JUDICIALES
Vialidad: ordenan decomisar bienes de Cristina Kirchner y otros condenados
18 de noviembre de 2025
El tribunal de la causa Vialidad solicitó este martes decomisar los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple una condena de prisión domiciliaria de seis años , junto a los de otros condenados por ese expediente, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
La medida, dispuesta luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 fuera ratificada en junio pasado, alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.
Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó su ejecución mediante la realización y venta de los activos identificados.
Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La sentencia consideró probada la existencia de un circuito de beneficios indebidos derivados de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, que implicó sobreprecios, cartelización y falta de controles, en favor del empresario Báez.
Ese flujo de fondos públicos, según la Justicia, redundó en un crecimiento patrimonial ilícito que se tradujo en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.
Los jueces rechazaron los argumentos de las defensas, que habían planteado la falta de nexo causal entre los bienes y el delito, la existencia de sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y la supuesta afectación de derechos de terceros. En su resolución, el tribunal remarcó que el decomiso no requiere una trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios derivados de la maniobra.
Además, fundamentó su decisión en tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconocen la recuperación de activos como un principio fundamental.
También advirtió que la interpretación restrictiva del decomiso puede favorecer la impunidad económica en casos de corrupción estructural.
En este contexto, el tribunal dejó constancia de que, una vez efectuada la tasación de los bienes, se comunicará lo resuelto a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia, y se ordenó su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados.
Asimismo, se instó a garantizar que los fondos recuperados puedan ser destinados a la reparación del daño social causado, en particular en la provincia de Santa Cruz, cuya infraestructura vial resultó severamente perjudicada por las obras inconclusas.
El fiscal de la causa, Diego Luciani, había advertido a fines del mes último que estaba dando “pelea” para conseguir el decomiso de los bienes de la ex mandataria.
“El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares. Se intimó a las partes para que paguen, no pagaron. Esto es algo muy claro: hay que ir por los bienes”, sostuvo el funcionario judicial al dar una disertación en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires.KAKAEiCL0gBEVJ55zLkQeA
Luciani y su par Sergio Mola habían reclamado mediante un dictamen al TOF 2 que avance de manera inmediata con la demorada ejecución del decomiso contra Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad, tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles fijado para el pago solidario de $ 684.990.350.139,86 (equivalentes a unos 500 millones de dólares). NA
JUDICIALES
Duro testimonio sobre los últimos días de vida de Diego Maradona
La hija de Diego Maradona declaró este jueves en los tribunales de San Isidro en el juicio que investiga la muerte de Diego Maradona y brindó un estremecedor testimonio sobre las condiciones en las que vivía el exfutbolista en el country San Andrés de Tigre.
Entre lágrimas, Jana Maradona contó cómo fue acondicionada la habitación en la que su padre permaneció durante sus últimos días. “Como no pudieron conseguir una casa con habitación abajo, refaccionaron una. Taparon con cartones una ventana, le pusieron una puerta corrediza”, relató ante el tribunal.
Además, explicó que Diego se quejaba constantemente por los ruidos de la cocina, ya que el cuarto estaba demasiado cerca de ese sector de la vivienda. Según describió, la cama era común y no había equipamiento médico especial ni condiciones adecuadas para asistirlo.
La declaración de Jana se dio en el marco del proceso judicial que intenta establecer si hubo negligencia o fallas en la atención médica que recibió Maradona antes de morir el 25 de noviembre de 2020.
La joven fue una de las últimas personas del entorno familiar que visitó al ídolo en la casa del country San Andrés y su testimonio aportó detalles sensibles sobre el aislamiento y las condiciones en las que atravesó sus últimos días.
Con visible emoción, Jana recordó distintas situaciones vinculadas al cuidado de su padre y dejó al descubierto el impacto que todavía genera la muerte del campeón del mundo. El juicio continúa con nuevas declaraciones y pericias para esclarecer qué ocurrió durante las horas previas al fallecimiento del exfutbolista.
JUDICIALES
La escribana de Adorni negó que dos jubiladas le hayan prestado plata
La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró ante el fiscal federal, Gerardo Pollicita, y negó que dos jubiladas le hayan prestado la plata al jefe de Gabinete para las operaciones inmobiliarias.
Nevechenko fue la primera testigo de la causa que se presentó en Comodoro Py, estuvo dos horas declarando y certificó la compra del departamento de Caballito de Manuel Adorni.
“Trabajo para Adorni hace muchos años”, dijo la escribana sobre el vínculo que mantiene con el exvocero presidencial.
Nevechenko dijo que “no hubo irregularidades en las operaciones” que llevó adelante el jefe de Gabinete y aseguró las dos mujeres involucradas en la causa “no prestaron dinero para el inmueble de Caballito".
La jueza habría intervenido además en la escritura de una propiedad registrada a nombre de la esposa del funcionario, Julieta Bettina Angeletti, en Exaltación de la Cruz.
La presentación fue por la investigación judicial que analiza la compra del inmueble ubicado en el barrio porteño de Caballito. La operación, realizada el 18 de noviembre de 2025, fue declarada por un valor de 230 mil dólares y quedó bajo análisis por la estructura financiera utilizada para concretarla.
Según los registros inmobiliarios la propiedad tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas y a Claudia Sbabo. Ambas no solo figuraron como vendedoras del departamento sino también como acreedoras de un crédito hipotecario por 200 mil dólares que permitió completar la operación. Cada una aportó el 50% del préstamo, que quedó asentado en partes iguales a su nombre.
La intervención de la escribana fue clave en esa transacción y también en otra operación inmobiliaria vinculada al funcionario. La profesional habría participado además en la escritura de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, comprada en noviembre de 2025 y que figura a nombre de la esposa del jefe de Gabinete.
Pollicita pidió una serie de medidas de prueba con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la información declarada ante organismos oficiales. Entre los pedidos se incluyeron oficios a registros de la propiedad, de vehículos y requerimientos vinculados con movimientos financieros.
La fiscalía consideró que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario. La investigación tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, quien delegó el impulso de la causa en el fiscal. Pollicita también le pidió a la escribana la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino.
La caussa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional, Marcela Pagano, que advirtió sobre presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario. Según su planteo el patrimonio de Adorni habría registrado un aumento del 500% en un período fiscal y habría omisiones en la información presentada.
Entre los puntos señalados en la denuncia se mencionaron activos financieros y depósitos en el exterior por más de 16 millones de pesos, así como la incorporación de US$24.500 en efectivo que, según se indicó, habrían tenido origen en préstamos familiares.
Otro de los aspectos que quedó bajo revisión es la declaración patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción. Adorni informó en ese documento la titularidad de la mitad de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una propiedad en La Plata, sin consignar bienes ubicados en countries.
Además surgieron dudas en torno a un lote en el country Indio Cuá, donde las expensas figuran a nombre de Angeletti, lo que motivó consultas de los investigadores sobre la relación entre los bienes declarados y los movimientos patrimoniales recientes. (TN)
JUDICIALES
Procesan y embargan a Tapia y Toviggino por presunta evasión fiscal
El juez Diego Amarante resolvió este lunes procesar a la cúpula directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellos a su presidente, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.
La medida también alcanza al secretario general Cristian Malaspina y a los dirigentes Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, a quienes se los considera responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.
Según la investigación judicial, los imputados no habrían depositado en tiempo y forma más de $19.300 millones correspondientes a impuestos y aportes patronales entre 2024 y 2025. La causa contempla, además, un agravante por la intervención de varias personas en una estructura organizativa.
Desde la defensa sostuvieron que la deuda fue finalmente saldada y negaron la existencia de delito. En ese sentido, Tapia rechazó las acusaciones y aseguró que no hubo responsabilidad ni personal ni institucional, al tiempo que cuestionó la difusión pública del caso.
El titular de la AFA había declarado el pasado 12 de marzo, en la última ronda de indagatorias, tras lo cual comenzaron a correr los plazos procesales que derivaron en la decisión del magistrado.
La causa continúa su curso en la Justicia, mientras se analizan las responsabilidades individuales de los dirigentes involucrados.
