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Ley de semillas: beneficio para los productores
10 de marzo de 2026
La Mesa de Enlace analiza presentar al Gobierno un esquema que permite guardar semilla hasta tres campañas con un pago acordado; los productores chicos mantendrían el uso propio gratuito.
La discusión por la nueva ley de semillas vuelve a tomar impulso en el agro. La Mesa de Enlace analiza presentar al Gobierno una propuesta que permitiría a los productores guardar y volver a sembrar semillas de soja, trigo y otros cultivos autógamos, pero con un esquema de pago limitado y reglas más claras para el uso propio.
La iniciativa podría plantearse este martes durante una reunión con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en el marco de Expoagro, donde también se abordarán temas de infraestructura rural y la situación del INTA.
Cómo funcionaría el uso propio de semillas
Según el borrador que se trabaja dentro de la Mesa de Enlace, el productor podría multiplicar la semilla comprada legalmente hasta tres veces, pagando un valor previamente acordado con la industria semillera.
El esquema contempla dos alternativas:
- Pago por cada multiplicación de la semilla guardada.
- Pago único al comprar la bolsa, cubriendo las tres multiplicaciones y evitando pagos posteriores.
El precio se fijaría en el momento de la compra, sin fórmulas variables posteriores.
Uno de los puntos centrales del borrador busca proteger a los productores medianos y chicos.
La propuesta establece que quienes siembren hasta 500 hectáreas con semilla fiscalizada podrán mantener el uso propio gratuito durante tres campañas sobre esa superficie inicial.
Sin embargo, si mediante multiplicaciones el productor termina sembrando más superficie que la cubierta originalmente por la compra, se aplicaría un esquema mixto.
Por ejemplo:
- Si compra semilla para 100 hectáreas y luego multiplica hasta sembrar 500,
- Las 100 hectáreas iniciales seguirían gratis,
- Pero por las 400 hectáreas adicionales debería pagar un canon por uso incremental.
El debate se da en medio de la presión de la industria semillera para actualizar el sistema de propiedad intelectual, que hoy se rige por una ley vigente desde 1973.
Las empresas sostienen que la falta de reconocimiento adecuado al desarrollo genético frena inversiones en investigación, especialmente frente a países como Brasil, donde la adopción tecnológica avanzó más rápido.
En paralelo, el Gobierno ya anticipó que busca avanzar hacia un régimen más fuerte de protección a la innovación, algo que en el sector se asocia con la posible adhesión al convenio internacional UPOV 91.
Aunque el borrador está avanzado, todavía no hay acuerdo total dentro de la Mesa de Enlace.
El principal punto pendiente es la posición de Coninagro, entidad que además de productores tiene vínculos con la industria semillera a través de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
Por eso, aún no está confirmado si la propuesta será presentada formalmente en Expoagro o si la discusión continuará dentro del bloque rural antes de llevarla al Gobierno.
Mientras tanto, el tema vuelve a instalarse en el centro del debate del agro: cómo equilibrar el derecho del productor a usar su semilla con el reconocimiento económico a la innovación genética.
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Prohiben utilizar plaguicidas a menos de mil metros de centros urbanos
Aún no se ha dictado sentencia definitiva en relación a la suspensión judicial de varios artículos de la Ordenanza 21296/2013, por lo que se recomienda a productores, aplicadores y vecinos la obligación de respetar estas restricciones y las medidas de protección ambiental y sanitaria.
La Municipalidad informa que continúa vigente la prohibición de la utilización de productos químicos o biológicos de uso agropecuario -incluidos plaguicidas y fertilizantes- dentro de un radio de mil metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales, conforme a la Ordenanza Nº 18740/2008.
Esta disposición resulta aplicable en virtud de la suspensión judicial de los artículos 19, 23, 27 y 28 de la Ordenanza Nº 21296/2013, dispuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa “Picorelli Jorge Omar y otros c/ Municipalidad de General Pueyrredon s/ Inconstitucionalidad Ordenanza Nº 21296”.
En ese sentido, se recuerda que aún no se ha dictado sentencia definitiva en dicha causa, por lo que continúa vigente la suspensión de esos artículos y corresponde mantener el cumplimiento de las restricciones señaladas. El Municipio recuerda a productores, aplicadores y vecinos la obligación de respetar estas restricciones y las medidas de protección ambiental y sanitaria.
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Las exportaciones agroindustriales crecen 13,2%
Las exportaciones agroindustriales argentinas sumaron u$s 42.304 millones entre enero y septiembre de 2026, un 13,2% más que en el mismo período del año pasado. El incremento representó un ingreso adicional de u$s 4.928 millones, según el informe mensual de exportaciones por complejos del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Solo en septiembre, las ventas externas del sector alcanzaron los u$s 5.500 millones, con una mejora interanual del 13,6%. En términos absolutos, fueron u$s 658 millones más que en igual mes de 2025, detalla el informe.
Los complejos de girasol, maíz y carne y cuero vacunos realizaron los mayores aportes en dólares al crecimiento de las exportaciones. En sentido contrario, el desempeño de los complejos sojero, avícola y sucroalcoholero moderó la suba general.
Al observar las tasas de crecimiento porcentual de septiembre, los mayores avances correspondieron a los complejos porcino, girasolero y algodonero. El girasol se destacó así tanto por el ritmo de expansión de sus ventas externas como por su contribución monetaria al aumento del conjunto agroindustrial.https://514ed812962e211f008eae8ab92f4214.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
El informe también incorporó una referencia al contexto cambiario. El tipo de cambio real multilateral que elabora el Banco Central se mantuvo estable frente al mes anterior, aunque se ubicó un 3% por debajo del promedio de 2025.
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Buscan penar el vandalismo rural
La Cámara de Diputados aprobó en las últimas horas un proyecto que busca incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal y que impone penas de hasta 10 años de cárcel por la intrusión en los campos. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) celebró el logró en la Cámara baja y destacó que “el campo no puede tener menos protección que cualquier otro ámbito”.
En un comunicado, CARBAP afirmó: “Celebramos la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley que incorpora al Código Penal figuras específicas vinculadas al vandalismo rural, un paso importante para fortalecer la protección de los productores y sus familias”.
La confederación ruralista remarcó que “la destrucción de cultivos, silobolsas, alambrados e instalaciones productivas provoca pérdidas económicas y atenta contra meses de trabajo e inversión”.
Continuó: “Destacamos especialmente el abordaje de la violación de domicilio rural. Ingresar sin autorización a un establecimiento rural vulnera la privacidad, la tranquilidad y la seguridad de quienes viven y trabajan allí”. Porque “el campo no puede tener menos protección que cualquier otro ámbito: detrás de cada tranquera hay personas, familias y bienes que deben ser respetados”.
“Valoramos este avance legislativo y convocamos a seguir trabajando para que existan herramientas legales efectivas que protejan la producción y garanticen el respeto por la propiedad. Sin seguridad ni respeto por el trabajo, no hay desarrollo rural posible”, cerró el mensaje de CARBAP.
El proyecto sobre vandalismo rural fue aprobado en Diputados por 162 votos contra 77 y una abstención del diputado de Unión por la Patria Luis Basterra (precisamente, exministro de Agricultura nacional durante los primeros años del Gobierno de Alberto Fernández).
El dictamen de mayoría obtuvo varias modificaciones que fueron consensuadas entre el autor del proyecto, Martín Ardohain, y el legislador massista, Ramiro Gutiérrez.
El proyecto fue respaldado por la Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Coherencia, y Producción y Trabajo. En tanto, la iniciativa fue rechazada por el grueso de los diputados de UxP, la izquierda, e Independencia.
Establece que “será reprimido con prisión de un 1 mes a un 1 año, el que entrare en establecimiento rural, o sus dependencias, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”.
El máximo de la pena se elevará a 2 años cuando “el ingreso obstaculice sustancialmente el desarrollo de la actividad productiva rural o ponga en un peligro concreto la vida o la integridad física de las personas que se encuentran en el establecimiento, o de la sanidad de los animales o cultivos de la explotación, siempre que el hecho no constituyere un delito más severamente penado”.
También impone “prisión de dos a ocho años y multa de tres a doce veces el valor del daño causado para la persona que destruya de cualquier modo silobolsas, o cualquier producto que forme parte del proceso productivo agropecuario”.
Mientras que la pena “se aumentará a 10 años si el delito es cometido por tres o más personas que actúen de manera coordinada, y se produzca la pérdida total de la producción en curso o se impidiere la continuidad del ciclo productivo, su transporte o comercialización”.
