La Cámara de Diputados se prepara para debatir esta semana una reforma impulsada por el oficialismo que propone modificar de manera profunda el régimen de subsidios al gas por Zona Fría, un esquema clave para millones de usuarios de regiones con bajas temperaturas, entre ellas Mar del Plata. El oficialismo incluyó la iniciativa dentro de su agenda prioritaria para la sesión convocada este miércoles 20 de mayo, con el objetivo de avanzar en una reducción del beneficio para sectores medios y altos.

La propuesta apunta a reformular el sistema ampliado aprobado en 2021, que extendió descuentos del 30% en las tarifas de gas a más de 3 millones de hogares de diez provincias. Con el nuevo esquema, el subsidio dejaría de ser automático para una amplia porción de usuarios y quedaría focalizado principalmente en sectores vulnerables bajo criterios del Subsidio Energético Focalizado (SEF), en línea con la política de ajuste fiscal y segmentación que impulsa el Gobierno nacional.

El proyecto en cuestión ya obtuvo dictamen de mayoría en comisión y establece que ciudades como Mar del Plata, La Plata, Tandil o Bahía Blanca podrían perder el beneficio generalizado para usuarios de ingresos medios y altos. En General Pueyrredon, donde el descuento alcanza hoy a miles de hogares por razones climáticas, la medida genera preocupación por el impacto directo que podría tener en las facturas residenciales, especialmente en un contexto de aumentos sostenidos en servicios públicos.

Además de restringir el acceso, la reforma también modificaría el cálculo del subsidio: dejaría de aplicarse sobre el total de la factura y pasaría a cubrir únicamente el precio del gas en origen, excluyendo transporte y distribución. Según sectores opositores, esto implicaría una reducción concreta del alivio tarifario para gran parte de los usuarios bonaerenses, mientras el beneficio pleno se mantendría solo en regiones de severidad climática extrema como la Patagonia, Malargüe y zonas de la Puna.

El presidente Javier Milei volvió a encender el debate en las redes sociales al lanzar una nueva ofensiva contra el avance de la cultura “woke” en el plano internacional.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado argentino aprovechó el descargo de un referente tecnológico europeo para reflotar sus propias advertencias sobre el rumbo de las sociedades modernas y arremetió sin filtro contra quienes cuestionan su mirada geopolítica.

Según la agencia Noticias Argentinas, el detonante fue el posteo de un emprendedor francés que se arrepentía públicamente por el impacto global de la "Teoría Francesa", corriente a la que acusó de dar a luz a "la peor de las m.... ideológicas". 

Milei recogió el guante y redobló la apuesta con una dura chicana hacia sus detractores: “Parece que algunos la habíamos visto antes y aquí, los extremadamente limitados intelectualmente, sin poder pensar más allá de lo que les han impuesto, nos condenaron”. Para cerrar, remató con una frase fiel a su estilo: “Pensar que alguien dijo ‘Occidente está en peligro’ y lo trataron de loco...”.

Este fuerte posicionamiento no es aislado; se alinea de forma directa con la tónica de sus intervenciones en los principales estrados del mundo. A principios de 2025, durante el Foro de Davos, el líder libertario ya había sacudido los consensos internacionales al calificar a la ideología woke como un “cáncer que hay que extirpar”, apuntando con dureza contra el feminismo radical, la agenda de género y el colectivismo económico.

 En un nuevo avance en la causa Vialidad, el fiscal federal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) el decomiso del departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena bajo arresto domiciliario.

El pedido, que fue mencionado en las últimas horas en medios nacionales, se inscribe dentro de la segunda etapa del proceso de recuperación de activos impulsado por la fiscalía, que busca cubrir el monto fijado por la Justicia como perjuicio económico al Estado, cercano a los $685.000 millones, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El inmueble donde cumple la condena

El departamento de San José 1111 figura entre los principales bienes incluidos en el nuevo listado presentado por la fiscalía. Se trata de la vivienda donde la exmandataria se encuentra detenida desde que la Corte Suprema dejó firme su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta.

Según el dictamen fiscal, ese inmueble —al igual que otros activos— estaría vinculado al entramado patrimonial investigado en la causa y, por lo tanto, debería ser incorporado al decomiso para contribuir a resarcir el daño económico.

La inclusión de esta propiedad tiene un carácter simbólico y jurídico relevante, ya que se trata del domicilio actual de la expresidenta y uno de los bienes más visibles del patrimonio en discusión.

Un pedido más amplio: 141 inmuebles y bienes financieros

El requerimiento de Luciani no se limita al departamento de Constitución. La fiscalía presentó un listado más amplio que contempla:

• 141 inmuebles (13 de sociedades vinculadas a la familia Kirchner y 128 de empresas asociadas a Lázaro Báez)
• 46 automotores
• US$ 4.664.000 en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner
• US$ 992.134 depositados en una cuenta bancaria y sumas menores en pesos

El conjunto de activos forma parte de lo que el Ministerio Público define como una “segunda tanda” de decomisos, destinada a ampliar el alcance de la ejecución patrimonial iniciada tras la firmeza de la condena.

Además del departamento donde cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner, el listado incluye algunos de los activos más representativos del patrimonio vinculado a la causa, entre ellos:

• el hotel Alto Calafate
• el hotel La Aldea, en El Chaltén
• el chalet de la costanera en Río Gallegos
• propiedades y terrenos en Santa Cruz

Estos bienes se suman a la primera etapa del decomiso, que ya había alcanzado más de 100 propiedades de los condenados.

Fundamentos de la Fiscalía

En su dictamen, Luciani sostuvo que el objetivo es avanzar en la recuperación de activos provenientes de la maniobra fraudulenta detectada en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El fiscal recordó que los condenados fueron intimados judicialmente a devolver el monto fijado por la Justicia y que, pese a ello, “no han depositado ni un solo peso”, lo que habilita la ejecución de sus bienes.

Asimismo, argumentó que la magnitud del patrimonio identificado refleja “fortunas desproporcionadas” en relación con los ingresos declarados, lo que justificaría ampliar el alcance del decomiso.

El pedido de la fiscalía quedó ahora en manos del Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, que debe resolver si incorpora estos nuevos bienes al proceso de ejecución.

En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner y sus hijos continúa intentando frenar la ejecución patrimonial mediante recursos judiciales, que podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia.__IP__

El máximo tribunal también tendrá un rol clave en el destino final de los bienes decomisados, ya sea a través de su administración, eventual asignación institucional o subasta.

La inclusión del departamento de San José 1111 en el listado de bienes a decomisar confirma el endurecimiento de la estrategia judicial orientada a hacer efectiva la recuperación de activos en la causa Vialidad (NA)