En el marco del  Congreso Provincial de Salud (Cosapro) que se desarrolla en el Gran Hotel Provincial, los intendentes de Lomas de Zamora y Pilar, Federico Otermín y Federico Achával, respectivamente, acompañaron al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak durante su mensaje a más de 13 mil participantes, entre ellos, secretarios de salud municipales, autoridades provinciales y equipos de gestión del sistema sanitario.

Ambos jefes comunales  por Unión por la Patria tuvieron una activa participación durante las deliberaciones con sus pares  y representantes de los restantes municipios,  que se reunieron para debatir, planificar y acordar las políticas que ordenan el funcionamiento del sistema en todo el territorio bonaerense.

En ese sentido, Otermín y Achával coincidieron en señalar en declaraciones a los medios de comunicación sobre  la importancia de este tipo de espacios de discusión para “trabajar en mejoras para el sistema de salud”.

Al defender enfáticamente la salud pública, los intendentes aseguraron que el Estado nacional “no puede retirarse” del sistema porque está en juego “el derecho a la vida”, al tiempo que advirtieron que “algo tan importante como la salud de las personas no puede quedar ligado exclusivamente a la rentabilidad”.

Tras sostener que existe una conjunción de problemas debido a que “el deterioro de la situación económica que se da a nivel nacional afecta en la provincia y en los municipios”, el jefe comunal de Lomas de Zamora,  Otermín advirtió que esta situación   “tiene impacto en una pérdida del poder adquisitivo de la gente y muchas personas que tenían la posibilidad de atenderse en el sistema de salud privado hoy no lo pueden hacer y eso estresa al sistema público”.

En esa sintonía, su par de Pilar, Achával  agregó  que “no se resuelve todo desde el sistema privado, y señaló a reglón seguido: “Bienvenidos los hospitales y clínicas privadas, pero hay una gran cantidad de población que necesita de la cobertura del sistema público. Muchos municipios de la provincia no tienen coberturas privadas. ¿Qué respuesta les da el Estado nacional”, se preguntó.

Para Achával, el Estado nacional se ha corrido de las responsabilidades básicas: “Hay un consenso fundamental en nuestra ciudadanía: garantizar el derecho a la salud es básico para el Estado. Por eso la importancia de este espacio de discusión de más de 13 mil profesionales de la salud que sostienen el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, que tienen en claro que tenemos que cuidar a nuestro pueblo, a nuestros niños y niñas cuando tienen una necesidad respiratoria, a nuestros adultos mayores cuando tienen un problema de presión. Frente a eso, el Estado no puede correrse porque no puede abandonar al pueblo”.

A su entender, Achával subrayó que “tiene que haber decisión política de priorizar las cosas que el Estado tiene que trabajar”, por lo que hizo un llamado al Estado nacional “a ser consciente de que retirarse del sistema de salud no es una alternativa porque – sentenció- los vecinos de cada municipio siguen teniendo las necesidades de ir a un médico”.

Con relación a la situación de las personas adultas mayores, el jefe comunal de Pilar hizo hincapié sobre el abandono por parte del Estado nacional. “Nos preocupa muchísimo porque somos conscientes de las necesidades de médicos y especialistas. El PAMI, que tiene una cobertura de más de 5 millones de habitantes en toda la Argentina, no puede retirarse pensando que no tiene una consecuencia en la vida”, señaló.

 A todo esto, los intendentes remarcaron el rol de los municipios y la importancia de la atención primaria de la salud: “Desde los municipios estamos haciendo un enorme esfuerzo junto con la Provincia. La atención primaria es fundamental. Ha aumentado mucho el costo del transporte, de la vida cotidiana, y con la atención primaria se pueden detectar de manera temprana cuestiones que más tarde pueden ser más graves Los municipios tienen que invertir fuertemente en la inversión primaria. Creemos en la idea de un sistema de salud articulado con la Provincia y también con la Nación”, subrayaron.

 Tras las deliberaciones en el marco de la segunda jornada, Achával y Otermín fueron recibidos por Florencio Aldrey, quien oficia de calidad de anfitrión en cada convención a nivel nacional como internacional, que se realiza en los salones del emblemático  Gran Hotel Provincial, oportunidad en los intendentes intercambiaron aspectos y dialogaron sobre el congreso que finaliza este viernes en la ciudad.

De acuerdo al último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, en 2025 se registraron 46.799 casos de sífilis, confirmando un aumento sostenido que se viene registrando en el país desde hace 15 años. Esa cifra es la más alta registrada.

Con una tasa de independencia de 117,2 casos por cada 100 mil habitantes, “la evolución del número absoluto de casos notificados permite observar, desde 2011, una tendencia creciente en la notificación que se acelera a partir de 2015”, señala el Boletín Epidemiológico.

Si bien, durante 2020 y 2021 se verifica una disminución en la cantidad de notificaciones a causa del impacto de la pandemia en el sistema de salud, a partir de 2022 se retoma la tendencia ascendente con una mayor aceleración.

En 2023 se superaron los 30.000 casos anuales por primera vez desde el inicio de la serie, y en 2025 se alcanzó el valor más alto registrado hasta el momento.

A nivel mundial

El comportamiento de la sífilis a nivel nacional se enmarca dentro de un escenario de aumento acelerado en todo el mundo y en la Región de las Américas. En 2022, alrededor de 8 millones de adultos de 15 a 49 años adquirieron la infección en el mundo. Se estima que solo en la Región de las Américas se produjeron 3,36 millones de nuevas infecciones en ese mismo año y que alrededor de 3,4 millones de personas viven con la enfermedad. Esto representa un aumento cercano al 30% con respecto a 2020, aun considerando las interrupciones generadas por la pandemia.

Los números

Dentro de nuestro país, las tasas de incidencia regionales mantienen comportamientos similares desde el año 2021. Las regiones Sur y Cuyo se posicionan por encima del promedio nacional. En 2025, la región Sur presentó la mayor incidencia en su población (159,8 casos cada 100 mil habitantes), seguida por Cuyo en donde la tasa fue de 137,5 casos cada 100 mil habitantes.

En las regiones del NOA y NEA se observa una tendencia de aumento con oscilaciones interanuales. En 2025, la tasa de incidencia del NEA fue de 133 casos por cada 100 mil habitantes, y la de la región del NOA, de 111,7 casos por cada 100 mil habitantes. Finalmente, la región Centro se mantuvo por debajo del promedio nacional, con una tasa de 109,4 casos por cada 100 mil habitantes.

Siguiendo la misma tendencia observada a nivel mundial, en nuestro país la sífilis afecta mayoritariamente en jóvenes y adultos jóvenes. Mientras que el grupo de 15 a 39 años concentró el 76% del total de casos del país (35.497 registros) en 2025, la población de entre 20 a 24 años presentó la tasa de incidencia más alta, con 290,6 casos cada 100 mil habitantes. En este rango, la afectación en mujeres (366 casos cada 100 mil habitantes) es significativamente mayor que en varones (tasa de 218,2). A partir de los 50 años se observa una inversión del perfil por sexo. Las tasas comienzan a ser superiores en los varones, duplicando la tasa femenina en el grupo de 65 a 69 años.

Ante este escenario, la cartera sanitaria nacional implementa un abordaje integral que incluye vigilancia, diagnóstico, tratamiento y articulación estratégica. En 2025, se creó la Mesa Ministerial de ITS, un espacio de gestión que reúne a referentes de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia.

Actualmente, - se informa- está trabajando en un Plan Operativo Anual para garantizar una respuesta homogénea en todas las jurisdicciones del país a través de estrategias de prevención combinada, testeos en puntos de atención, acceso oportuno al tratamiento, fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y el uso de la información para la toma de decisiones sanitarias.

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires manifestó su profunda preocupación ante la crítica situación que atraviesa el sistema de atención del PAMI, en un contexto de creciente conflictividad a nivel nacional en el cual peligra la atención a jubilados.

En los últimos días, médicos de cabecera de todo el país iniciaron un paro de 72 horas en reclamo por mejoras en los honorarios y condiciones laborales, denunciando que el nuevo esquema de pagos de PAMI resulta insuficiente para sostener la atención en consultorios.

En concreto, la resolución 1107/2026 eliminó la consulta presencial como unidad de ingreso, desvalorizando el acto médico y diluyendo la relación médico-paciente dentro de un esquema de pago fijo que concentra múltiples prestaciones en un monto cerrado, sin contemplar la complejidad ni el volumen real de trabajo.

Esta modificación implica - agregan - una reducción significativa de los honorarios, que pasan de aproximadamente $2.100.000 a $1.400.000 mensuales por jornadas completas. A ello se suma la eliminación de incentivos vinculados a la formación profesional continúa, debilitando la calidad del sistema y desalentando la capacitación permanente de los médicos.

En este marco, el Colegio de Médicos bonaerense denunció que el sistema presenta niveles críticos de desfinanciamiento y advirtió sobre sus consecuencias sanitarias. Según expresaron, los valores actuales de cápita representan “una cifra indigna que no cubre ni los costos básicos de una sola consulta”.

Según consideraron, esta situación sumada a las deudas millonarias existentes con los prestadores, está llevando a los profesionales a abandonar el sistema: “El Estado está empujando a los prestadores a retirarse de las cartillas, y poniendo en alerta a los médicos de cabecera quienes dejarán de prestar servicios por la imposibilidad de cubrir los gastos mínimos de manutención de consultorios”. sostuvieron en un comunicado.

En esta línea, la entidad alertó sobre las consecuencias directas en la población afiliada: “Al asfixiar a los prestadores, el Estado está dejando a los jubilados sin cobertura real. Es un abandono de persona institucionalizado hacia la población más vulnerable de nuestro país”, consideraron.

Además, el Colegio de Médicos remarcó la responsabilidad indelegable del Estado al expresar que “la salud de nuestros mayores es una obligación constitucional e indelegable. No se puede hablar de salud pública mientras se liquida la dignidad de quienes la sostienen”.

Finalmente, el comunicado concluyó advirtiendo que “no hay salud pública sin médicos dignos. No hay justicia con jubilados desprotegidos”, y exigió respuestas urgentes ante una crisis que, según afirmaron, ya compromete el funcionamiento del PAMI en todo el país