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Arde Chubut: evacúan otra localidad y cierran un tramo de la Ruta 40

10 de enero de 2026

El distrito de El Hoyo, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales de Chubut, ordenó la autoevacuación preventiva del paraje El Pedregoso, así como otras zonas con pobladores como callejón de Núñez y sectores de Aldea San Francisco, ante el avance del fuego que se inició el 5 de enero en la región andino-patagónica y que ya afectó a más de 5.000 hectáreas

El operativo de emergencia, coordinado por Protección Civil, incluyó la disposición de micros en puntos estratégicos para el traslado de residentes hacia la Escuela Nº 223, ubicada con salida a la Ruta Nacional 40. Se indicó a la población evacuar únicamente con pertenencias esenciales y seguir las instrucciones del personal de emergencia.

Como ocurrió en otras localidades de Chubut, la medida apunta a resguardar la integridad de los habitantes, que en los últimos días superó los 3000 evacuados.

El Pedregoso se ubica en la zona que lo cruza el homónimo arroyo. Está en el departamento Cushamen, a pocos kilómetros al sur de El Hoyo. Durante muchos años, fue considerada un paraje rural con población dispersa y escasa relevancia demográfica, aunque muy afectada por los incendios forestales en los últimos años.

La medida apunta a mitigar las llamas que irradiaron desde las inmediaciones de Puerto Patriada y el lago Epuyén, y que se expandió rápidamente por la sequedad de los matorrales y el bosque andino-patagónico.

El avance de las llamas obligó a evacuar a más de 3.000 personas y destruyó al menos diez viviendas en Epuyén, confirmó el secretario de Bosques, Abel Nievas. Miles de residentes y turistas permanecen fuera de sus hogares mientras continúa el despliegue de recursos para intentar contener el avance del fuego. Según la información oficial, el desastre ya consumió 3.500 hectáreas de bosque nativo.

Este sábado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, consideró que este fenómeno se agravó por la “mayor sequía desde 1965”, según explicó al canal TN. El mandatario describió la situación como “una de las peores emergencias ambientales que recuerda la provincia”.

En la provincia, más de 300 brigadistas, voluntarios y vecinos que desde hace días combaten el fuego en condiciones extremas. “Hoy estamos todos, espalda con espalda, para defender la localidad de El Hoyo”, enfatizó el mandatario. “Todos los años hay incendios, accidentales o intencionales, pero ahora cualquier foco que inicie tiene un crecimiento exponencial que es muy difícil de controlar”, caracterizó Torres. Y añadió que las condiciones meteorológicas tampoco colaboran: “Ayer sabíamos que estas 48 horas eran críticas, más allá de la temperatura. Ayer el viento no ayudó, hoy van a ser ráfagas de entre 60 y 70 kilómetros por hora”.

En cuanto a los recursos desplegados, Torres informó que el operativo cuenta con apoyo de brigadistas provenientes de varias provincias y de Chile, así como medios aéreos destacados, entre ellos el Boeing 737 Fireliner, capaz de descargar 15.000 litros de agua por vuelo. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta naranja por calor extremo en el oeste provincial, con temperaturas superiores a 25 °C y vientos sostenidos de hasta 41 km/h registrados en la zona.

Sobre el origen del incendio, el gobernador señaló que en el Parque Nacional Los Alerces, el fuego fue provocado por una tormenta eléctrica, producto de un rayo. Sin embargo, en El Hoyo y Puerto Patriada, la investigación apunta a un inicio intencional. “La fiscalía encontró acelerante, concretamente combustible, y se está trabajando con seriedad en la investigación”, precisó. El gobernador insistió en que “este incendio no puede quedar en la nada” y subrayó que la sociedad exigirá una sanción ejemplificadora.

El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, calificó la situación en Puerto Patriada como de “alerta permanente” y confirmó que la investigación judicial se centra en determinar responsabilidades por la presunta intencionalidad del fuego.

El monitoreo de la Ruta 40 y la vigilancia sobre otros focos en Río Negro, Neuquén y Santa Cruz continúan bajo la supervisión del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, que recomendó a la población circular solo ante necesidad extrema.

El actual incendio en la región se desarrolla en un contexto de sequía extrema, marcado como el verano más seco de la última década. Las condiciones climáticas excepcionales han elevado el riesgo de propagación de focos, con temperaturas elevadas y un nivel de humedad notablemente bajo que favorecen la inflamabilidad del terreno.

El antecedente más cercano de incendios forestales se registró hace solo un año, cuando Epuyén sufrió un incendio que devastó entre 2.300 y 3.000 hectáreas, obligando a la evacuación de más de 200 familias y dejando decenas de viviendas afectadas.

Un grupo de casin una veintena de organizaciones ambientalistas responsabilizó al Gobierno por la magnitud de los incendios forestales en Chubut, al denunciar recortes y subejecución de fondos en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y otras áreas de prevención.

En el documento, que lleva la firma Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace Argentina, Observatorio Petrolero Sur (OPSur) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, entre otras, se denuncia la “inacción climática estatal” y el ajuste en el gasto público que agrava la situación de los incendios en la Patagonia.

El texto, titulado “La inacción climática estatal vuelve a empeorar los incendios en la Patagonia”, advierte que estos megaincendios “son consecuencia directa de decisiones humanas” y no hechos aislados, y subrayan que “los incendios que actualmente atraviesan la Patagonia son otro de los síntomas alarmantes de los impactos de la crisis climática global, cuya causa principal es la quema de combustibles fósiles”.

Las organizaciones destacan que “la inacción estatal en materia de mitigación y prevención” agrava la situación, y critican el “crecimiento desmedido de extensas plantaciones forestales con especies exóticas invasoras y profundamente adaptadas a un régimen mayor de incendios, como los pinos, sumado al desmanejo y la falta de regulación respecto de estos pinares”.

“El crecimiento demográfico exponencial y la falta de planificación urbana, la desinformación y los reiterados intentos de modificar la legislación respecto del uso del suelo, con marcados intereses inmobiliarios y de otro tipo, crean las condiciones para agravar los efectos devastadores del fuego”, agrega el texto.

La declaración denuncia el “desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que pone en riesgo la estructura del organismo responsable no solo de la supresión y el combate de incendios, sino también de las indispensables tareas de prevención”. Precisan que en 2024, “el Gobierno ejecutó apenas el 22% del presupuesto estatal asignado” al área, pese a que fue “el año con la mayor cantidad de focos ígneos de al menos los últimos ocho años”.

En 2025, “la subejecución presupuestaria volvió a repetirse: el SNMF dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignados, lo que equivale a casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura, el equipamiento, las capacitaciones y las condiciones laborales de las y los brigadistas”.El incendio forestal mantiene enEl incendio forestal mantiene en alerta a miles de residentes y turistas.

Según las entidades, “durante la última temporada de incendios en la Patagonia, la superficie de bosques afectados por incendios forestales se cuadruplicó: pasó de 7.747 hectáreas entre octubre de 2023 y marzo de 2024, a 31.722 hectáreas entre octubre de 2024 y marzo de 2025”. Además, citan advertencias de investigadores del CONICET, quienes sostienen que “esta tendencia creciente aumentaría por seis hacia fines del siglo XXI”.

Ante el 2026, las ONGs remarcaron que la partida presupuestaria del SNMF contará con $20.131 millones, lo que implica “una caída real del 69% con respecto a 2023 y del 78,5% con respecto a 2025”. A esto se suma la reducción en “las horas de vuelo previstas y ejecutadas” y en los “informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios”, instrumentos que califican de “clave para un enfoque preventivo”. Infobae/TN

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Iglesia cuestiona baja de la edad de imputabilidad y pide más educación

La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate solo en la pena simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, acompañamiento y educación para niños y jóvenes.

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a los delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario.

En un pronunciamiento difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Iglesia sostuvo que el debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.

Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, aunque advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad "corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja", que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.

En ese sentido, recordaron un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.

"La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución", señalaron, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".

El comunicado destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria, sin negar los conflictos pero apostando a la inclusión y al desarrollo pleno de los jóvenes.

La Iglesia rechaza la baja de la edad de imputabilidad y pide cambios profundos en las políticas juveniles.

A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. "La verdadera prevención nace del cuidado compartido", subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.

Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo que la niñez y la juventud representan "una tierra sagrada donde se siembra el futuro" y pidió especialmente por los jóvenes más vulnerables.

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Los aumentos de febrero

El mes que comienza hoy volverá a ser un desafío para los bolsillos, ya que se esperan aumentos de todo tipo. Las subas incluyen al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros sectores.

Los aumentos de febrero impactarán en los alquileres. Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Los valores que comenzarán a regir para los inquilinos en los casos en que corresponda actualizar el contrato con el propietario:

Contrato anual por ICL (Ley de Alquileres derogada).

  • Alquiler inicial: $ 400.000.
  • Ajuste anual: 34,6%.
  • Nuevo valor: $ 538.400.

Contratos post DNU sobre un alquiler de $ 500.000.

  • Ajuste trimestral (6,08%): $ 530.400.
  • Ajuste cuatrimestral (8,22%): $ 541.100.
  • Ajuste semestral (12,81%): $ 564.050.

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán el 2,80% en febrero. Este aumento también aplicará a los copagos.

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) logró hace unas semanas la firma de un nuevo aumento salarial para enero, en el marco de las negociaciones paritarias con las tres principales operadoras del país, Claro, Telecom y Movistar.

En ese sentido, las empresas responsables de servicios de cable, Internet y telefonía comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de febrero, aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento que oscilará entre 2,8 y 3,5%, según el servicio y la operadora.

A partir de febrero entra en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas.

Según se informó, se busca que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año, para suavizar los históricos que se generan en los meses de mayor consumo.

El aumento en los servicios dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial.

A nivel general, la Secretaría de Energía aseguró que con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda, el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $ 22.000; el 66%, menos de $ 44.000: y el 81%, menos de $ 67.000.

En el caso del gas, durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $ 14.000; el 75%, menos de $ 56.000; y el 83%, menos de $ 73.000. DIB

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Argentina recibiría deportados de otras nacionalidades desde EEUU

El prestigioso diario The New York Times asegura que hay conversaciones avanzadas entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par argentino , Javier Milei, para que Buenos Aires acepte inmigrantes que Washington no puede expulsar a sus naciones de origen.

De acuerdo a una investigación publicada este viernes por The New York Times, hay "conversaciones avanzadas" por este tema ya que se busca profundizar el alineamiento geopolítico entre ambas naciones.

La intención sería firmar un acuerdo que permita a la administración de Trump deportar inmigrantes de otras nacionalidades hacia la Argentina.

Ese pacto convertiría a la Argentina en un "tercer país" de acogida para expulsados que Washington no logra devolver a sus lugares de origen, ya sea por falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje.

Sin embargo, horas después Milei pareció desmentir esa información al repostear un mensaje del militante de La Libertad Avanza (LLA) Daniel Parisini, quien se hace llamar el Gordo Dan, en el que negaba las tratativas.

Esta nueva iniciativa se enmarca en la agresiva campaña de deportación masiva movilizada por la administración de Trump, que busca disuadir los cruces ilegales y descomprimir su sistema migratorio derivando a los detenidos hacia naciones aliadas.

Para el gobierno de Milei, aceptar esos traslados representaría un gesto de alto valor para fortalecer su alianza con Estados Unidos, incluso a riesgo de contradecir su propia retórica de endurecimiento fronterizo a nivel local.

El New York Times destaca que esas charlas ocurren mientras la Casa Rosada intensifica sus propios operativos de control migratorio y reivindica cifras récord de expulsiones.

El mecanismo de "tercer país seguro" o acuerdos similares suelen utilizarse para enviar a nacionales de países con los que Estados Unidos tiene relaciones tensas o nulas, usándolos también como mensaje disuasorio para futuros migrantes.

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