El empresario y ex diputado provincial por el Frente Renovador, Javier Faroni quedó envuelto en una investigación por la gestión del dinero de AFA en el exterior.

Según reveló el diario La Nación, el marplatense es socio y marido de Erica Gillette, titular de TourProdEnter LLC, empresa que adjudicó fondos a empresas fantasmas en EEUU.

Faroni, que intentó escapar a Uruguay después de que allanaran su casa en el marco de la investigación por el manejo de fondos en la AFA, tiene un largo recorrido en la Provincia, que lo llevó del mundo del espectáculo, donde cimentó su fortuna, a la política, a través de la cual fue diputado y casi compite por la intendencia de Mar del Plata, de la mano de Sergio Massa.

El empresario marplatense quedó en el centro de las sospechas el fin de semana, cuando una investigación periodística reveló que es titular de TourProdCenter, la empresa que tiene junto a su esposa, Érica Gillette, con la que se quedó con la representación de la AFA en el exterior. Desde allí, habría desviado al menos 42 millones de dólares de los 260 millones que habría facturado a través de cuatro compañías que ahora son investigadas.

Faroni, que tenía una vinculación previa con la AFA a través de otra empresa, la ticketera deportiva Deportick, es oriundo de Córdoba, pero su carrera despegó en una ciudad bonaerense, Mar del Plata, a los que sus padres se mudaron cunado él tenía 11 años. Fue allí que desarrolló una carrera en el mundo de la producción de espectáculos de temporada y un vínculo muy especial con el actor -ya fallecido- Carlos “Carlin” Calvo, que fue clave en esta etapa de su trayectoria.

Después Faroni desembarcó en Capital Federal, donde produjo espectáculos a través de Faroni producciones, una compañía que llegó a tener ocho espectáculos simultáneos en escena y es responsable de más de 60 puestas en su historia, muchas de ellas con figuras muy reconocidas.

La vinculación con la política de la provincia llegó a través de Sergio Massa, el líder del Frente Renovador. Se conocieron porque Faroni programó el teatro de Tigre Niní Marshall, entre 2007 y 2011. Ese vínculo se estrechó al punto que Faroni fue diputado provincial por el FR entre 2015 y 2019, mientras que su hermana Marcela lo fue entre ese año y 2023. Faroni tuvo además actuación política en Mar del Plata, donde coqueteó con una candidatura a intendente que declinó para postulante a la cámara Baja. Con Massa como ministro de Economía, durante el gobierno de Alberto Fernández, Faroni fue director de Aerolíneas Argentinas.

Massa y Faroni tuvieron una relación cercana, incluso familiar. Pero desde 2021, el productor se alejó del Frente Renovador y se centró en su actividad en la AFA. Hoy, su casa de Nordelta fue allanada por orden del juez de Quilmes Luis Armella. La Policía de Seguridad Aeroportuaria lo interceptó, además, en Aeroparque, cuando intentaba abordar un vuelo privado hacia Uruguay, ya que el magistrado ordenó que no salga del país. (TN/DIB/La NoticiaWeb)

La Justicia dio un paso clave en una causa que sacude a la conducción del fútbol argentino. El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial imputó formalmente a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respectivamente, en una investigación por la presunta retención ilegal de aportes jubilatorios correspondientes a empleados de la entidad y de los principales clubes del país.

La acusación fue presentada ante el juez Diego Amarante y se centra en la falta de pago de contribuciones a la seguridad social por un monto que, según la denuncia, supera los $19.000 millones.

Se trata de la primera vez que Tapia y su principal colaborador quedan formalmente imputados en una causa de estas características.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costoRegistrar

De acuerdo con fuentes judiciales, el expediente se originó a partir de una denuncia de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes del organismo recaudador, que advirtió que la AFA habría retenido aportes previsionales y otros tributos a sus empleados sin efectuar el correspondiente depósito dentro de los plazos legales establecidos.

La conducta investigada encuadra, según el fiscal, en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, que sancionan la retención indebida de impuestos y contribuciones.

En su requerimiento de instrucción, Navas Rial imputó a Tapia en su rol de presidente y responsable de la administración de la clave fiscal de la AFA.

Además, sostuvo que, por la magnitud de la estructura económica de la entidad y los montos involucrados, resulta necesario ampliar la investigación a otros dirigentes vinculados al entramado societario que rodea a la asociación. Entre ellos mencionó a Cristian Ariel Malaspina y a Gustavo Lorenzo, ambos relacionados con empresas que, según la pesquisa, tendrían vínculos con el tesorero Toviggino.

Esta causa es una de las tres que se abrieron en los últimos días y que complican a la cúpula de la AFA. En paralelo, la Justicia también analiza otros expedientes que involucran a Tapia y a su entorno por presuntas irregularidades financieras, lo que podría derivar en procesamientos si se confirma la existencia de delitos.

En rigor, en el marco de la causa que analiza la compra de una propiedad de lujo en la localidad bonaerense de Pilar, presuntamente adquirida a través de testaferros vinculados a dirigentes de la entidad, el juez federal Marcelo Aguinsky ordenó nuevas medidas para profundizar la investigación.

Entre ellas, dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del inmueble con el objetivo de determinar si, en los días previos al allanamiento, se registraron movimientos llamativos, como el traslado de vehículos de alta gama o incluso caballos, un dato que llamó la atención de los investigadores por las características de la estancia.

Además, se realizará un procedimiento en la empresa Flyzar, propietaria del helicóptero que habría sido utilizado en la operatoria. La firma deberá entregar a la Justicia el listado completo de pilotos, pasajeros y vuelos realizados por la aeronave, información clave para reconstruir los desplazamientos vinculados a la causa.

Estas medidas fueron impulsadas luego de la presentación de un informe elaborado por el fiscal Eduardo Navas Rial, en el que se propuso avanzar con una serie de diligencias probatorias enfocadas en empresas presuntamente asociadas a Pablo Toviggino. (TN).

El Tribunal Oral Federal (TOF) condenó a 20 años de prisión a un hombre por haber explotado económicamente a dos exparejas que ejercían la prostitución y por el abuso sexual reiterado, desde que era niña, de una adolescente. Además, la justicia federal dispuso no solo una reparación dineraria, sino la “restitución in natura” de una vivienda para dos de las víctimas y que el dinero incautado en la investigación sea destinado a la tercera. En el juicio intervino el fiscal general subrogante ante ese TOF, Carlos Fioriti.

De acuerdo a lo informado por el portal Fiscales.gob.ar, el condenado considerado autor del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución en perjuicio de dos mujeres agravado por haber sido conviviente de ellas y por haberse aprovechado de situaciones de vulnerabilidad y haber mediado violencia y amenazas (contemplado en el artículo 127 del Código Penal), en concurso real con el de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechando su situación de convivencia dado que era hija de una de sus exparejas, y el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado en cinco hechos (artículo 119 del C.P.), en perjuicio de la tercera víctima.

Los jueces Roberto Falcone, Fernando Minguillón y Nicolás Toselli -quien siguió el debate de manera remota- resolvieron también de manera unánime revocar en forma provisoria la prisión domiciliaria de la que goza Bustos y ordenar su inmediato alojamiento en la delegación local de la Policía Federal Argentina.

En este sentido, el tribunal resolvió que el hombre sea evaluado personalmente por un especialista en oftalmología del Cuerpo Médico Forense a fin de determinar la patología que padece, el grado de disminución visual que presenta y, en su caso, si su supuesta incapacidad le impide cumplir la pena de prisión impuesta en una unidad carcelaria federal.

El veredicto, cuyos fundamentos se darán a conocer el 2 de febrero, ordenó también la reparación de las víctimas N.C. y de S.P.G. a la suma de 20 millones de pesos, en virtud del daño material y moral ocasionado por resultar víctimas de explotación sexual. En tanto para XM, quien era adolescente al momento de los hechos, en virtud del daño moral ocasionado se resolvió una reparación por 30 millones de pesos.

Por último, se dispuso el secuestro y decomiso de una camioneta Volkswagen Amarok, una furgoneta Nuevo Fiorino y una moto Honda XR 250, que quedarán a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Fioriti, de la Unidad Fiscal Mar del Plata, cuyo titular es el fiscal general Daniel Eduardo Adler, y por Inés Jaureguiberry, por la Defensoría Pública de Víctimas, quien actuó como querellante.

En el alegato del 4 de diciembre pasado, el fiscal había solicitado una pena de 25 años de prisión, ya que también había acusado a Bustos por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, bajo la modalidad de acogimiento.