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Urge reactivar obras viales
8 de diciembre de 2025
El presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires (CIPBA), Jorge Castellano, volvió a encender las alarmas sobre el crítico deterioro de la infraestructura vial y urbana en todo el país, y reclamó que el Gobierno nacional reactive las obras “de manera inmediata”, sea con financiamiento estatal o privado.
Su postura no es nueva: forma parte de un reclamo recurrente del Colegio, que desde hace años advierte que la falta de mantenimiento terminará generando costos exponencialmente mayores.
En diálogo radial, Castellano señaló que la situación es visible para cualquiera que transite la provincia. Recordó que las lluvias e inundaciones de mediados de año dejaron en evidencia la vulnerabilidad de rutas, caminos rurales y obras hídricas; y cuestionó que el gobierno de Javier Milei no haya avanzado con el anunciado comité de crisis hídrica ni con los proyectos vinculados a cuencas y drenajes rurales. “Todos circulamos por las rutas y vimos los problemas. La ausencia de mantenimiento tiene un impacto directo en la actividad económica y lo terminamos pagando todos”, enfatizó.
Castellano sostuvo además que las recientes declaraciones oficiales que desaconsejan la realización de obras responden a “una postura ideológica” incompatible con la realidad. “No hay un momento más oportuno que este. El movimiento de cargas hacia la Patagonia crece por el impulso del sector energético, pero las rutas están destrozadas porque no se invierte”, afirmó. En ese sentido, advirtió que mientras la Nación prioriza la extracción y exportación de gas, “no se está haciendo lo mismo con la infraestructura necesaria para movilizarlo”.
El titular del Colegio fue categórico: “Cualquier estrategia para retomar las obras es válida; lo que no es válido es no hacer nada”. Y recordó que distintos sectores —la Cámara de la Construcción, gobernadores e intendentes— vienen reclamando un plan concreto ante el deterioro que se observa en todo el país. Como ejemplo del grave impacto económico de la desinversión, citó un estudio de la Cámara de la Construcción que estima una “deuda invisible” equivalente a 70 millones de dólares diarios por depreciación de infraestructura. “Si no reparás una fisura cuando corresponde, después gastás el triple. Eso es lo que nos está pasando”, comparó.
Castellano también destacó que, aun con dificultades, en la provincia de Buenos Aires la gestión de Axel Kicillof no abandonó la obra pública, a diferencia del Gobierno nacional, que “no generó ningún plan que movilice recursos privados”, incluso cuando ese sería su enfoque preferido. La falta de mantenimiento, advirtió, afecta desde el transporte de producción hasta la transitabilidad básica de los caminos. “El campo está inundado, las rutas están rotas y la logística se vuelve ineficiente”, señaló.
Otro punto que preocupa al Colegio es la falta de un sistema de mantenimiento eficiente, en especial en los caminos rurales bajo gestión municipal. “Si todos los años vemos inundaciones y roturas, es evidente que el método no funciona. Hay que cambiarlo”, reclamó. Y lamentó que, pese a la conformación de un comité de crisis anunciado en julio, “no hubo más novedades” y el Colegio ni siquiera fue convocado.
Castellano también comparó la situación con la de países vecinos, como Paraguay, que “hacen obras todos los días” y avanzan en proyectos estratégicos como la ruta transoceánica. “Si países con menos recursos crecen en infraestructura, algo estamos haciendo mal”, resumió.
La preocupación del Colegio se extiende además a temas estructurales que afectan a los profesionales del sector. El dirigente remarcó la competencia desigual frente a estructuras industriales importadas sin controles equivalentes y volvió a exigir una revisión integral de la carga impositiva que soportan los ingenieros. Recordó que los profesionales responsables no pueden descontar IVA ni ganancias en gastos corrientes y pagan ingresos brutos más altos que muchas constructoras. “Se evita un gasto ínfimo de matrícula, pero nadie discute el 60% o más de carga impositiva que tenemos y que debemos trasladar a nuestros clientes”, advirtió.
Finalmente, Castellano insistió en que el país necesita “una perspectiva seria” para abordar la crisis de infraestructura. “Podemos crecer, pero si no usamos ese crecimiento para generar desarrollo, mejores tecnologías y un sistema sustentable, vamos a terminar peor que hoy. Si no se encara el problema de fondo, vamos a seguir teniendo lo mismo siempre”, concluyó.
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Paro docente: Gobierno ratificó el 75% de la prestación del servicio educativo
El Ministerio de Capital Humano, comandado por la ministra Sandra Pettovello desde el Consejo Federal de Educación, ratificó “el 75% de la prestación habitual del servicio educativo” en vísperas del paro docente que comenzará este lunes 3 en todo el país.
La resolución se llevó a cabo a través de la Secretaría de Educación que conduce Carlos Torrendel, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 27.802 “que consagra la educación como servicio esencial”.
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“Se ratificó el compromiso con la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, conforme lo dispone la normativa vigente y la potestad del Poder Ejecutivo Nacional de supervisar su cumplimiento por tratarse de una medida de fuerza nacional. La medida busca resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro”, manifestaron desde el Ministerio.
Del encuentro participaron los miembros de las carteras educativas de las jurisdicciones y de la Nación, quienes planificaron en conjunto “las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases en todo el país y para articular la inspección nacional” durante la jornada que anunció la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el pasado miércoles.
El gremio aseguró que tomó esta nueva medida de fuerza luego de la “permanente negativa” que presenta el Gobierno para entablar una mesa de diálogo y encarar una nueva negociación salarial.
Esta protesta será, en principio, por 24 horas y coincidirá con la vuelta a clases que tenían previsto la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque impactará en todo el país y en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria.
Según el comunicado de CTERA y otros sindicatos como la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el paro persigue otros reclamos como el retorno "inmediato" del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares. (NA)
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Paro docente: Aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo
El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.
El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección oculear en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.
La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.
La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.
Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.
El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.
La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.
Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.
Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.
Foto: El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. (Foto: X @JMilei) . Ignacio Salerno (TN)
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Milei recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico Michael Banach
El presidente Javier Milei recibió este 31 de julio las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach, durante una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con lo que quedó formalmente iniciado su servicio diplomático como representante del papa León XIV en la Argentina.
El acto fue encabezado por el jefe de Estado, acompañado por el canciller Pablo Quirno. En la misma ceremonia, el Presidente recibió también las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y del embajador de la República de Corea, Lee Chong Hwa.
Días atrás, monseñor Banach había entregado las copias de estilo de sus cartas credenciales al canciller Quirno, quien destacó entonces en sus redes sociales que la llegada del representante pontificio "abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos".
La presencia del nuevo nuncio apostólico marca el comienzo de una misión que estará acompañada por la expectativa de una futura visita del papa León XIV a la Argentina.
Antes de la presentación oficial de sus credenciales al Presidente, monseñor Banach mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; con el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; y con el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.
La Conferencia Episcopal Argentina informó, además, que el próximo jueves 6 de agosto, a las 11, monseñor Banach presidirá una misa en la catedral metropolitana de Buenos Aires, durante la cual presentará oficialmente sus credenciales como representante del Santo Padre ante la Iglesia en la Argentina a monseñor Colombo.
Con ese motivo, la CEA invitó a los obispos que puedan participar a concelebrar la celebración eucarística, que marcará también el inicio formal del ministerio pastoral del nuevo nuncio ante la Iglesia argentina.
