País
Quilmes es un polvorín
23 de diciembre de 2025
La exintendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, mantuvo un duro cruce de mensajes de audio con el diputado Juan Grabois, a raíz de una serie de incidentes ocurridos durante la mañana de este lunes en la sede de la Municipalidad, en el marco de un conflicto por el ordenamiento del tránsito y la formalización de los llamados “trapitos” que operan en el distrito.
Las protestas fueron protagonizadas por militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organización que lidera Grabois, y que está enfrentada a la actual diputada bonaerense que integra La Cámpora.
Los mensajes se filtraron a la prensa y a través de redes sociales. Mendoza apuntó a Grabois como responsable de generar un clima de tensión y agitar violencia, en fechas sensibles. “Yo no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer”, reprocha la exmandataria municipal. “Me cuesta creer que los dos tenemos los mismos intereses y respondemos a la misma conducción. A veces dudo de cuál es tu conducción, Juan Grabois, y qué es lo que verdaderamente representás”, le retrucó.
Por su parte, Grabois, le respondió a través de su cuenta de X, con un largo mensaje. “Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido. Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF (Movimiento Derecho al Futuro, que lidera Axel Kicillof) me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja: pegarle a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca lo haga quien lo haga”, expresó el diputado y líder social. Y sumó: “Además de reprimir a los manifestantes, detuvieron a Amanda que estaba haciendo la cobertura de prensa. Exigimos su libertad. Esperemos que estos compañeros gobernantes reflexionen: la posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar del poder. Es inevitable que cuando la miseria campea haya conflictos locales y provinciales. Espero que este abordaje represivo y cruel no se haga costumbre”.
Los trapitos marcharon este lunes mientras se realizaba la votación en el Concejo Deliberante de Quilmes, que aprobó un sistema de estacionamiento medido. Los trabajadores aseguran que desde el gobierno municipal les habían prometido que los iban a incluir en esta modificación.
Comunicado del municipio
Tras la aprobación del proyecto que busca un reordenamiento del tránsito en los centros de Quilmes y Bernal, el municipio y el Concejo Deliberante emitieron un comunicado en conjunto:
«El Municipio de Quilmes informa que este lunes 22 de diciembre de 2025, el Honorable Concejo Deliberante aprobó, por amplia mayoría y con el acompañamiento de los distintos bloques, un Plan Integral de Ordenamiento Urbano y Vial, orientado a mejorar la circulación, la seguridad vial y el uso del espacio público en todo el distrito. El nuevo marco normativo incorpora herramientas tecnológicas y criterios claros que permitirán reducir la congestión vehicular, ordenar el estacionamiento y disminuir las infracciones», indicó el texto. Y sumó: «Entre los ejes centrales del plan se encuentra la reorganización del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM), que será implementado mediante un proceso de licitación pública, transparente y abierta, al cual podrán presentarse todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos en el pliego correspondiente».
Sobre los incidentes y protestas, el comunicado señaló: «En el marco del tratamiento de esta ordenanza, durante el día de la fecha se registraron hechos de violencia protagonizados por un grupo de aproximadamente 30 personas que, encapuchadas y arrojando piedras, intentaron ingresar al recinto del Honorable Concejo Deliberante con el objetivo de impedir el normal desarrollo de la sesión».
En esa línea, recalcó: «Desde el Municipio de Quilmes se respeta y garantiza el derecho a la protesta y a la libre expresión, pero se repudia de manera categórica cualquier hecho de violencia, entendiendo que ese no es el camino para manifestar diferencias u opiniones».
Y concluyó: «Frente a las reiteradas denuncias por los inconvenientes generados por cuidacoches informales en el centro de Quilmes, el Municipio de Quilmes reafirma su decisión de no ceder ante presiones ni realizar adjudicaciones arbitrarias, garantizando que la implementación de este sistema se realice con criterios de transparencia, legalidad, equidad y en defensa del interés público». Agencia DIB
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Diputados debatirá la baja de la edad de imputabilidad el 12 de febrero
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y tratarlo en el recinto de sesiones el día siguiente.
La Libertad Avanza, junto a los bloques dialoguistas, buscará sancionar el próximo jueves en la Cámara de Diputados el proyecto del Régimen Penal Juvenil, que establece una reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, informaron fuentes legislativas.
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y el jueves tratarlo en el recinto de sesiones, y aclaró que se establecerá la edad de 14 años que fue consensuada el año pasado entre el oficialismo y un grupo de bloques opositores.
Ritondo formuló estas declaraciones al salir de la reunión que se efectuó entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los bloques de la Cámara de Diputados.
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Conciliación obligatoria
Tras la advertencia del gremio La Fraternidad de avanzar este jueves con un paro de trenes, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y desacivó por esa vía la medida de fuerza.
La decisión se terminó de definir luego de una reunión realizada en el Ministerio de Economía, de la que participaron delegados del sindicato, entre ellos, el secretario general del gremio, Omar Maturano, junto a representantes del área de Transporte, en la que no se llegó a un acuerdo.
Minutos después, llegó la confirmación oficial a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, en el que se informó que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que involucra tanto al sindicato como a las empresas del sector, Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria.
De acuerdo al comunicado oficial, se establece un período de conciliación obligatoria de 15 días, “durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios ”.
Bajo esa misma línea, el Gobierno lanzó además una advertencia directa al sector sindical e intimó a La Fraternidad a “dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pueda afectar la normal prestación del servicio”.
La decisión oficial llegó luego de que el sábado el sindicato que nuclea a los maquinistas ferroviarios confirmara que avanzaría con un paro nacional de actividades por 24 horas para este jueves 5 de febrero, una medida que iba a afectar a todas las líneas de pasajeros y a algunos servicios de carga, tras un fallido encuentro con el sector empresarial, en el que las partes ofrecieron un aumento salarial del 2% para diciembre y del 1% para enero.
Desde el gremio reclaman una recomposición salarial por encima de la inflación y advierten que “en lo que va del año estamos perdiendo casi el 35% del salario”. Según cifras que maneja el sindicato, el sueldo básico de un maquinista es actualmente de $1.136.000, mientras que el de un ayudante de conductor ronda los $893.000.
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Piden la liberación de la argentina presa en Brasil por racismo
Agostina Páez, abogada argentina de 29 años, se encuentra detenida en Brasil por un caso relacionado con racismo. Actualmente, enfrenta el uso de una tobillera electrónica y no tiene acceso a su pasaporte para regresar a Argentina. La fiscalía brasileña ha solicitado su prisión preventiva, mientras que la Fundación Apolo ha solicitado la intervención de la Cancillería Argentina.
El reclamo de la Fundación Apolo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, sostiene que la imputación es desproporcionada debido a la falta de una condena firme por el cargo de injuria racial. Este incidente se produjo durante sus vacaciones en Río de Janeiro.
Según el documento presentado, Páez fue detenida tras un desacuerdo en un bar del barrio de Ipanema, donde se le acusó de realizar gestos considerados ofensivos.
La detención no solo resultó en la retención de su pasaporte, sino que también se le impuso un dispositivo de monitoreo electrónico que le impide regresar a Argentina mientras avanza la causa.
El reclamo indica que la respuesta del sistema penal brasileño no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que la medida restrictiva fue adoptada sin una evaluación adecuada de alternativas menos gravosas, además de no considerar la condición de mujer extranjera de la imputada.
Además, se destaca que existen registros fílmicos previos al incidente, en los cuales uno de los empleados del bar realizó gestos obscenos hacia ella y su acompañante, conducta que no fue adecuadamente considerada por las autoridades.
El documento argumenta que la abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, y que su reacción debería ser entendida en ese contexto, lo que revertiría los roles de víctima y victimaria.
La fundación, liderada por el exlegislador Yamil Santoro, menciona la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Ley 20.957 del Servicio Exterior, destacando que la Cancillería está habilitada para intervenir ante una persecución penal que no cumple con criterios de razonabilidad o debido proceso.
Además, el escrito cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, que establecen un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres en contextos de violencia o asimetría.
El texto también critica el uso del caso por parte de las fuerzas de seguridad brasileñas, quienes han difundido imágenes y mensajes en redes sociales oficiales, lo que refuerza una lógica de estigmatización y "mano dura" que es incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
La entidad solicita que la Cancillería ejerza activamente la protección consular y considere un reclamo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas y permitir el regreso de Páez a Argentina.
Por su parte, la justicia de Río de Janeiro ha avanzado en la causa, la cual ha tomado mayor complejidad, y el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de la influencer, quien sigue en Brasil. La fiscalía argumenta que la joven "extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido" y la califica de tener una conducta "discriminatoria y ofensiva".NA
