La fábrica de neumáticos Fate anunció este miércoles el cierre definitivo de sus operaciones. La compañía, propiedad de la familia Madanes Quintanilla y con más de 80 años de trayectoria, clausurará su planta industrial en Virreyes, partido de San Fernando, y procederá al despido de la totalidad de su nómina, compuesta por 920 trabajadores.

A diferencia de crisis anteriores, la empresa aclaró que no se trata de un concurso de acreedores ni de un proceso preventivo. Según fuentes cercanas a la firma, se trata de una liquidación total del negocio para “bajar la persiana” cumpliendo con todas las indemnizaciones y compromisos con proveedores y bancos.

“Es un día de luto”, señalaron allegados a Javier Madanes, presidente de la firma y dueño de Aluar, quien se mostró profundamente afectado por la decisión.

El cierre llega tras años de dificultades financieras, agravadas por lo que la empresa denomina una “invasión de cubiertas chinas” que alteró las condiciones del mercado.Fate cierra su fábrica de neumáticos. Explicó en un comunicado el porqué de la decisión. (Infobae)

En un breve comunicado, el Directorio de Fate explicó que los cambios en el entorno económico los obligan a encarar el futuro desde un enfoque diferente, tras haber sido pioneros en el abastecimiento de neumáticos radiales y mantener una fuerte presencia exportadora.

Sin embargo, la empresa ya había advertido en mayo de 2024 sobre una pérdida de competitividad insalvable.

Entre los factores críticos mencionados figuran:

• Asimetrías escandalosas en el comercio exterior frente a productos importados.
• Una abusiva sobrecarga impositiva y restricciones cambiarias.
• Elevada conflictividad gremial y baja productividad laboral.

La situación de Fate se enmarca en un contexto crítico para el sector.

A mediados de 2025, un récord histórico de importaciones —con el ingreso de más de 860.000 cubiertas en un solo mes— obligó a las marcas nacionales a reducir sus precios hasta un 15% para intentar competir, una estrategia que resultó insuficiente para sostener la estructura productiva local.

El destino del predio de 40 hectáreas en San Fernando, con capacidad para producir 5 millones de cubiertas anuales, es aún incierto.

Con este cierre, desaparece la primera gran compañía nacional que abandona su actividad en los últimos años, marcando un hito doloroso en la historia del entramado productivo argentino.

El Arzobispo de Corrientes declaró nulo el matrimonio entre una pareja transgénero celebrado el 28 de enero en una iglesia de esa provincia. El sacerdote que lo ofició afrontará medidas disciplinarias canónicas.

Cuando el caso saltó a la prensa el arzobispado desmintió haber autorizado la ceremonia y advirtió de que la omisión de las condiciones esenciales del sacramento puede generar confusión entre los fieles.

Hoy se ha sabido que el Arzobispo de Corrientes, José Adolfo Larregaín, declaró nulo el matrimonio celebrado el pasado 28 de enero en la iglesia de Nuestra Señora de Pompeya entre una pareja transgénero, por no cumplir los requisitos canónicos esenciales para la validez del sacramento. El sacerdote que ofició la ceremonia afrontará medidas disciplinarias formales.

Uno de los integrantes de la pareja de afirmó siguió los trámites habituales. «Nos acercamos al fraile para hablar con él, y nos recibió con mucha calidez. Tuvimos una conversación y nos explicó los pasos a seguir», afirmó.

El padre Gómez habría comunicado posteriormente a la pareja que «no había nada que objetar respecto a nuestra capacidad para contraer matrimonio, porque, en términos biológicos, éramos un hombre y una mujer» y que, por tanto, «podíamos recibir la bendición del sacramento del matrimonio».

Afirmó que no era creyente y que lo que muchos han interpretado como una ceremonia no era más que un melodrama. La pareja habría sido autorizada, además, a usar sus nombres actuales en la documentación eclesiástica, sin necesidad de recurrir a los nombres que figuran en sus actas de bautismo.

Cuando la noticia trascendió públicamente, tanto la Arquidiócesis de Corrientes como la propia parroquia de Nuestra Señora de Pompeya emitieron declaraciones oficiales.

En su comunicado, fechado el 8 de febrero, la Arquidiócesis recordó que «la Iglesia, como madre y maestra, pone especial cuidado en la celebración de los sacramentos», y que el matrimonio, «como sacramento, requiere el cumplimiento de ciertas condiciones esenciales para su validez y licitud, tal como establece el Derecho Canónico y la viva tradición de la Iglesia».

El texto subrayó que «la omisión de estas condiciones no solo desvirtúa el sentido profundo del sacramento, sino que puede generar confusión en la comunidad de los fieles».

La Arquidiócesis informó asimismo de que el arzobispo actuó «emitiendo las oportunas admoniciones y las medidas disciplinarias canónicas formales que correspondan», dado que «en ningún momento esta Sede Arquidiocesana recibió la documentación eclesiástica requerida para las formalidades propias de estos casos».

El propio arzobispo Larregaín explicó que, en estas circunstancias, el matrimonio se considera nulo ipso facto, es decir, nulo por el propio hecho, al no cumplir los requisitos de «materia y forma» exigidos para la validez de un sacramento. «Eso ocurre de forma automática, pero se emite un decreto formal», precisó.

El prelado insistió en que acoger a todos en la Iglesia, incluidas las personas transgénero, no implica administrar los sacramentos cuando no se dan las condiciones necesarias, y recordó la declaración del Papa Francisco Fiducia Supplicans sobre las bendiciones, haciendo hincapié en la necesidad de evitar cualquier confusión con el rito del matrimonio, a pesar que el propio documento puede interpretarse de otra manera y desde el Vaticano se han negado a enmendarlo.

En su declaración independiente, la parroquia de Nuestra Señora de Pompeya recordó que el matrimonio cristiano «requiere condiciones canónicas esenciales para la validez y la licitud», entre ellas que «las partes sean libres y capaces de contraer matrimonio, que no exista ningún impedimento canónico y, de modo decisivo, que presten un consentimiento verdadero». La parroquia indicó que, «por respeto a la intimidad de las personas implicadas, no se facilitarán detalles ni se fomentará la especulación».

El padre Gómez reafirmó su «compromiso con una auténtica atención pastoral, siempre unida a la verdad del sacramento», y anunció que «se reforzarán los procedimientos de entrevista, preparación y verificación a fin de salvaguardar la santidad de los sacramentos y evitar la confusión en la comunidad».

La opinión jurídica y el contexto social en Corrientes

El abogado Ricardo Lugo, experto en Derecho Canónico, considera que la solicitud del sacramento fue aceptada por la parroquia «porque los contrayentes tenían géneros distintos» y que, desde su punto de vista, «se habían cumplido los requisitos civiles y eclesiásticos que rigen ambas instituciones».

Luego señaló que la mayor parte de la comunidad católica local no objetó la ceremonia, pero que «un grupo minoritario presentó una queja ante el arzobispo y se inició un procedimiento canónico». El canonista añadió que Corrientes «es una comunidad más conservadora y tradicional, alejada de los grandes centros urbanos, donde el caso no tuvo mucha repercusión».

Sergio Petroni, activista católico del colectivo LGBT en Buenos Aires y miembro fundador del grupo más antiguo de católicos LGBT de Argentina, activo desde 2005, señaló que los cambios reales en la Iglesia «tardan mucho en materializarse».

«Fui seminarista y entiendo que la Iglesia se mueve mucho más despacio que la cultura y la sociedad: da pasos atrás para no cometer errores», indicó. Petroni, que lleva diecisiete años de relación de pareja, reconoció que desearía poder recibir el sacramento del matrimonio, aunque admitió que lo ve improbable.

«Estoy convencido de que cualquier cambio respecto al matrimonio LGBT no ocurrirá en mi vida», concluyó, aunque apostó por la transformación cultural como vía para lograr ese objetivo desde dentro de la Iglesia.

Personal de la Prefectura Naval Argentina inició un operativo de búsqueda tras recibir un alerta por la desaparición de una mujer mientras realizaba actividades de buceo deportivo, a la altura del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”, ubicado a 3,5 kilómetros de esta dependencia en Puerto Madryn.

Al finalizar la actividad, no lograban localizar a una mujer argentina de 23 años, integrante del grupo que participaba de la excursión y que se encontraba a bordo de una embarcación.

Ante esta situación, la Fuerza desplegó de inmediato un medio de superficie con un nadador de rescate para iniciar la búsqueda en la zona. Posteriormente, se sumó un guardacostas con personal especializado en buceo perteneciente a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura en Puerto Madryn.

En tanto, se dio intervención a la Justicia, mientras las tareas de búsqueda continúan desarrollándose de manera coordinada en el área.