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Fentanilo mortal
12 de agosto de 2025
La cifra de fallecidos por el lote de fentanilo contaminado sigue subiendo y la dimensión de la problemática de salud pública ya es histórica por su gravedad: este martes se confirmó que ya son 96 las víctimas fatales y se investiga si hay más casos no registrados.
Los casos nuevos que se confirmaron son: tres en Formosa, uno de Córdoba, siete en Santa Fe y nueve en Bahía Blanca. Además, se investiga la actuación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sobre los laboratorios responsables, HLB Pharma Group y Ramallo S.A.. Por orden judicial se revisarán los últimos cinco años de actuación del organismo.
En tanto, este martes, el juez Ernesto Kreplak ordenó una pericia clave en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Los expertos abrirán una ampolla de fentanilo no contaminado para analizar su composición y buscar pistas sobre el circuito de la droga.
Hasta la fecha hay 24 imputados en la causa, a quienes se les secuestraron elementos en distintos allanamientos, como prueba para la investigación.
La investigación por las muertes en clínicas y hospitales de todo el país a causa de dos lotes de fentanilo contaminado, a cargo del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata a cargo de Kreplak, estima que se habrían aplicado cerca de 45.000 ampollas de uno de los lotes adulterados con bacterias multirresistentes.
A partir de versiones que circularon especialmente en redes sociales, donde se decía que había fentanilo contaminado circulando por centros de salud de todo el país, Kreplak aclaró que, según la investigación, existen todavía 30 mil ampollas en poder de hospitales que nunca se aplicaron tras el descubrimiento del caso y el alerta sanitaria pero que “ya no circulan”, de modo que pidió “bajar un poco la espuma”.
En una entrevista con Radio con vos admitió que la cantidad de personas que murieron como consecuencia de la administración de fentanilo infectado con estas bacterias ultrarresistentes probablemente se incremente en la medida que avancen con la investigación. “Esto no llegó al techo, lamentablemente con el correr de los días puede incrementarse el número de víctimas”, avisó.
Las pruebas de la ANMAT confirmaron la presencia de bacterias multirresistentes en dos lotes específicos: el 31.202 y el 31.244, producidos por el laboratorio HLB Pharma Group en asociación con Ramallo S.A.
Estas bacterias, resistentes a múltiples antibióticos, provocaron septicemias fatales en decenas de pacientes en hospitales públicos y privados de todo el país. Según Kreplak, uno de los lotes contaminados tuvo una “alta circulación” y se aplicaron aproximadamente 45.000 ampollas antes de que se activara la alerta sanitaria. El otro lote, en cambio, apenas había salido al mercado y no registró aplicaciones significativas. En total, se decomisaron 115.000 ampollas en allanamientos y se frenaron otras 30.000 en poder de instituciones de salud, evitando su uso.
Mientras tanto hay 24 sospechosos. A la cabeza está Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma. En las sociedades investigadas también figuraron a lo largo del tiempo sus hermanos Damián Roberto y Diego, su madre, Nilda Furfaro, y su abuela, Olga Luisa Arena.
El listado también está integrado por directores técnicos de los laboratorios y responsables de controlar la calidad de los fármacos antes de salir al mercado. Para el magistrado, ellos serían eslabones de una cadena que finalizó en la elaboración de las 154.530 ampollas del lote 31.202 producidas el 18 de diciembre de 2024.
A esas personas, que podrían terminar imputadas y procesadas en el expediente 17371/2025, el juez Kreplak les dictó un embargo general de bienes el 10 de julio pasado, y en mayo ya se había dispuesto su prohibición de salida del país.
El foco de alerta se encendió el 7 de mayo, cuando el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata – que ahora es querellante en la causa – detectó infecciones graves en pacientes internados en terapia intensiva. En cultivos realizados a ampollas de fentanilo utilizadas en esos tratamientos se identificaron dos bacterias: Klebsiella pneumoniae productora de metalobetalactamasa (MBL) y Ralstonia mannitolilytica, microorganismos capaces de desencadenar cuadros invasivos como meningitis, bacteriemias y abscesos.
En base a esos hallazgos, la ANMAT emitió el 8 de mayo una alerta sanitaria que prohibía el uso del lote 31202 del producto “Fentanilo HLB (citrato), 0,05 mg/ml”. Tres días después, la medida se amplió a la suspensión total de las actividades de los laboratorios productores HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, ambos con sede en la provincia de Buenos Aires. (DIB)
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
