El gobierno bonaerense autorizó un incremento en los peajes de los corredores viales a la Costa Atlántica, en la previa del fin de semana largo, por lo que será más costoso viajar a las playas de la provincia.

El Ministerio de Infraestructura provincial autorizó la suba, que alcanzará el 8,9% y empezará a regir a primera hora de este viernes 9 de octubre, ante el pedido de la concesionaria Aubasa, en el marco de la actualización de tarifas trimestral, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas

El ajuste surge utilizando la variación porcentual que arroja el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), el nuevo indicador de referencia que “contempla razonablemente la estructura de costos de la empresa, ya que pondera el Índice de Salarios nivel general trabajador registrado (IS), el de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC), todos publicados por el INDEC”.

Con este ajuste, quienes viajen por las rutas provinciales hacia Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Partido de La Costa, San Bernardo, Mar de Ajó, Santa Teresita y otros destinos turísticos deberán afrontar un mayor costo en peajes durante el fin de semana largo.

Los nuevos valores de AUBASA para los peajes a la Costa

Tarifas para automóviles categoría 1

• Samborombón (Ruta 2): $8.600.
• Maipú (Ruta 2): $8.600.
• La Huella (Ruta 11): $8.600.
• Mar Chiquita (Ruta 11): $4.000.
• General Madariaga (Ruta 74): $3.600.

Tarifas con TelePASE

• Samborombón, Maipú y La Huella: $8.507,95.
• Mar Chiquita: $3.913,65.
• General Madariaga: $3.573,33.

Tarifa bonificada en temporada baja (Lunes a viernes)

• Samborombón, Maipú y La Huella: $6.900 
• Mar Chiquita: $3.200 
• Madariaga: $2.900

La empresa abastece de agua a más de 14 millones de personas. El grupo Rowing-Arcos-Transclor-PHX superó la oferta del otro postulante, Roggio S.A., que había propuesto por AySA US$285 millones.

Este jueves se conocieron las ofertas por el 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), y la propuesta más alta fue la del consorcio que encabeza Rowing, la empresa de Walter Román, y Transclor, de Mauricio Filiberti, con US$340,2 millones.

El otro postulante a quedarse con la empresa que brinda agua potable a más de 14 millones de personas en el AMBA era el grupo liderado por Roggio SA, que propuso un pago de U$S285 millones. De acuerdo a información de NA, ambas ofertas están por debajo de los 450 millones que pretendía el Gobierno nacional.

Agua y Saneamientos Argentinos opera en 27 jurisdicciones: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 26 partidos del conurbano bonaerense.

En el Norte, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, San Martín, Escobar, San Miguel, Malvinas Argentinas, Pilar y José C. Paz. En el Oeste, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Merlo, Moreno y La Matanza. Y en el Sur, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela y Presidente Perón.

De todos modos se trata de la mayor privatización de la era Milei en términos de ingresos concretos para el Estado. Por otra parte, el 10% restante del capital de AySA seguirá en manos de los trabajadores, a través del programa de propiedad participada, que lo gestiona el sindicato, a cargo de José Luis Lingeri.

La concesión es por treinta años -vence en 2056-, con opción de prórroga de diez años más. Entre los compromisos de los nuevos adjudicatarios están la inversión total de U$S 15.040 millones y aumentar el alcance de los servicios del 75,3% actual al 78,9%, en el caso del suministro de agua, y del 63,9% al 65,3%, en las cloacas.

La empresa de suministro de agua vuelve a manos privadas dos décadas, después de que el gobierno de Néstor Kirchner rescindiera el contrato con el grupo francés Suez, que la operaba desde la privatización de 1993 -en la presidencia de Carlos Menem- bajo el nombre de Aguas Argentinas.

La iniciativa establece que los estudiantes no podrán utilizar estos dispositivos durante la jornada educativa, salvo cuando exista un requerimiento o una autorización explícita del docente y su utilización tenga objetivos pedagógicos.

La norma busca promover un uso seguro y responsable de celulares y otras pantallas dentro de las aulas y extiende al nivel secundario un criterio similar al que ya se encuentra vigente para las escuelas primarias bonaerenses.

Según el texto aprobado, el concepto de “uso responsable” implica que los dispositivos permanezcan sin utilizar durante el horario escolar, excepto en aquellas situaciones en las que sean necesarios para desarrollar alguna actividad educativa.

Ahora será el Poder Ejecutivo provincial el encargado de determinar cuál será la autoridad de aplicación. Ese organismo deberá elaborar protocolos, instrucciones y recomendaciones para establecer de qué manera se implementará la medida en los establecimientos.

Tal como publica DIB, la normativa también invita a los municipios bonaerenses a adherir y comenzará a implementarse una vez que sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante el tratamiento legislativo también se vinculó la regulación con otras problemáticas que afectan a los adolescentes, entre ellas la ludopatía y el acceso permanente a plataformas digitales desde los teléfonos celulares-

Foto: En muchos colegios, los chicos no pueden usar los celulares durante las horas de clase Ricardo Pristupluk