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Alerta por falta de control técnico en la cooperativas eléctricas

5 de marzo de 2026

El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) presentó un documento ante el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) donde advierte sobre presuntos incumplimientos de distribuidoras eléctricas que operan en nuestra provincia sin cumplir plenamente con la obligación legal de contar con un representante técnico Ingeniero que se encuentre habilitado para ejercer la profesión en Buenos Aires.

El planteo de la entidad que preside Jorge Castellano, al igual que ya lo hiciera en el año 2025,  pone el eje en el cuidado de la seguridad pública, argumentando que la intervención formal de un Ingeniero electricista debidamente matriculado no es un requisito burocrático sino una garantía concreta de control sobre instalaciones que, por su propia naturaleza, implican riesgo permanente.

En la presentación ante el ente de contralor se menciona el caso de cooperativas como las de Orense, Pigüé, Claromecó y Coronel Pringles, que ante intimaciones del Colegio argumentaron que la participación de los Ingenieros que ejecuten la tarea de “Representante técnico” no sería obligatoria dentro de la normativa específica del sector eléctrico. Según el CIPBA, esa interpretación desconoce la vigencia de la ley provincial que regula el ejercicio profesional de la ingeniería, norma de orden público que exige que toda empresa que ejecute trabajos propios de la disciplina cuente con respaldo técnico habilitado.

Desde el Colegio explicaron además que el visado previo de los contratos profesionales permite verificar que el ingeniero interviniente posea título habilitante, matrícula vigente, incumbencia adecuada y que no registre sanciones disciplinarias. Ese control, además, asegura la correcta registración previsional de los honorarios y evita situaciones de ejercicio ilegal de la profesión.

Más allá del debate jurídico, el punto central del planteo es el impacto sobre la calidad y seguridad que estos prestadores del servicio le brindan, y por el cual le cobran, a sus usuarios. La distribución eléctrica es una actividad considerada riesgosa por la jurisprudencia y por el propio marco regulatorio nacional y provincial. Las instalaciones en la vía pública, el mantenimiento de redes, transformadores y líneas aéreas requieren supervisión técnica especializada para prevenir fallas que puedan derivar en incendios, electrocuciones o daños materiales.

El sistema regulatorio impone estándares de calidad, confiabilidad y seguridad. Para el CIPBA, esos estándares resultan imposibles de sostener si no existe responsabilidad técnica claramente identificada y sujeta a control profesional. La ausencia de un representante técnico formalmente designado debilita la trazabilidad de las decisiones técnicas y diluye responsabilidades ante eventuales siniestros, remarca el mensaje ante el OCEBA.

La entidad advirtió que las Cooperativas reconocen que han contratado profesionales matriculados solo a los fines de la obtención inicial de una licencia para operar, pero que los Ingenieros que deben contratar como Representantes técnicos no son necesarios para el mantenimiento continuo de las condiciones de seguridad en la prestación del servicio. Desde la entidad colegial argumentan que la supervisión periódica, la detección de anomalías y la corrección de fallas requieren conducción técnica idónea y registrada que por la necesidad de formación específica debido a la peligrosidad que conllevan son actividades reservadas por ley a los Ingenieros.

En ese contexto, el Colegio pidió al organismo de control que requiera a las distribuidoras la identificación de los ingenieros que les hayan prestado servicios en los últimos diez años, que se informe sobre los convenios que estas pudieran haber suscripto con profesionales de la Ingeniería para que se verifique el cumplimiento de la contratación que les impone la concesión y que la gran mayoría de las distribuidoras del interior provincial habrían incumplido. También solicitó que se revisen las condiciones técnicas consideradas al otorgar licencias.

El CIPBA remarcó que su intervención no persigue un fin corporativo sino el cumplimiento de una función pública delegada por ley: gobernar la matrícula y controlar el ejercicio profesional en resguardo del interés general. Desde esa perspectiva, el control técnico adecuado constituye una barrera preventiva frente a riesgos que pueden afectar directamente la vida, la integridad física y los bienes de miles de usuarios bonaerenses.

La advertencia es clara: en materia eléctrica no hay margen para interpretaciones laxas porque las concesiones de estos servicios establecen obligaciones de carácter técnico para obtener una compensación económica, porque la calidad se debería anteponer al beneficio en entidades como las cooperativas mencionadas que deben comprender que dicha calidad y seguridad del servicio dependen, en última instancia, de que cada decisión técnica esté respaldada por profesionales habilitados y sometidos a control, pero por sobre todo que relajar los estándares de calidad de operación implica asumir un riesgo innecesario que la sociedad no debería tolerar.

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Técnicos llaman a elecciones

El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires realizará elecciones para la renovación de sus autoridades este miércoles 28 de octubre. La jornada se desarrollará de manera simultánea en ocho sedes habilitadas, con el objetivo de facilitar la participación de los profesionales matriculados de las distintas localidades que integran su jurisdicción.

En el distrito 5, el proceso abarca la elección de los integrantes del tribunal de disciplina.

Las autoridades distritales invitaron a los matriculados habilitados a participar de esta jornada electoral, reafirmando el compromiso con una institución representativa y con la participación activa de sus profesionales. Podrán hacerlo entre las 8 y las 18 en: Mar del Plata: Dorrego 371.Miramar: calle 21 Nº 1945, local 1.Necochea: calle 57 Nº 2263.Tandil: San Lorenzo Nº 208. Santa Clara del Mar: Santa Mónica Nº 952, local 1.Pinamar: Del Cazón Nº 1227, local 27, Paseo Ágora. Villa Gesell: avenida Buenos Aires Nº 532 y Mar del Tuyú: calle 7 Nº 3908, esquina 7.

“La elección de autoridades constituye una instancia central para la vida democrática del Colegio, ya que permite a los profesionales participar en la definición de sus órganos de conducción y representación a nivel provincial y distrital” destacaron las autoridades de la mesa ejecutiva.

Además, señalaron que “la participación de los matriculados contribuye al fortalecimiento de la institución y a la continuidad de las acciones vinculadas con la defensa del ejercicio profesional, la jerarquización de la actividad técnica y el acompañamiento de los profesionales en el desarrollo de su labor”.

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Los judiciales también aceptaron la suba salarial del 6%

Tras cerrar el acuerdo salarial con los docentes y estatales, ahora la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aceptó la propuesta del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gremio sostuvo que la oferta del 6% en dos cuotas que recibieron en paritarias fue aceptada “por amplísima mayoría” en todas las asambleas.

La propuesta aceptada contempla un incremento de 3% con los sueldos de octubre y otro 3% con en noviembre, a cobrar en diciembre. Ese mes, en tanto, la administración provincial se comprometió a reabrir las negociaciones.

Con este incremento, el aumento salarial acumulado a noviembre alcanzará el 26% para la subcategoría F, porcentaje que crece progresivamente en las restantes subcategorías hasta llegar al 38,9% en la A1, correspondiente a las y los trabajadores de mayor antigüedad.

La única diferencia entre los judiciales y el resto de los sectores afecta a los empleados pasivos. Sucede que el Instituto de Previsión Social (IPS) cerró el calendario de liquidación de las jubilaciones y pensiones antes de que se alcance un acuerdo. En este contexto, la Provincia va a pagar ambos tramos del aumento juntos con los haberes de noviembre, es decir, en diciembre.

Se sabía que esto podía pasar teniendo en cuenta las demoras que atravesaron a la negociación y que recién a mitad de mes se cerró con docentes y estatales. El acuerdo con la AJB llevó una semana más y por eso no va a impactar en la próxima liquidación de jubilados y pensionados.

Fuente: DIB

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Justicia habilitó los aumentos de las tarifas de luz

Las tarifas de luz en laprovincia de Buenos Airesquedaron nuevamente habilitadas para las cuatro distribuidoras luego de que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata aceptara el pedido de la administración de Axel Kicillof. El tribunal concedió efecto suspensivo al recurso provincial contra la cautelar que había frenado los incrementos.

La resolución, firmada el 15 de octubre, permite aplicar los valores previstos en la Resolución 682/2026 para los clientes de EDELAP, EDEN, EDEA y EDES. Así, deja en pausa la orden judicial que había restablecido provisoriamente el esquema tarifario anterior para los componentes provinciales de las facturas.

El fallo no zanja el debate sobre la validez de las subas ni constituye una decisión definitiva sobre el expediente. La Cámara deberá analizar los argumentos de fondo en otra instancia; por ahora, estableció que la apelación de la Provincia avance con efecto suspensivo, mientras sigue el trámite judicial.

La causa se originó a partir de una demanda del Defensor del Pueblo bonaerense contra el gobierno provincial y las cuatro empresas distribuidoras. El 18 de septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca había suspendido los efectos de la Resolución 585/2026 y ordenado volver al cuadro previo.

El reclamo objetó que las actualizaciones se aplicaran sin una audiencia pública anterior ni otra instancia equivalente de consulta a los usuarios. En su análisis, el juzgado tomó en cuenta que la última audiencia asociada a una revisión integral de las tarifas se había realizado en diciembre de 2016.

La Fiscalía de Estado apeló y solicitó que el recurso frenara la aplicación de la cautelar, pero el juzgado rechazó ese planteo inicialmente. La Provincia llevó entonces la discusión ante la Cámara marplatense. Para fundamentar su pedido, advirtió que sostener los valores anteriores podía complicar la cobertura de los costos actuales y la continuidad del servicio.

El gobierno también sostuvo que separar en las boletas los componentes nacionales y provinciales podía resultar complejo. Como respaldo, presentó informes del Ministerio de Infraestructura y del Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense, que señalaron dificultades para facturar y supervisar la combinación de distintos cuadros tarifarios.

Al revisar la presentación, la Cámara entendió que los elementos aportados permitían considerar, de manera preliminar, que podía estar comprometido el interés público. Por eso aceptó la queja y concedió efecto suspensivo a la apelación. La disputa sigue abierta y la Fiscalía indicó que la audiencia por la Revisión Tarifaria Integral estaba prevista para mediados de diciembre de 2026. diD

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