre del año 2024 para la compra del departamento situado en la avenida Asamblea, frente a Parque Chacabuco.

Asimismo, confirmaron que el acuerdo tiene “cuotas mensuales vigentes” y “un vencimiento final pactado para noviembre de este año”. Aparentemente, el crédito se otorgó “con una tasa del 11% anual”, donde Molina aportó 85.000 dólares y Cancio los 15.000 restantes.

Por el momento, la Justicia investiga si ambas mujeres, integrantes de la Policía Federal, contaban con la capacidad económica suficiente para realizar dicho préstamo y busca determinar la trazabilidad real de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias de Adorni.

La escribana que validó las firmas de este inmueble y el que se encuentra en el country de Exaltación de la Curz, Adriana Nechevenko, negó que existieran préstamos de dinero en efectivo y aseguró que las operaciones se produjeron dentro de un marco “normal”, donde no hubo ninguna “irregularidad”.

Según su testimonio, la operación se pactó como una compra a pagar en cuotas, lo que sería un financiamiento directo entre los vendedores, y no como un préstamo de capital externo.

Para este miércoles está prevista la declaración de las otras dos acreedoras, Beatriz Viegas de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, vinculadas a la compra de la misma propiedad situada en el barrio de Caballito.

La semana pasada, también declaró vía Zoom al exfutbolista Hugo Morales, quien fue el dueño original del departamento, antes de vendérselo a las mujeres que luego realizaron la transacción con Adorni.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes 14 de abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC) - porcentaje mensual de inflación - correspondiente a marzo, en un contexto en el que el mercado anticipa un dato que no será positivo para el Gobierno, ya que se espera nuevamente una cifra en torno al 3%. Este número, podría ser el más alto que enfrenta la gestión de Javier Milei desde hace un año, cuando en este mismo mes la inflación alcanzó un 3,7%.

Luego del 2,9% registrado en febrero, las principales consultoras estiman que la inflación del tercer mes del año se ubicará en un rango de entre 2,7% y 3%, impulsada principalmente por la suba de los combustibles y el impacto del comienzo del ciclo lectivo.

Como todos los meses, la Ciudad de Buenos Aires presentó su IPC días antes y el número no fue alentador: la inflación en marzo fue del 3%, lo que implicó una aceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto a febrero y llevó el acumulado del primer trimestre al 8,9%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central también ajustó al alza sus previsiones y proyectó una inflación del 3% para marzo, lo que marca un cambio respecto de las estimaciones previas, que anticipaban una desaceleración más pronunciada.

Dos variables serán determinantes para el IPC de marzo: la energía y la canasta escolar. De todas maneras, no son justificativos del pulso del bolsillo ciudadano, que está ajustado desde hace meses.

Se sabe que este guarismo, el IPC, mes a mes, marca un pulso vital que determina el malestar ciudadano y el avala - o no - el rumbo económico de las medidas que impulsa el ministro de Economía, Luis Caputo, quien, además, niega que haya una recesión y una crisis del consumo.

Este martes, el número será clave para analizar la proyección que determina la tendencia inflacionaria del primer trimestre del año, pero también, para direccionar las decisiones que deberá tomar el Gobierno para contener la emocionalidad de la calle.DIB

Luis Armando López, padre de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que falleció el pasado 6 de abril en Comodoro Rivadavia, solicitó la inmediata imputación y detención de Maicol González y Mariela Beatriz Altamirano, el padrastro y la madre biológica del pequeño.

La acusación es gravísima: homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte. El documento presentado ante la fiscalía describe un escenario de "producción del resultado a través de una pluralidad de comportamientos convergentes". Según la querella, la muerte de Ángel no fue un accidente, sino el desenlace previsible de meses de maltrato físico y desamparo institucional.

La autopsia preliminar resultó clave al revelar lesiones traumáticas en la región craneal, las cuales son incompatibles con una muerte natural o accidental y consistentes con violencia física de gran intensidad. A esto se suma el testimonio de vecinos que aseguran haber escuchado gritos del menor y presenciado episodios donde la madre, en medio de una crisis, le recriminaba a González: "¡Vos le pegás al mío!".

Uno de los puntos más contundentes de la denuncia es la acusación contra el Juez de Familia, Pablo José Pérez; la Asesora de Familia, Verónica Roldán, y la licenciada del Servicio de Protección de Derechos, Jennifer Leiva. La querella sostiene que estos funcionarios construyeron el escenario de desprotección que permitió el infanticidio.

El relato cronológico es estremecedor:

Advertencias ignoradas: el sistema judicial ya había rechazado tres veces la restitución del niño a su madre biológica por considerarla un entorno no seguro.

El grito de Ángel: en febrero de 2026, el Juez Pérez y la Asesora Roldán escucharon personalmente al niño en audiencia. Ángel expresó con claridad que su centro de vida era con su madre de crianza, Lorena Andrade, y no identificó a Altamirano como su núcleo afectivo. Pese a esto, no se dictó ninguna medida de protección.

Aislamiento fatal: en marzo, una restricción perimetral prohibió a la familia paterna y a la madre de crianza todo contacto con el niño, dejándolo solo con sus presuntos agresores semanas antes de su muerte.
Castillo traza un paralelismo directo con el caso de Lucio Dupuy, señalando que los funcionarios habrían incumplido los deberes de capacitación y detección temprana que impone la Ley 27.709 (Ley Lucio).

Peligro de fuga y quema de evidencia

La solicitud de detención inmediata se fundamenta en riesgos procesales concretos. La querella presentó pruebas de que los imputados habrían quemado prendas de vestir del niño el día del hecho para eliminar rastros biológicos y signos de violencia. Además, existiría un plan concreto de fuga hacia El Dorado, Misiones, gestionado por Altamirano a través de un familiar.

"Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda", sostiene la denuncia. Mientras la ciudad de Comodoro Rivadavia sigue conmocionada, la justicia tiene ahora en sus manos el pedido de detención para evitar que, tras el horror, llegue la impunidad. (con información de NA)