Provincia
Piden fortalecer la seguridad química y la gestión ambiental
13 de marzo de 2026
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El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires manifestó su preocupación ante la situación ambiental expuesta recientemente en el marco de la resolución judicial que dispuso un embargo superior a los 157.000 millones de pesos contra la Provincia, en la causa vinculada a la contaminación del sistema hídrico integrado por el arroyo El Gato, el río Santiago y el Río de La Plata.
Según la información difundida públicamente, el proceso judicial pone en evidencia problemas estructurales asociados a la descarga de efluentes cloacales e industriales, así como a la falta de ejecución de obras de saneamiento necesarias para revertir procesos de degradación ambiental que afectan a amplios sectores del territorio provincial, particularmente en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada.
Al respecto, desde la entidad profesional señalaron que “este escenario constituye una señal de alerta que invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la gestión ambiental, la prevención de riesgos y la seguridad química en la Provincia de Buenos Aires”.
En este sentido, el Consejo advirtió que, en distintos puntos del territorio provincial, “se han registrado en los últimos años episodios vinculados a accidentes industriales, incidentes con sustancias peligrosas y eventos de contaminación que evidencian la complejidad de los desafíos asociados a la gestión de procesos químicos”. Estos antecedentes, indicaron, “reflejan escenarios de elevada vulnerabilidad en materia de seguridad química”.
Frente a este panorama, la institución consideró fundamental avanzar en el fortalecimiento de los mecanismos de control, prevención y fiscalización relacionados con el manejo de sustancias químicas y con los procesos industriales que las involucran. Asimismo, destacó “la importancia de promover el cumplimiento efectivo de las normativas vigentes y la participación de profesionales debidamente capacitados y matriculados en aquellas actividades que requieren conocimientos técnicos específicos”.
Además, se subrayó que “la planificación y ejecución de obras de saneamiento, el adecuado tratamiento de efluentes y la consolidación de sistemas de gestión ambiental eficaces constituyen herramientas indispensables para revertir procesos de contaminación y prevenir daños ambientales de gran escala”.
A su vez, se destacó que la articulación entre el Estado, los organismos técnicos, el sector productivo y los profesionales del área “resulta clave para avanzar hacia esquemas de gestión que permitan proteger el ambiente, resguardar la salud de la población y promover prácticas industriales seguras y responsables”.
Finalmente, desde el Consejo Profesional de Química informaron que, ante las problemáticas planteadas, la entidad realizó numerosos contactos con distintas carteras ministeriales sin haber obtenido respuesta hasta el momento. No obstante, reiteraron su disposición a “colaborar con las autoridades provinciales y con los organismos competentes, aportando conocimiento técnico y experiencia profesional para contribuir al desarrollo de políticas que fortalezcan la seguridad química y la gestión ambiental en la Provincia de Buenos Aires”.
Provincia
Los docentes reclaman una ‘urgente recomposición salarial’
Luego de la reunión, de autoridades del Gobierno de la provincia de Buenos Aires con gremios docentes para revisar salarios en la que no se presentó una oferta de aumento, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) emitió un duro comunicado en el que reclama “recomposición salarial, antes de que cierre el sistema, que garantice una mejora real en los ingresos y responda a las necesidades de las y los docentes”.
El texto del FUDB, difundido por los gremios en las últimas horas, menciona en su comienzo la participación en “la reunión de la Comisión Paritaria Docente convocada por el Gobierno Provincial, realizada en la sede del Ministerio de Trabajo. Allí estuvieron presentes Autoridades de los Ministerios de Trabajo, Empleo Público y Hacienda, de la Dirección General de Cultura y Educación, del Banco Provincia y del Instituto de Previsión Social”.
El frente integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA destacó que “la agenda de demandas planteada por las organizaciones del FUDB incluyó la urgente recomposición salarial frente a los niveles inflacionarios, la aplicación efectiva del Acuerdo de Resguardo y Reparación -es necesario que el Gobierno emplee las herramientas necesarias frente a los casos de violencia y defienda a sus trabajadores-, sobre Régimen Académico, y condiciones para la Inclusión Educativa”.
Además, “se argumentó la preocupación por la reforma previsional acordada por el Gobierno Nacional con el FMI -se debe continuar con la defensa irrestricta del sistema previsional provincial y del IPS-“.
El FUDB también reclamó “la implementación de la desconexión total para las y los docentes fuera de su jornada laboral y la necesidad imperiosa de que resuelvan las problemáticas que se presentan en el uso del sistema de licencias y la aplicación del Decreto 900. Se reclamó la culminación del proceso de titularización en Educación Técnica”.
Además, “se hizo el pedido a un llamado para culminar con el Convenio Colectivo de Trabajo, así como que se aborde la modificación de la Resolución 3367/05 (POF) y la Resolución 333/09 de cara a una nueva y mejor organización de las instituciones educativas”.
Así, siempre según el comunicado, “en representación de los gremios que integramos el Consejo Consultivo Gremial del IOMA se entregó al Ministro de Trabajo una presentación con las demandas vinculadas a las prestaciones y servicios de la obra social”.
El texto cierra: “El Gobierno provincial no presentó una propuesta salarial, por lo que el FUDB demandó una urgente propuesta de recomposición salarial, antes de que cierre el sistema, que garantice una mejora real en los ingresos y responda a las necesidades de las y los docentes”.
En la mencionada reunión, las autoridades tomaron nota de los planteos de los representantes sindicales y acordaron continuar las conversaciones en los próximos días.
En tanto, la Provincia sí confirmó que el medio aguinaldo será abonado en tiempo y forma. Además, se presentaron los lineamientos de un plan de refinanciación de deudas, ante casos graves de morosidad que deben enfrentar algunos trabajadores
Provincia
Piden frenar nuevos buques para la pesca de calamar
El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, presentó un recurso de reconsideración ante el Consejo Federal Pesquero (CFP) para solicitar la revocación de la Resolución 6/2026, que habilita un proceso para incorporar hasta 18 nuevos buques poteros destinados a la captura de calamar (Illex argentinus). La Provincia también pidió la suspensión de los efectos de la medida hasta que existan estudios científicos, técnicos y ambientales que demuestren que el aumento del esfuerzo pesquero no comprometerá la sustentabilidad del recurso.
En la presentación, Javier Rodríguez sostuvo que la decisión fue aprobada sin respetar las reglas de funcionamiento del propio Consejo Federal Pesquero, ya que el proyecto fue incorporado, tratado y votado en la misma reunión, sin que los integrantes del organismo contaran previamente con toda la documentación necesaria para su análisis.
Además, el ministro advirtió que la resolución carece de fundamentos científicos suficientes para justificar la ampliación de la capacidad extractiva. Según el planteo bonaerense, no existen estudios específicos que evalúen el impacto que tendría la incorporación de nuevas embarcaciones sobre los distintos stocks de calamar presentes en el Mar Argentino, ni análisis que permitan determinar con precisión los riesgos para la conservación de la especie.
En la Resolución 6/2026 del Consejo Federal Pesquero, la habilitación de proyectos para incorporar los buques poteros se basa en un informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) que concluyó que un aumento moderado de la flota nacional no pondría en riesgo la sustentabilidad del recurso y permitiría incrementar la participación argentina en una pesquería donde actualmente operan numerosas flotas extranjeras en aguas adyacentes.
La convocatoria está dirigida a empresas que cuenten con plantas de procesamiento en tierra o que tengan convenios con establecimientos habilitados. Los proyectos deberán comprometer un reprocesamiento mínimo del 20% de las capturas en territorio nacional, cumplir requisitos técnicos y administrativos, y presentarse dentro de los 20 días hábiles posteriores a la publicación de la norma. Además, cada empresa o grupo empresario podrá postular hasta dos buques, con límites de antigüedad y capacidad establecidos por la resolución.
Según el Consejo Federal Pesquero, la incorporación de estas embarcaciones podría generar alrededor de 600 puestos de trabajo directos a bordo y un "impacto positivo en toda la cadena industrial vinculada al procesamiento de pescado en tierra".
La Provincia argumentó que la medida contradice el principio precautorio establecido por la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, que obliga a actuar con prudencia cuando existen incertidumbres científicas sobre posibles daños ambientales. En ese sentido, remarcó que la falta de información no puede utilizarse para justificar una expansión de la explotación pesquera, sino que debe conducir a una mayor protección de los recursos naturales.
Otro de los puntos cuestionados es el sistema de puntuación territorial incluido en la resolución. El recurso sostiene que el esquema otorga ventajas competitivas a determinadas provincias para acceder a los nuevos permisos de pesca, mientras coloca en desventaja a Buenos Aires. Según el documento, los proyectos vinculados al complejo pesquero bonaerense deberían afrontar mayores costos e inversiones para alcanzar puntajes equivalentes a los de otras jurisdicciones, afectando la competitividad de uno de los principales polos pesqueros e industriales del país, concentrado en Mar del Plata. DIB
Provincia
Tres días de duelo por la muerte del ‘Indio’ Solari
La bandera bonaerense permanecerá tres días a media asta en toda la administración pública durante el duelo que decretó el gobernador Axel Kicillof, con motivo del fallecimiento del músico y compositor Carlos "Indio" Solari.
El decreto provincial 2026-622 fue emitido este viernes, el día en que Solari, de 77 años, murió en su vivienda del barrio de Parque Leloir, en Ituzaingó.
En el texto se invita, además, a los poderes legislativo y judicial, y a las municipalidades, a tomar medidas similares. Entre las primeras en seguir este lineamiento se ubicó la Municipalidad de La Plata, ciudad donde Carlos Alberto Solari estudió y creó a los Redonditos de Ricota. En la capital bonaerense, el intendente Julio Alak decretó la realización de, también, tres días de duelo. También ocurre en Ituzaingó, el municipio donde Solari vivía y donde murió.
En los fundamentos del decreto provincial, se lee que “el Indio se convirtió en una figura central del rock argentino y un referente de la cultura nacional que supo trascender generaciones y generó una conexión extraordinaria con su público”. Además, que “las letras de las canciones mostraron una mezcla de rebeldía, reflexión y poesía, que supieron transformarse en verdaderos símbolos culturales para varias generaciones”.
Y además, “su constante compromiso con el bienestar del pueblo y de la justicia social lo convirtieron en un fiel representante del pensar popular y un ferviente defensor de las personas más vulnerables”. Por ello, “su grandeza excedió el plano musical, proyectando su figura a distintos ámbitos de la cultura popular, causando, su inesperado fallecimiento, un profundo dolor en los/as bonaerenses”.
Por todo lo expuesto, “resulta pertinente manifestar las condolencias y solidaridad del pueblo de la Provincia, acompañando a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”.

