El Gobierno dio este lunes un nuevo paso en el proceso de privatización del sistema vial al convocar a una licitación pública nacional e internacional para concesionar una amplia red de rutas nacionales, en el marco del plan oficial para transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de los principales corredores del país

La decisión quedó formalizada a través de la resolución 174/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y se inscribe dentro del proceso de privatización total de Corredores Viales SA, la empresa estatal que actualmente administra gran parte de las rutas concesionadas.

La licitación corresponde a la Etapa III de la “Red Federal de Concesiones” y comprende la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la red vial nacional.

Entre las trazas incluidas figuran sectores de las rutas nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, además de accesos y variantes clave, muchas de las cuales hoy están bajo control de Corredores Viales.

El esquema prevé la concesión de obra pública por peaje, bajo la cual las empresas adjudicatarias deberán hacerse cargo no solo del cobro, sino también de la construcción, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento, además de la prestación de servicios a los usuarios.

Asimismo, la administración libertaria aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares, los Formularios de Cotización, el Modelo de Contrato, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares correspondientes a cada tramo.

Toda la documentación puede ser consultada y descargada por los interesados en la plataforma CONTRAT.AR. (https://contratar.gob.ar/), y hay tiempo hasta el “04/05/2026 a las 13:00 horas”. En tanto para la presentación de las ofertas, la fecha límite es el 18 de junio, al mediodía.

La semana pasada se lanzó una nueva licitación para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en cinco provincias, correspondiente a la Etapa II-B. Así lo anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien especificó que la convocatoria es de alcance nacional e internacional y comprenderá cuatro corredores estratégicos.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) anunció un nuevo cronograma de paros que comenzará el jueves 26 y afectará los despegues en todos los aeropuertos del país en distintas franjas horarias.

El gremio de controladores aéreos definió la medida como una “legítima acción sindical” ante la falta de acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), luego del vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Según detallaron, la protesta será escalonada y consistirá en restringir exclusivamente la autorización para el despegue de aeronaves durante determinados horarios. No se verán afectadas las operaciones ya iniciadas ni los vuelos en emergencia, sanitarios, humanitarios, de Estado o de búsqueda y salvamento.

De acuerdo a lo informado, el esquema de paros anunciado por Atepsa es el siguiente:

Jueves 26: toda la aviación, de 15 a 18.

Viernes 27: toda la aviación, de 19 a 22.

Sábado 28: aviación general y no regular, de 13 a 16.

Domingo 1: aviación comercial regular con destino nacional, de 9 a 12.

Lunes 2: toda la aviación, de 5 a 8.

En las jornadas señaladas como “toda la aviación” se verán alcanzados los despegues de todas las categorías y en todos los aeropuertos del país. En cambio, cuando se menciona “aviación general y no regular”, la medida impactará exclusivamente en vuelos privados, taxis aéreos y servicios no comerciales.

Por su parte, la restricción a la “aviación comercial regular con destino nacional” afectará únicamente a vuelos regulares dentro del país.

Durante las horas de paro tampoco se recibirán ni transmitirán planes de vuelo y se suspenderán actividades administrativas no críticas. Desde el sindicato aclararon que no se interrumpirán tareas que puedan comprometer la seguridad operacional, como el mantenimiento de equipos en uso o la emisión de NOTAM y comunicaciones esenciales.

La disputa entre Atepsa y EANA se arrastra desde hace varios meses y combina reclamos salariales con denuncias sobre presuntos incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo. En agosto del año pasado, las partes habían acordado un aumento del 15% en cuatro tramos, lo que permitió una tregua momentánea.

Sin embargo, la reanudación de asambleas y medidas de fuerza en noviembre y diciembre derivó en la intervención de la Secretaría de Trabajo y el dictado de la conciliación obligatoria. Tras el vencimiento de esa instancia sin acuerdo, el gremio retomó el plan de lucha.

EANA recordó que los servicios de navegación aérea están catalogados como esenciales por ley, lo que limita el alcance de las medidas sindicales. La normativa vigente establece que los paros deben anunciarse con al menos cinco días de antelación y no pueden afectar más del 45% de las operaciones.

Al tratarse de una empresa pública, la negociación salarial se enmarca en los lineamientos definidos por la Oficina Nacional de Empleo Público, que fija el margen de oferta del gobierno en las discusiones paritarias. Además, el conflicto incluye investigaciones judiciales y denuncias penales por presuntas irregularidades que involucran a ex y actuales autoridades.

Otra semana compleja para los viajeros
Las medidas de Atepsa se suman a una semana ya marcada por dificultades en el sector aerocomercial, tras el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral. En esa jornada, las aerolíneas debieron modificar itinerarios, cancelar y reprogramar vuelos, con un impacto estimado en más de 65.000 pasajeros.

Entre los gremios aeronáuticos que se plegaron a esa protesta se encuentran la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).

Con este nuevo cronograma de paros, el escenario anticipa demoras y posibles reprogramaciones en distintos puntos del país, justo en el tramo final del receso estival.

La justicia federal de Gualeguaychú desbarató un plan ideado por un jefe narco de Diamante para asesinar en el exterior al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal federal José Ignacio Candioti, en el marco de una causa que los involucra.

La maniobra se vinculó al narco Leonardo Airaldi, quien habría pagado 40 mil dólares a un sicario uruguayo para concretar los ataques durante supuestas vacaciones de los magistrados en ese país, aunque ninguno de ellos estuvo en Uruguay ni tenía previsto viajar.

El dato surgió a partir del testimonio de un recluso ligado al narcotráfico, quien aportó la información ante la justicia federal. Tras esos dichos se inició la investigación que permitió desarticular el plan.

Según el relato del interno, Airaldi buscaba venganza contra Ríos y Candioti por la causa que lo llevará a juicio en los próximos días. De acuerdo con lo manifestado por el testigo, el juez Ríos le había “inventado una causa” y Candioti “tiene todo arreglado para que le de 15 años de condena en un juicio que empieza el martes”.

La investigación sobre Airaldi se extiende desde hace varios años y lo compromete no solo con la justicia de Entre Ríos sino también con la de Rosario, donde enfrenta otro expediente de mayor gravedad que el que tramita en Paraná.

El presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sigue el tema de cerca. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Rosatti se comunicó con Ríos y Candioti y mantiene contacto permanente con las fuerzas federales para garantizar la seguridad del magistrado y su juzgado.

De acuerdo a lo manifestado oficialmente, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, tomó conocimiento de las acusaciones a través del director del Servicio Penitenciario provincial y del titular de la Unidad Penal 9, Lucas Duffour.IP

El preso declaró ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, quien requirió al juez federal Hernán Viri una orden de allanamiento que se cumplió este viernes por la tarde. NA