POLÍTICA
Vuelven los reclamos por las autonomías provinciales
29 de marzo de 2026
Legisladores radicales propusieron esta semana llevar a cabo una reforma constitucional en la provincia de Buenos Aires para, entre otras cosas, otorgar autonomía municipal a los 135 distritos bonaerenses.
La iniciativa pide la convocatoria a una Convención Reformadora con el objeto de ajustar los artículos 190 a 197 de la Constitución. Los proyectos fueron presentados tanto en la Cámara Alta por la senadora Nerina Neumann, como en Diputados por parte de Diego Garciarena.
Esta no es la primera vez que desde la Unión Cívica Radical se lleva a cabo un pedido de estas características: hace unos años ya lo había hecho el actual senador nacional Maximiliano Abad, aunque la iniciativa no tuvo respuesta en la Legislatura bonaerense.
«Desde 1983, con el inicio del período democrático, se reclama el reconocimiento de la autonomía plena de nuestros municipios», señala Neumann en el proyecto presentado.
En ese sentido, presentó una propuesta que contempla ejes como el concepto legal de «municipio», sus cartas orgánicas, la composición territorial, la conformación del Ejecutivo comunal, sus competencias, sus recursos, sus formas asociativas, la nulidad de los contratos inconstitucionales, los conflictos de poderes y la acefalía.
Esto, aseguró, otorgaría «autonomía política administrativa, económica, financiera e institucional» a los municipios, los reconocería como «fenómenos sociales e históricos» y concebiría a los ingresos de coparticipación como parte de los recursos comunales.
Estas modificaciones, afirmó, dotarían de autonomía plena a los municipios, permitiendo que puedan dictar sus propias cartas orgánicas, además de fortalecer su capacidad de gestión política, administrativa y financiera.
En Diputados
En la Cámara Baja, el responsable de presentar el proyecto de reforma fue el titular de la bancada UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena. A diferencia de Neumann, la propuesta de Garciarena no expone los lineamientos de un nuevo régimen, sino que pretende que sean los convencionales quienes lo redacten.
«Los tiempos actuales exigen mayor poder de decisión de los gobiernos municipales, como también mayor responsabilidad de gestión. Los controles han de ser ejercidos ya no desde la ciudad capital de la Provincia, sino desde el seno mismo de los municipios, con conocimiento del territorio donde se adoptan las decisiones», se explicó.
Cuáles son los cambios propuestos
Artículo 190: la administración de los servicios locales estará a cargo de una municipalidad, compuesta de un Ejecutivo y de un Deliberativo (Concejo Deliberante).
Artículo 191: la Legislatura deslindará las atribuciones y responsabilidades de cada departamento, confiriéndoles las facultades necesarias para que ellos puedan atender eficazmente a todos los intereses y servicios locales.
Artículo 192: los municipios podrán convocar a los electores del distrito para elegir sus representantes comunales, proponer ternas para nombramientos de jueces de paz; tener a su cargo la salubridad, la vialidad y las cárceles; votar su presupuesto; dictar ordenanzas, y recaudar las contribuciones impuestas por la Legislatura.
Artículo 193: expone limitaciones a las atribuciones del artículo 192, como darle publicidad por la prensa a todos sus actos, que los impuestos deben ser aprobados por una mayoría de votos en una asamblea de mayores contribuyentes, que se requerirá autorización legislativa para conseguir créditos en el extranjero, y que ese empréstito solo podrá ser usado para mejorar obras o en casos eventuales.
Artículo 194: los municipales, funcionarios y empleados son personalmente responsables no solo de cualquier acto definido y penado por la ley, sino también por los daños y perjuicios provenientes de la falta de cumplimiento de sus deberes.
Artículo 195: todos los actos y contratos emanados de autoridades municipales que no estén constituidas en la forma que prescribe esta Constitución serán de ningún valor.
Artículo 196: los conflictos internos de las municipalidades, sea que se produzcan entre los departamentos Ejecutivo y Deliberativo, que ocurran en el seno de este último, entre distintas municipalidades o con otras autoridades de la Provincia, serán dirimidos por la Suprema Corte de Justicia.
Artículo 197: en caso de acefalía de una municipalidad, el Poder Ejecutivo convocará inmediatamente a elecciones para constituirla.
Modernización institucional y BUP
Días atrás, la propia Neumann había llevado a cabo un nuevo reclamo por la instauración del régimen de autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires, además de la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) de cara a los comicios del año que viene, que se elevó desde el Senado bonaerense.
«La provincia de Buenos Aires tiene pendientes reformas básicas para mejorar su sistema político. No podemos seguir postergando discusiones que otras provincias ya resolvieron hace tiempo», había dicho.
Ambas iniciativas habían sido presentadas por la legisladora en 2024, pero no lograron avanzar en la Cámara Alta durante el año legislativo pasado. Por ese motivo, la legisladora nuevamente planteó que en 2026 la provincia debe abrir el debate sobre una agenda de modernización institucional.
Respecto de la BUP, la legisladora planteó la necesidad de que la provincia se pliegue a lo ya implementado desde la Nación de cara a las próximas elecciones.
«Sería bueno que el gobernador Axel Kicillof escuche y podamos comenzar a debatir cuánto antes el sistema electoral para los próximos años, no solo para la próxima elección», consideró.
En ese marco, pidió el tratamiento de su proyecto —de 2024— para implementar la BUP en los comicios provinciales y municipales, reemplazando el actual sistema de boletas partidarias. La iniciativa, explicó, apunta a mejorar la transparencia electoral, evitar prácticas como el robo de boletas y garantizar mayor equidad entre los partidos políticos.
«Hoy seguimos utilizando un sistema electoral que genera desigualdades entre fuerzas políticas y problemas logísticos innecesarios. Modernizar la forma en que votamos es una discusión que la provincia debe dar», señaló.
POLÍTICA
Zona Fría a Diputados
La Cámara de Diputados se prepara para debatir esta semana una reforma impulsada por el oficialismo que propone modificar de manera profunda el régimen de subsidios al gas por Zona Fría, un esquema clave para millones de usuarios de regiones con bajas temperaturas, entre ellas Mar del Plata. El oficialismo incluyó la iniciativa dentro de su agenda prioritaria para la sesión convocada este miércoles 20 de mayo, con el objetivo de avanzar en una reducción del beneficio para sectores medios y altos.
La propuesta apunta a reformular el sistema ampliado aprobado en 2021, que extendió descuentos del 30% en las tarifas de gas a más de 3 millones de hogares de diez provincias. Con el nuevo esquema, el subsidio dejaría de ser automático para una amplia porción de usuarios y quedaría focalizado principalmente en sectores vulnerables bajo criterios del Subsidio Energético Focalizado (SEF), en línea con la política de ajuste fiscal y segmentación que impulsa el Gobierno nacional.
El proyecto en cuestión ya obtuvo dictamen de mayoría en comisión y establece que ciudades como Mar del Plata, La Plata, Tandil o Bahía Blanca podrían perder el beneficio generalizado para usuarios de ingresos medios y altos. En General Pueyrredon, donde el descuento alcanza hoy a miles de hogares por razones climáticas, la medida genera preocupación por el impacto directo que podría tener en las facturas residenciales, especialmente en un contexto de aumentos sostenidos en servicios públicos.
Además de restringir el acceso, la reforma también modificaría el cálculo del subsidio: dejaría de aplicarse sobre el total de la factura y pasaría a cubrir únicamente el precio del gas en origen, excluyendo transporte y distribución. Según sectores opositores, esto implicaría una reducción concreta del alivio tarifario para gran parte de los usuarios bonaerenses, mientras el beneficio pleno se mantendría solo en regiones de severidad climática extrema como la Patagonia, Malargüe y zonas de la Puna.
POLÍTICA
El Presidente revivió su batalla contra el ‘wokismo’
El presidente Javier Milei volvió a encender el debate en las redes sociales al lanzar una nueva ofensiva contra el avance de la cultura “woke” en el plano internacional.
A través de su cuenta de X, el jefe de Estado argentino aprovechó el descargo de un referente tecnológico europeo para reflotar sus propias advertencias sobre el rumbo de las sociedades modernas y arremetió sin filtro contra quienes cuestionan su mirada geopolítica.
Según la agencia Noticias Argentinas, el detonante fue el posteo de un emprendedor francés que se arrepentía públicamente por el impacto global de la "Teoría Francesa", corriente a la que acusó de dar a luz a "la peor de las m.... ideológicas".
Milei recogió el guante y redobló la apuesta con una dura chicana hacia sus detractores: “Parece que algunos la habíamos visto antes y aquí, los extremadamente limitados intelectualmente, sin poder pensar más allá de lo que les han impuesto, nos condenaron”. Para cerrar, remató con una frase fiel a su estilo: “Pensar que alguien dijo ‘Occidente está en peligro’ y lo trataron de loco...”.
Este fuerte posicionamiento no es aislado; se alinea de forma directa con la tónica de sus intervenciones en los principales estrados del mundo. A principios de 2025, durante el Foro de Davos, el líder libertario ya había sacudido los consensos internacionales al calificar a la ideología woke como un “cáncer que hay que extirpar”, apuntando con dureza contra el feminismo radical, la agenda de género y el colectivismo económico.
POLÍTICA
Causa Vialidad: fiscal pide decomisar ‘prisión domiciliaria’ de CFK
En un nuevo avance en la causa Vialidad, el fiscal federal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) el decomiso del departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena bajo arresto domiciliario.
El pedido, que fue mencionado en las últimas horas en medios nacionales, se inscribe dentro de la segunda etapa del proceso de recuperación de activos impulsado por la fiscalía, que busca cubrir el monto fijado por la Justicia como perjuicio económico al Estado, cercano a los $685.000 millones, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
El inmueble donde cumple la condena
El departamento de San José 1111 figura entre los principales bienes incluidos en el nuevo listado presentado por la fiscalía. Se trata de la vivienda donde la exmandataria se encuentra detenida desde que la Corte Suprema dejó firme su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta.
Según el dictamen fiscal, ese inmueble —al igual que otros activos— estaría vinculado al entramado patrimonial investigado en la causa y, por lo tanto, debería ser incorporado al decomiso para contribuir a resarcir el daño económico.
La inclusión de esta propiedad tiene un carácter simbólico y jurídico relevante, ya que se trata del domicilio actual de la expresidenta y uno de los bienes más visibles del patrimonio en discusión.
Un pedido más amplio: 141 inmuebles y bienes financieros
El requerimiento de Luciani no se limita al departamento de Constitución. La fiscalía presentó un listado más amplio que contempla:
- 141 inmuebles (13 de sociedades vinculadas a la familia Kirchner y 128 de empresas asociadas a Lázaro Báez)
- 46 automotores
- US$ 4.664.000 en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner
- US$ 992.134 depositados en una cuenta bancaria y sumas menores en pesos
El conjunto de activos forma parte de lo que el Ministerio Público define como una “segunda tanda” de decomisos, destinada a ampliar el alcance de la ejecución patrimonial iniciada tras la firmeza de la condena.
Además del departamento donde cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner, el listado incluye algunos de los activos más representativos del patrimonio vinculado a la causa, entre ellos:
- el hotel Alto Calafate
- el hotel La Aldea, en El Chaltén
- el chalet de la costanera en Río Gallegos
- propiedades y terrenos en Santa Cruz
Estos bienes se suman a la primera etapa del decomiso, que ya había alcanzado más de 100 propiedades de los condenados.
Fundamentos de la Fiscalía
En su dictamen, Luciani sostuvo que el objetivo es avanzar en la recuperación de activos provenientes de la maniobra fraudulenta detectada en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El fiscal recordó que los condenados fueron intimados judicialmente a devolver el monto fijado por la Justicia y que, pese a ello, “no han depositado ni un solo peso”, lo que habilita la ejecución de sus bienes.
Asimismo, argumentó que la magnitud del patrimonio identificado refleja “fortunas desproporcionadas” en relación con los ingresos declarados, lo que justificaría ampliar el alcance del decomiso.
El pedido de la fiscalía quedó ahora en manos del Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, que debe resolver si incorpora estos nuevos bienes al proceso de ejecución.
En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner y sus hijos continúa intentando frenar la ejecución patrimonial mediante recursos judiciales, que podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia.__IP__
El máximo tribunal también tendrá un rol clave en el destino final de los bienes decomisados, ya sea a través de su administración, eventual asignación institucional o subasta.
La inclusión del departamento de San José 1111 en el listado de bienes a decomisar confirma el endurecimiento de la estrategia judicial orientada a hacer efectiva la recuperación de activos en la causa Vialidad (NA)
