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Urge reactivar obras viales
8 de diciembre de 2025
El presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires (CIPBA), Jorge Castellano, volvió a encender las alarmas sobre el crítico deterioro de la infraestructura vial y urbana en todo el país, y reclamó que el Gobierno nacional reactive las obras “de manera inmediata”, sea con financiamiento estatal o privado.
Su postura no es nueva: forma parte de un reclamo recurrente del Colegio, que desde hace años advierte que la falta de mantenimiento terminará generando costos exponencialmente mayores.
En diálogo radial, Castellano señaló que la situación es visible para cualquiera que transite la provincia. Recordó que las lluvias e inundaciones de mediados de año dejaron en evidencia la vulnerabilidad de rutas, caminos rurales y obras hídricas; y cuestionó que el gobierno de Javier Milei no haya avanzado con el anunciado comité de crisis hídrica ni con los proyectos vinculados a cuencas y drenajes rurales. “Todos circulamos por las rutas y vimos los problemas. La ausencia de mantenimiento tiene un impacto directo en la actividad económica y lo terminamos pagando todos”, enfatizó.
Castellano sostuvo además que las recientes declaraciones oficiales que desaconsejan la realización de obras responden a “una postura ideológica” incompatible con la realidad. “No hay un momento más oportuno que este. El movimiento de cargas hacia la Patagonia crece por el impulso del sector energético, pero las rutas están destrozadas porque no se invierte”, afirmó. En ese sentido, advirtió que mientras la Nación prioriza la extracción y exportación de gas, “no se está haciendo lo mismo con la infraestructura necesaria para movilizarlo”.
El titular del Colegio fue categórico: “Cualquier estrategia para retomar las obras es válida; lo que no es válido es no hacer nada”. Y recordó que distintos sectores —la Cámara de la Construcción, gobernadores e intendentes— vienen reclamando un plan concreto ante el deterioro que se observa en todo el país. Como ejemplo del grave impacto económico de la desinversión, citó un estudio de la Cámara de la Construcción que estima una “deuda invisible” equivalente a 70 millones de dólares diarios por depreciación de infraestructura. “Si no reparás una fisura cuando corresponde, después gastás el triple. Eso es lo que nos está pasando”, comparó.
Castellano también destacó que, aun con dificultades, en la provincia de Buenos Aires la gestión de Axel Kicillof no abandonó la obra pública, a diferencia del Gobierno nacional, que “no generó ningún plan que movilice recursos privados”, incluso cuando ese sería su enfoque preferido. La falta de mantenimiento, advirtió, afecta desde el transporte de producción hasta la transitabilidad básica de los caminos. “El campo está inundado, las rutas están rotas y la logística se vuelve ineficiente”, señaló.
Otro punto que preocupa al Colegio es la falta de un sistema de mantenimiento eficiente, en especial en los caminos rurales bajo gestión municipal. “Si todos los años vemos inundaciones y roturas, es evidente que el método no funciona. Hay que cambiarlo”, reclamó. Y lamentó que, pese a la conformación de un comité de crisis anunciado en julio, “no hubo más novedades” y el Colegio ni siquiera fue convocado.
Castellano también comparó la situación con la de países vecinos, como Paraguay, que “hacen obras todos los días” y avanzan en proyectos estratégicos como la ruta transoceánica. “Si países con menos recursos crecen en infraestructura, algo estamos haciendo mal”, resumió.
La preocupación del Colegio se extiende además a temas estructurales que afectan a los profesionales del sector. El dirigente remarcó la competencia desigual frente a estructuras industriales importadas sin controles equivalentes y volvió a exigir una revisión integral de la carga impositiva que soportan los ingenieros. Recordó que los profesionales responsables no pueden descontar IVA ni ganancias en gastos corrientes y pagan ingresos brutos más altos que muchas constructoras. “Se evita un gasto ínfimo de matrícula, pero nadie discute el 60% o más de carga impositiva que tenemos y que debemos trasladar a nuestros clientes”, advirtió.
Finalmente, Castellano insistió en que el país necesita “una perspectiva seria” para abordar la crisis de infraestructura. “Podemos crecer, pero si no usamos ese crecimiento para generar desarrollo, mejores tecnologías y un sistema sustentable, vamos a terminar peor que hoy. Si no se encara el problema de fondo, vamos a seguir teniendo lo mismo siempre”, concluyó.
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En 2025 hubo 15 secuestros extorsivos, la cifra más baja en la última década
Hace diez años se conocía en la Argentina una estadística escalofriante: durante 2015 se habían consumado 294 secuestros extorsivos en todo el país. A una década de esa realidad se conocen hoy datos de 2025. La cifra es de 15 casos, el registro más bajo del período mencionado, según informó la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), dirigida por el fiscal federal Santiago Marquevich.
Según el reporte estadístico de la unidad fiscal especializada, en diciembre pasado hubo dos casos, lo que da un promedio de 1,25 hechos por mes. En junio, octubre y noviembre pasados no se registraron casos.
La Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), dirigida por el fiscal federal Santiago Marquevich, reveló en su último informe estadístico que, durante 2025, solo se registraron 15 secuestros extorsivos en todo el país. Esto implica el registro más bajo de casos en la última década.
Según el reporte, los 15 secuestros registrados durante el año pasado se distribuyeron de la siguiente manera: 1 en enero, 1 en febrero, 1 en marzo, 1 en abril, 3 en mayo, 0 en junio, 1 en julio, 3 en agosto, 2 en septiembre, 0 en octubre, 0 en noviembre y 2 en diciembre. Esas cifras revelan un promedio de 1,25 casos por mes durante el año pasado.
Las cifras de diciembre
El informe consigna que, durante diciembre de 2025, se registraron dos secuestros extorsivos en la ciudad de Córdoba. Las correspondientes investigaciones recayeron en la Fiscalía Federal N°2 de esa provincia, a cargo del fiscal Carlos María Casas Noblega.
En ambos hechos las víctimas eran hombres mayores de 18 años que fueron captados por tres o más personas -en muchos casos, armadas- y fueron liberados sin que se pagara rescate. En los dos casos, las víctimas fueron interceptadas cuando caminaban y fueron liberadas a menos de 10 kilómetros del lugar donde fueron captadas.
En cuanto a la duración de los secuestros, uno de ellos duró entre una y tres horas y el otro se extendió más de tres horas. Los hechos ocurrieron un jueves y un viernes, uno a las 18 y el otro cerca de las 20 horas.
Tendencia
De acuerdo con los relevamientos realizados por la UFECO, en 2015 se registraron un total de 294 hechos; en 2016, 227; en 2017, 185; en 2018, 111; en 2019, 44; en 2020, 48; en 2021, 30; en 2022, 27; en 2023; 16; en 2024, 22; y en 2025 fueron 15 los casos, la cifra más baja en los últimos 10 años.
De esto se derivan los siguientes promedios mensuales de secuestros: en 2014 fueron 24,5 hechos por mes; en 2016, 18,92; en 2017, 15,42; en 2018, 9,25; en 2019, 3,67; en 2020, 4; en 2021, 2,5; en 2022, 2,25; en 2023, 1,33; en 2024, 1,83; y este año el promedio mensual fue de 1,25 casos registrados.
Las cifras marcan la tendencia decreciente del fenómeno criminal de los secuestros extorsivos desde la creación de la ex Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE) (Resolución PGN 1583/2016) y de la actual Unidad Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) (Resolución PGN 79/2023) que, ante la disminución de ese delito, amplió las atribuciones de esa oficina especializada para que asista a otras fiscalías en la investigación de otras variables del crimen organizado.
El proceso de recopilación y publicación de datos estadísticos de la unidad especializada cuenta, desde 2020, con la certificación de la Norma IRAM-ISO 9001:2015, por lo que el tratamiento y producción de la información estadística se adecúa a un estricto control de calidad.
Fuente: Fiscales.gob.ar
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Murió ex agente de inteligencia durante la dictadura y la Triple A
El represor Raúl Antonio Guglielminetti, conocido como: El Mayor Guastavino o El Ronco, murió a los 84 años sin arrepentirse ni romper el pacto de silencio sobre el destino de sus víctimas.
El exagente de inteligencia de la dictadura militar falleció en su domicilio de Mercedes, donde cumplía arresto domiciliario desde septiembre pasado, debido a un grave deterioro en su salud.
Su figura cobró renovada notoriedad en julio de 2024, cuando fue uno de los genocidas recibió en la cárcel de Ezeiza a un grupo de diputados de La Libertad Avanza, a quienes les entregó un sobre con "propuestas" para lograr la libertad de los represores.
Guglielminetti inició su carrera en la inteligencia militar en 1970 y operó como agente civil PCI del Batallón 601.
Su prontuario criminal atravesó diversos centros clandestinos y etapas represivas.
Neuquén y la Triple A: Se desempeñó como mano derecha del interventor de la Universidad del Comahue, Remus Tetu, y operó en el Destacamento de Inteligencia 182 hasta mediados de 1976.
Orletti y la SIDE: En la segunda mitad de 1976 se integró a la banda de Aníbal Gordon en Automotores Orletti.
Superintendencia de Seguridad Federal: Formó parte de las patotas de la Policía Federal y fue reconocido por sobrevivientes de El Olimpo y el Club Atlético.
Se ensañaba particularmente con ciertos secuestrados y obligaba a las mujeres a plancharle la tropa.
"Subversión económica: En el Primer Cuerpo de Ejército se dedicó a secuestros extorsivos en Campo de Mayo, como en la causa Chavanne Grassi.
En 1987, ante la Cámara Federal, confesó con soberbia: "He sido preparado como agente de inteligencia para obrar, en el noventa por ciento de los casos, al margen de la ley".
Tras años prófugo, fue detenido en 2006 en su campo de Mercedes. Acumuló condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en múltiples causas, pero murió en su cama, amparado por una prisión domiciliaria otorgada tras sufrir un hematoma subdural en la cárcel.
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Aumenta 2,8% jubilaciones y pensiones
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en febrero las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 2,8%, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025, difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La actualización alcanza a todo el sistema previsional: jubilaciones mínimas y máximas, Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). También se trasladará a las asignaciones familiares y sociales.
Cuánto se cobra en febrero: jubilación mínima y máxima
Con el aumento del 2,8%, la jubilación mínima pasará de $349.299 a $359.079. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, que el gobierno nacional decidió sostener sin modificaciones. Así, ningún jubilado que perciba la mínima cobrará menos de $429.079 en febrero.
En el extremo superior de la escala, la jubilación máxima subirá de $2.350.453 a aproximadamente $2.416.265. Este grupo no percibe el bono de refuerzo.
Quienes cobren haberes superiores a la mínima pero inferiores al piso de $429.079 recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar ese monto total.
PUAM y Pensiones No Contributivas
Otras prestaciones también se ajustan con el mismo porcentaje:
- PUAM: el haber base será de $287.263, que con el bono llegará a $357.263.
- PNC por Invalidez y Vejez: el haber base se ubicará en $251.355, totalizando $321.355 con el refuerzo.
Estos montos son netos de descuentos obligatorios, como el aporte a la obra social PAMI, que se calcula sobre el haber sin incluir el bono.
El bono congelado
Aunque la fórmula de movilidad garantiza que el haber base se actualice según la inflación, el principal foco de tensión sigue siendo el bono de $70.000, que permanece congelado desde hace meses.
Al no ajustarse por movilidad, su peso relativo dentro del ingreso total se reduce mes a mes. En la práctica, esto implica que el aumento real de bolsillo para quienes cobran la mínima es menor al 2,8%, ya que una parte significativa del ingreso no acompaña la suba de precios. El esquema, además, tiende a aplanar la pirámide previsional, un debate recurrente entre especialistas y organizaciones de jubilados.
Asignaciones familiares y AUH
El incremento también se trasladará a las asignaciones:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.032 por hijo.
- Asignación por hijo con discapacidad: $420.148.
Anses actualizará además los topes de ingresos para acceder a las asignaciones, un punto clave para evitar que trabajadores registrados o jubilados queden excluidos del sistema tras los aumentos. Las fechas de cobro se regirán por el calendario habitual según terminación de DNI.
