País
Freno judicial al intento del Gobierno de limitar el derecho de huelga
2 de junio de 2025
La Justicia laboral suspendió los artículos centrales del decreto nacional 340 que firmó el gobierno de Javier Milei para limitar el derecho a huelga. La jueza Moira Fullana hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y frenó los efectos de los artículos 2 y 3 de la norma, al considerar que la reforma del régimen legal de huelga no puede realizarse mediante un decreto de necesidad y urgencia, sino a través de una ley sancionada por el Congreso.
La decisión representa un revés para el gobierno, que había planteado una reforma profunda en el derecho a huelga, endureciendo las condiciones para declarar medidas de fuerza y restringiendo su alcance. Según la CGT, el decreto de necesidad y urgencia de Milei cercena derechos constitucionales y viola tratados internacionales suscriptos por la Argentina que tienen rango constitucional.
El escrito presentado por la central obrera sostiene que “la modificación del derecho a huelga, garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución nacional, requiere un debate parlamentario”, y advierte que el decreto avanza sobre competencias exclusivas del Congreso. Además, la CGT alertó sobre el impacto negativo que la normativa podría tener sobre la libertad sindical y la negociación colectiva en el país.
La resolución de la jueza Fullana establece que el freno a los artículos 2 y 3 de la norma será provisorio, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo. Esta medida permite que, por ahora, siga vigente la legislación actual sobre derecho a huelga en Argentina.
El fallo judicial ocurre en un contexto de alta conflictividad laboral, con paros y movilizaciones de distintos colectivos de trabajadores en reclamo de aumento de salarios, en rechazo a los despidos o en procura de mejores condiciones de vida. De hecho, este miércoles, cuando la Cámara de Diputados discuta los proyectos de ley de emergencia en discapacidad y la prórroga de la moratoria previsional, convergerán con la habituar marcha de jubilados las protestas de trabajadores del Garrahan, los investigadores del Conicet y los afectados por los recortes en los programas de asistencia a discapacitados, entre otros.
La CGT celebró la decisión como “un triunfo de la democracia” y advirtió que continuará “en la calle y en la Justicia” para defender los derechos laborales.
El decreto 340 desregula los servicios de transporte fluvial y marítimo de cabotaje, y tiene como objetivo dar el golpe final a la marina
mercante argentina. Fue publicado en el Boletín Oficial el 21 de mayo y llegó con la demolición del derecho de huelga bajo el poncho. El mecanismo elegido para limitar ese derecho constitucional fue declarar como servicio esencial a ese sector y obligarlo a garantizar
un mínimo de actividad cuando se toman medidas de fuerza, que en algunos casos llega al 75%. Pero en la misma norma incluyó una modificación a la ley 25.877, de régimen laboral, y que rige para todos los rubros del mundo del trabajo.
Servicios esenciales
Así, la prohibición de llevar adelante medidas de fuerza que interrumpan más de un 25% de las tareas, se extendió a tareas tan diversas como los servicios de salud, la comercialización de agua y combustibles, el servicio de Internet, la aviación comercial, la actividad portuaria, los servicios de aduanas o la educación.
El decreto también incorporó la figura de “actividades de importancia trascendental”, a las que le impone mantener un mínimo de 50% de sus actividades. Ahí mencionó al transporte público, la radio y televisión, las actividades de la industria y la construcción, de reparación de aeronaves, la actividad minera, de frigoríficos, correos, venta de alimentos, los servicios hoteleros, gastronómicos, bancarios, entre muchos otros.
El Poder Ejecutivo ya había intentado avanzar contra el derecho de huelga cuando firmó el decreto 70/23 pero un fallo de agosto de 2024 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó por inconstitucionales los artículos que avanzaban en ese sentido. “La decisión de introducir una modificación deliberada de la ley 25.877 fue un atajo ilegal del gobierno, ya sabe que lo que hace es inconstitucional”, señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).
El fallo de la jueza laboral frenó la nueva maniobra del gobierno, justo en el inicio de una semana que promete ser conflictiva en lo social. El epicentro será el miércoles en el Congreso, cuando confluyan movilizaciones de diversos actores sociales con una sesión especial en la Cámara de Diputados, que debatirá un aumento a las jubilaciones del 7,2 %, y la declaración de la emergencia en materia de discapacidad.
Para cuando se debatan las iniciativas en la Cámara Baja, el presidente Javier Milei estará preparando las valijas para partir una vez más al exterior. Viajará el jueves en una gira que lo llevará al Vaticano, España, Francia e Israel.
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El Gobierno dicta conciliación obligatoria y hay vuelos
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se levanta el paro en los aeropuertos que iba a empezar este miércoles. La protesta era impulsada por ATE e iba a generar demoras y cancelaciones en los vuelos. El gremio aún reclama el pago de aumentos salariales pendientes y la apertura de paritarias.
De acuerdo a lo que se informó oficialmente, se dictó la conciliación obligatoria entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por el plazo de 15 días a partir de las 09:00 horas del 18 de marzo.
“El objetivo es buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios. En este sentido, se intima a la organización sindical y, por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto durante el período de conciliación, toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual”, expresó Capital Humano.
“Asimismo, se dispone que la ANAC deberá abstenerse de adoptar represalias de cualquier tipo, debiendo garantizar el normal funcionamiento de las tareas. Durante el período de conciliación, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto, conforme lo establece la normativa vigente”, continuó.
“El Ministerio reafirma su compromiso con el diálogo social como herramienta fundamental para la resolución de conflictos y convoca a las partes a mantener la mejor predisposición para alcanzar acuerdos que resguarden el interés general y la paz social”, concluye el escrito.
El miércoles pasado, el sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE) había convocado un paro de actividades en aeropuertos de todo el país con la intención de que se extendiera por una semana. Esta iniciativa implicaba posibles demoras y cancelaciones en los vuelos.
Según el comunicado enviado a la Secretaría de Trabajo, la medida de fuerza, que estaba pactada desde el 18 al 24 de marzo, respondía a la falta de pago de aumentos salariales previamente acordados, además del reclamo de la apertura de la paritaria sectorial.
En ese momento, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, había señalado que el paro también buscaba visibilizar la situación salarial de los trabajadores del organismo. “Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado”, manifestó en una publicación en sus redes sociales.
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Construcción: el costo subió 1,9% en febrero y acumula 24,5% interanual
El costo de la construcción volvió a moverse por encima de la inflación núcleo en febrero y dejó una señal política y económica que el Gobierno no puede ignorar: según el INDEC, el índice subió 1,9% mensual y 24,5% interanual en el Gran Buenos Aires.
El dato, difundido el 17 de marzo de 2026, combina dos vectores sensibles —salarios y tarifas— y reabre una pregunta de fondo: ¿la desaceleración inflacionaria puede sostenerse sin tensionar costos estructurales en sectores intensivos como la construcción?
La cifra no es neutra. Llega en un momento donde la obra pública, la inversión privada y la dinámica del empleo en la construcción funcionan como termómetro de gobernabilidad económica. Y donde cada variación de costos impacta directamente en contratos, presupuestos y decisiones de inversión.
Salarios, tarifas y costos: el triángulo que explica la suba
El aumento del índice no responde a un único factor. Según el informe oficial , el alza de febrero se explicó por incrementos de 1,5% en materiales, 1,6% en mano de obra y un salto más marcado de 4,4% en gastos generales.
Detrás de esos números hay decisiones concretas. Por un lado, la suba en mano de obra refleja el impacto del acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina firmado el 12 de enero y homologado días después, que comenzó a regir en febrero. No se trata solo de una recomposición salarial: el ajuste también incluye asignaciones extraordinarias que se trasladan de forma directa al costo de cada obra.
Por otro lado, los gastos generales incorporan actualizaciones tarifarias en servicios clave. El informe detalla que se trasladaron los nuevos cuadros eléctricos aprobados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad para distribuidoras como Edenor y Edesur, junto con ajustes en agua y cloacas autorizados por la Secretaría de Obras Públicas.
En paralelo, algunos insumos mostraron aumentos puntuales relevantes: maderas (4,5%), metales como cobre y plomo (4,2%) y vidrios (4,0%). La dispersión en los materiales —con bajas en rubros como ascensores (-1,6%)— muestra que el fenómeno no es homogéneo, pero sí consistente.
Un índice técnico con impacto político
El Índice del Costo de la Construcción (ICC) mide la evolución de los costos en viviendas en el Gran Buenos Aires, sin incluir el valor del terreno ni impuestos como el IVA. Sin embargo, su influencia excede lo estadístico.
El dato funciona como referencia directa para la actualización de contratos de obra pública —en el marco del Decreto 1.295/02— y como señal para desarrolladores privados. Cada variación mensual redefine presupuestos, licitaciones y márgenes.
En ese contexto, la combinación de salarios en alza y tarifas actualizadas introduce un componente de rigidez en los costos. A diferencia de los precios de algunos materiales, estos factores tienen menor elasticidad a la baja en el corto plazo.
Correlación de fuerzas: sindicatos firmes y costos que condicionan
El dato también deja una lectura política sobre la mesa. El traslado del acuerdo salarial de la UOCRA al índice confirma la capacidad del sector sindical para sostener recomposiciones en un contexto de ajuste más amplio.
Al mismo tiempo, la incidencia de tarifas reguladas muestra que las decisiones del Gobierno en materia de precios relativos —particularmente energía y servicios— tienen impacto inmediato en sectores productivos.
Para el oficialismo, el desafío es doble: contener la inflación sin desarticular la actividad en un rubro que genera empleo y dinamiza economías regionales. Para el sector privado, el escenario obliga a recalcular costos y márgenes en proyectos que ya venían ajustados.
Señales mixtas hacia adelante
El comportamiento del índice en febrero no marca un quiebre, pero sí consolida una tendencia: los costos de la construcción siguen creciendo, aunque con una dinámica más moderada que en períodos anteriores.
La clave estará en observar cómo evolucionan dos variables sensibles en los próximos meses: las paritarias del sector y el sendero de tarifas. También será relevante seguir la dispersión en materiales, que podría amortiguar o amplificar futuras subas.
En un escenario donde la política económica busca anclar expectativas, el ICC se mantiene como un indicador incómodo: no define la inflación, pero sí expone sus tensiones más estructurales.
Fuente economis.com.ar
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Cambios en Anses
Guillermo Arancibia fue designado este martes como nuevo titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), luego de la renuncia de Fernando Bearzi, quien había asumido la conducción del organismo en febrero del año pasado.
Arancibia se desempeñaba desde marzo de 2024 como subdirector Ejecutivo de Prestaciones de Anses y cuenta con antecedentes de gestión en la Dirección General Unidad de Gabinete de Asesores. Su designación confirma una rotación de cuadros técnicos con experiencia operativa dentro del organismo, en un contexto en el que se multiplican las reestructuraciones de alto nivel en la administración pública.
El nuevo titular de la Anses también ocupó cargos durante la gestión nacional de Mauricio Macri. En ese período fue gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Previamente, en 2007, había sido designado Director General de la Dirección General Estudios y Tecnología de la Información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que mantuvo hasta diciembre de 2015, antes de pasar a la gerencia general de la SRT.
Quién es Guillermo Arancibia, el nuevo director del Anses. Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que el recambio en la conducción del organismo estará orientado a profundizar un proceso de modernización administrativa. En ese sentido, destacaron que la nueva etapa pondrá el foco en la “digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo”.
