El fiscal general federal Juan Manuel Pettigiani presentó una denuncia penal para que se investigue el proceso de adjudicación del estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y las áreas comunes del Parque Municipal de los Deportes a la empresa Minella Stadium SA.

La presentación, ingresada este lunes en la UFI N°10 de Delitos Económicos, solicita que se determine si existieron delitos de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y apunta tanto a funcionarios municipales como a integrantes de la empresa concesionaria.

La denuncia agrega un nuevo capítulo a una concesión que desde su aprobación generó cuestionamientos políticos y que en los últimos meses quedó rodeada de interrogantes por la falta de avances visibles en las obras comprometidas.

Los dos ejes de la denuncia. Pettigiani plantea dos grandes líneas de investigación.

La primera está vinculada al cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa adjudicataria. El fiscal sostiene que, a más de seis meses de la toma de posesión del predio, no se habrían concretado las obras anunciadas y tampoco serían públicos los detalles del proyecto ejecutivo ni el contrato firmado entre la Municipalidad y la empresa.

En ese sentido, menciona los pedidos de informes impulsados por concejales de distintos bloques opositores que, según afirma, no obtuvieron respuesta por parte del Departamento Ejecutivo.

La segunda línea apunta a la solvencia económica de la concesionaria y al origen de los fondos comprometidos para la inversión.

Según la presentación judicial, la firma brasileña Revee —principal integrante del consorcio adjudicatario— estaría vinculada al grupo REAG, que aparece mencionado en investigaciones desarrolladas en Brasil en torno al denominado «Caso Banco Master».

Por ese motivo, Pettigiani plantea que la Justicia debe determinar si el Municipio entregó bienes públicos estratégicos a una empresa con capacidad financiera real para afrontar el proyecto y si los fondos comprometidos tienen origen lícito.

Una licitación bajo la lupa
La denuncia repasa que la adjudicación fue aprobada por el Concejo Deliberante en julio de 2025 luego de que Minella Stadium SA se presentara como única oferente.

La concesión contempla la administración del estadio, el Polideportivo y sectores del Parque Municipal de los Deportes durante 30 años, con posibilidad de prórroga por una década más.

De acuerdo con la propuesta presentada, la empresa se comprometió a invertir alrededor de 40 millones de dólares y a desarrollar una intensa agenda de eventos deportivos y espectáculos.

Sin embargo, Pettigiani sostiene que las dudas sobre la situación financiera de Revee, sumadas a la falta de avances concretos en las obras, justifican la apertura de una investigación penal.

Qué medidas pide
Entre las medidas de prueba solicitadas, el fiscal pidió que declaren los concejales que votaron en contra de la adjudicación, que se incorpore documentación periodística vinculada al caso y que se requiera información a las autoridades judiciales y administrativas de Brasil sobre la situación de Revee y REAG.

Además, solicitó que la Municipalidad de General Pueyrredon entregue toda la documentación relacionada con la concesión, incluyendo los antecedentes administrativos, informes técnicos y contratos firmados.

El objetivo, sostiene la presentación, es determinar si existieron irregularidades en el proceso y establecer las eventuales responsabilidades de funcionarios públicos y particulares.

Por el momento, la denuncia recién fue presentada y no implica imputaciones ni responsabilidades penales determinadas. El fiscal David Bruna será quien deba analizar los planteos y definir si corresponde impulsar formalmente una investigación.

Los 15 trabajadores del frigorífico San Telmo (ex Sadowa) que habían sido reincorporados en febrero (tras ser despedidos el año pasado) se volvieron a quedar sin trabajo en las últimas horas, según denunció Sindicato de la Carne.

Como consecuencia de la caída de la faena que se registra desde principios de año con casi nulas actividades vinculadas a la carne, a un total de 15 operarios se le prohibió el ingreso a la planta y ahora están a la espera del telegrama de despido. La empresa viene arrastrando problemas desde el año pasado, cuando alrededor de 50 personas fueron cesanteadas.

“La empresa realizó en su momento una importante presentación pública anunciando la puesta en marcha de una planta frigorífica que prometía generar actividad y empleo. Sin embargo, la realidad dista mucho de aquellas expectativas. El establecimiento prácticamente no desarrolla actividad desde enero, cuando apenas realizó la faena de 40 animales”, señaló el gremio en un comunicado.

“Desde entonces, los trabajadores permanecen percibiendo únicamente la garantía horaria, siendo obligados a concurrir diariamente a sus puestos de trabajo en un contexto marcado por el hostigamiento permanente y amenazas de despido por parte de la gerencia si no realizan tareas ajenas a las correspondientes a la actividad de faena”, agregó.

Además, el sindicato reconoció que durante febrero se les negaron las vacaciones a los trabajadores, otorgándoles recién a partir de junio y sin abonarlas conforme lo establece la legislación vigente.

“Resulta además contradictorio que, según informó oportunamente la propia empresa, luego de una observación realizada por Senasa durante la faena de enero, se incorporaron 15 trabajadores para cumplir con los requisitos exigidos para continuar operando. Sin embargo, en mayo esos mismos 15 trabajadores fueron despedidos”, lamentó.

Cabe recordar que el frigorífico ubicado en Constitución al 10.300, reabrió sus puertas en enero de 2023. Había cerrado de forma permanente en marzo del 2001, a raíz de los perjuicios que le ocasionó la prohibición de ingreso de productos argentinos a los mercados internacionales, dejando a unos 300 trabajadores en la calle. dib

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