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Preocupación en los colegios especiales
2 de agosto de 2025
Los colegios de gestión privada que atienden alumnos con discapacidades manifestaron su preocupación por los retrasos en la actualización de los valores y apoyan el proyecto de ley de Emergencia para el sector, promovido en el Congreso de la Nación.
Desde la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), manifestaron que este tema no puede quedar atrapado en una pulseada política. “Lo que está en juego no es una línea presupuestaria, sino la posibilidad de que chicos y chicas con discapacidad puedan aprender, desarrollarse y ser incluidos en condiciones reales”, sostiene la entidad que tiene más de un centenar de servicios educativos que contienen niños con discapacidades.
“La emergencia en discapacidad no es solo un tema administrativo. Es una cuestión clave para sostener los servicios”, dijo Laura Giorgi, referente de educación especial en AIEPA. “Hoy enfrentamos un desfase de más del 70% entre los aranceles que cobramos y la inflación real acumulada. Nuestros principales costos —como los salarios docentes— sí se actualizan, y eso nos deja con ingresos congelados y egresos crecientes”, advirtió.
A eso se suma un dato estructural: la Superintendencia de Servicios de Salud liquida las prestaciones con hasta 90 días de demora, lo que hace inviable sostener el pago de sueldos, servicios e insumos básicos. La combinación de factores llevó a que las escuelas especiales estén al borde del colapso.
En palabras de Giorgi, el panorama actual no solo pone en jaque a las instituciones, sino también a los derechos de los chicos. “Es muy difícil garantizar una educación de calidad en estas condiciones. Sin una solución estructural e inmediata, se ven afectados nuestros puestos de trabajo, pero sobre todo la inclusión y la dignidad de una de las poblaciones más vulnerables del país”.
El problema no se limita a las escuelas especiales. Miles de niños con discapacidad que asisten a escuelas comunes también necesitan apoyos —maestros integradores, acompañantes terapéuticos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos y otros especialistas— que hoy están desbordados o directamente no pueden trabajar por falta de condiciones mínimas. “Sin una mejora urgente en los honorarios y condiciones de trabajo, estos profesionales no pueden sostener su tarea, y los chicos quedan desprotegidos dentro del sistema educativo regular”, remarcó Giorgi.
El conflicto se remonta a diciembre de 2024, cuando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de actualizar el nomenclador nacional que regula los aranceles. Ese congelamiento, sumado al atraso crónico en los pagos y la inflación acumulada, dejó a muchas instituciones sin capacidad de respuesta. Algunas redujeron servicios. Otras evalúan cerrar. La mayoría opera con déficit.
Desde hace años, AIEPA alerta que la situación es compleja, pero hoy más que nunca requiere soluciones. Las actualizaciones previas siempre quedaron por debajo de la inflación y el deterioro se acumuló año tras año. Las escuelas sobreviven haciendo malabares financieros, con fondos insuficientes y una demanda creciente de atención especializada.
“Si la ley finalmente no avanza, las instituciones seguirán con cuotas congeladas, sin poder afrontar los costos de funcionamiento. Se pondrán en peligro puestos de trabajo de docentes y personal especializado, pero además se agravará el riesgo de cierre de escuelas especiales, dejando sin atención a miles de niños, niñas y jóvenes con discapacidad”, planteó Giorgi.
El esfuerzo invisible: lo que viven las instituciones que cuidan y educan
AIEPA muestra algunos casos concretos. En La Matanza, Alejandra Luciani es la representante legal de Portal del Sol, una institución que acompaña desde hace 30 años a niños y adolescentes con discapacidad intelectual. “Vivimos una emergencia. La red que durante años protegió derechos está siendo desarticulada. Las decisiones que congelan valores, traban certificados y entorpecen autorizaciones nos dejan en la cuerda floja”, sostuvo.
Su escuela, por caso, ofrece jornada extendida y comedor, lo que multiplica los gastos. Tienen que afrontar los aumentos salariales, de luz, gas y alimentos mientras las cuotas permanecen congeladas. Pero al mismo tiempo, señala un ataque sobre el entramado construido durante décadas de trabajo entre familias e instituciones.
Desde su visión, el rol del Estado es indelegable: “Las personas con discapacidad no parten del mismo lugar. Necesitan apoyos para equiparar condiciones. Muchas familias hacen grandes esfuerzos, viajan decenas de kilómetros cada día, y aun así no tienen garantizado lo más básico. Esa desigualdad estructural no puede ignorarse”.
Desde Mercedes, Elena Sequeira, directora de Vamos Creciendo, coincide en que la emergencia es real y requiere respuestas inmediatas. Las deudas por prestaciones superan los 278 millones de pesos y las escuelas cobran a 90 o hasta 120 días, con valores desactualizados, lo que afecta la continuidad y calidad de las atenciones. Su institución, como muchas otras, enfrenta un laberinto burocrático que demora autorizaciones, pagos y reintegros.
Para ilustrar el desfase, Sequeira pone un ejemplo concreto: una sesión de fonoaudiología o psicopedagogía se paga $12.370, pero los chicos necesitan varias por semana, y además deben afrontar gastos de ortopedia, farmacia o transporte. “Las familias presentan presupuestos en diciembre para arrancar en marzo, pero las autorizaciones llegan en junio. Eso significa que recién se factura en ese momento y que el pago puede llegar en septiembre. Es un sistema insostenible”, cuestionó.
A su vez, la directora reclama fortalecer el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad. Pide un organismo con capacidad real de auditoría, que garantice un funcionamiento más ágil y justo. Y subrayó que los derechos no se reclaman por caridad, sino por ley.
La discapacidad no distingue clases sociales ni credos. Se puede presentar en cualquier familia, en cualquier momento. Frente a esa realidad, el compromiso del sector educativo es inclaudicable. Pero todo el esfuerzo está en riesgo, sostienen desde la entidad que agrupa a los colegios privados de todo el país.
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CAMBIOS EN EL INDEC
El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una decisión que sacudió al organismo en la previa de un hito técnico clave: la publicación del primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la nueva metodología.
La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un clima de “ruidos internos”, atravesado por el congelamiento salarial dentro del instituto y el consecuente malestar entre los trabajadores.
Desde ATE Indec manifestaron su preocupación por el momento elegido para el recambio. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, advirtió el delegado Raúl Llaneza, quien volvió a reclamar un “Indec independiente del poder político”.
Lavagna había asumido al frente del organismo el 30 de diciembre de 2019, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Con pasado legislativo en el Frente Renovador, su perfil técnico le permitió sostenerse en el cargo incluso tras la llegada de Javier Milei y el giro político del Gobierno. Durante su gestión, el Indec continuó el proceso de normalización y consolidación de estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados luego de los años de intervención.
Su partida coincide con la puesta en marcha del renovado IPC, una actualización largamente postergada que busca reflejar con mayor fidelidad los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. El nuevo índice adopta la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento al incorporar “Seguros y servicios financieros”, y utiliza como base de ponderación la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004.
Entre los cambios más relevantes se destaca el mayor peso de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuya incidencia pasa de 9,4% a 14,5%. Esto implica que los ajustes tarifarios tendrán ahora un impacto más directo en el nivel general de inflación. Transporte también gana protagonismo, al subir de 11% a 14,3%, con mayor influencia de combustibles y boletos. Comunicaciones prácticamente duplica su ponderación, de 2,8% a 5,1%, reflejando la centralidad de internet y telefonía celular, mientras que Educación aumenta de 2,3% a 3,1%.
Otros rubros como Salud se mantienen relativamente estables, al pasar de 8% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas reduce su peso del 26,9% al 22,7%, una modificación relevante si se tiene en cuenta que este capítulo explicó buena parte de la aceleración inflacionaria del último cuatrimestre de 2025. La nueva canasta también captura una mayor participación de alimentos procesados, donde pesan más los componentes industriales, logísticos y comerciales.
Prendas de Vestir y Calzado pierden relevancia (de 9% a 6,8%), mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, en línea con un mayor gasto en esparcimiento.
En términos generales, los analistas señalan que el nuevo esquema puede arrojar registros más altos si los servicios aumentan por encima de los bienes, y una inflación más moderada en el escenario inverso. A modo ilustrativo, una suba del 10% en la carne habría sumado 1,07 puntos al IPC con la canasta anterior, contra 1,03 con la metodología actual. DIB
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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.
“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.
Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.
Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.
Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.
Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.
La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.
Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
