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Presupuesto 2026 prevé una baja del dólar y menos inflación
16 de septiembre de 2025
Tras el discurso del presidente Javier Milei, el gobierno dio a conocer las proyecciones macroeconómicas del proyecto de presupuesto 2026. Espera un tipo de cambio mayorista de $1.423 y una inflación de 10,1 %. Además, se prevé un crecimiento del 5 %.
Las estimaciones para fin de 2025 fueron llamativas. Particularmente la del dólar, ya que el gobierno prevé un valor de $1.325 para diciembre próximo, cuando la cotización hoy es de $1.467. En materia de inflación, la cifra esperada es de 24,5 %.
Por otra parte, según el presupuesto, el déficit comercial sería de u$s2.447 millones en 2025 y de u$s5.751 millones en 2026.
La recaudación tributaria crecerá 11 % real el año próximo y llegaría a $90,3 billones. Dos impuestos que subirán de manera notoria son los que gravan las Transferencias de Combustibles Líquidos y a las emisiones de dióxido de carbono. Estos van a crecer 71 % nominal, fruto de la aplicación de aumentos de la suma fija de períodos anteriores que fueron suspendidos.
A través del artículo 55 del proyecto, el Ministerio de Economía volverá a insistir en flexibilizar los requisitos para realizar canjes de títulos públicos. Actualmente, se exige que cualquier canje o reestructuración de deuda implique una mejora objetiva para el Estado. De aprobarse la modificación, podría hacerlo en condiciones menos favorables.
En la misma línea de desestructuración institucional, el gobierno busca eliminar los pisos de inversión del 6 % del PBI para educación y del 1 % para ciencia y tecnología.
La pauta fiscal del proyecto contempla un superávit del 1,5 % del PBI, cifra inferior al 2,2 % prometido al Fondo Monetario Internacional (FMI). En el discurso por cadena nacional, el presidente habló sobre la necesidad de llegar a un acuerdo con todos los sectores, y que de mínima el resultado del ejercicio del año próximo tiene que terminar “equilibrado”. El superávit financiero sería del 0,3 % del PBI.
El gobierno ajustó a la baja la previsión de superávit fiscal de 2025, de 1,6 % del PBI a 1,5 %.
Los fundamentos del presupuesto 2026 reflejan el cambio de escenario político. El oficialismo pasó de contar con la capacidad de aprobar iniciativas y recortes de gasto casi sin resistencia, a un contexto en el que deberá negociar con las demás fuerzas y destinar recursos como parte de esos acuerdos.
En términos del PBI, los ingresos del Estado representarían 14,3 %, mientras que las erogaciones se desagregarían de la siguiente forma: 6,5 % para previsión social, 2,3 % para asistencia social, 1,6 % en salarios, 0,7 % en subsidios económicos, 0,3 % en gasto de capital, 0,1 % en otros rubros y 1,4 % destinado al pago de intereses.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el gasto total de la administración nacional (85 % del gasto del SPN) subirá 5,7 % real entre 2025 y 2026. Los gastos que, según la clasificación por finalidades, tendrían un incremento real superior al promedio, serán: administración fiscal (+33 %), salud (+17 %), transporte (+8,3 %), educación y cultura (+7,8 %) y seguridad social (+5,4 %). Subirán meno o bajarán Con menor suba o disminución los servicios de defensa y seguridad, promoción y asistencia social, energía, combustibles y minería, dentro de servicios económicos, y servicios de la deuda pública, entre otros.
Al considerar a la totalidad del Sector Público Nacional y la clasificación del gasto por objeto, se aprecia que el gasto corriente tendría un incremento real del 5 % en 2026 respecto al año 2025 y el gasto de capital un incremento del 48 %, con lo cual, el gasto total crecería un 6 % real. Tres de once tipos de gasto detallados tendrían descensos reales: déficit operativo de empresas públicas (-26,7 %), otros gastos (-5,4 %) y bienes y servicios (-4,9 %). Los otros ocho se incrementan: transferencias de capital (+50,4 %), inversión real directa (+49,7 %), inversión financiera (+23,6 %), transferencias a universidades (+9 %), prestaciones a la seguridad social (+6,5 %) e intereses de deuda (+5,8 %).
Tras el veto de Javier Milei a la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que generó malestar entre los jefes provinciales, el proyecto de Presupuesto 2026 estipula una suba del 104 % para esta partida, sobre los $278.232 millones establecidos para este año, de acuerdo al portal Presupuesto Abierto. Es decir, para el año próximo la partida para ATN será de $569.426 millones, una señal de que la Casa Rosada estaría dispuesta a abrir la billetera para dialogar con los gobernadores. Sería la herramienta con la que el ministro del Interior Lisandro Catalán buscaría acercar a los mandatarios que han tomado distancia del Gobierno.
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Paro docente: Gobierno ratificó el 75% de la prestación del servicio educativo
El Ministerio de Capital Humano, comandado por la ministra Sandra Pettovello desde el Consejo Federal de Educación, ratificó “el 75% de la prestación habitual del servicio educativo” en vísperas del paro docente que comenzará este lunes 3 en todo el país.
La resolución se llevó a cabo a través de la Secretaría de Educación que conduce Carlos Torrendel, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 27.802 “que consagra la educación como servicio esencial”.
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“Se ratificó el compromiso con la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, conforme lo dispone la normativa vigente y la potestad del Poder Ejecutivo Nacional de supervisar su cumplimiento por tratarse de una medida de fuerza nacional. La medida busca resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro”, manifestaron desde el Ministerio.
Del encuentro participaron los miembros de las carteras educativas de las jurisdicciones y de la Nación, quienes planificaron en conjunto “las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases en todo el país y para articular la inspección nacional” durante la jornada que anunció la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el pasado miércoles.
El gremio aseguró que tomó esta nueva medida de fuerza luego de la “permanente negativa” que presenta el Gobierno para entablar una mesa de diálogo y encarar una nueva negociación salarial.
Esta protesta será, en principio, por 24 horas y coincidirá con la vuelta a clases que tenían previsto la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque impactará en todo el país y en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria.
Según el comunicado de CTERA y otros sindicatos como la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el paro persigue otros reclamos como el retorno "inmediato" del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares. (NA)
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Paro docente: Aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo
El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.
El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección oculear en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.
La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.
La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.
Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.
El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.
La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.
Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.
Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.
Foto: El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. (Foto: X @JMilei) . Ignacio Salerno (TN)
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Milei recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico Michael Banach
El presidente Javier Milei recibió este 31 de julio las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach, durante una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con lo que quedó formalmente iniciado su servicio diplomático como representante del papa León XIV en la Argentina.
El acto fue encabezado por el jefe de Estado, acompañado por el canciller Pablo Quirno. En la misma ceremonia, el Presidente recibió también las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y del embajador de la República de Corea, Lee Chong Hwa.
Días atrás, monseñor Banach había entregado las copias de estilo de sus cartas credenciales al canciller Quirno, quien destacó entonces en sus redes sociales que la llegada del representante pontificio "abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos".
La presencia del nuevo nuncio apostólico marca el comienzo de una misión que estará acompañada por la expectativa de una futura visita del papa León XIV a la Argentina.
Antes de la presentación oficial de sus credenciales al Presidente, monseñor Banach mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; con el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; y con el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.
La Conferencia Episcopal Argentina informó, además, que el próximo jueves 6 de agosto, a las 11, monseñor Banach presidirá una misa en la catedral metropolitana de Buenos Aires, durante la cual presentará oficialmente sus credenciales como representante del Santo Padre ante la Iglesia en la Argentina a monseñor Colombo.
Con ese motivo, la CEA invitó a los obispos que puedan participar a concelebrar la celebración eucarística, que marcará también el inicio formal del ministerio pastoral del nuevo nuncio ante la Iglesia argentina.
