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Vuelos en alerta
27 de enero de 2026
Vencido el plazo de la conciliación obligatoria, los controladores aéreos quedaron habilitados para retomar medidas de fuerza a partir de febrero. El lunes finalizó el período de “paz” entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio que nuclea a los trabajadores del sector, sin que se alcanzara un acuerdo entre las partes.
Tras el vencimiento de la conciliación que había disuelto las medidas de fuerza propuestas por Atepsa en la previa de las fiestas, y ante la ausencia de entendimientos con EANA, el sindicato anunció que retomará su cronograma de paros en los aeropuertos del país. La discusión, que lleva varios meses de tensiones, asambleas, paros e incluso denuncias judiciales, no se limita al plano salarial, sino que incluye cuestionamientos por el presunto incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo y otras críticas a la gestión de la empresa estatal.
“Transcurridos los plazos, no se logró arribar a un acuerdo, por lo que el Plenario ratificó la adopción de medidas legítimas de acción sindical a partir del mes de febrero, que se anunciarán oportunamente”, informó Atepsa a través de un comunicado.
Desde EANA remarcaron que los servicios de navegación aérea están considerados esenciales por ley, por lo que el gremio no puede disponer medidas de fuerza de manera intempestiva. En ese sentido, advirtieron que, en caso de avanzar con un plan de acción sindical, Atepsa deberá presentar un cronograma con al menos cinco días de anticipación y que las medidas no podrán afectar a más del 45% de las operaciones aéreas.
Según se pudo saber, hasta el momento no existe un cronograma concreto de paros, situación que EANA podría utilizar para intentar destrabar el conflicto y evitar el impacto que una eventual escalada tendría sobre pasajeros, trabajadores y el sistema aeronáutico en su conjunto.
El sindicato, por su parte, cuestionó con dureza la postura de la empresa. “Se debatieron tanto la situación actual, como así también, las acciones a seguir, debido a la falta de respuestas por parte de las autoridades de EANA que, desde agosto del año pasado, no asume los compromisos asumidos ni aporta solución al conflicto”, señalaron desde Atepsa.
En esa línea, el gremio advirtió que “las medidas legítimas de acción sindical serán las consecuencias directas del incumplimiento, la desidia y la falta de diálogo por parte de EANA, por lo que, desde Atepsa ratificamos la voluntad de diálogo y de resolución, pero no convalidaremos dilaciones ni acuerdos que luego no cumplen”.
La relevancia del conflicto radica en el rol clave que cumplen los controladores aéreos dentro del sistema aeronáutico. Ubicados en las torres de control o en los Centros de Control de Área (ACC), son los responsables de gestionar el tránsito aéreo, separar y guiar a las aeronaves durante los vuelos, despegues y aterrizajes en todos los aeropuertos del país. EANA es la empresa encargada de prestar estos servicios, mientras que su personal está nucleado en Atepsa.
Un conflicto más que salarial
Más allá de las discusiones paritarias, al tratarse de una empresa pública, las negociaciones no se definen de manera individual, sino que dependen del marco que fija la Oficina Nacional de Empleo Público, que establece los límites de la oferta salarial del Gobierno. La disputa entre EANA y Atepsa también incluye investigaciones judiciales y denuncias penales por presuntas maniobras irregulares que alcanzan a ex y actuales autoridades.
Durante 2025, el conflicto tuvo múltiples episodios con medidas de fuerza que afectaron la actividad aérea, especialmente en períodos de alta demanda como las vacaciones de invierno y las fiestas de fin de año. Tras un acuerdo alcanzado en agosto, que contemplaba una suba salarial del 15% en cuatro tramos, las protestas se suspendieron. Sin embargo, en noviembre y diciembre el gremio retomó paros y asambleas que volvieron a impactar en la operatoria aérea, lo que derivó en la intervención de la Secretaría de Trabajo mediante la conciliación obligatoria.
En paralelo, avanza en los tribunales de Comodoro Py una investigación judicial que involucra a la conducción de Atepsa y a la ex presidenta de EANA, Gabriela Logatto, durante el gobierno anterior. La causa se centra en una presunta maniobra fraudulenta vinculada a un supuesto acuerdo paritario firmado a fines de 2023, cuya existencia no pudo ser acreditada en los registros administrativos, legales ni contables de la empresa estatal.
El expediente se inició a partir de una presentación judicial del propio sindicato, que reclamó la aplicación de un acta con aumentos salariales anticipados para el primer trimestre de 2024. Según la denuncia, el documento nunca fue incorporado a los circuitos formales ni aplicado mientras Logatto estuvo al frente de EANA, por lo que la Justicia investiga su rol y el de la secretaria general de Atepsa, Paola Barritta, hija de José “El Abuelo” Barritta, histórico jefe de la barra brava de Boca Juniors.
Además, EANA presentó una denuncia penal contra el gremio al considerar que algunas medidas de protesta pusieron en riesgo la seguridad operacional, entre ellas la colocación de una bandera sindical en el exterior de una torre de control, que —según la empresa— podría haber interferido con la operación aérea
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Paro docente: Gobierno ratificó el 75% de la prestación del servicio educativo
El Ministerio de Capital Humano, comandado por la ministra Sandra Pettovello desde el Consejo Federal de Educación, ratificó “el 75% de la prestación habitual del servicio educativo” en vísperas del paro docente que comenzará este lunes 3 en todo el país.
La resolución se llevó a cabo a través de la Secretaría de Educación que conduce Carlos Torrendel, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 27.802 “que consagra la educación como servicio esencial”.
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“Se ratificó el compromiso con la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, conforme lo dispone la normativa vigente y la potestad del Poder Ejecutivo Nacional de supervisar su cumplimiento por tratarse de una medida de fuerza nacional. La medida busca resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro”, manifestaron desde el Ministerio.
Del encuentro participaron los miembros de las carteras educativas de las jurisdicciones y de la Nación, quienes planificaron en conjunto “las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases en todo el país y para articular la inspección nacional” durante la jornada que anunció la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el pasado miércoles.
El gremio aseguró que tomó esta nueva medida de fuerza luego de la “permanente negativa” que presenta el Gobierno para entablar una mesa de diálogo y encarar una nueva negociación salarial.
Esta protesta será, en principio, por 24 horas y coincidirá con la vuelta a clases que tenían previsto la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque impactará en todo el país y en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria.
Según el comunicado de CTERA y otros sindicatos como la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el paro persigue otros reclamos como el retorno "inmediato" del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares. (NA)
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Paro docente: Aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo
El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.
El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección oculear en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.
La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.
La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.
Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.
El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.
La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.
Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.
Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.
Foto: El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. (Foto: X @JMilei) . Ignacio Salerno (TN)
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Milei recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico Michael Banach
El presidente Javier Milei recibió este 31 de julio las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach, durante una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con lo que quedó formalmente iniciado su servicio diplomático como representante del papa León XIV en la Argentina.
El acto fue encabezado por el jefe de Estado, acompañado por el canciller Pablo Quirno. En la misma ceremonia, el Presidente recibió también las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y del embajador de la República de Corea, Lee Chong Hwa.
Días atrás, monseñor Banach había entregado las copias de estilo de sus cartas credenciales al canciller Quirno, quien destacó entonces en sus redes sociales que la llegada del representante pontificio "abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos".
La presencia del nuevo nuncio apostólico marca el comienzo de una misión que estará acompañada por la expectativa de una futura visita del papa León XIV a la Argentina.
Antes de la presentación oficial de sus credenciales al Presidente, monseñor Banach mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; con el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; y con el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.
La Conferencia Episcopal Argentina informó, además, que el próximo jueves 6 de agosto, a las 11, monseñor Banach presidirá una misa en la catedral metropolitana de Buenos Aires, durante la cual presentará oficialmente sus credenciales como representante del Santo Padre ante la Iglesia en la Argentina a monseñor Colombo.
Con ese motivo, la CEA invitó a los obispos que puedan participar a concelebrar la celebración eucarística, que marcará también el inicio formal del ministerio pastoral del nuevo nuncio ante la Iglesia argentina.
