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Ingenieros advierten sobre la paralización de la obra pública
22 de julio de 2025
El presidente del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, Civil Jorge Castellano, dio a conocer un sombío panorama por la que atraviesa la obra pública en territorio bonaerense, en el marco de una entrevista radial en el programa “Sexto Día”.
El profesional señaló que muchas obras están detenidas desde gestiones anteriores pero que la diferencia con el pasado es que ahora esas interrupciones ya no se deben a errores de gestión, sino a una decisión política del Gobierno Nacional de paralizar el financiamiento.
“El parate actual no es por ineficiencia o mala planificación, como entre otras causas, lo ha sido anteriormente. Es producto de una decisión política del Estado Nacional”, sostuvo Castellano, quien destacó que en contraposición,que la Provincia de Buenos Aires, a través de fondos propios, continúa ejecutando obras con esfuerzo. “La decisión política del gobernador Axel Kicillof es clara: seguir invirtiendo, aún con menores recursos”, remarcó.
El ingeniero explicó que la situación varía según el origen de los fondos: mientras que los municipios sólo pueden sostener pequeñas obras según su capacidad presupuestaria, la Provincia sostiene obras importantes como la repavimentación de la Ruta 4. En cambio, “las obras con financiamiento nacional están completamente paralizadas”, apuntó.
Uno de los ejemplos citados fue el puente sobre las vías del Ferrocarril Sarmiento a la altura del Instituto de Haedo, una obra que estuvo completamente frenada y que ahora muestra signos de reactivación, aunque se desconoce su fuente de financiamiento. “Ese tipo de obras de conectividad son claves en toda la Provincia y deberían tener continuidad”, dijo Castellano.
Además, alertó sobre el impacto del freno en obras viales para zonas rurales: “La falta de mantenimiento de caminos afecta la producción y el arraigo en el campo”. A modo de ejemplo, mencionó que en muchos casos, citó como ejemplo el del municipio de Las Flores, que cuenta con más de 1.000 km de caminos rurales a su cargo, los intendentes deben destinar muchos recursos ya que enfrentan serias dificultades para garantizar accesibilidad y servicios básicos a los productores y vecinos.
Consultado sobre el rol institucional del Colegio de Ingenieros, Castellano resaltó que se atraviesa un cambio de paradigma: “La obra de infraestructura pública era la principal fuente de trabajo para nuestros matriculados. Hoy hay más proyectos de iniciativas desde el sector privado, como barrios cerrados o desarrollos urbanos, que esperemos se concreten”. En ese marco, señaló que el Colegio trabaja para ampliar su presencia desde la mejora técnica, modernizando su funcionamiento interno, y que intentará convertirse en ente certificador de diversas tareas.
Castellano también se refirió al reciente Congreso sobre Cambio Climático y Gestión Hídrica realizado en Mar del Plata, al que calificó como “altamente positivo”. Destacó que la asistencia superó ampliamente las expectativas y valoró la participación de disertantes provenientes tanto del ámbito público como del privado, así como de reconocidos académicos. Uno de los aspectos más relevantes, según señaló, fue la presencia del ministro de Infraestructura de la provincia, Gabriel Katopodis, quien participó por primera vez de una actividad organizada por la entidad. También estuvieron el presidente de la Autoridad del Agua (ADA), ingeniero Damián Costamagna, y funcionarios de la Dirección Provincial de Hidráulica.
En esa misma línea, anticipó que ya se encuentran trabajando en la organización del Congreso de Energía, previsto para los días 30 y 31 de octubre, nuevamente en Mar del Plata. “Esperamos repetir el éxito”, afirmó.
En cuanto a casos concretos del conurbano, Castellano señaló que la Provincia está avanzando en obras como la Ruta 4, pero reclamó coherencia en la planificación: “En el pasado, hubo intentos de ejecutar proyectos en esta arteria sin tener en cuenta los aspectos hidráulicos de las obras sin consultar a la Dirección Provincial ni al municipio, lo que pudo haber generado más problemas, los que fueron evitados por la firme intervención de nuestro Colegio que fue avalada por los entes municipales y provinciales”. También mencionó obras paralizadas como el bajo nivel de la calle Arturo Illia en San Justo, licitada con financiamiento de la Nación ahora detenida por razones legales y financieras tras el cambio de gobierno.
Respecto a la situación de los túneles urbanos que se inundan con frecuencia en partidos como Lomas de Zamora o La Matanza, Castellano advirtió que esas obras requieren estaciones elevadoras con bombas automatizadas. “Si hay fallas en el sistema electromecánico o las bombas no responden, el agua se acumula. Es una cuestión técnica que debe resolverse con mantenimiento constante y parámetros de diseño adecuados a las nuevas lluvias”.
Finalmente, destacó que si no se invierte de forma estructural en cuencas como la del Río Matanza-Riachuelo, “seguiremos viviendo los mismos desastres cada vez con más frecuencia”. Subrayó que el municipio matancero ha licitado mejoras puntuales en sumideros y pluviales, pero alertó sobre los riesgos de cargar toda la responsabilidad sobre jurisdicciones locales sin el financiamiento necesario.
Castellano cerró con una advertencia: “No podemos repetir lo que ocurrió con la educación en los 90: las escuelas eran de las provincias, pero la plata seguía en la Nación. Si se transfiere la responsabilidad de la ejecución de las obras de infraestructura pública, también se debe transferir el financiamiento. Si no, no hay salida”.
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Paro docente: Gobierno ratificó el 75% de la prestación del servicio educativo
El Ministerio de Capital Humano, comandado por la ministra Sandra Pettovello desde el Consejo Federal de Educación, ratificó “el 75% de la prestación habitual del servicio educativo” en vísperas del paro docente que comenzará este lunes 3 en todo el país.
La resolución se llevó a cabo a través de la Secretaría de Educación que conduce Carlos Torrendel, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 27.802 “que consagra la educación como servicio esencial”.
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“Se ratificó el compromiso con la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, conforme lo dispone la normativa vigente y la potestad del Poder Ejecutivo Nacional de supervisar su cumplimiento por tratarse de una medida de fuerza nacional. La medida busca resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro”, manifestaron desde el Ministerio.
Del encuentro participaron los miembros de las carteras educativas de las jurisdicciones y de la Nación, quienes planificaron en conjunto “las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases en todo el país y para articular la inspección nacional” durante la jornada que anunció la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el pasado miércoles.
El gremio aseguró que tomó esta nueva medida de fuerza luego de la “permanente negativa” que presenta el Gobierno para entablar una mesa de diálogo y encarar una nueva negociación salarial.
Esta protesta será, en principio, por 24 horas y coincidirá con la vuelta a clases que tenían previsto la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque impactará en todo el país y en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria.
Según el comunicado de CTERA y otros sindicatos como la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el paro persigue otros reclamos como el retorno "inmediato" del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares. (NA)
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Paro docente: Aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo
El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.
El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección oculear en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.
La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.
La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.
Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.
El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.
La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.
Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.
Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.
Foto: El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. (Foto: X @JMilei) . Ignacio Salerno (TN)
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Milei recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico Michael Banach
El presidente Javier Milei recibió este 31 de julio las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach, durante una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con lo que quedó formalmente iniciado su servicio diplomático como representante del papa León XIV en la Argentina.
El acto fue encabezado por el jefe de Estado, acompañado por el canciller Pablo Quirno. En la misma ceremonia, el Presidente recibió también las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y del embajador de la República de Corea, Lee Chong Hwa.
Días atrás, monseñor Banach había entregado las copias de estilo de sus cartas credenciales al canciller Quirno, quien destacó entonces en sus redes sociales que la llegada del representante pontificio "abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos".
La presencia del nuevo nuncio apostólico marca el comienzo de una misión que estará acompañada por la expectativa de una futura visita del papa León XIV a la Argentina.
Antes de la presentación oficial de sus credenciales al Presidente, monseñor Banach mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; con el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; y con el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.
La Conferencia Episcopal Argentina informó, además, que el próximo jueves 6 de agosto, a las 11, monseñor Banach presidirá una misa en la catedral metropolitana de Buenos Aires, durante la cual presentará oficialmente sus credenciales como representante del Santo Padre ante la Iglesia en la Argentina a monseñor Colombo.
Con ese motivo, la CEA invitó a los obispos que puedan participar a concelebrar la celebración eucarística, que marcará también el inicio formal del ministerio pastoral del nuevo nuncio ante la Iglesia argentina.
