Provincia
Alerta por falta de control técnico en la cooperativas eléctricas
5 de marzo de 2026
El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) presentó un documento ante el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) donde advierte sobre presuntos incumplimientos de distribuidoras eléctricas que operan en nuestra provincia sin cumplir plenamente con la obligación legal de contar con un representante técnico Ingeniero que se encuentre habilitado para ejercer la profesión en Buenos Aires.
El planteo de la entidad que preside Jorge Castellano, al igual que ya lo hiciera en el año 2025, pone el eje en el cuidado de la seguridad pública, argumentando que la intervención formal de un Ingeniero electricista debidamente matriculado no es un requisito burocrático sino una garantía concreta de control sobre instalaciones que, por su propia naturaleza, implican riesgo permanente.
En la presentación ante el ente de contralor se menciona el caso de cooperativas como las de Orense, Pigüé, Claromecó y Coronel Pringles, que ante intimaciones del Colegio argumentaron que la participación de los Ingenieros que ejecuten la tarea de “Representante técnico” no sería obligatoria dentro de la normativa específica del sector eléctrico. Según el CIPBA, esa interpretación desconoce la vigencia de la ley provincial que regula el ejercicio profesional de la ingeniería, norma de orden público que exige que toda empresa que ejecute trabajos propios de la disciplina cuente con respaldo técnico habilitado.
Desde el Colegio explicaron además que el visado previo de los contratos profesionales permite verificar que el ingeniero interviniente posea título habilitante, matrícula vigente, incumbencia adecuada y que no registre sanciones disciplinarias. Ese control, además, asegura la correcta registración previsional de los honorarios y evita situaciones de ejercicio ilegal de la profesión.
Más allá del debate jurídico, el punto central del planteo es el impacto sobre la calidad y seguridad que estos prestadores del servicio le brindan, y por el cual le cobran, a sus usuarios. La distribución eléctrica es una actividad considerada riesgosa por la jurisprudencia y por el propio marco regulatorio nacional y provincial. Las instalaciones en la vía pública, el mantenimiento de redes, transformadores y líneas aéreas requieren supervisión técnica especializada para prevenir fallas que puedan derivar en incendios, electrocuciones o daños materiales.
El sistema regulatorio impone estándares de calidad, confiabilidad y seguridad. Para el CIPBA, esos estándares resultan imposibles de sostener si no existe responsabilidad técnica claramente identificada y sujeta a control profesional. La ausencia de un representante técnico formalmente designado debilita la trazabilidad de las decisiones técnicas y diluye responsabilidades ante eventuales siniestros, remarca el mensaje ante el OCEBA.
La entidad advirtió que las Cooperativas reconocen que han contratado profesionales matriculados solo a los fines de la obtención inicial de una licencia para operar, pero que los Ingenieros que deben contratar como Representantes técnicos no son necesarios para el mantenimiento continuo de las condiciones de seguridad en la prestación del servicio. Desde la entidad colegial argumentan que la supervisión periódica, la detección de anomalías y la corrección de fallas requieren conducción técnica idónea y registrada que por la necesidad de formación específica debido a la peligrosidad que conllevan son actividades reservadas por ley a los Ingenieros.
En ese contexto, el Colegio pidió al organismo de control que requiera a las distribuidoras la identificación de los ingenieros que les hayan prestado servicios en los últimos diez años, que se informe sobre los convenios que estas pudieran haber suscripto con profesionales de la Ingeniería para que se verifique el cumplimiento de la contratación que les impone la concesión y que la gran mayoría de las distribuidoras del interior provincial habrían incumplido. También solicitó que se revisen las condiciones técnicas consideradas al otorgar licencias.
El CIPBA remarcó que su intervención no persigue un fin corporativo sino el cumplimiento de una función pública delegada por ley: gobernar la matrícula y controlar el ejercicio profesional en resguardo del interés general. Desde esa perspectiva, el control técnico adecuado constituye una barrera preventiva frente a riesgos que pueden afectar directamente la vida, la integridad física y los bienes de miles de usuarios bonaerenses.
La advertencia es clara: en materia eléctrica no hay margen para interpretaciones laxas porque las concesiones de estos servicios establecen obligaciones de carácter técnico para obtener una compensación económica, porque la calidad se debería anteponer al beneficio en entidades como las cooperativas mencionadas que deben comprender que dicha calidad y seguridad del servicio dependen, en última instancia, de que cada decisión técnica esté respaldada por profesionales habilitados y sometidos a control, pero por sobre todo que relajar los estándares de calidad de operación implica asumir un riesgo innecesario que la sociedad no debería tolerar.
Provincia
Se busca reformar la justicia de menores
Tras la baja de la edad de imputabilidad penal a los 14 años, que implica toda una reforma del sistema para procesar a los menores en la justicia, ahora buscan avanzar con la adaptación del Régimen Penal Juvenil en la provincia, alinearlo con esos cambios.
La reforma está contenida en un proyecto de ley que presentó el intendente en licencia y actual senador Guillermo Montenegro -quien fue juez penal antes de dedicarse a la política- que busca introducir “un cambio de paradigma” en el funcionamiento de la justicia de menores en PBA.
El senador explicó que su propuesta busca "dejar atrás un enfoque centrado en la tutela del menor para avanzar hacia uno basado en la responsabilidad penal, incorporando además un rol más activo para las víctimas dentro del proceso judicial”.
El proyecto no elimina la ley bonaerense actual, sino que propone una reconfiguración de la Ley 13.634 mediante la modificación e incorporación de artículos. Entre los cambios principales aparece la reducción de la edad de imputabilidad, uno de los ejes centrales del esquema impulsado a nivel nacional.
Entre los fundamentos, el senador advirtió sobre un aumento en los delitos cometidos por menores, en muchos casos bajo la coordinación de adultos. Según argumentó, esta situación incluye hechos graves como robos con armas y homicidios, además de la utilización de adolescentes por parte de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
La iniciativa también introduce cambios en el funcionamiento del fuero juvenil, medidas cautelares más estrictas y mayor protección para las víctimas. A su vez, establece que la privación de la libertad será el último recurso, con penas máximas de hasta 15 años y cumplimiento en establecimientos especializados para adolescente
Provincia
Kicillof asumió en el PJ
Axel Kicillof asumió formalmente al frente del PJ bonaerense y como primer gesto político de impronta personal puso en marcha una campaña masiva de afiliación, apuntada a sumar jóvenes al partido y un discurso de “apertura hacia sectores que nos han sido adversos”. Hubo además un cuidado de los equilibrios internos, con críticas al gobierno de Javier Milei combinadas con el reclamo por la prisión de Cristina Kirchner.
La presidencia de Kicillof se formalizó en una reunión del Consejo partidario que se realizó en la sede de La Plata, a la que concurrieron dirigentes alienados en todas las corrientes internas con la excepción de Máximo Kirchner, que estuvo en un acto en Santa Fe, un gesto que pareció apuntado a marcar las tensiones internas que persisten, más allá de que su rol como titular del Congreso no le exigía estar presente.
Kicillof esquivó la polémica y, a la salida, dedicó unos minutos a la prensa para desgranar un discurso que combinó una llamado a sumar sectores “que muchas veces nos han sido adversos” con el rol que quiere para el partido: “tenemos que estar en la calle, acompañando y resistiendo: el peronismo de la provincia de Buenos Aires va a ser el responsable de terminar con este modelo de destrucción”, se entusiasmó.
“Hemos demostrado madurez, hemos demostrado responsabilidad", afirmó en esa línea. Y agregó que "no hay sector que no crea que es fundamental poner de pie y poner a funcionar el partido justicialista provincial". Enfatizó que "vi un espíritu de cooperación, un espíritu para contribuir" y que el resultado fue "una declaración conjunta de todos los sectores".
El Consejo aprobó un comunicado oficial que recoge la agenda crítica hacia el gobierno de Javier Milei, con un lugar destacado para la exigencia de reponer fondos nacionales “retenidos indebidamente” a la provincia por el gobierno de Milei, con el reclamo por Cristina Kirchner, a quien define como “proscripta” y para quien piden “la liberación”. Le suman un reclamo “humanitario” por Julio De Vido, preso con el acceso a un tratamiento médico por su diabetes dificultados, según denunció.
De la reunión emergió una marcha que el miércoles encabezarán intendentes y el gobernador al ministerio de Capital Humano para reclamarle a Sandra Petovello por una deuda de $220.000 mil millones, que ella niega, para financiar el Servicio Alimentario Escolar. Kicillof ya participó esta semana en un reclamo ante la Corte por fondos jubilatorios y también se sumará a la movilización del partido por el día del Trabajador, que quedó definida hoy.
En lo formal, se completó también la grilla de autoridades. Se designó a Verónica Magario como vicepresidenta 1º y a Federico Otermín como vicepresidente 2º, en tanto que Mariano Cascallares estará al frente de la Secretaría General, Julio Alak de la Secretaría de Formación Política y Mariel Fernández de la Secretaría de las Mujeres y Género. Asimismo, se ratificó a Ariel Sujarchuk como secretario de Finanzas y Tesorería, y a Noelia Castaño como subtesorera del partido.
Provincia
Luz: Autorizan nuevo aumento
El gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó el cuadro tarifario que van a aplicar las distribuidoras de luz el mes que viene. Los nuevos valores de la energía eléctrica quedaron plasmados en la Resolución 222/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Cómo va a impactar en las facturas que llegan a los hogares.
“El impacto en factura final será en promedio del 1%“. De esta manera, un usuario residencial sin subsidio con un consumo medió que pagó $50.000 este mes, en mayo va a abonar $50.500 incluyendo impuestos.
Paralelamente, un usuario con la tarifa subsidiada que pagaba $31.500 va a pasar a $31.800.
Este incremento de tarifas entra en vigencia el 1º de mayo y se verá reflejado en los consumos de ese mes por lo que llegará a las facturas que reciben los usuarios en junio. Según se explicó, se debe a un ajuste del valor agregado de distribución (VAD).
En mayo, la luz va a aumentar un 1% respecto de las tarifas de abril en toda la provincia de Buenos Aires.
Vale aclarar que esta suba rige para las cuatro distribuidoras que operan en el territorio bonaerense (EDELAP, EDEN, EDES y EDEA) y para las cooperativas eléctricas. Es de esperar que en los próximos días el Gobierno Nacional autorice los aumentos de luz para EDENOR y EDESUR que prestan servicio en el conurbano bonaerense.
