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Pentanilo fatal: Piden cárcel para el dueño del laboratorio HBL Pharma
16 de agosto de 2025
En el marco de la investigación judicial por el lote de fentanilo contaminado que provocó al menos 96 muertes en todo el país, el gobierno nacional pidió la detención de Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio HLB Pharma, empresa productora de la droga que se encuentra en el centro de la polémica.
En el comunicado oficial, el ejecutivo aseguró que el laboratorio “no era inspeccionado por Anmat desde febrero 2020”. En esa línea, desde la cuenta de X de la Vocería Presidencial se explicó que en noviembre de 2024, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, pidió la inspección de la firma de HLB Pharma.
En ese sentido, aseveraron que «todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado». Por otro lado, desde el oficialismo se vinculó a Furfaro con un sector del peronismo.
«El señor del fentanilo debe ir preso. Ariel García Furfaro es dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas», comienza el comunicado del gobierno nacional
«(Furfaro) Es un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y que de la mano del kirchnerismo pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario, en pocos años y vendiéndole sus productos al Estado y a los amigos del poder», continuaron en el comunicado oficial.
Además, aseguraron que desde Anmat se vetó la actividad productiva del laboratorio meses antes de la primera muerte por el lote de fentanilo contaminado. «Producto de esa inspección, en febrero 2025 y solo 2hs después de recibir el resultado de las actuaciones, la titular de ANMAT, Agustina Bisio, inhabilitó el laboratorio Ramallo, prohibiendo así su actividad productiva. Tres meses antes de que ocurriera la primera muerte por fentanilo contaminado», aseveraron.
El gobierno nacional aseguró que «todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado. Es necesario transmitir tranquilidad y asegurar que, gracias al accionar del Ministro Mario Lugones, todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado. Es decir, el Ministerio de Salud ha evitado cientos de miles de muertes que bien pudo haber ocasionado un empresario corrupto y militante kirchnerista, e irá hasta las últimas consecuencias para asegurar que la causa avance y que el responsable termine tras las rejas», cerraron.
En el último tiempo, el nombre de Ariel García Furfaro estuvo en el centro de la polémica por las más de 90 muertes que se produjeron a partir de un lote de fentanilo contaminado que fue fabricado en diciembre de 2024 en el laboratorio que posee, HBL Pharma. La primera denuncia había sido realizada por médicos del Hospital Italiano, que detectaron casos de neumonía grave en pacientes internados, pero luego se expandió al resto del país. En Rosario, se registraron 26 fallecidos por este motivo.
En ese sentido, el 13 de mayo pasado Anmat clausuró la producción de HBL Pharma. Ahora, hay una causa judicial en curso para determinar la responsabilidad del laboratorio en la mayor tragedia sanitaria que tomó lugar en la Argentina. En ese marco, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación, dispuso la ”inhibición general de bienes» de 31 personas vinculadas al directorio de la firma que distribuyó el Fentanilo. Entre ellas se encuentra García Furfaro, a quien también le prohibieron salir del país.
Por otro lado, se lo ha vinculado con sectores del peronismo. En 2024, participó de una reunión con Cristina Fernández de Kirchner, de las que ya circularon imágenes. Además, durante la pandemia integró una comitiva del Ministerio de Salud que viajó a Rusia para negociar la llegada de la vacuna Sputnik V durante el gobierno de Alberto Fernández. HLB Pharma afirmó, en aquel entonces, que proyectaban fabricar la dosis en Argentina.
En esa misma línea, también se hizo público un vínculo entre García Furfaro y Lázaro Báez. A partir de una investigación de TN se reveló que el dueño del laboratorio coincidía en domicilio legal con TOP Air SA, la empresa de vuelos privados de Báez. Además, se comprobó que visitó al empresario de Santa Cruz al menos dos veces lo visitó en la cárcel.
En su defensa, el empresario también desmintió que el fentanilo de su laboratorio se haya utilizado en otros pacientes mencionados en la causa, como el caso de un bebé o una persona del Sanatorio Dupuytren. Subrayó la inconclusión de los estudios de contaminación, lo que considera crucial para el esclarecimiento de los hechos.
Incluso planteó un posible origen interno para la crisis: “A los cinco o seis días, planteé la teoría de que una persona que trabajaba con nosotros –y que ya no forma parte de la empresa– expuso esto con la intención de perjudicarnos. No pensó que la situación iba a escalar a este nivel, poniendo en riesgo la salud pública del país. Se suspendieron operaciones, el daño colateral fue muy grande y hoy la gente no quiere usar fentanilo”, afirmó.
Por último, se refirió también a las familias de las víctimas. “Me pongo en su lugar y entiendo que tengan esta visión de ponerme a mí como el malo. Lo que les digo es que estoy a disposición, tanto yo como la empresa, y que no solo acompañamos en el sentimiento, sino que queremos que se sepa la verdad. Si realmente las ampollas tienen esa contaminación, alguien la puso; no puede generarse en un laboratorio. Primero quiero que la gente sepa la verdad. Hoy nos toca estar en el lugar del señalado, pero vamos a estar hasta que se aclare todo y siempre poniéndonos en el lugar de quienes perdieron a un ser querido”, cerró García Furfaro.
La causa apunta contra los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, junto con la droguería Alfarma. Las tres firmas están en la mira por la distribución de los lotes contaminados en más de 20 jurisdicciones argentinas. La hipótesis principal en la investigación es que las partidas fueron entregadas sin controles de calidad previos y esto provocó una emergencia sanitaria a nivel nacional.
El avance de la investigación puede elevar la cantidad de víctimas fatales. Así se convertiría en uno de los mayores escándalos farmacéuticos de la historia argentina.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
