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LLega ministro del Interior de Chile tras los incidentes en Independiente
21 de agosto de 2025
El vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, recibió este jueves al ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, tras los graves incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América Ricardo Bochini, por la Copa Sudamericana. También participó del encuentro en el embajador del país vecino en Buenos Aires, José Antonio Viera-Gallo.
Elizalde fue enviado a parlamentar ante la administración de Javier Milei por el presidente Gabriel Boric, quien manifestó su preocupación por la situación de los hinchas chilenos luego de que se conocieran las imágenes de los duros enfrentamientos en Avellaneda. «La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia», dijo Boric.
Después de la reunión con el funcionario chileno, Catalán aclaró que desde el Gobierno nacional ya dispusieron «las medidas de nuestra competencia: identificación de los responsables, pedidos de expulsión y la aplicación del derecho de admisión de por vida en los estadios de Argentina».
«El Ministerio de Seguridad no tiene injerencia en los dispositivos de seguridad que organizan las provincias. Dentro y fuera de los estadios, la responsabilidad recae en las fuerzas de seguridad provinciales y en el organismo competente, en este caso Aprevide», comentó
En paralelo, cargó las tintas sobre las administración de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires: «Son las autoridades bonaerenses quienes deben dar explicaciones y llevar adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y asumir las responsabilidades que les caben».
Álvaro Elizalde, en tanto, aseguró que «si un hincha está cometiendo actos de violencia, lo que procede es que la fuerza pública lo detenga y lo ponga a disposición de la justicia. Eso es Estado de Derecho. Pero algo muy distinto es que una persona sea víctima de un linchamiento. Eso es barbarie».
«Tenemos que erradicar la barbarie del fútbol en Chile, en Argentina y en todas partes. La razón de la visita que realizaremos a Argentina es ser claros respecto del compromiso del Estado de Chile con todos nuestros compatriotas», anticipó antes de su viaje a Buenos Aires.
Adelantó, además, que el Ministerio del Interior chileno trabajará conjuntamente con su embajada en la Argentina «para acompañar a nuestros compatriotas que resultaron heridos y están hospitalizados y también para conocer en detalle la situación de los detenidos».
El miércoles a la noche, apenas conocidas las primeras imágenes de violencia en la cancha de Independiente, que empataba 1 a 1 con Universidad de Chile, el presidente chileno, Gabriel Boric, aseguró que «está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables».
«Nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías», afirmó. (Ambito)
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Más de 3.000 periodistas reclaman al Congreso
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
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Inflación de enero: el índice cerraría por encima del 2%
El arranque del año mostró una dinámica de precios persistente en los rubros más sensibles de la economía doméstica. Distintos relevamientos privados coinciden en que la inflación de enero se ubicará por encima del 2%, traccionada nuevamente por los aumentos en alimentos y bebidas, que no logran perforar el piso pese a la estabilidad macroeconómica y cambiaria.
Según revela la Agencia Noticias Argentinas (NA), los informes de las últimas semanas detectaron una aceleración de precios hacia el cierre del mes, concentrada en productos frescos y bienes de demanda inelástica. Si bien no hubo saltos abruptos, el "goteo" constante en góndolas, especialmente en carnes, verduras y aceites, fue suficiente para mantener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El fenómeno responde a una inflación que "conserva núcleos duros" en la canasta básica. Aunque hubo factores que ayudaron a moderar el índice —como bajas estacionales en algunas verduras, ajustes suaves en lácteos y la estabilidad en precios regulados como combustibles—, el peso de los alimentos frescos fue determinante.
El escenario de febrero traerá una novedad técnica clave: el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios. Esta actualización, ajustada a hábitos de consumo más recientes, le dará mayor ponderación a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, lo que podría modificar la lectura estadística de la inflación en los próximos meses.
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Iglesia cuestiona baja de la edad de imputabilidad y pide más educación
La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate solo en la pena simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, acompañamiento y educación para niños y jóvenes.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a los delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario.
En un pronunciamiento difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Iglesia sostuvo que el debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.
Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, aunque advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad "corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja", que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.
En ese sentido, recordaron un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.
"La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución", señalaron, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".
El comunicado destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria, sin negar los conflictos pero apostando a la inclusión y al desarrollo pleno de los jóvenes.
A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. "La verdadera prevención nace del cuidado compartido", subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.
Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo que la niñez y la juventud representan "una tierra sagrada donde se siembra el futuro" y pidió especialmente por los jóvenes más vulnerables.
