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Acuerdo por la reforma laboral en el Senado
29 de enero de 2026
El Gobierno empezó a jugar este miércoles una de sus cartas decisivas para intentar sancionar la reforma laboral en febrero. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabezó una cumbre con referentes de la oposición aliada en el Senado, en busca de los votos que el oficialismo todavía no tiene asegurados para avanzar con el proyecto de “Modernización Laboral” durante las sesiones extraordinarias.
Bullrich inició una ronda de reuniones virtuales y contactos directos con los principales jefes de bloque y senadores clave del radicalismo, el PRO y fuerzas provinciales. Entre los interlocutores centrales figuraron Eduardo Vischi, jefe del bloque de la UCR en la Cámara alta, quien ya transmitió la disposición del radicalismo a discutir la iniciativa, aunque con pedidos de cambios en puntos sensibles del articulado.
También estuvieron en la agenda de Bullrich los senadores del PRO encabezados por Martín Goerling Lara, además de representantes de bloques provinciales que suelen moverse en sintonía con sus gobernadores. Entre ellos Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal), con peso en Corrientes; la salteña Flavia Royón, cercana al gobernador Gustavo Sáenz; y legisladores de espacios como Provincias Unidas y fuerzas patagónicas, cuyos votos resultan clave en un Senado fragmentado.
La senadora nacional aseguró que “está consolidado” el acuerdo con los bloques dialoguistas sobre la reforma laboral, aunque reconoció el reclamo de algunos senadores por la rebaja de ganancias ya que afecta los recursos de las provincias.
Bullrich precisó que tuvo un “diálogo muy abierto con los bloques, con los que hemos reunido 44 voluntades, y estamos trabajando en los detalles de la reforma laboral”. “Tenemos un acuerdo bastante consolidado, que se conocerá en el momento oportuno”, agregó.
El objetivo inmediato del oficialismo es asegurar el número para habilitar el debate en el recinto (la llave es de 37, cuando los votos asegurados que tiene hoy el oficialismo es de 21) y encaminar una sesión en la primera quincena de febrero. Se habla del 11 o 12 del mes próximo. En la Casa Rosada admiten que el acompañamiento de estos bloques no será automático y que la negociación combina demandas políticas, reclamos técnicos sobre la letra de la ley y pedidos vinculados al reparto de recursos. “Hay más moderación que optimismo”, dijo un vocero libertario.
En paralelo a las gestiones de Bullrich en el Congreso, el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con la rosca territorial con los gobernadores. Esta semana aún tiene pendiente viajar a Corrientes y Misiones para reunirse con Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua. Si esos respaldos se concretan, el Gobierno pasaría a contar con el aval político de diez mandatarios provinciales.
Mientras el oficialismo acelera las negociaciones parlamentarias, del otro lado crece la presión sindical. Este miércoles por la tarde, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, volvió a recibir en la sede del gremio metalúrgico a más de una veintena de sindicatos de la CGT que reclaman una postura más dura frente a la reforma laboral. Entre ellos estuvireonLuz y Fuerza, Aceiteros, pilotos, aeronáuticos, ceramistas, gráficos y viales, además de ATE, que impulsa un paro nacional de estatales el día en que el Senado trate el proyecto.
La movida profundiza las tensiones internas en la central obrera. Mientras el triunvirato cegetista apuesta a frenar o morigerar la reforma a través de negociaciones informales con gobernadores y legisladores, los gremios más combativos presionan por una estrategia de confrontación abierta y medidas de fuerza.
La izquierda sindical y política también empieza a mover fichas. Organizaciones “clasistas” convocaron a un plenario para el 2 de febrero en Parque Lezama, con la consigna de construir una “gran respuesta obrera y popular” contra la iniciativa oficial. La diputada del Frente de Izquierda Unidad Romina Del Plá calificó la reforma como “una topadora contra conquistas históricas” y cuestionó a la conducción de la CGT por su estrategia de diálogo con el Gobierno.
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Argentina le comprará tres submarinos a Francia
El Gobierno planea tomar préstamos internacionales por un total de 3.500 millones de dólares para adquirir tres submarinos y dos fragatas destinadas a su fuerza naval, según consta en el proyecto de Presupuesto 2027 remitido por el Ejecutivo al Parlamento.
La iniciativa, que deberá ser aprobada por el Congreso, incluye en la previsión de crédito público un préstamo por 1.200 millones de dólares para la incorporación de «dos fragatas multimisión» y otro por 2.300 millones de dólares para comprar «tres submarinos convencionales», con un plazo mínimo de amortización de tres años.
Los submarinos estarán destinados a la base naval de Mar del Plata y las fragatas a la de Puerto Belgrano, a 400 y 600 kilómetros respectivamente de Buenos Aires.
La flota de submarinos de Argentina mermó en las últimas décadas, algo que se agravó con el trágico naufragio en noviembre de 2017 del ARA San Juan (modelo TR-1700 de fabricación alemana), que implosionó mientras operaba bajo la línea de superficie frente a las costas de la provincia patagónica de Chubut con sus 44 tripulantes a bordo.
Por su parte, la compra de dos fragatas dotaría a la Marina del país suramericano de mayor poderío para su flota de superficie, que a la fecha solo cuenta con tres destructores clase Meko 360, seis corbetas clase Meko 140 y tres patrulleros oceánicos clase Gowind 90.
Argentina recibió en diciembre de 2025 los primeros seis de 24 aviones caza F-16 de fabricación estadounidense adquiridos a Dinamarca, y el 10 de septiembre pasado el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta al país suramericano de cuatro helicópteros militares polivalentes Blackhawk.
Además, en agosto de este año firmó un acuerdo con el Gobierno de Donald Trump para incorporar 235 vehículos blindados Stryker.
El presidente argentino, Javier Milei, anunció el pasado 3 de septiembre la reactivación del proyecto para construir desde el próximo 2 de enero una base naval integrada en Ushuaia, en la sureña provincia de Tierra del Fuego, a unos 2.300 kilómetros de Buenos Aires y a 700 de las islas Malvinas, bajo administración británica desde su ocupación en 1833 y cuya soberanía reclama Argentina.
La base «incorporará funciones logísticas relevantes, será un punto estratégico para la proyección argentina al Atlántico sur, que permitirá vigilar y controlar recursos naturales y a nuestra soberanía», dijo el martes el portavoz presidencial, Adrián Ravier, en una conferencia de prensa este martes en la Casa Rosada.
Por su parte, este miércoles el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, dijo en una entrevista radial: “Nuestra alianza con Estados Unidos y ser referentes en América para ellos, obviamente, nos posiciona adecuadamente para buscar la integridad territorial de nuestro país”.
El ministro ratificó que el reclamo argentino se mantendrá por la vía diplomática y pacífica, y señaló que el Gobierno «tiene en cuenta» las recientes declaraciones de Trump sobre su disposición a mediar para evitar cualquier conflicto. EFE
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El Niño azota a las Cataratas del Iguazú
Las inclemencias meteorológicas provocadas por el avance del fenómeno El Niño obligaron a mantener cerrado el paso hacia la Garganta del Diablo en el Parque Nacional Iguazú. Como medida preventiva frente a las previsiones de lluvias intensas en la cuenca, las autoridades dispusieron el desmonte completo de las pasarelas metálicas para evitar eventuales daños estructurales causados por la fuerte suba del nivel del río.
Las labores de retiro del tendido demandaron unos 40 días de trabajo coordinado entre la Administración de Parques Nacionales y la empresa concesionaria Iguazú Argentina. La decisión técnica se tomó luego de registrar un caudal que alcanzó los 6.580 metros cúbicos por segundo, cifra que superó holgadamente los márgenes de seguridad tras registrarse acumulados superiores a los 300 milímetros en cuencas del sur de Brasil.
El cierre afecta de manera exclusiva al mirador principal, mientras que el resto de los circuitos del Área Cataratas continúan funcionando con normalidad. Las crecientes extraordinarias provenientes de las cuencas superiores motivaron esta acción coordinada para resguardar la integridad física de los visitantes y del personal que se desempeña en el predio.
El monitoreo constante y las perspectivas de reapertura
Hasta el momento no se estableció una fecha precisa para habilitar nuevamente el acceso al emblemático salto de agua. El monitoreo hidrológico constante determinará los pasos a seguir, considerando las alertas que anticipan crecidas extraordinarias para los meses de septiembre y octubre. La reposición del paseo dependerá de la estabilización del caudal y la evolución de las precipitaciones en la región.
Pese a las restricciones operativas temporales, el predio natural obtuvo un destacado reconocimiento al ser posicionado por la revista Condé Nast Traveler como el segundo parque más bello del planeta. La reserva conserva más de 67.000 hectáreas de Selva Paranaense y cobija un imponente conjunto de 275 saltos de agua.
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Malvinas: La Rosada cuestiona al Reino Unido y escala la tensión
El Gobierno manifestó su rechazo a la guía que presentó el Reino Unido para proteger a las empresas que operen en las Islas Malvinas, en medio de las tensiones que crecen entre los británicos y la Argentina por las sanciones que anunció Javier Milei.
A través de un comunicado, la Cancillería expresó “su más enérgico rechazo” a la publicación que realizó el gobierno británico titulada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”. En este escrito, apuntan a que se pueda promover la actividad comercial e hidrocarburífera en la zona del archipiélago como de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sus espacios marítimos.
“La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido”, señaló el escrito que envió el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El documento británico, difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del gobierno de Londres, sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación dentro de las islas ni sobre las compañías o personas que realizan negocios allí. “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland (SIC)”, afirma el texto.
Además, descarta que tribunales fuera de Argentina puedan ejecutar válidamente las medidas que Buenos Aires adopte, y traza tres líneas de acción para las empresas: declara legítimas las actividades reguladas por la legislación de las islas, recomienda asesoramiento legal independiente a quienes reciban presiones de las autoridades argentinas, y ofrece intervención directa del gobierno británico cuando alguna compañía o proveedor enfrente ese tipo de presiones en un tercer país.
La Argentina presentó notas de protesta ante los embajadores del Reino Unido e Israel por el avance del proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas.
La Argentina presentó notas de protesta ante los embajadores del Reino Unido e Israel por el avance del proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas.
Como respuesta a esto, la Cancillería argentina convocó a los embajadores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Estado de Israel para hacerles entrega en mano de notas de protesta formal.
El principal reclamo es el avance del proyecto “Sea Lion” y la totalidad de los actos conexos: la emisión de normativas que Buenos Aires considera ilegítimas, las licencias otorgadas de manera unilateral, los llamados a contratar proveedores y los incentivos comerciales impulsados por el gobierno británico.
Según el comunicado oficial, estas acciones vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que insta a ambos países a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de resolución.
El proyecto Sea Lion es el eje central del conflicto. Se trata de un yacimiento de petróleo en aguas profundas ubicado a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte del archipiélago, cuya explotación está en manos del consorcio formado por Rockhopper Exploration Plc —de origen británico— y Navitas Petroleum Lp —de origen israelí—. Ambas compañías anunciaron lo que denominaron una “Decisión Final de Inversión”, y el proyecto contempla extraer en una primera fase 170 millones de barriles.
El consorcio prevé iniciar la extracción en 2028. La administración Milei calificó ese yacimiento como “un peligro claro e inmediato” para los intereses del país, al tiempo que señaló que las licencias bajo las cuales operan estas firmas son ilegítimas por carecer de autorización del Estado argentino.
