País
El Gobierno nacional desreguló el mercado de cabotaje marítimo
21 de mayo de 2025
El gobierno nacional avanzó con la desregulación del mercado de cabotaje marítimo mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La medida incluye una serie de modificaciones a las normas vigentes, entre las que están la habilitación para operar con matrícula argentina a buques extranjeros, la posibilidad de que los operadores locales puedan acogerse a banderas de conveniencia, la flexibilización para la composición de la tripulación, la extensión del período para que buques internacionales hagan cabotaje y la reducción de restricciones para reparar e inscribir buques.
Rápidamente surgieron voces a favor de la medida, pero también críticas por lo que implica la desregulación de la marina mercante para la soberanía del país.
Las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca; Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y las de Comercio de Chaco; Rosario y Santa Fe celebraron la decisión del gobierno nacional. «Es una medida largamente esperada por el arco productivo, que pone en valor el transporte interno de mercaderías, mejora la logística y reduce costos, especialmente para las regiones más alejadas de los centros de consumo o exportación», indicaron las entidades. Y destacaron el trabajo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, encabezada por Iñaki Arreseygor. Desde las Bolsas reafirmaron su «compromiso» con una «logística moderna, competitiva y federal, al servicio del desarrollo económico del país»,.
La Cámara de Puertos Privados también celebró la promulgación del DNU 340/2025 ya que “ayudará a revitalizar el sistema de transporte por agua argentino y favorecerá a las cargas al acceder a fletes competitivos con gran impacto en la reducción de los costos logísticos favoreciendo el desarrollo regional, el aumento de la producción y el comercio en beneficio de la economía de nuestro país».
Sin embargo, hace apenas una semana atrás la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) organizó una marcha en Rosario y Santa Fe Capital con el objetivo de contarle a la población que con una desregulación de la marina mercante nacional “los buques argentinos que actualmente abastecen con combustibles, insumos de salud y alimentos pasarían a manos extranjeras, poniendo en peligro la soberanía y seguridad económica nacional”. También corren riesgo cientos de puestos de trabajo en el sector.
Mariano Vilar, secretario general Secretario General Sindicato Conductores Navales, expresó que la jornada de lucha se replicó en diferentes ciudades del país se pensó para defender “los puestos de trabajo sino la soberanía y la independencia económica que el gobierno nacional quiere entregar a los extranjeros”.
Al argumentar la política desreguladora del transporte fluvial y marítimo, el Ejecutivo expuso en el texto oficial que “la reforma normativa propuesta por la presente medida para adaptar el sector naval argentino a los estándares de competitividad global e integrarlo de manera más eficiente al comercio internacional resulta indispensable para sanear la situación de crisis actual en la que se encuentra la Marina Mercante Nacional”.
En este sentido, precisó que “la urgencia de la medida se ve acreditada, en tanto persisten regímenes que por excesivos o insuficientes obstruyen el tráfico marítimo comercial y derivan en un incremento de costos significativos en ese sector”, advirtiendo que existe un “contexto en el cual la Marina Mercante Nacional corre el riesgo cierto de desaparecer”.
Ante dicho panorama, consideró que “con la presente medida se evitará el agudizamiento de la crisis en el sector y se generará un beneficio inmediato para la economía nacional, para el sector armatorial, para el comercio exterior y para el nivel de los fletes”.
El “Régimen de excepción de la Marina Mercante Nacional” también declaró como “servicio esencial la navegación por agua marítima y/o fluvial destinada al transporte comercial de personas, de mercaderías, de carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin”. De esta forma puso límites al derecho de huelga.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que el decreto «rescata el espíritu constitucional” que establece que “la navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional”.
En ese marco, manifestó que “lo más importante es que se permitirá el tratamiento de matrícula nacional a buques extranjeros”, explicando que “una barcaza paraguaya, por ejemplo, se podrá matricular en Argentina y operar como una nave local”.
Al respecto, precisó que “deberán ser tripulados por argentinos o extranjeros residentes en los términos del art. 143 de la Ley de Navegación (75% de la dotación), pero se regirán para ese contrato con las leyes de su país de origen”.
En el mismo sentido, puntualizó que se establece “un régimen por el cual los operadores locales también podrán operar con el sistema de cese de bandera que les permite realizar cabotaje bajo otra bandera de conveniencia y también contratar bajo las leyes del país de la nueva bandera”.
Por otro lado, recordó que “la dotación del barco necesitaba un acuerdo del sindicato”. Ahora, en cambio, «la dotación la elige el armador, que es quien opera la nave e invirtió en ella eliminando sobrecostos inútiles (esto sin perjuicio de la facultad de la autoridad pública competente (PNA) de establecer la dotación mínima de seguridad)”.
Además, especificó que “se amplía de 30 a 60 días el plazo por el que los buques de tráfico internacional puedan hacer tráfico de cabotaje permitiendo un mayor flujo de tránsito con buques extranjeros” y remarcó que “es insólito que ¡hoy las mercaderías de Tierra del Fuego, por ejemplo, viajan al continente en camión!”.
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APARECIÓ SANA Y SALVA
El final más esperado llegó este jueves a la ciudad de Cosquín. Luego de casi 24 horas de una búsqueda frenética que movilizó a fuerzas federales y provinciales, la pequeña Esmeralda, de 2 años, fue encontrada con vida.
La noticia, que trajo alivio tras una jornada de máxima tensión, fue adelantada por Cadena 3, Juan Federico, quien detectó el movimiento de un móvil policial que daba cuenta del hallazgo en plena zona de rastrillaje.
El fiscal General Manuel Delgado confirmó: “Apareció hace minutos, está a resguardo de la fiscalía y se harán los chequeos médicos y los trámites de rigor para ver que ha sucedido en términos reales con esta chiquita”.

El operativo, que incluía drones térmicos y más de 110 efectivos, dio sus frutos cerca de la zona de la Costanera, apenas a 400 metros del domicilio en el barrio San José Obrero donde la niña había sido vista por última vez.
Al escuchar el alerta por frecuencia radial, el jefe de la Policía de Córdoba se desplazó de urgencia al lugar para supervisar el rescate. Desde la fiscalía a cargo de Silvana Pen, confirmaron rápidamente la información más importante: Esmeralda está viva y en buen estado de salud general, aunque será sometida a los controles médicos de rigor para evaluar su condición tras pasar la noche a la intemperie.
Crónica de una desaparición que activó al país
La pesadilla había comenzado el miércoles por la tarde, cuando su madre, Tania López, la perdió de vista en un "segundo" mientras realizaba tareas domésticas. Lo que siguió fue un despliegue sin precedentes para la región:
Alerta Sofía: El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la gestión de Alejandra Monteoliva, activó el protocolo de emergencia nacional, blindando las salidas de la provincia con controles "auto por auto" en la autopista Córdoba-Carlos Paz, la Ruta 38 y el Caminos al Pan de Azúcar.
La sospecha criminal: La familia siempre mantuvo la hipótesis de que la niña no se había ido por sus propios medios. Su tía, Valeria, fue tajante al afirmar que "se la llevaron del frente de la casa", dado que la menor nunca se alejaba del perímetro familiar.
La pista del circo: Durante la madrugada, la atención se centró en un circo que se retiró de la zona justo el miércoles, y que los vecinos habían intentado inspeccionar sin éxito ante la falta de una orden judicial.
Un operativo cerrojo exitoso
Del rastrillaje participaron dotaciones de Bomberos de Cosquín, Valle Hermoso, La Falda y Santa María, junto a unidades especiales del ETAC y la división canes. La presión del operativo cerrojo y la difusión masiva del perfil de la menor —tez trigueña, pelo castaño claro y su característico body gris— fueron claves para mantener la zona bajo vigilancia extrema.
A esta hora, la justicia cordobesa mantiene el secreto de sumario para determinar las circunstancias exactas de cómo llegó la niña hasta el lugar del hallazgo y si efectivamente existió la intervención de un tercero, como denunciaba su entorno. Por ahora, el barrio San José Obrero celebra el milagro de haber recuperado a su vecina más pequeña. (Gentileza Cadena3)
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A 50 AÑOS DE GOLPE
En el marco del 50° aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió un mensaje en el que renueva su “compromiso con la memoria”, rechaza de manera contundente “toda forma de violencia institucional” y convoca a “fortalecer una democracia fundada en la justicia, la dignidad humana y el bien común”.
El documento, titulado "’Nunca más’ a la violencia de la dictadura y ‘siempre más’ a una democracia justa", propone una reflexión sobre el período marcado por el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. En ese sentido, los obispos subrayan que la memoria no puede ser fragmentaria ni selectiva, sino "íntegra y luminosa", como escribió el papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti.
Así, el texto del Episcopado afirma: “Tengamos bien presente que mutilar la historia abre la puerta a la posibilidad de repetir los mismos errores. Hacer memoria, en cambio, nos permite comprometernos con los desafíos del presente y orientarnos hacia un futuro mejor, capaz de iluminar el presente y prevenir la repetición de los errores del pasado”.
Sin “vuelta de página”
Se advierte sobre el riesgo de "dar vuelta la página": “Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió”.
Recordar implica reconocer “el dolor de los familiares que enfrentan la muerte violenta de un hijo o pariente, sabiendo que ese dolor se multiplica si se trata de un ‘desaparecido’, al no poder tocar su cuerpo, ni llorar ante él”.
“La libertad para una Nación nunca se construye por la vía de la violencia y la violación de los derechos humanos de otros hermanos y hermanas. La memoria del terrorismo de Estado ha de conducirnos hacia una vida democrática más justa”, continúa el texto.
Asimismo, los obispos reconocen que este proceso de memoria “exige una autocrítica, de la sociedad y la Iglesia presente en ella, que ayude a redescubrir y reconstruir el sentido de la fraternidad entre los argentinos”.
Inclusión y dignidad
En otro tramo del mensaje, el Episcopado reafirma que la democracia debe orientarse al bien común y al desarrollo humano integral. En esa línea, advierte que "la democracia se envilece cuando deja a alguien afuera". “Una democracia justa no puede ser indiferente a las necesidades básicas de la canasta familiar y al deterioro creciente del trabajo digno”, afirma.
El texto también pone énfasis en la protección de los más vulnerables, particularmente niños, adolescentes y jóvenes frente a problemáticas como el consumo problemático y la trata de personas.
Para los obispos, una democracia auténtica se construye desde la inclusión: “La democracia tiene que acertar con su finalidad última que es el bien común, que es incluir a todos en el camino de la plenitud humana”.
También destacan “el valor central del trabajo como eje de la cuestión social”, no sólo como fuente de sustento, sino como ámbito de realización personal y de contribución al bien común: “Permite que cada ciudadano ‘ponga el hombro’ en la construcción de una patria de hermanas y hermanos”.
Rechazo a la violencia y llamado al diálogo
En un contexto social atravesado por tensiones y polarización, el Episcopado alerta sobre el crecimiento de actitudes autoritarias y discursos que promueven la confrontación. En ese sentido, advierte sobre los riesgos de una cultura que naturaliza la agresión, tanto en el ámbito político como en las redes sociales y la vida cotidiana.
“Vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles”, resalta el texto.
Y señala que “frente a esto, es necesario rehabilitar una política que ponga la economía al servicio de la dignidad humana, que promueva la paz y que cuide nuestra casa común, empezando por preservar el aire puro y las fuentes de agua dulce y potable. Para ello, es imprescindible recuperar el diálogo sincero, desinteresado y honesto al servicio de una verdadera amistad social”.
El documento retoma el anhelo de "ser Nación" como una tarea pendiente que requiere compromiso, unidad y una visión compartida de futuro. Para ello, reclaman “una presencia inteligente y eficiente del Estado que vele por la dignidad de las personas, la igualdad de todos los ciudadanos y garantice su participación plena en la vida de la comunidad”.
En ese marco, reafirman el valor de la Constitución Nacional como base de la vida democrática: “Si en todo el territorio del país se garantizaran los derechos y se cumplieran las obligaciones que ésta manda, todos viviríamos con mayor dignidad”. Y destacan: “En la Carta Magna está la base de todo proyecto de Nación que se precie de tal”.
Señalan la necesidad de “un proyecto estratégico de desarrollo”, que “abra un horizonte de mayor dignidad, paz social, trabajo y prosperidad, privilegiando a las puntas de la vida: los ancianos y los niños”. Este proyecto “daría lugar a la esperanza activa y la no violencia que tanto necesitamos”.
En el final del texto los obispos elevan una oración: “Con todo cariño pedimos al Señor que bendiga nuestra patria y a la Virgen de Luján que no nos suelte de la mano en la búsqueda del bien común y la solidaridad con los más débiles”.
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Vuelven los créditos de ANSES
Un nuevo proyecto de ley busca reactivar los créditos de ANSES, pero con un enfoque diferente al de programas anteriores. El objetivo central de esta propuesta es el "desendeudamiento" de los sectores más vulnerables, cubriendo un vacío legal tras la baja de normativas previas y apuntando a ofrecer una alternativa formal frente a los prestamistas informales.
La medida alcanzaría a más de diez millones de personas, incluyendo a titulares de AUH y AUE, jubilados y pensionados del SIPA con ingresos bajos, beneficiarios de Pensiones No Contributivas, personal de casas particulares y monotributistas de las categorías A a la D.
Una de las novedades más importantes de este proyecto es que los fondos no llegarían directamente a las manos de los titulares. Para garantizar que el dinero se utilice exclusivamente para saldar deudas y no para consumo discrecional, la ANSES transferiría el monto solicitado directamente a los acreedores indicados por el beneficiario, ya sean entidades bancarias, emisoras de tarjetas de crédito o financieras.
El trámite se plantea como un proceso 100% digital a través de la plataforma "Mi ANSES", sin necesidad de gestores ni intermediarios. Los solicitantes deberán registrar sus deudas y el sistema realizará auditorías automáticas y cruces de información con el sistema financiero para validar la operación.
Montos, tasas y plazos
El proyecto establece condiciones específicas para proteger el ingreso de los beneficiarios:
- Tope máximo: Los créditos serían de hasta $1,5 millones, monto que se actualizaría automáticamente según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
- Límite de cuota: Los descuentos mensuales en los haberes no podrán superar el 30% del ingreso neto del solicitante.
- Tasa de interés: Se busca que el costo financiero esté por debajo del promedio comercial para facilitar la regularización de las obligaciones pendientes.
Debido a que se trata de un proyecto de ley, la iniciativa debe ser debatida primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Los impulsores del programa estiman que, de obtener el respaldo legislativo necesario, los créditos podrían estar operativos durante el segundo semestre de 2026. El debate principal se centrará en el uso de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para financiar esta medida.

