País
‘No hay recursos para financiar el aumento de las jubilaciones’
5 de junio de 2025
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el gobierno de Javier Milei vetará los proyectos de ley aprobados con media sanción en la Cámara de Diputados, que incluyen un aumento del 7,2% de emergencia en las jubilaciones, la suba del bono de $70.000 a $120.000 y la extensión por dos años de la moratoria previsional.
Francos, quien se encontraba en la Feria Agroindustrial, defendió la postura del Ejecutivo nacional frente a la iniciativa legislativa en la Cámara baja y advirtió sobre sus consecuencias económicas.
«El presidente Milei lo explicó con claridad: esperamos que el Senado reconsidere esta media sanción. Si se convierte en ley, la vamos a vetar porque no tenemos los recursos para financiarla», afirmó Francos en diálogo con Cadena 3.
El funcionario subrayó que el Gobierno tiene dos objetivos centrales: la lucha contra la inseguridad, liderada por la ministra Patricia Bullrich, y la reducción de la inflación. «Es un esfuerzo colectivo de todos los ministerios. Venimos de una inflación del 56% en diciembre y ahora estamos en torno al 2% en mayo, algunos dicen 1 y pico. Eso no se logra solo, requiere un esfuerzo enorme del Estado para reducir el gasto», destacó.
Francos criticó duramente la decisión de Diputados, calificándola como una «irresponsabilidad que amenaza el equilibrio fiscal». Explicó que el sistema jubilatorio argentino, basado en el reparto, enfrenta un desequilibrio estructural. «Hoy tenemos un activo y medio por jubilado, cuando lo mínimo para sostener el sistema son cuatro trabajadores activos por jubilado».
Según datos del Ministerio de Economía, de los 5.774.000 jubilados, 1.862.000 aportaron durante al menos 30 años y reciben un haber promedio de $872.000, mientras que 3.900.000 se jubilaron por moratorias, con un haber promedio de $320.000 más el bono. «No es justo para los que aportaron que se abran nuevas moratorias para quienes no lo hicieron. Esto no es un sistema jubilatorio, es una joda», sentenció, atribuyendo esta práctica a políticas del kirchnerismo.
El jefe de Gabinete propuso que la solución pasa por formalizar la economía para incorporar a los trabajadores informales, que hoy igualan en número a los formales. «Hay que generar más inversión privada con reformas laborales y tributarias que reduzcan impuestos. La baja de la inflación ya está impulsando un crecimiento del PBI del 6 al 8% según el trimestre», señaló.
Sin embargo, advirtió que la aprobación de gastos sin financiamiento, como los propuestos por Diputados, podría revertir estos logros. «Ayer (por el miércoles), cuando se abrió la sesión en Diputados, las acciones argentinas en el mundo cayeron un 5%. El mundo nos mira, y si el Congreso actúa con irresponsabilidad, destruirá la economía otra vez», alertó.
Francos también vinculó la media sanción a un contexto político-electoral. «Estamos en un año electoral, y la política tradicional ve que el presidente Milei, un presidente no convencional con enorme popularidad, tiene chances de ganar en octubre. Entonces, usan estos métodos para horadar nuestra política de baja inflación», afirmó.
En este sentido, señaló que los gobernadores, algunos aliados del Gobierno, permitieron que sus diputados votaran a favor de la iniciativa como parte de un reclamo por fondos, especialmente para infraestructura y anticipos del Tesoro. «No tiene sentido volver a lo mismo de siempre: emitir billete, aumentar el déficit, seguir con los curros de la obra pública. La gente dijo basta en diciembre de 2023», remarcó.
Al ser onsultado sobre la situación de los jubilados, que enfrentan haberes insuficientes, Francos reconoció la gravedad del problema, pero insistió en la necesidad de un sistema sostenible. «No podemos agravar el problema con más moratorias. El Estado está fundido, y estamos poniendo las cuentas en orden, lo que nos ha ganado reconocimiento internacional. Hay que reformar el sistema, y el presidente lo propondrá en su momento», aseguró.
DIPUTADOS
La Cámara de Diputados aprobó en las últimas horas con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones el proyecto que otorga un aumento del 7,2% a todas las jubilaciones y pensiones gestionadas por la ANSES (excepto regímenes especiales) y eleva el bono previsional de $70.000 a $110.000, con actualizaciones futuras atadas a la inflación.
También fue aprobada la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años pudieran comprar los aportes faltantes para acceder a la jubilación mínima.
La iniciativa, impulsada por bloques opositores, desató un fuerte enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei, que ya anticipó el veto presidencial si el Senado ratifica la medida, alegando un impacto adverso en el superávit fiscal.
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Reforma Laboral: la Corte rechazó el per saltum que planteó el gobierno
La Corte Suprema rechazó el pedido del gobierno nacional de aplicar un per saltum para que la discusión judicial por el debate judicial en torno a la reforma laboral, que la CGT cuestionó por inconstitucional, luego de que fuera aprobada el febrero pasado en el Congreso.
La decisión de la Corte se conoce luego de que la Cámara de Trabajo enviara la causa al Fuero Contencioso Administrativo, lo que en principio fue un revés para la central sindical, que buscaba que la causa se sustancie en el fuero laboral.
La Corte, en cambio, le dio una mala noticia, aunque relatiuva, al Ejecutivo, que buscaba el salto de instancia para acelerar un proceso que con apelaciones y contra apelaciones probablemente termine en el máximo tribunal, aunque demore para ello más tiempo.
La Secretaría de Trabajo, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, había presentado a mediados de abril el per saltum para revertir la sentencia del juez laboral Raúl Ojeda, que dictó una cautelar que suspendió 82 artículos de la ley sancionada por el Congreso.
Pero antes del fallo de la Corte de hoy, la Cámara de Trabajo ya había puesto en vigencia nuevamente los artículos suspendidos. Es porque los jueces Arturo Pesino y María González rechazaron el efecto suspensivo que el juez Ojeda le había dado a la apelación.
El per saltum es saltar una instancia judicial para que la Corte Suprema intervenga directamente en una causa. El gobierno de Javier Milei había alegado, entre otros argumentos, que el juez Ojeda no era el competente para intervenir y por eso reclamaba la urgente intervención del máximo tribunal ante la suspensión de parte de la norma.
En el fallo que se conoció este jueves, la Corte Suprema sostuvo que a juicio de la Corte "no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante el recurso por salto de instancia".
Ante esto, concluyó que "se declara inadmisible el recurso interpuesto" por el Gobierno el pasado 16 de abril.
¿Qué dispone la reforma?
Entre los 80 artículos suspendidos y puestos otra vez en vigencia por la Cámara de Trabajo se encuentran el de Indemnizaciones y Contratos (Ley 20.744), que modifica el cálculo de indemnizaciones e implica la extensión del período de prueba.
También el ítem Solidaridad y Tercerización, que limita la responsabilidad de las empresas en casos de tercerización (artículos 16, 17 y 18 de la norma), manteniendo la solidaridad amplia.
Además están incluidos el banco de horas y las nuevas regulaciones sobre horas extras; a lo que se suma la facultad unilateral del empleador para modificar condiciones de trabajo.
La ley de reforma laboral se aprobó el 27 de febrero y se promulgó el 6 de marzo. El proyecto de reforma laboral había recibido media sanción en la Cámara alta el 12 de febrero. Pero la inclusión del famoso artículo 44, sobre las licencias laborales por enfermedad, levantó polémica y el oficialismo lo sacó antes del tratamiento en Diputados.
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Escándalo en la AFA: los veedores judiciales no pudieron entrar
Los técnicos del Ministerio de Justicia se encontraron con la sede de Viamonte cerrada y un cartel que derivaba la atención a Pilar. La IGJ investiga inconsistencias por USD 450 millones en los balances de la gestión de Claudio Tapia.
En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre la Casa Rosada y la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia, los veedores designados por el Ministerio de Justicia de la Nación no pudieron ingresar este miércoles a la sede histórica de la calle Viamonte. El operativo, que buscaba dar inicio a una fiscalización de 180 días sobre los balances y contratos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), terminó con una nota dejada por debajo de la puerta y un conflicto de jurisdicciones que promete escalar a la Justicia.
El abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena, enviados oficiales del Gobierno, llegaron a las 13 a la sede central con el objetivo de requerir documentación contable y administrativa. Sin embargo, se encontraron con el edificio cerrado y un cartel que indicaba que la administración debía buscarse en un predio de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.
El conflicto por el domicilio y los US$ 450 millones
La Inspección General de Justicia (IGJ) sostiene que la AFA ha fallado en explicar inconsistencias por USD 450 millones en sus balances de los últimos ocho años. Además, el Gobierno investiga la creación de una universidad no registrada y contratos con empresas bajo la lupa por presunto lavado de dinero, como TourProdEnter y SurFinanzas.
El intento de la AFA de trasladar su sede social a Pilar es visto por el Ministerio de Justicia como una "maniobra de evasión" para salir de la órbita de control de la IGJ (que tiene competencia en CABA) y pasar a la jurisdicción bonaerense. Esta mudanza ya había sido rechazada por el organismo estatal al constatar que en el predio de Pilar no existen instalaciones administrativas operativas.
PUERTAS CERRADAS. El abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena llegaron a la sede de la AFA para iniciar la veeduría, pero debieron dejar el pedido bajo la puerta al no ser recibidos por ninguna autoridad.
Fotos: RSFotos
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Pesqueros extranjeros ingresan a Mar Argentino en busca de resguardo
La Prefectura Naval Argentina monitorea el ingreso de más de 140 buques pesqueros extranjeros a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) ante el fuerte temporal pronosticado para el Atlántico Sur.
La tarea fue adoptada luego de que distintas empresas y asociaciones pesqueras solicitaran refugio preventivo frente a las condiciones meteorológicas adversas previstas para los próximos días. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de temporal para la región, difundido a la comunidad marítima a través de las estaciones costeras de la Prefectura Naval Argentina desplegadas sobre el litoral marítimo.
Las embarcaciones permanecerán en sectores determinados de la ZEEA durante aproximadamente tres días.
La Prefectura estableció que los buques deberán cumplir estrictamente las disposiciones establecidas por el Régimen Federal de Pesca y por el “Procedimiento de actuación ante solicitud de la flota pesquera extranjera para ingresar a la Zona Económica Exclusiva Argentina en busca de resguardo por condiciones meteorológicas desfavorables”, implementado en el marco de las facultades del Estado ribereño y de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Entre las medidas impuestas se encuentra la prohibición absoluta de realizar tareas de pesca, investigación o exploración mientras permanezcan dentro de aguas jurisdiccionales argentinas. Asimismo, las embarcaciones deberán mantener sus artes de pesca aseguradas sobre cubierta, conservar apagadas las luces vinculadas a maniobras pesqueras y mantener activos de forma permanente los sistemas AIS de identificación y posicionamiento para permitir el monitoreo continuo por parte de la Autoridad Marítima.
Además, los capitanes deberán, por razones de seguridad de la navegación y preservación de la vida humana en el mar, mantener escucha radial permanente con la estación costera correspondiente e informar periódicamente su posición durante toda la permanencia en la zona de abrigo.
En paralelo, la flota pesquera nacional también adoptó medidas preventivas y se desplazó hacia áreas seguras para evitar los efectos del temporal.
La Prefectura Naval Argentina informó que continuará realizando el seguimiento permanente de las embarcaciones mediante el Sistema Guardacostas y las distintas estaciones costeras desplegadas a lo largo del litoral marítimo, manteniendo informadas a las autoridades nacionales competentes sobre la evolución de la situación.
