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El Gobierno nacional desreguló el mercado de cabotaje marítimo

21 de mayo de 2025

El gobierno nacional avanzó con la desregulación del mercado de cabotaje marítimo mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida incluye una serie de modificaciones a las normas vigentes, entre las que están la habilitación para operar con matrícula argentina a buques extranjeros, la posibilidad de que los operadores locales puedan acogerse a banderas de conveniencia, la flexibilización para la composición de la tripulación, la extensión del período para que buques internacionales hagan cabotaje y la reducción de restricciones para reparar e inscribir buques.

Rápidamente surgieron voces a favor de la medida, pero también críticas por lo que implica la desregulación de la marina mercante para la soberanía del país.

Las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca; Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y las de Comercio de Chaco; Rosario y Santa Fe celebraron la decisión del gobierno nacional. «Es una medida largamente esperada por el arco productivo, que pone en valor el transporte interno de mercaderías, mejora la logística y reduce costos, especialmente para las regiones más alejadas de los centros de consumo o exportación», indicaron las entidades. Y destacaron el trabajo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, encabezada por Iñaki Arreseygor. Desde las Bolsas reafirmaron su «compromiso» con una «logística moderna, competitiva y federal, al servicio del desarrollo económico del país»,.

La Cámara de Puertos Privados también celebró la promulgación del DNU 340/2025 ya que “ayudará a revitalizar el sistema de transporte por agua argentino y favorecerá a las cargas al acceder a fletes competitivos con gran impacto en la reducción de los costos logísticos favoreciendo el desarrollo regional, el aumento de la producción y el comercio en beneficio de la economía de nuestro país».

Sin embargo, hace apenas una semana atrás la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) organizó una marcha en Rosario y Santa Fe Capital con el objetivo de contarle a la población que con una desregulación de la marina mercante nacional “los buques argentinos que actualmente abastecen con combustibles, insumos de salud y alimentos pasarían a manos extranjeras, poniendo en peligro la soberanía y seguridad económica nacional”. También corren riesgo cientos de puestos de trabajo en el sector.

Mariano Vilar, secretario general Secretario General Sindicato Conductores Navales, expresó que la jornada de lucha se replicó en diferentes ciudades del país se pensó para defender “los puestos de trabajo sino la soberanía y la independencia económica que el gobierno nacional quiere entregar a los extranjeros”.

Al argumentar la política desreguladora del transporte fluvial y marítimo, el Ejecutivo expuso en el texto oficial que “la reforma normativa propuesta por la presente medida para adaptar el sector naval argentino a los estándares de competitividad global e integrarlo de manera más eficiente al comercio internacional resulta indispensable para sanear la situación de crisis actual en la que se encuentra la Marina Mercante Nacional”.

En este sentido, precisó que “la urgencia de la medida se ve acreditada, en tanto persisten regímenes que por excesivos o insuficientes obstruyen el tráfico marítimo comercial y derivan en un incremento de costos significativos en ese sector”, advirtiendo que existe un “contexto en el cual la Marina Mercante Nacional corre el riesgo cierto de desaparecer”.

Ante dicho panorama, consideró que “con la presente medida se evitará el agudizamiento de la crisis en el sector y se generará un beneficio inmediato para la economía nacional, para el sector armatorial, para el comercio exterior y para el nivel de los fletes”.

El “Régimen de excepción de la Marina Mercante Nacional” también declaró como “servicio esencial la navegación por agua marítima y/o fluvial destinada al transporte comercial de personas, de mercaderías, de carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin”. De esta forma puso límites al derecho de huelga.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que el decreto «rescata el espíritu constitucional” que establece que “la navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional”.

En ese marco, manifestó que “lo más importante es que se permitirá el tratamiento de matrícula nacional a buques extranjeros”, explicando que “una barcaza paraguaya, por ejemplo, se podrá matricular en Argentina y operar como una nave local”.

Al respecto, precisó que “deberán ser tripulados por argentinos o extranjeros residentes en los términos del art. 143 de la Ley de Navegación (75% de la dotación), pero se regirán para ese contrato con las leyes de su país de origen”.

En el mismo sentido, puntualizó que se establece “un régimen por el cual los operadores locales también podrán operar con el sistema de cese de bandera que les permite realizar cabotaje bajo otra bandera de conveniencia y también contratar bajo las leyes del país de la nueva bandera”.

Por otro lado, recordó que “la dotación del barco necesitaba un acuerdo del sindicato”. Ahora, en cambio, «la dotación la elige el armador, que es quien opera la nave e invirtió en ella eliminando sobrecostos inútiles (esto sin perjuicio de la facultad de la autoridad pública competente (PNA) de establecer la dotación mínima de seguridad)”.

Además, especificó que “se amplía de 30 a 60 días el plazo por el que los buques de tráfico internacional puedan hacer tráfico de cabotaje permitiendo un mayor flujo de tránsito con buques extranjeros” y remarcó que “es insólito que ¡hoy las mercaderías de Tierra del Fuego, por ejemplo, viajan al continente en camión!”.

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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia

La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.

Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.


Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.

“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.


La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.

Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.

Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.

Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.

Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.

La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.

Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.

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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto

Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.

El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.

Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.

El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.

La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.

Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.

Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.

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Inflación de enero: el índice cerraría por encima del 2%


El arranque del año mostró una dinámica de precios persistente en los rubros más sensibles de la economía doméstica. Distintos relevamientos privados coinciden en que la inflación de enero se ubicará por encima del 2%, traccionada nuevamente por los aumentos en alimentos y bebidas, que no logran perforar el piso pese a la estabilidad macroeconómica y cambiaria.

Según revela la Agencia Noticias Argentinas (NA), los informes de las últimas semanas detectaron una aceleración de precios hacia el cierre del mes, concentrada en productos frescos y bienes de demanda inelástica. Si bien no hubo saltos abruptos, el "goteo" constante en góndolas, especialmente en carnes, verduras y aceites, fue suficiente para mantener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).



El fenómeno responde a una inflación que "conserva núcleos duros" en la canasta básica. Aunque hubo factores que ayudaron a moderar el índice —como bajas estacionales en algunas verduras, ajustes suaves en lácteos y la estabilidad en precios regulados como combustibles—, el peso de los alimentos frescos fue determinante.

El escenario de febrero traerá una novedad técnica clave: el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios. Esta actualización, ajustada a hábitos de consumo más recientes, le dará mayor ponderación a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, lo que podría modificar la lectura estadística de la inflación en los próximos meses.

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