2 de agosto de 2025

Los colegios de gestión privada que atienden alumnos con discapacidades manifestaron su preocupación por los retrasos en la actualización de los valores y apoyan el proyecto de ley de Emergencia para el sector, promovido en el Congreso de la Nación.
Desde la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), manifestaron que este tema no puede quedar atrapado en una pulseada política. “Lo que está en juego no es una línea presupuestaria, sino la posibilidad de que chicos y chicas con discapacidad puedan aprender, desarrollarse y ser incluidos en condiciones reales”, sostiene la entidad que tiene más de un centenar de servicios educativos que contienen niños con discapacidades.

“La emergencia en discapacidad no es solo un tema administrativo. Es una cuestión clave para sostener los servicios”, dijo Laura Giorgi, referente de educación especial en AIEPA. “Hoy enfrentamos un desfase de más del 70% entre los aranceles que cobramos y la inflación real acumulada. Nuestros principales costos —como los salarios docentes— sí se actualizan, y eso nos deja con ingresos congelados y egresos crecientes”, advirtió.

A eso se suma un dato estructural: la Superintendencia de Servicios de Salud liquida las prestaciones con hasta 90 días de demora, lo que hace inviable sostener el pago de sueldos, servicios e insumos básicos. La combinación de factores llevó a que las escuelas especiales estén al borde del colapso.

En palabras de Giorgi, el panorama actual no solo pone en jaque a las instituciones, sino también a los derechos de los chicos. “Es muy difícil garantizar una educación de calidad en estas condiciones. Sin una solución estructural e inmediata, se ven afectados nuestros puestos de trabajo, pero sobre todo la inclusión y la dignidad de una de las poblaciones más vulnerables del país”.

El problema no se limita a las escuelas especiales. Miles de niños con discapacidad que asisten a escuelas comunes también necesitan apoyos —maestros integradores, acompañantes terapéuticos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos y otros especialistas— que hoy están desbordados o directamente no pueden trabajar por falta de condiciones mínimas. “Sin una mejora urgente en los honorarios y condiciones de trabajo, estos profesionales no pueden sostener su tarea, y los chicos quedan desprotegidos dentro del sistema educativo regular”, remarcó Giorgi.

El conflicto se remonta a diciembre de 2024, cuando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de actualizar el nomenclador nacional que regula los aranceles. Ese congelamiento, sumado al atraso crónico en los pagos y la inflación acumulada, dejó a muchas instituciones sin capacidad de respuesta. Algunas redujeron servicios. Otras evalúan cerrar. La mayoría opera con déficit.

Desde hace años, AIEPA alerta que la situación es compleja, pero hoy más que nunca requiere soluciones. Las actualizaciones previas siempre quedaron por debajo de la inflación y el deterioro se acumuló año tras año. Las escuelas sobreviven haciendo malabares financieros, con fondos insuficientes y una demanda creciente de atención especializada.

“Si la ley finalmente no avanza, las instituciones seguirán con cuotas congeladas, sin poder afrontar los costos de funcionamiento. Se pondrán en peligro puestos de trabajo de docentes y personal especializado, pero además se agravará el riesgo de cierre de escuelas especiales, dejando sin atención a miles de niños, niñas y jóvenes con discapacidad”, planteó Giorgi.

El esfuerzo invisible: lo que viven las instituciones que cuidan y educan

AIEPA muestra algunos casos concretos. En La Matanza, Alejandra Luciani es la representante legal de Portal del Sol, una institución que acompaña desde hace 30 años a niños y adolescentes con discapacidad intelectual. “Vivimos una emergencia. La red que durante años protegió derechos está siendo desarticulada. Las decisiones que congelan valores, traban certificados y entorpecen autorizaciones nos dejan en la cuerda floja”, sostuvo.
Su escuela, por caso, ofrece jornada extendida y comedor, lo que multiplica los gastos. Tienen que afrontar los aumentos salariales, de luz, gas y alimentos mientras las cuotas permanecen congeladas. Pero al mismo tiempo, señala un ataque sobre el entramado construido durante décadas de trabajo entre familias e instituciones.

Desde su visión, el rol del Estado es indelegable: “Las personas con discapacidad no parten del mismo lugar. Necesitan apoyos para equiparar condiciones. Muchas familias hacen grandes esfuerzos, viajan decenas de kilómetros cada día, y aun así no tienen garantizado lo más básico. Esa desigualdad estructural no puede ignorarse”.

Desde Mercedes, Elena Sequeira, directora de Vamos Creciendo, coincide en que la emergencia es real y requiere respuestas inmediatas. Las deudas por prestaciones superan los 278 millones de pesos y las escuelas cobran a 90 o hasta 120 días, con valores desactualizados, lo que afecta la continuidad y calidad de las atenciones. Su institución, como muchas otras, enfrenta un laberinto burocrático que demora autorizaciones, pagos y reintegros.

Para ilustrar el desfase, Sequeira pone un ejemplo concreto: una sesión de fonoaudiología o psicopedagogía se paga $12.370, pero los chicos necesitan varias por semana, y además deben afrontar gastos de ortopedia, farmacia o transporte. “Las familias presentan presupuestos en diciembre para arrancar en marzo, pero las autorizaciones llegan en junio. Eso significa que recién se factura en ese momento y que el pago puede llegar en septiembre. Es un sistema insostenible”, cuestionó.

A su vez, la directora reclama fortalecer el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad. Pide un organismo con capacidad real de auditoría, que garantice un funcionamiento más ágil y justo. Y subrayó que los derechos no se reclaman por caridad, sino por ley.

La discapacidad no distingue clases sociales ni credos. Se puede presentar en cualquier familia, en cualquier momento. Frente a esa realidad, el compromiso del sector educativo es inclaudicable. Pero todo el esfuerzo está en riesgo, sostienen desde la entidad que agrupa a los colegios privados de todo el país.