País
Preocupación en los colegios especiales
2 de agosto de 2025
Los colegios de gestión privada que atienden alumnos con discapacidades manifestaron su preocupación por los retrasos en la actualización de los valores y apoyan el proyecto de ley de Emergencia para el sector, promovido en el Congreso de la Nación.
Desde la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), manifestaron que este tema no puede quedar atrapado en una pulseada política. “Lo que está en juego no es una línea presupuestaria, sino la posibilidad de que chicos y chicas con discapacidad puedan aprender, desarrollarse y ser incluidos en condiciones reales”, sostiene la entidad que tiene más de un centenar de servicios educativos que contienen niños con discapacidades.
“La emergencia en discapacidad no es solo un tema administrativo. Es una cuestión clave para sostener los servicios”, dijo Laura Giorgi, referente de educación especial en AIEPA. “Hoy enfrentamos un desfase de más del 70% entre los aranceles que cobramos y la inflación real acumulada. Nuestros principales costos —como los salarios docentes— sí se actualizan, y eso nos deja con ingresos congelados y egresos crecientes”, advirtió.
A eso se suma un dato estructural: la Superintendencia de Servicios de Salud liquida las prestaciones con hasta 90 días de demora, lo que hace inviable sostener el pago de sueldos, servicios e insumos básicos. La combinación de factores llevó a que las escuelas especiales estén al borde del colapso.
En palabras de Giorgi, el panorama actual no solo pone en jaque a las instituciones, sino también a los derechos de los chicos. “Es muy difícil garantizar una educación de calidad en estas condiciones. Sin una solución estructural e inmediata, se ven afectados nuestros puestos de trabajo, pero sobre todo la inclusión y la dignidad de una de las poblaciones más vulnerables del país”.
El problema no se limita a las escuelas especiales. Miles de niños con discapacidad que asisten a escuelas comunes también necesitan apoyos —maestros integradores, acompañantes terapéuticos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos y otros especialistas— que hoy están desbordados o directamente no pueden trabajar por falta de condiciones mínimas. “Sin una mejora urgente en los honorarios y condiciones de trabajo, estos profesionales no pueden sostener su tarea, y los chicos quedan desprotegidos dentro del sistema educativo regular”, remarcó Giorgi.
El conflicto se remonta a diciembre de 2024, cuando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de actualizar el nomenclador nacional que regula los aranceles. Ese congelamiento, sumado al atraso crónico en los pagos y la inflación acumulada, dejó a muchas instituciones sin capacidad de respuesta. Algunas redujeron servicios. Otras evalúan cerrar. La mayoría opera con déficit.
Desde hace años, AIEPA alerta que la situación es compleja, pero hoy más que nunca requiere soluciones. Las actualizaciones previas siempre quedaron por debajo de la inflación y el deterioro se acumuló año tras año. Las escuelas sobreviven haciendo malabares financieros, con fondos insuficientes y una demanda creciente de atención especializada.
“Si la ley finalmente no avanza, las instituciones seguirán con cuotas congeladas, sin poder afrontar los costos de funcionamiento. Se pondrán en peligro puestos de trabajo de docentes y personal especializado, pero además se agravará el riesgo de cierre de escuelas especiales, dejando sin atención a miles de niños, niñas y jóvenes con discapacidad”, planteó Giorgi.
El esfuerzo invisible: lo que viven las instituciones que cuidan y educan
AIEPA muestra algunos casos concretos. En La Matanza, Alejandra Luciani es la representante legal de Portal del Sol, una institución que acompaña desde hace 30 años a niños y adolescentes con discapacidad intelectual. “Vivimos una emergencia. La red que durante años protegió derechos está siendo desarticulada. Las decisiones que congelan valores, traban certificados y entorpecen autorizaciones nos dejan en la cuerda floja”, sostuvo.
Su escuela, por caso, ofrece jornada extendida y comedor, lo que multiplica los gastos. Tienen que afrontar los aumentos salariales, de luz, gas y alimentos mientras las cuotas permanecen congeladas. Pero al mismo tiempo, señala un ataque sobre el entramado construido durante décadas de trabajo entre familias e instituciones.
Desde su visión, el rol del Estado es indelegable: “Las personas con discapacidad no parten del mismo lugar. Necesitan apoyos para equiparar condiciones. Muchas familias hacen grandes esfuerzos, viajan decenas de kilómetros cada día, y aun así no tienen garantizado lo más básico. Esa desigualdad estructural no puede ignorarse”.
Desde Mercedes, Elena Sequeira, directora de Vamos Creciendo, coincide en que la emergencia es real y requiere respuestas inmediatas. Las deudas por prestaciones superan los 278 millones de pesos y las escuelas cobran a 90 o hasta 120 días, con valores desactualizados, lo que afecta la continuidad y calidad de las atenciones. Su institución, como muchas otras, enfrenta un laberinto burocrático que demora autorizaciones, pagos y reintegros.
Para ilustrar el desfase, Sequeira pone un ejemplo concreto: una sesión de fonoaudiología o psicopedagogía se paga $12.370, pero los chicos necesitan varias por semana, y además deben afrontar gastos de ortopedia, farmacia o transporte. “Las familias presentan presupuestos en diciembre para arrancar en marzo, pero las autorizaciones llegan en junio. Eso significa que recién se factura en ese momento y que el pago puede llegar en septiembre. Es un sistema insostenible”, cuestionó.
A su vez, la directora reclama fortalecer el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad. Pide un organismo con capacidad real de auditoría, que garantice un funcionamiento más ágil y justo. Y subrayó que los derechos no se reclaman por caridad, sino por ley.
La discapacidad no distingue clases sociales ni credos. Se puede presentar en cualquier familia, en cualquier momento. Frente a esa realidad, el compromiso del sector educativo es inclaudicable. Pero todo el esfuerzo está en riesgo, sostienen desde la entidad que agrupa a los colegios privados de todo el país.
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Por qué se conmemora el Día Nacional de la Memoria?
Este día recuerda el 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron y tomaron el poder del gobierno constitucional de Isabel Perón, a través de un golpe de Estado. Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti fueron los principales propulsores de este gobierno de facto, que condujo a una dictadura cívico-militar en la que hubo crímenes de lesa humanidad.
Durante esos años, ocurrieron secuestros, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos en centros clandestinos de detención. Miles de personas reportaron la desaparición de hombres, mujeres, bebés y embarazadas. En muchos casos, los menores fueron apropiados bajo otra identidad.
El trabajo de la Conadep para investigar los crímenes
En 1984 y por orden de Raúl Alfonsín, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas (Conadep). Este organismo se encontraba orientado a la investigación de los crímenes sucedidos durante la dictadura. A través de un extenso informe, que recopila pruebas y testimonios, se pudo conocer en mayor detalle lo que ocurrió durante esos años.
Posteriormente, se llevó a cabo el Juicio a las Juntas, en el que se condenó a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola y Armando Lambruschini.
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Marcha por el golpe del 24 de marzo
Al cumplirse este martes 24 de marzo el 50° aniversario del golpe militar de 1976, distinntas organizaciones y agrupaciones policicas con militantes de derechos humanos convocaron a una marcha que confluirá en la Plaza de Mayo, a las 16.
Desde Abuelas de Plaza de Mayo, junto a la organización Hijos (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), anunciaron que se concentrarán a las 13 , en Tacuarí y Avenida de Mayo. Allí marcharán hacia la Plaza de Mayo de la city porteña.
Por su parte, Madres de Plaza de Mayo, también convocó a las 13 a la militancia en la puerta de la Casa de las Madres en Hipólito Yrigoyen 1584, para marchar juntos hacia la Plaza de Mayo de la city porteña.
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Memoria completa, a 50 años del golpe militar
Como cada 24 de marzo desde hace tres años, el Gobierno Nacional prepara un nuevo video para difundir en el marco de una nuevo Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia con intención de profundizar la batalla cultural e insistir con la idea de lo que denominan como “la memoria completa”.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los equipos a cargo del Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreiras, y del cineasta del presidente Javier Milei, Santiago Oria, ultiman detalles de la pieza audiovisual que podría incluir familiares de desaparecidos durante la última dictadura que abonen a lo que denominaron como “Día de la Memoria por la Justicia y la Verdad Completa”.
Su contenido permanece blindado hasta este martes, cuando las organizaciones de derechos humanos y partidos políticos se vuelquen a las calles en un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar que tuvo lugar en 1976.
Hasta entonces, el Presidente no tiene actividades en agenda. En la edición del año 2025, fue el politólogo y presidente de la Fundación Faro, Agustín Laje, el encargado de reforzar la postura que pregona el mandatario respecto al tema. En su explicación, contenida en un video de 19 minutos, Laje puso en duda la cifra difundida por los organismos de derechos humanos que reclaman por la reaparición de 30 mil detenidos desaparecidos.
Fue el propio mandatario libertario el que cuestionó el origen de la cifra al sostener que no existen registros que respalden el número. En su lugar, habló de 8.753 personas en referencia al informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
“No estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo y siempre dije que quiero la memoria completa. Una verdad contada a medias no es verdad, es una mentira”, argumentó.
En los últimas horas, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) recordó los 50 años del último golpe de Estado que interrumpió la democracia en la Argentina al plantear que “los ciudadanos volvemos a decir Nunca Más” a una dictadura y “siempre más a una democracia justa” al tiempo que pidió una “memoria íntegra y luminosa” de esos años.
Asimismo, en diferentes ámbitos, legislativos La Libertad Avanza se expidieron contra los pedidos de condena al hecho histórico que se inició con el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón.
El pasado miércoles, por iniciativa del senador Eduardo “Wado” de Pedro, la Cámara Alta aprobó sobre tablas una declaración condenatoria, aunque hubo diferencias por el concepto de “terrorismo de Estado”.
