País
Preocupación en los colegios especiales
2 de agosto de 2025
Los colegios de gestión privada que atienden alumnos con discapacidades manifestaron su preocupación por los retrasos en la actualización de los valores y apoyan el proyecto de ley de Emergencia para el sector, promovido en el Congreso de la Nación.
Desde la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), manifestaron que este tema no puede quedar atrapado en una pulseada política. “Lo que está en juego no es una línea presupuestaria, sino la posibilidad de que chicos y chicas con discapacidad puedan aprender, desarrollarse y ser incluidos en condiciones reales”, sostiene la entidad que tiene más de un centenar de servicios educativos que contienen niños con discapacidades.
“La emergencia en discapacidad no es solo un tema administrativo. Es una cuestión clave para sostener los servicios”, dijo Laura Giorgi, referente de educación especial en AIEPA. “Hoy enfrentamos un desfase de más del 70% entre los aranceles que cobramos y la inflación real acumulada. Nuestros principales costos —como los salarios docentes— sí se actualizan, y eso nos deja con ingresos congelados y egresos crecientes”, advirtió.
A eso se suma un dato estructural: la Superintendencia de Servicios de Salud liquida las prestaciones con hasta 90 días de demora, lo que hace inviable sostener el pago de sueldos, servicios e insumos básicos. La combinación de factores llevó a que las escuelas especiales estén al borde del colapso.
En palabras de Giorgi, el panorama actual no solo pone en jaque a las instituciones, sino también a los derechos de los chicos. “Es muy difícil garantizar una educación de calidad en estas condiciones. Sin una solución estructural e inmediata, se ven afectados nuestros puestos de trabajo, pero sobre todo la inclusión y la dignidad de una de las poblaciones más vulnerables del país”.
El problema no se limita a las escuelas especiales. Miles de niños con discapacidad que asisten a escuelas comunes también necesitan apoyos —maestros integradores, acompañantes terapéuticos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos y otros especialistas— que hoy están desbordados o directamente no pueden trabajar por falta de condiciones mínimas. “Sin una mejora urgente en los honorarios y condiciones de trabajo, estos profesionales no pueden sostener su tarea, y los chicos quedan desprotegidos dentro del sistema educativo regular”, remarcó Giorgi.
El conflicto se remonta a diciembre de 2024, cuando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de actualizar el nomenclador nacional que regula los aranceles. Ese congelamiento, sumado al atraso crónico en los pagos y la inflación acumulada, dejó a muchas instituciones sin capacidad de respuesta. Algunas redujeron servicios. Otras evalúan cerrar. La mayoría opera con déficit.
Desde hace años, AIEPA alerta que la situación es compleja, pero hoy más que nunca requiere soluciones. Las actualizaciones previas siempre quedaron por debajo de la inflación y el deterioro se acumuló año tras año. Las escuelas sobreviven haciendo malabares financieros, con fondos insuficientes y una demanda creciente de atención especializada.
“Si la ley finalmente no avanza, las instituciones seguirán con cuotas congeladas, sin poder afrontar los costos de funcionamiento. Se pondrán en peligro puestos de trabajo de docentes y personal especializado, pero además se agravará el riesgo de cierre de escuelas especiales, dejando sin atención a miles de niños, niñas y jóvenes con discapacidad”, planteó Giorgi.
El esfuerzo invisible: lo que viven las instituciones que cuidan y educan
AIEPA muestra algunos casos concretos. En La Matanza, Alejandra Luciani es la representante legal de Portal del Sol, una institución que acompaña desde hace 30 años a niños y adolescentes con discapacidad intelectual. “Vivimos una emergencia. La red que durante años protegió derechos está siendo desarticulada. Las decisiones que congelan valores, traban certificados y entorpecen autorizaciones nos dejan en la cuerda floja”, sostuvo.
Su escuela, por caso, ofrece jornada extendida y comedor, lo que multiplica los gastos. Tienen que afrontar los aumentos salariales, de luz, gas y alimentos mientras las cuotas permanecen congeladas. Pero al mismo tiempo, señala un ataque sobre el entramado construido durante décadas de trabajo entre familias e instituciones.
Desde su visión, el rol del Estado es indelegable: “Las personas con discapacidad no parten del mismo lugar. Necesitan apoyos para equiparar condiciones. Muchas familias hacen grandes esfuerzos, viajan decenas de kilómetros cada día, y aun así no tienen garantizado lo más básico. Esa desigualdad estructural no puede ignorarse”.
Desde Mercedes, Elena Sequeira, directora de Vamos Creciendo, coincide en que la emergencia es real y requiere respuestas inmediatas. Las deudas por prestaciones superan los 278 millones de pesos y las escuelas cobran a 90 o hasta 120 días, con valores desactualizados, lo que afecta la continuidad y calidad de las atenciones. Su institución, como muchas otras, enfrenta un laberinto burocrático que demora autorizaciones, pagos y reintegros.
Para ilustrar el desfase, Sequeira pone un ejemplo concreto: una sesión de fonoaudiología o psicopedagogía se paga $12.370, pero los chicos necesitan varias por semana, y además deben afrontar gastos de ortopedia, farmacia o transporte. “Las familias presentan presupuestos en diciembre para arrancar en marzo, pero las autorizaciones llegan en junio. Eso significa que recién se factura en ese momento y que el pago puede llegar en septiembre. Es un sistema insostenible”, cuestionó.
A su vez, la directora reclama fortalecer el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad. Pide un organismo con capacidad real de auditoría, que garantice un funcionamiento más ágil y justo. Y subrayó que los derechos no se reclaman por caridad, sino por ley.
La discapacidad no distingue clases sociales ni credos. Se puede presentar en cualquier familia, en cualquier momento. Frente a esa realidad, el compromiso del sector educativo es inclaudicable. Pero todo el esfuerzo está en riesgo, sostienen desde la entidad que agrupa a los colegios privados de todo el país.
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Prefectura controla 200 buques extranjeros en mar Argentino
La Prefectura Naval Argentina tras el paso de un fuerte temporal en el Atlántico Sur, coordina un estricto operativo de monitoreo sobre los buques pesqueros extranjeros que habían ingresado a aguas nacionales en busca de refugio.
Con la mejora de las condiciones meteorológicas en la región, las unidades iniciaron un abandono gradual de la Zona Económica Exclusiva (ZEEA) para retomar su navegación hacia las áreas de operación habituales en el mar, siempre bajo la mirada de la Autoridad Marítima nacional.
La Institución mantiene un seguimiento exhaustivo mediante el Sistema Guardacostas, una plataforma que procesa datos de identificación automática y posicionamiento que bajo el sistema AIS puede verificar, en tiempo real, las derrotas, velocidades y permanencia de cada embarcación.
Este control se complementa con el uso de imágenes satelitales de Radar de Apertura Sintética (SAR) provistas por la CONAE, tecnología que permite detectar la ubicación física de los buques incluso ante la nula visibilidad o condiciones climáticas adversas, blindando así la fiscalización de los espacios marítimos.
El despliegue incluyó además un patrullaje de largo alcance con el avión PA-22, que despegó desde Comodoro Rivadavia para sobrevolar el área de resguardo. Equipado con sensores especializados, el personal de la Fuerza pudo constatar de forma visual y electrónica que el contingente, integrado por 193 embarcaciones, incluyendo pesqueros y un buque frigorífico, se encuentra abandonando el área de jurisdicción nacional en condiciones seguras.
La flota monitoreada pertenece a una amplia variedad de banderas, destacándose unidades de China, Corea del Sur, Rusia, España, Vanuatu, Tanzania, Kenia y Liberia.
Con este operativo, que combina medios aéreos, vigilancia satelital y tecnología de posicionamiento, la Prefectura reafirma su compromiso con la soberanía marítima, la protección de los recursos naturales y la seguridad de la navegación en el Atlántico Sur.
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Aeronáuticos ratifican ante la OIT las denuncias contra Milei
Cuatro sindicatos del sector aeronáutico ratificaron y ampliaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las denuncias contra el Gobierno por “violaciones al derecho de huelga, el deterioro de las condiciones laborales y la persecución de los líderes sindicales”.
Los gremios que hicieron las presentaciones fueron la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).
Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Pablo Biró (APLA), Rubén Fernández (UPSA) y Edgardo Llano (APA), reafirmaron su “compromiso inquebrantable” con la protección del derecho de huelga, reconocido como “una herramienta esencial de los trabajadores para defender sus derechos laborales, salariales y convencionales”.
Al respecto, Brey destacó el trabajo conjunto realizado desde el sector aeronáutico en la defensa de las condiciones laborales y de los derechos de todos los trabajadores del sector. En este sentido, afirmó que “sin derecho de huelga no hay libertad sindical plena” y que sin esta libertad “no es posible garantizar un trabajo digno”.
Además, repudió cualquier intento de utilizar la declaración de esencialidad, contenida en la Ley de Reforma Laboral, como “un mecanismo para restringir o limitar el ejercicio legítimo de la acción sindical”.
Y añadió: “La seguridad operacional y la prestación de servicios públicos no pueden ser justificativos para ignorar derechos fundamentales establecidos en la normativa nacional e internacional”.
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Kicillof presentó su libro ‘De Smith a Keynes’ en la UTN de Córdoba
En el marco de su visita a la provincia de Córdoba, el gobernador Axel Kicillof presentó este viernes su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico”, en el auditorio de la UTN Regional Córdoba, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el rector de la UTN, Rubén Soro; y el decano de la Regional Córdoba, Federico Olivo Aneiros.
Durante la jornada, el Gobernador suscribió convenios con la UTN para el dictado de 10 nuevas carreras en el marco del programa Puentes, y para realizar trabajos conjuntos entre el laboratorio de maquinaria agrícola, vial y minera de la facultad y las Chacras Experimentales bonaerenses.
En tanto, junto al intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, firmó acuerdos para impulsar y promover el turismo y la cultura entre ambas jurisdicciones.
