País
Bono de $322.200 para desempleados
26 de noviembre de 2025
Anses publicó las fechas de cobro de cada beneficio
Mientras se completa el calendario de pagos del mes de noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un bono dirigido a determinados beneficiarios. Se trata de la prestación por desempleo, un pago que está dirigido a todas aquellas personas que atraviesan una situación económica compleja y se encuentran desempleados.
El beneficio consiste en garantizar un ingreso económico mensual fijado en relación al Salario Mínimo, Vital y Móvil. En este sentido, el organismo divulgó el calendario de pagos de este beneficio y los requisitos para acceder.
Cabe remarcar que en el mes de diciembre se cobra el Sueldo Anual Complementario. En este cotnexto, los desempleados que obtienen el beneficio se preguntan si les corresponde el aguinaldo. En este sentido, el orgnaimos definie que quienes reciben la prestación por desempleo no aceeden al medio aguinaldo de diciembre.
La Prestación por Desempleo es un subsidio otorgado por la Ansés para empleados que hayan sido despedidos sin una razón válida, cuyo contrato laboral haya finalizado o que quedaron desempleados por causas externas.ml
La ayuda económica se determina en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En específico, equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos seis meses de trabajo.
El gobierno nacional confirmó un máximo aproximado de $322.200 para diciembre de este año.
La Ansés establece diferentes requisitos para acceder al beneficio, según la persona que lo solicite:
- Si se trata de trabajadores permanentes: deben haber realizado al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido o finalización del contrato.
- Si se trata de trabajadores eventuales: deben haber trabajado más de 90 días en el último año.
- Si se trata de trabajadores de la construcción: deben haber realizado mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años antes del fin de la obra o despido.
Para acceder al beneficio se debe llevar a cabo una inscripción. La misma se tiene que realizarse dentro de los 90 días posteriores al despido o fin del contrato.
El trámite se puede hacer de manera online por la web de Anses o presencialmente en alguna de sus oficinas. Para ello es necesario presentar el DNI y un documento que acredite el desempleo:
- Si se trata de un despido sin justa causa, se debe presentar el telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.
- Si se trata de un despido por quiebra o concurso preventivo del empleador, se debe presentar una nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, la sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.
- Si se trata de una resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa, se debe presentar el telegrama de intimación y el telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.
- Si se trata de la no renovación de un contrato a plazo fijo, se debe presentar una copia del contrato de trabajo vencido.
- Si se trata del fallecimiento del empleador, se debe presentar una copia certificada del acta o partida de defunción.
- Si se trata de desempleo por haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo, se debe presentar el certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud.
Para realizar el trámite de manera virtual hay que acceder Mi ANSEScon el CUIL y la clave de la Seguridad Social.
Para realizar el trámite presencialmente, se debe acudir a una oficina de Anses con turno previo.
País
Diputados debatirá la baja de la edad de imputabilidad el 12 de febrero
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y tratarlo en el recinto de sesiones el día siguiente.
La Libertad Avanza, junto a los bloques dialoguistas, buscará sancionar el próximo jueves en la Cámara de Diputados el proyecto del Régimen Penal Juvenil, que establece una reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, informaron fuentes legislativas.
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y el jueves tratarlo en el recinto de sesiones, y aclaró que se establecerá la edad de 14 años que fue consensuada el año pasado entre el oficialismo y un grupo de bloques opositores.
Ritondo formuló estas declaraciones al salir de la reunión que se efectuó entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los bloques de la Cámara de Diputados.
País
Conciliación obligatoria
Tras la advertencia del gremio La Fraternidad de avanzar este jueves con un paro de trenes, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y desacivó por esa vía la medida de fuerza.
La decisión se terminó de definir luego de una reunión realizada en el Ministerio de Economía, de la que participaron delegados del sindicato, entre ellos, el secretario general del gremio, Omar Maturano, junto a representantes del área de Transporte, en la que no se llegó a un acuerdo.
Minutos después, llegó la confirmación oficial a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, en el que se informó que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que involucra tanto al sindicato como a las empresas del sector, Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria.
De acuerdo al comunicado oficial, se establece un período de conciliación obligatoria de 15 días, “durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios ”.
Bajo esa misma línea, el Gobierno lanzó además una advertencia directa al sector sindical e intimó a La Fraternidad a “dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pueda afectar la normal prestación del servicio”.
La decisión oficial llegó luego de que el sábado el sindicato que nuclea a los maquinistas ferroviarios confirmara que avanzaría con un paro nacional de actividades por 24 horas para este jueves 5 de febrero, una medida que iba a afectar a todas las líneas de pasajeros y a algunos servicios de carga, tras un fallido encuentro con el sector empresarial, en el que las partes ofrecieron un aumento salarial del 2% para diciembre y del 1% para enero.
Desde el gremio reclaman una recomposición salarial por encima de la inflación y advierten que “en lo que va del año estamos perdiendo casi el 35% del salario”. Según cifras que maneja el sindicato, el sueldo básico de un maquinista es actualmente de $1.136.000, mientras que el de un ayudante de conductor ronda los $893.000.
País
Piden la liberación de la argentina presa en Brasil por racismo
Agostina Páez, abogada argentina de 29 años, se encuentra detenida en Brasil por un caso relacionado con racismo. Actualmente, enfrenta el uso de una tobillera electrónica y no tiene acceso a su pasaporte para regresar a Argentina. La fiscalía brasileña ha solicitado su prisión preventiva, mientras que la Fundación Apolo ha solicitado la intervención de la Cancillería Argentina.
El reclamo de la Fundación Apolo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, sostiene que la imputación es desproporcionada debido a la falta de una condena firme por el cargo de injuria racial. Este incidente se produjo durante sus vacaciones en Río de Janeiro.
Según el documento presentado, Páez fue detenida tras un desacuerdo en un bar del barrio de Ipanema, donde se le acusó de realizar gestos considerados ofensivos.
La detención no solo resultó en la retención de su pasaporte, sino que también se le impuso un dispositivo de monitoreo electrónico que le impide regresar a Argentina mientras avanza la causa.
El reclamo indica que la respuesta del sistema penal brasileño no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que la medida restrictiva fue adoptada sin una evaluación adecuada de alternativas menos gravosas, además de no considerar la condición de mujer extranjera de la imputada.
Además, se destaca que existen registros fílmicos previos al incidente, en los cuales uno de los empleados del bar realizó gestos obscenos hacia ella y su acompañante, conducta que no fue adecuadamente considerada por las autoridades.
El documento argumenta que la abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, y que su reacción debería ser entendida en ese contexto, lo que revertiría los roles de víctima y victimaria.
La fundación, liderada por el exlegislador Yamil Santoro, menciona la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Ley 20.957 del Servicio Exterior, destacando que la Cancillería está habilitada para intervenir ante una persecución penal que no cumple con criterios de razonabilidad o debido proceso.
Además, el escrito cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, que establecen un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres en contextos de violencia o asimetría.
El texto también critica el uso del caso por parte de las fuerzas de seguridad brasileñas, quienes han difundido imágenes y mensajes en redes sociales oficiales, lo que refuerza una lógica de estigmatización y "mano dura" que es incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
La entidad solicita que la Cancillería ejerza activamente la protección consular y considere un reclamo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas y permitir el regreso de Páez a Argentina.
Por su parte, la justicia de Río de Janeiro ha avanzado en la causa, la cual ha tomado mayor complejidad, y el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de la influencer, quien sigue en Brasil. La fiscalía argumenta que la joven "extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido" y la califica de tener una conducta "discriminatoria y ofensiva".NA
