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‘Mientras Diputados trata los vetos, el debate de fondo es fiscal’ señala la Fundación Mediterránea
20 de agosto de 2025
Bajo el título ‘Las leyes que incrementan el gasto ponen en jaque el equilibrio fiscal y las vitales reducciones de impuestos’, la Fundación Mediterránea, presidida por María Pía Astori, fijó su posición en un extenso informe, mediante cual afirma: ‘Mientras Diputados trata los vetos, el debate de fondo es fiscal: si el gasto permanente sube, se tensiona el equilibrio y se postergan reducciones de impuestos clave para recuperar competitividad’
El informe brindado por la Fundación Mediterránea, señala textualmente:
Desde el primer día, la mayor fortaleza del programa económico del gobierno fue haber alcanzado rápidamente el equilibrio fiscal. Tal decisión resultó fundamental para cambiar las expectativas, enderezar el rumbo de la política monetaria y contener la tasa de inflación. Más allá de que los recortes iniciales de erogaciones fueron en muchos casos licuación de ingresos de agentes públicos y jubilaciones, y que algunas decisiones eran difíciles de sostener a largo plazo (como la cuasi paralización de la obra pública nacional), luego habría tiempo para mejorar la “calidad” del ajuste, transformándolo en reformas del estado a largo plazo.
Pero en las últimas semanas, probablemente por no haberse logrado avances en negociaciones en temas importantes, como el traspaso de responsabilidades en materia de infraestructura a provincias (con los recursos nacionales correspondientes), aunque seguramente también al calor del proceso electoral, se aprobaron y están por aprobar algunos proyectos de ley en el Congreso que ponen en riesgo el equilibrio fiscal.
Se trata de las siguientes leyes recientemente sancionadas (Ley 27.79, 27.792 y 27.793), vetadas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) mediante Decreto 534/2025, y de los proyectos de ley que se encuentran en tratamiento en el Congreso de la Nación:
Haberes jubilatorios: aumento del 7,2% en jubilaciones y pensiones e incremento del bono mensual de la mínima desde $ 70 mil a $ 110 mil, con actualización por inflación (Ley 27.791). Implica un gasto extra de 0,32% del PIB en lo que queda del año, y un costo anual de 0,79% del PIB.
Déficit de las Cajas No Transferidas (CNT): restitución del mecanismo automático de financiamiento a las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación mediante el pago de anticipos a cuenta actualizados de los déficits a determinar por ANSES, y de actualización de las diferencias que surjan entre los déficits determinados y los anticipos recibidos (Ley 27.791). Implica un costo financiero equivalente al 0,17% del PIB en lo que queda del año, y 0,38% del PIB anualizado.
Acceso a la jubilación. Extensión por 2 años de la moratoria previsional; reducción de la edad de acceso de las mujeres a la PUAM de 65 a 60 años y eliminación de las condicionalidades que limitan el acceso a la PUAM en función de otros ingresos y de la situación patrimonial (Ley 27.792). Implica un gasto extra de 0,09% del PIB por año.
Discapacidad: Ley 27.793 declara la Emergencia Nacional en Discapacidad y tiene por objetivo garantizar derechos de personas con discapacidad. Implica erogaciones adicionales por 0,16% del PIB en lo que queda del año, y un costo anual de 0,39% del PIB.
ATN: distribución automática y diaria del 100% de los recursos que ingresan al fondo de aportes del tesoro nacional (ATN), según las proporciones previstas para la distribución primaria y secundaria de la ley de coparticipación federal de impuestos. Tiene media sanción en el Congreso, debe tratarse en Diputados. De aprobarse implicaría un gasto extra por 0,02% del PIB en los últimos meses de 2025 y un costo anual estimado de 0,05%
Combustibles: eliminación de una serie de fideicomisos y fondos con destino en la infraestructura, el transporte y la vivienda, de modo que las provincias pasarían de participar un 25% a un 57% en la distribución de la recaudación del impuesto a los combustibles. Tiene media sanción en el Congreso, debe tratarse en Diputados. Significaría una pérdida de ingresos para la Nación por 0,08% del PIB en lo que resta del año, y un costo anual de 0,16% del PIB.
Además, el Poder Ejecutivo Nacional redujo las alícuotas de los Derechos de exportación (DEX) para seis categorías de productos agroindustriales. Implicaría una pérdida de recursos por 0,11% del PIB en los últimos meses de 2025, y un costo anual de 0,26%. No obstante, con la reducción de DEX mejoraría la rentabilidad en la producción agropecuaria alcanzada por la medida, con lo que aumentaría la recaudación del impuesto a las ganancias (coparticipado), impactando desde el ejercicio siguiente. También mejoraría la recaudación de IVA e Ingresos Brutos.
Así las cosas, si todos los proyectos son aprobados y los vetos del Poder Ejecutivo Nacional (efectivos y potenciales) fueran revertidos en el Congreso de la Nación, el superávit primario de 2025 podría resultar de 0,87% del PIB, en lugar del 1,6% comprometido en el programa con el FMI, mientras que en 2026 se reduciría a 0,49% del PIB, en lugar del 2,2% previsto en las metas con el organismo. En ambos años, implicaría pasar al déficit financiero (0,4% y 1,7% del PIB en 2025 y 2026, respectivamente), es decir, se generaría un superávit primario muy por debajo de los intereses a pagar en el período, de modo que la deuda nominal aumentaría y se pondría en riesgo la sustentabilidad fiscal del programa económico.
Resumiendo la situación: las recientes leyes sancionadas por el Congreso y vetadas por el PEN, y los proyectos de ley por aprobarse en el Congreso, incrementan el gasto de un modo no sostenible en el tiempo, ya que significaría herir gravemente la estrategia anti inflacionaria del gobierno, al recaer nuevamente en el déficit financiero. Debe tenerse en cuenta que estas leyes impulsadas por la oposición se dan en un contexto en que, además de mantenerse el equilibrio fiscal, existe un importante desafío pendiente en términos de reducción de la presión tributaria, lo cual no deja margen para que el gasto se incremente en términos del PIB.
La reducción anunciada en los DEX, importante para incentivar mayor producción agropecuaria y exportaciones, resulta un modesto avance si se considera el desafío existente en materia de reforma tributaria a largo plazo. Se debe tener en cuenta que los impuestos más distorsivos y que más urgentemente requieren reformas sumaron 10,6% del PIB en el año 2024. De ellos, los impuestos nacionales representan 5,6% del PIB (DEX por 1% del PIB, IDCB 1,6% y Contribuciones patronales 3%), los provinciales un 4,4% del PIB (Ingresos Brutos 4% y Sellos 0,4%) y los municipales un 0,6% del PIB (Tasa de seguridad e higiene, aunque suelen existir otras tasas de menor cuantía que también ameritan reformas).
Con una economía que a largo plazo difícilmente cuente con un tipo de cambio real alto, especialmente desde 2027 cuando el incremento en las exportaciones de gas resulte más notorio (sumándose a lo que ocurre cada año en petróleo), se necesitará mejorar la competitividad en términos estructurales, esto es, no sólo con reformas tributarias, sino también con cambios importantes en las regulaciones laborales, en materia previsional, de apertura y regulaciones en general de la economía. Con una moneda probablemente apreciada a futuro, los costos laborales tenderán a ser altos cuando se los mida en moneda extranjera, de modo que para conservar o incrementar el empleo en el sector transable tradicional (especialmente industrial), resultará vital una reforma laboral e importante una reducción de contribuciones, apuntando por diversas vías a reducir el costo laboral no salarial.
Los desafíos existentes en materia de reforma tributaria no dejan lugar a que el gasto público vuelva a aumentar en términos del PIB, si no lo contrario. Además, cada decisión de reducción de impuestos debe resultar lo más productiva posible en términos de mejoras logradas en la competitividad. Esto requiere dos condiciones: 1) que los impuestos que primero se bajen sean los que más distorsionan las transacciones y más deterioran la competitividad, 2) cuando resulte posible, que las reducciones de impuestos a nivel nacional condicionen su vigencia en cada provincia (y si se puede en municipios) a que los gobiernos locales bajen también algunos de sus tributos más dañinos para la economía.
Respecto a este último punto, con la rebaja en los DEX recientemente anunciada, se perdió la oportunidad de condicionar su vigencia en cada jurisdicción a que las provincias reduzcan o reformen sus impuestos sobre los ingresos brutos y/o a los sellos, no sólo cuando dichos tributos gravan directa o indirectamente al sector agropecuario, sino en sus aspectos negativos en general, que deberían conducir a una amplia reforma o directa sustitución. Dicho condicionamiento se hubiera justificado, en principio, en el hecho de que se está bajando un impuesto nacional no coparticipable (DEX) que permitirá incrementar la recaudación de impuestos nacionales coparticipables con provincias (Ganancias, IVA) y de impuestos provinciales (Ingresos Brutos), por las mayores ganancias y actividad que se generará en el sector agropecuario y sectores relacionados aguas arriba y abajo.
El condicionamiento a provincias podría considerarse a futuro si se decide bajar nuevamente la presión tributaria en los DEX, sólo que debería aplicarse a través de instrumentos indirectos (entregas de certificados fiscales a productores agropecuarios) en lugar de disminuciones directas de alícuotas. Tales certificados podrían utilizarse para pagar impuestos nacionales y comprar bienes de capital, equipos e inmuebles.
El desafío existente en materia de mejoras en la competitividad y de reducción en la presión tributaria resulta de tal magnitud, que sería imposible alcanzarlo resignando 10 puntos del PIB de recaudación y de gasto público en los tres niveles de gobierno, para cumplir la condición de sostener el equilibrio fiscal. Para que resulte viable, en parte deberá tratarse de una reducción de impuestos (y del peso del gasto en los tres niveles); otra porción del desafío deberá abordarse sustituyendo impuestos más distorsivos, como Ingresos Brutos, por otros más neutrales, como el IVA o un impuesto a las ventas finales; y en alguna medida también, posibilitando que malos impuestos, como el IDCB, se pueda aplicar totalmente a cuenta de impuestos menos dañinos, como IVA y Ganancias, de modo de incentivar mayores niveles de formalidad.
Pero lo que no puede ocurrir de ninguna manera, es que comience nuevamente a subir el peso del gasto en términos del PIB. Esto es lo que ocurrió en el consolidado de provincias en el primer trimestre de 2025, cuando las erogaciones aumentaron un 16% en términos reales (por arriba de la inflación), cuando sus ingresos lo hicieron un 8%.
Si en dicho trimestre las provincias hubieran aumentado el gasto real como el gobierno nacional (3%), podrían haber logrado el mismo superávit, pero con una reducción del 41% en la recaudación de Ingresos Brutos o del 36% en la recaudación conjunta de Ingresos Brutos y Sellos. Se trata de oportunidades perdidas para reducir impuestos que difícilmente se vuelvan a dar a futuro, con el gasto creciendo a esta velocidad.
Las cuentas pendientes en materia de competitividad y reforma tributaria requieren de acuerdos fiscales intergubernamentales que limiten la suba del gasto a un ritmo no mayor que la inflación observada, por varios años, y destinen los excedentes fiscales a financiar reformas tributarias y la conformación de fondos anticíclicos en Nación y Provincias.
Llegados a este punto, para aumentar la probabilidad de que existan tales acuerdos entre niveles de gobierno, que aseguren mejores niveles de competitividad a futuro, podría ayudar que el gobierno nacional no vete al menos uno de los proyectos impulsados por los gobernadores en el Congreso. En tal sentido, el más conveniente para ambas partes sería la reforma del fondo ATN, dado que tiene menor costo fiscal y que el gobierno nacional se aseguraría participar en forma automática con una porción del fondo, cuando ello no estaba previsto en la ley original de coparticipación.
Marcelo Capelo
Responsable de la sección Fiscal, Fundación Mediterránea
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Ventas minoristas pyme bajan 5,2% interanual en diciembre
| En diciembre, el comercio minorista pyme experimentó un retroceso del 5,2% interanual a precios constantes. En contrapartida, el número varió en la medición desestacionalizada frente a noviembre: el resultado fue de un incremento del 5,2%. Con estos valores, el índice de todo el 2025 cerró con una variación positiva acumulada del 2,5%. El análisis sectorial confirma la tendencia recesiva reciente: seis de los siete rubros relevados finalizaron con números rojos. Las contracciones más agudas se verificaron en Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%). La única excepción a la regla fue el rubro Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que logró sostenerse con una leve alza del 0,8%.  En lo que respecta a la situación actual de los negocios, el 55% de los comerciantes describió un escenario de estabilidad interanual. Por otro lado, el 27,6% reportó un empeoramiento en sus condiciones, un dato que, aunque negativo, refleja una mejora relativa de casi 10 puntos porcentuales frente al 37% que manifestaba deterioro en noviembre.  Al desagregar los datos se evidenció una dinámica similar: seis de los siete rubros relevados presentaron retracciones, siendo los descensos más agudos los de Bazar y decoración (-15%) y Perfumerías (-9,8%).En contrapartida, el único sector con un crecimiento interanual fue Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, con una suba del 0,8%.  En resumen, diciembre funcionó como un alivio financiero gracias a las fiestas de fin de año y al cobro de aguinaldos, pero no logró revertir la caída estructural del 5,2%. El consumo se mantuvo retraído y estrictamente racional, con familias que priorizaron ofertas y gastos esenciales ante la persistente falta de poder adquisitivo. De cara al futuro impera una cautela optimista: aunque la mayoría proyecta una mejora económica para 2026, la inversión sigue frenada por los altos costos y la baja rentabilidad actual. El desafío del sector será transformar este “respiro” estacional en una reactivación genuina y sostenida de la demanda. |
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Arde Chubut: evacúan otra localidad y cierran un tramo de la Ruta 40
El distrito de El Hoyo, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales de Chubut, ordenó la autoevacuación preventiva del paraje El Pedregoso, así como otras zonas con pobladores como callejón de Núñez y sectores de Aldea San Francisco, ante el avance del fuego que se inició el 5 de enero en la región andino-patagónica y que ya afectó a más de 5.000 hectáreas
El operativo de emergencia, coordinado por Protección Civil, incluyó la disposición de micros en puntos estratégicos para el traslado de residentes hacia la Escuela Nº 223, ubicada con salida a la Ruta Nacional 40. Se indicó a la población evacuar únicamente con pertenencias esenciales y seguir las instrucciones del personal de emergencia.
Como ocurrió en otras localidades de Chubut, la medida apunta a resguardar la integridad de los habitantes, que en los últimos días superó los 3000 evacuados.
El Pedregoso se ubica en la zona que lo cruza el homónimo arroyo. Está en el departamento Cushamen, a pocos kilómetros al sur de El Hoyo. Durante muchos años, fue considerada un paraje rural con población dispersa y escasa relevancia demográfica, aunque muy afectada por los incendios forestales en los últimos años.
La medida apunta a mitigar las llamas que irradiaron desde las inmediaciones de Puerto Patriada y el lago Epuyén, y que se expandió rápidamente por la sequedad de los matorrales y el bosque andino-patagónico.
El avance de las llamas obligó a evacuar a más de 3.000 personas y destruyó al menos diez viviendas en Epuyén, confirmó el secretario de Bosques, Abel Nievas. Miles de residentes y turistas permanecen fuera de sus hogares mientras continúa el despliegue de recursos para intentar contener el avance del fuego. Según la información oficial, el desastre ya consumió 3.500 hectáreas de bosque nativo.
Este sábado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, consideró que este fenómeno se agravó por la “mayor sequía desde 1965”, según explicó al canal TN. El mandatario describió la situación como “una de las peores emergencias ambientales que recuerda la provincia”.
En la provincia, más de 300 brigadistas, voluntarios y vecinos que desde hace días combaten el fuego en condiciones extremas. “Hoy estamos todos, espalda con espalda, para defender la localidad de El Hoyo”, enfatizó el mandatario. “Todos los años hay incendios, accidentales o intencionales, pero ahora cualquier foco que inicie tiene un crecimiento exponencial que es muy difícil de controlar”, caracterizó Torres. Y añadió que las condiciones meteorológicas tampoco colaboran: “Ayer sabíamos que estas 48 horas eran críticas, más allá de la temperatura. Ayer el viento no ayudó, hoy van a ser ráfagas de entre 60 y 70 kilómetros por hora”.
En cuanto a los recursos desplegados, Torres informó que el operativo cuenta con apoyo de brigadistas provenientes de varias provincias y de Chile, así como medios aéreos destacados, entre ellos el Boeing 737 Fireliner, capaz de descargar 15.000 litros de agua por vuelo. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta naranja por calor extremo en el oeste provincial, con temperaturas superiores a 25 °C y vientos sostenidos de hasta 41 km/h registrados en la zona.
Sobre el origen del incendio, el gobernador señaló que en el Parque Nacional Los Alerces, el fuego fue provocado por una tormenta eléctrica, producto de un rayo. Sin embargo, en El Hoyo y Puerto Patriada, la investigación apunta a un inicio intencional. “La fiscalía encontró acelerante, concretamente combustible, y se está trabajando con seriedad en la investigación”, precisó. El gobernador insistió en que “este incendio no puede quedar en la nada” y subrayó que la sociedad exigirá una sanción ejemplificadora.
El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, calificó la situación en Puerto Patriada como de “alerta permanente” y confirmó que la investigación judicial se centra en determinar responsabilidades por la presunta intencionalidad del fuego.
El monitoreo de la Ruta 40 y la vigilancia sobre otros focos en Río Negro, Neuquén y Santa Cruz continúan bajo la supervisión del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, que recomendó a la población circular solo ante necesidad extrema.
El actual incendio en la región se desarrolla en un contexto de sequía extrema, marcado como el verano más seco de la última década. Las condiciones climáticas excepcionales han elevado el riesgo de propagación de focos, con temperaturas elevadas y un nivel de humedad notablemente bajo que favorecen la inflamabilidad del terreno.
El antecedente más cercano de incendios forestales se registró hace solo un año, cuando Epuyén sufrió un incendio que devastó entre 2.300 y 3.000 hectáreas, obligando a la evacuación de más de 200 familias y dejando decenas de viviendas afectadas.
Un grupo de casin una veintena de organizaciones ambientalistas responsabilizó al Gobierno por la magnitud de los incendios forestales en Chubut, al denunciar recortes y subejecución de fondos en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y otras áreas de prevención.
En el documento, que lleva la firma Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace Argentina, Observatorio Petrolero Sur (OPSur) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, entre otras, se denuncia la “inacción climática estatal” y el ajuste en el gasto público que agrava la situación de los incendios en la Patagonia.
El texto, titulado “La inacción climática estatal vuelve a empeorar los incendios en la Patagonia”, advierte que estos megaincendios “son consecuencia directa de decisiones humanas” y no hechos aislados, y subrayan que “los incendios que actualmente atraviesan la Patagonia son otro de los síntomas alarmantes de los impactos de la crisis climática global, cuya causa principal es la quema de combustibles fósiles”.
Las organizaciones destacan que “la inacción estatal en materia de mitigación y prevención” agrava la situación, y critican el “crecimiento desmedido de extensas plantaciones forestales con especies exóticas invasoras y profundamente adaptadas a un régimen mayor de incendios, como los pinos, sumado al desmanejo y la falta de regulación respecto de estos pinares”.
“El crecimiento demográfico exponencial y la falta de planificación urbana, la desinformación y los reiterados intentos de modificar la legislación respecto del uso del suelo, con marcados intereses inmobiliarios y de otro tipo, crean las condiciones para agravar los efectos devastadores del fuego”, agrega el texto.
La declaración denuncia el “desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que pone en riesgo la estructura del organismo responsable no solo de la supresión y el combate de incendios, sino también de las indispensables tareas de prevención”. Precisan que en 2024, “el Gobierno ejecutó apenas el 22% del presupuesto estatal asignado” al área, pese a que fue “el año con la mayor cantidad de focos ígneos de al menos los últimos ocho años”.
En 2025, “la subejecución presupuestaria volvió a repetirse: el SNMF dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignados, lo que equivale a casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura, el equipamiento, las capacitaciones y las condiciones laborales de las y los brigadistas”.
El incendio forestal mantiene en alerta a miles de residentes y turistas.
Según las entidades, “durante la última temporada de incendios en la Patagonia, la superficie de bosques afectados por incendios forestales se cuadruplicó: pasó de 7.747 hectáreas entre octubre de 2023 y marzo de 2024, a 31.722 hectáreas entre octubre de 2024 y marzo de 2025”. Además, citan advertencias de investigadores del CONICET, quienes sostienen que “esta tendencia creciente aumentaría por seis hacia fines del siglo XXI”.
Ante el 2026, las ONGs remarcaron que la partida presupuestaria del SNMF contará con $20.131 millones, lo que implica “una caída real del 69% con respecto a 2023 y del 78,5% con respecto a 2025”. A esto se suma la reducción en “las horas de vuelo previstas y ejecutadas” y en los “informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios”, instrumentos que califican de “clave para un enfoque preventivo”. Infobae/TN
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Megaproyectos minerales
En el marco de la presentación de megaproyectos minerales para la Argentina, el presidente Javier Milei recibió este jueves a los ejecutivos del proyecto Vicuña, que explotará una de las mayores reservas de cobre, oro y plata del mundo, en la provincia de San Juan.
La empresa incluye una alianza de dos gigantes de la minería como BHP -la más grande del mundo- y Lundin Mining, y aplicaron al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Vicuña trabaja a más de 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar en los depósitos Josemaria y Filo del Sol.
Ahora, busca que el Gobierno lo declare como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) para proteger jurídicamente su actividad y destinar unos 2.000 millones de dólares en los primeros dos años a partir de que se apruebe su solicitud de RIGI.
El total de la inversión garantizada rondaría los US$ 15.000 millones, una de las mayores inversiones extranjeras directas de la historia argentina, pero el número certero se conocerá a lo largo de este año.
En el primer trimestre de 2026, Vicuña presentará un informe técnico donde se definirá cómo funcionará el proyecto, las campañas de perforación, los objetivos, la infraestructura necesaria y otros servicios asociados.
En 2025, las mineras BHP (Australia) y Lundin Mining (Canadá) desembolsaron unos US$ 400 millones en San Juan, cifra que aproximadamente duplicó lo del año anterior y que en 2026 podría volver a duplicarse.
Los fondos serán destinados a campañas de perforación; trabajos previos necesarios antes de comenzar la pre-construcción, como, por ejemplo, caminos hacia la mina y el campamento-; y la contratación de proveedores, en gran parte locales, como el servicio de catering, que fue adjudicado a la sanjuanina Caterwest, del empresario Martín Ossa.
Junto a Milei en Casa Rosada estuvo el canciller, Pablo Quirno, y por parte de las empresas participaron Jack Lundin, CEO de Lundin Mining; Carlos Ramírez, vicepresidente en BHP de la Joint Venture Vicuña y presidente del Directorio; Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp.; y José Morea, director para Argentina y Chile de Vicuña Corp.
Según se comunicó, "durante el encuentro se destacó la importancia de continuar avanzando con la agenda de reformas para acelerar inversiones de gran escala, con previsibilidad y reglas claras".
Entre ellas está la adaptación de la "Ley de Glaciares", cuya discusión se reactivará en el Congreso a partir de febrero.
