País
Preocupación en los colegios especiales
2 de agosto de 2025
Los colegios de gestión privada que atienden alumnos con discapacidades manifestaron su preocupación por los retrasos en la actualización de los valores y apoyan el proyecto de ley de Emergencia para el sector, promovido en el Congreso de la Nación.
Desde la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), manifestaron que este tema no puede quedar atrapado en una pulseada política. “Lo que está en juego no es una línea presupuestaria, sino la posibilidad de que chicos y chicas con discapacidad puedan aprender, desarrollarse y ser incluidos en condiciones reales”, sostiene la entidad que tiene más de un centenar de servicios educativos que contienen niños con discapacidades.
“La emergencia en discapacidad no es solo un tema administrativo. Es una cuestión clave para sostener los servicios”, dijo Laura Giorgi, referente de educación especial en AIEPA. “Hoy enfrentamos un desfase de más del 70% entre los aranceles que cobramos y la inflación real acumulada. Nuestros principales costos —como los salarios docentes— sí se actualizan, y eso nos deja con ingresos congelados y egresos crecientes”, advirtió.
A eso se suma un dato estructural: la Superintendencia de Servicios de Salud liquida las prestaciones con hasta 90 días de demora, lo que hace inviable sostener el pago de sueldos, servicios e insumos básicos. La combinación de factores llevó a que las escuelas especiales estén al borde del colapso.
En palabras de Giorgi, el panorama actual no solo pone en jaque a las instituciones, sino también a los derechos de los chicos. “Es muy difícil garantizar una educación de calidad en estas condiciones. Sin una solución estructural e inmediata, se ven afectados nuestros puestos de trabajo, pero sobre todo la inclusión y la dignidad de una de las poblaciones más vulnerables del país”.
El problema no se limita a las escuelas especiales. Miles de niños con discapacidad que asisten a escuelas comunes también necesitan apoyos —maestros integradores, acompañantes terapéuticos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos y otros especialistas— que hoy están desbordados o directamente no pueden trabajar por falta de condiciones mínimas. “Sin una mejora urgente en los honorarios y condiciones de trabajo, estos profesionales no pueden sostener su tarea, y los chicos quedan desprotegidos dentro del sistema educativo regular”, remarcó Giorgi.
El conflicto se remonta a diciembre de 2024, cuando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de actualizar el nomenclador nacional que regula los aranceles. Ese congelamiento, sumado al atraso crónico en los pagos y la inflación acumulada, dejó a muchas instituciones sin capacidad de respuesta. Algunas redujeron servicios. Otras evalúan cerrar. La mayoría opera con déficit.
Desde hace años, AIEPA alerta que la situación es compleja, pero hoy más que nunca requiere soluciones. Las actualizaciones previas siempre quedaron por debajo de la inflación y el deterioro se acumuló año tras año. Las escuelas sobreviven haciendo malabares financieros, con fondos insuficientes y una demanda creciente de atención especializada.
“Si la ley finalmente no avanza, las instituciones seguirán con cuotas congeladas, sin poder afrontar los costos de funcionamiento. Se pondrán en peligro puestos de trabajo de docentes y personal especializado, pero además se agravará el riesgo de cierre de escuelas especiales, dejando sin atención a miles de niños, niñas y jóvenes con discapacidad”, planteó Giorgi.
El esfuerzo invisible: lo que viven las instituciones que cuidan y educan
AIEPA muestra algunos casos concretos. En La Matanza, Alejandra Luciani es la representante legal de Portal del Sol, una institución que acompaña desde hace 30 años a niños y adolescentes con discapacidad intelectual. “Vivimos una emergencia. La red que durante años protegió derechos está siendo desarticulada. Las decisiones que congelan valores, traban certificados y entorpecen autorizaciones nos dejan en la cuerda floja”, sostuvo.
Su escuela, por caso, ofrece jornada extendida y comedor, lo que multiplica los gastos. Tienen que afrontar los aumentos salariales, de luz, gas y alimentos mientras las cuotas permanecen congeladas. Pero al mismo tiempo, señala un ataque sobre el entramado construido durante décadas de trabajo entre familias e instituciones.
Desde su visión, el rol del Estado es indelegable: “Las personas con discapacidad no parten del mismo lugar. Necesitan apoyos para equiparar condiciones. Muchas familias hacen grandes esfuerzos, viajan decenas de kilómetros cada día, y aun así no tienen garantizado lo más básico. Esa desigualdad estructural no puede ignorarse”.
Desde Mercedes, Elena Sequeira, directora de Vamos Creciendo, coincide en que la emergencia es real y requiere respuestas inmediatas. Las deudas por prestaciones superan los 278 millones de pesos y las escuelas cobran a 90 o hasta 120 días, con valores desactualizados, lo que afecta la continuidad y calidad de las atenciones. Su institución, como muchas otras, enfrenta un laberinto burocrático que demora autorizaciones, pagos y reintegros.
Para ilustrar el desfase, Sequeira pone un ejemplo concreto: una sesión de fonoaudiología o psicopedagogía se paga $12.370, pero los chicos necesitan varias por semana, y además deben afrontar gastos de ortopedia, farmacia o transporte. “Las familias presentan presupuestos en diciembre para arrancar en marzo, pero las autorizaciones llegan en junio. Eso significa que recién se factura en ese momento y que el pago puede llegar en septiembre. Es un sistema insostenible”, cuestionó.
A su vez, la directora reclama fortalecer el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad. Pide un organismo con capacidad real de auditoría, que garantice un funcionamiento más ágil y justo. Y subrayó que los derechos no se reclaman por caridad, sino por ley.
La discapacidad no distingue clases sociales ni credos. Se puede presentar en cualquier familia, en cualquier momento. Frente a esa realidad, el compromiso del sector educativo es inclaudicable. Pero todo el esfuerzo está en riesgo, sostienen desde la entidad que agrupa a los colegios privados de todo el país.
País
Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
