El Tribunal Oral Federal (TOF) condenó a 20 años de prisión a un hombre por haber explotado económicamente a dos exparejas que ejercían la prostitución y por el abuso sexual reiterado, desde que era niña, de una adolescente. Además, la justicia federal dispuso no solo una reparación dineraria, sino la “restitución in natura” de una vivienda para dos de las víctimas y que el dinero incautado en la investigación sea destinado a la tercera. En el juicio intervino el fiscal general subrogante ante ese TOF, Carlos Fioriti.

De acuerdo a lo informado por el portal Fiscales.gob.ar, el condenado considerado autor del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución en perjuicio de dos mujeres agravado por haber sido conviviente de ellas y por haberse aprovechado de situaciones de vulnerabilidad y haber mediado violencia y amenazas (contemplado en el artículo 127 del Código Penal), en concurso real con el de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechando su situación de convivencia dado que era hija de una de sus exparejas, y el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado en cinco hechos (artículo 119 del C.P.), en perjuicio de la tercera víctima.

Los jueces Roberto Falcone, Fernando Minguillón y Nicolás Toselli -quien siguió el debate de manera remota- resolvieron también de manera unánime revocar en forma provisoria la prisión domiciliaria de la que goza Bustos y ordenar su inmediato alojamiento en la delegación local de la Policía Federal Argentina.

En este sentido, el tribunal resolvió que el hombre sea evaluado personalmente por un especialista en oftalmología del Cuerpo Médico Forense a fin de determinar la patología que padece, el grado de disminución visual que presenta y, en su caso, si su supuesta incapacidad le impide cumplir la pena de prisión impuesta en una unidad carcelaria federal.

El veredicto, cuyos fundamentos se darán a conocer el 2 de febrero, ordenó también la reparación de las víctimas N.C. y de S.P.G. a la suma de 20 millones de pesos, en virtud del daño material y moral ocasionado por resultar víctimas de explotación sexual. En tanto para XM, quien era adolescente al momento de los hechos, en virtud del daño moral ocasionado se resolvió una reparación por 30 millones de pesos.

Por último, se dispuso el secuestro y decomiso de una camioneta Volkswagen Amarok, una furgoneta Nuevo Fiorino y una moto Honda XR 250, que quedarán a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Fioriti, de la Unidad Fiscal Mar del Plata, cuyo titular es el fiscal general Daniel Eduardo Adler, y por Inés Jaureguiberry, por la Defensoría Pública de Víctimas, quien actuó como querellante.

En el alegato del 4 de diciembre pasado, el fiscal había solicitado una pena de 25 años de prisión, ya que también había acusado a Bustos por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, bajo la modalidad de acogimiento.

En el allanamiento de la finca de Pilar, ordenado por el juez Daniel Rafecas, hallaron 45 autos de lujo y/o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings, todos propiedad de la firma Real Central SRL.

La finca en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, es atribuida a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, en el marco de una investigación patrimonial.

Según fuentes judiciales, al predio registrado a nombre de la sociedad Real Central SA, de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ingresaron también seis peritos designados para realizar la tasación del inmueble: tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.

El procedimiento comprende la filmación completa del lugar, además de la toma de fotografías en todas las áreas del inmueble. Las medidas incluyen el relevamiento y la tasación de vehículos u objetos suntuarios que se encontraron en el predio.

La diligencia forma parte de las medidas de prueba dispuestas por Rafecas para determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los dirigentes de la Asociación del Futbol Argentino. Radio Cadena 3

La Policía Federal Argentina (PFA) allana distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) en la causa relacionada a Sur Finanzas. El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó nuevos allanamientos en la causa relacionado a la empresa financiera, entre ellos a sedes de la AFA y clubes de fútbol que tuvieron vínculos con la financiera de Ariel Vallejo, titular de la firma, investigada en la causa.

Sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en calle Viamonte.

Se trata de más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Barracas Central, Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.

Ariel Vallejo, titular de Sur Finanza.

Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de AFA.

Sobre dicha situación, se explicó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.

Armella es juez federal de Quilmes y subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta.